Entrevista al portavoz de Alternatiba y diputado de EH Bildu en Madrid, Oskar Matute, en la cadena informativa latinoamericana TeleSUR el pasado 25/1/18, donde habla sobre la corrupción del PP y las cloacas de estado. Matute asegura que «se ha roto una ley de silencio que como en toda mafia existe, para mantener intactos los intereses de la organización. Creo que el Partido Popular ha funcionado como una organización delictiva que ha pretendido enriquecerse y parasitar las instituciones españolas para lucrarse y expoliar el bien público en beneficio privado».
Dicen que los capturaron en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la salida de una tienda de recuerdos turísticos. Dicen que los torturaron hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar. Dicen también que los devolvieron muertos y desmembrados al Ford Fiesta alquilado en que viajaban. Que los arrasaron a balazos, que vaciaron una lata de gasolina sobre los cuerpos tumefactos y les prendieron fuego para que no quedara rastro de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. Vivían en la vieja provincia de Santander. Al menos once guardias civiles participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados. Lo llamaron «Caso Almería».
Esta semana pasada hemos sabido que en el próximo mes de mayo, cuando se cumplan treinta y siete años del asesinato, el Parlamento de Cantabria rendirá por fin homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los familiares y una declaración institucional que llegan demasiado tarde y gracias en buena medida a Desmemoriados, colectivo cántabro por la memoria histórica que se ha empeñado en poner de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, en una asimetría injustificable, el Estado sigue sin reconocer a Mañas, Montero y Cobo como víctimas del terrorismo. El Parlamento de Andalucía, por su parte, las reivindica desde el pasado mes de marzo gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Pero vamos a 1981. En el escudo de España aún luce el águila de San Juan coronada por el lema franquista «Una, grande y libre». La UCD de Adolfo Suárez se desmorona y Leopoldo Calvo-Sotelo asume la presidencia del Gobierno en este último año de agonía. Tejero irrumpe a tiros en el Congreso de los Diputados y su excursión golpista se prolonga durante la noche de los transistores. Se dibuja el nuevo diseño autonómico con el café para todos de la LOAPA. El PSOE clama «OTAN de entrada NO». Tres trabajadores en paro secuestran al futbolista Quini. Suena «Las chicas son guerreras» de Coz. Triunfa el cubo de Rubik. Llega Verano Azul.
23-F
El tejerazo de febrero abre una fase de repliegue en el joven régimen juancarlista. Cinco días después del golpe fallido, y en un panorama de incertidumbre, ETA político-militar declara un alto el fuego indefinido. La tregua da paso a conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el Gobierno español en las que se abordan medidas de reinserción para militantes sin delitos de sangre. ETA militar, por otro lado, aminora su actividad pero no la interrumpe. A las diez de la mañana del 7 de mayo de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por la calle Conde de Peñalver de Madrid. Los tres militares que le acompañan mueren en la detonación. Son el teniente coronel Guillermo Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta Antonio Noguera.
A las cuatro de la tarde del mismo día 7, tres jóvenes trabajadores se citan en Santander y emprenden un viaje hacia el sur. Juan Mañas trabaja en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su natal Pechina, Almería, para celebrar la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene 33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es de Santander, trabaja en ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La primera noche de viaje duermen en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha flaqueado por el camino, se avería sin enmienda en El Provencio, Cuenca. El contratiempo terminará costándoles la vida. Confían el vehículo a un taller y un mecánico los acerca hasta Villarobledo, Albacete, para que puedan viajar en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y alcancen de esta forma una conexión ferroviaria con Andalucía. Pero el próximo tren sale de madrugada, así que resuelven alquilar un coche. En la estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde los encontrarán muertos.
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas
El día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los periódicos publican los rostros de dos miembros de ETA militar a quienes la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela. Son José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku. En Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las fotografías de los hombres reclamados por la ley. Recuerdan a los tres forasteros del vehículo averiado y encajan las piezas. Se convencen de que, por fuerza, deben de ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la documentación del Ford Fiesta alquilado. La Dirección General de la Guardia Civil emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal. De lo que ocurre entre la detención y la aparición de los cadáveres no tenemos más que algunas certezas y demasiadas especulaciones.
El 14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior defiende sin embarazo. Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre las pruebas dos viejas pistolas Astra de 9 mm cubiertas de óxido). Que los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos, entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.
Familiares de los fallecidos
Pero aparecen algunos testimonios que desbaratan el relato policial. A las seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral avistan las llamas del Ford Fiesta y se aproximan con un extintor para ayudar a reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa su colaboración y les conmina a abandonar el lugar porque, según les asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y hallarán dentro del coche los cuerpos abrasados y mutilados. La versión acordada por los implicados termina de resquebrajarse cuando uno de ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas Fuertes, un viejo cuartel abandonado junto a la costa. El abogado de la familia, Darío Fernández, nunca llega a creer el relato de los guardias civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano, apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui durante nueve días de interrogatorio incomunicado. De modo que el abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de noche el antiguo edificio de la benemérita y descubre salpicaduras de sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del viejo cuartel aparecen entonces encaladas y ha desaparecido de un plumazo toda evidencia.
A falta de pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero se le aplica atenuante de «cumplimiento del deber»; a los dos últimos, atenuante de «obediencia debida». Todos ellos son apartados de la Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.
En un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia civil. La carta confirma que torturaron a los jóvenes en el cuartel de Casas Fuertes. Los mataron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal, introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el coche a la cuneta y lo hicieron arder. Así es como se avala la hipótesis del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un hermético pacto de silencio y un proceso colmado de irregularidades, destrucción de pruebas y encubrimientos. Durante la instrucción del caso, Fernández pone todo su empeño en esclarecer los hechos y castigar a todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su pertinacia le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día, Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse de la investigación.
«El caso Almería», de Pedro Costa
En 1983, el director Pedro Costa reconstruyó los hechos a partir de la sentencia y rodó El caso Almería. Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón interpretaban a los tres jóvenes. Tanto Costa como las salas que anunciaron el filme fueron recibiendo advertencias de la extrema derecha hasta que por fin, en la misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada fue engullido por las llamas. Fue en febrero de 1984. El incendio adquirió tal dimensión que los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos de las inmediaciones. Un simpatizante de Antonio Tejero conocido como Al Capone telefoneó a una emisora de radio en nombre de un supuesto grupo patriótico llamado Hombres de España y reivindicó el ataque, pero la policía quiso restar importancia a la llamada. Al día siguiente, dos jóvenes atacaron un cine de Vigo y días más tarde, en el mismo lugar, un individuo sufrió heridas mientras manipulaba un artefacto explosivo. En Valladolid, los exhibidores retiraron la película después de haber sufrido amenazas de atentado.
El teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena. Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad condicional. Tal vez Castillo Quero intuyó en la operación una oportunidad para arrogarse méritos y cubrirse de medallas. Sea como sea, sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Habían transcurrido poco más de dos meses desde el golpe de Tejero y el atentado contra una autoridad de las fuerzas armadas tan próximo al rey Juan Carlos exigía una respuesta implacable que apaciguara las aguas revueltas del entorno castrense. Se les fue de las manos.
Manifestación en recuerdo de los asesinados
Dice la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres veces: «a palos, a tiros y quemado». En la cuneta de la carretera de Gérgal donde encontraron los cuerpos hay un monolito. A veces tiene flores. Son casi cuarenta años de amnesia oficial, pero las familias siguen reclamando verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo democrático. Y porque olvidarlos es una forma de matarlos cuatro veces.
Nuestro compañero Oskar Matute habla en Onda Vasca sobre la posible impugnación a la investidura de Puigdemont por parte del TC, y la relación que ésta podría tener como cortina de humo para la Gurtel. También habla sobre la labor de reparación de la memoria y las víctimas que se está llevando a cabo en Nafarroa, o sobre la incorporación de una jueza española homófoba al Tribunal de DDHH de Estrasburgo.
Ayer, el que será probablemente la persona más famosa de Madeira, se quejaba amargamente de que sus ingresos (más de 21 millones de €uros) son insuficientes, y que se siente infravalorado. Es difícil no empatizar con el astro luso cuando su antagonista generacional, el pequeño astro argentino Lionel Messi, cobra aún más que él. Pero claro, si entendemos que Cristiano Ronaldo llore por las esquinas, imaginemos como tienen que estar las más de 9 millones de pensionistas que cobran menos de 645€ al mes, 9000 € al año. Dicho de otro modo, con lo que ingresan la dupla Ronaldo-Messi, podríamos pagar más del 30% de las pensiones de la provincia de Soria. 2 personas que meten goles en prime-time cobran lo mismo que 7500 sorianos. ¡Ay si lo pensamos con el gasto salarial de esos equipos! Entonces, con lo que cobran los jugadores del Real Madrid y del Barça cobrarían todos y todas las jubiladas de esa provincia castellano leonesa y sobraría dinero para pagar algunos vinos.
Ahora bien, las que preocupan son las pensionistas. Ellas y ellos son las que ponen en riesgo al Estado. Todo está mal, todo es insostenible. Así que ayer, mientras Cristiano Ronaldo lloraba, Fatima Bañez anunciaba que el Gobierno va a proponer que para el cálculo de la pensión se tome la totalidad de los años cotizados. Y ahí me enfrasqué yo en hacer una retrospectiva de mi vida laboral, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda.
Mi primer contrato laboral, que no mi primer empleo, fue allá por el año 1991, cuando Reincidentes editaba “Ni un paso atrás”. Aquella primera nómina reflejaba 79.565 pts, o sea, 478€. 5 años más tarde, cuando me despidieron eran 90.000, 540€. Si me jubilase hoy mismo con los cálculos actuales mi pensión rondaría los 1500€, sin embargo, si aumentásemos la cotización a toda la vida laboral 1100€ (manteniendo la actualización de renta actual) 950€ si eliminan las medidas correctoras actuales. Y yo soy, probablemente, un privilegiado. Así que no es descabellado decir que el recorte calculado a tiralíneas por el Gobierno rondará el 30%.
No me preocupa, en mi caso, los 40 años de cotización que se exigen o exigirán o exigirían si llego a jubilarme, tengo ya 27 años de cotización, y hasta los 65 me quedan otros 20, así que si llego, me jubilaré después de más de 45 años de cotización. De modo que puede estar tranquila la Sra Villalobos, salvo que viva hasta los 115 años es seguro que habré cotizado más tiempo del que cobre la jubilación. Lo que debería intranquilizar a la Sra Villalobos y a todos esos lobos que ven el negocio de las privadas, el negocio de lucrarse de lo público mientras lo destruyen, deberían ser las barricadas que van a colapsar las calles. Deberían temblar ante la posibilidad de perder sus privilegios y tal vez algo más. Y con ese miedo deberían intervenir de manera urgente, sentarse con el Señor Florentino e inflar aún más la cuenta de Castor para que pueda subir el salario del pobre luso para que vuelva a meter goles y la afición se alegre.
Pregunta en Osoigo.com a nuestro compañero Oskar Matute: ¿Creéis necesaria la apertura de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer el caso de Archidona?
Es fundamental comenzar haciendo mención a una premisa que toda formación que se considere de izquierdas debe defender: el principio de ciudadanía universal. Sobre este principio aflora por tanto, la solidaridad entre los pueblos.
Siguiendo esta premisa, la universalidad del derecho al asilo y la libre circulación de las personas, deberán tener todas las garantías necesarias para que los estados lo lleven a cabo de modo sistemático, contando con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como herramienta clave para llevar a cabo políticas que garanticen el blindaje de estos derechos. Y es precisamente ahí donde no tienen cabida leyes racistas y vulneradoras de derechos como es la propia Ley de Extranjería, leyes ambiguas y que no se aplican en base a principios de derechos humanos como la Ley de Asilo, o políticas que ahondan en esa vulneración sistemática de derechos humanos, como la apertura y mantenimiento de los mal denominados CIEs (centro de internamiento para extranjeros), verdaderas cárceles donde se retienen a las personas migrantes y refugiadas, potenciales solicitantes de asilo, en contra de su voluntad, en condiciones de hacinamiento, violencia física y psicológica, malnutrición y un largo etcétera que refleja claramente el carácter xenofobo y antidemocrático del Estado español.
Uno de estos centros carcelarios es precisamente el CIE de Archidona donde 500 personas permanecían encerradas, muchas de ellas menores, a pesar que el ministro Zoido negaba esta situación. Una situación de vulneración de derechos humanos totalmente impune en donde las personas reclusas han estado padeciendo todo tipo de torturas y malos tratos, documentados incluso con vídeos que han sido publicados, que avalan estos hechos.
La punta del iceberg es la muerte el 29 de diciembre de Mohamed Bouderbala, quien fue encontrado ahorcado en su habitación. Supuesto suicidio que desmiente su entorno precisamente por la virulencia con la que se sometía a diario a las personas privadas de libertad del centro y por la represión policial con la que se han estado reprimiendo las acciones de activistas por los derechos humanos, en pro del cierre de estos agujeros negros. La Red Acoge ha presentado una denuncia formal por la muerte de Mohamed, que según diversas fuentes ha sido archivada.
Por otra parte, a representantes institucionales se les ha impedido acceder al centro, hasta que el mismo ha sido vaciado. Se ha constatado en estas visitas sangre en las paredes, restos de cargas policiales, celdas de aislamiento y pruebas que ponen de manifiesto la impunidad de los actos con los que los responsables de este centro dependiente del Ministerio de Interior, han cometido estas vulneraciones sistemáticas de derechos.
Por todo lo mencionado anteriormente, exigimos la apertura de una Comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido en Archidona porque será el punto de partida para evidenciar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos que el Gobierno español está llevando a cabo, también en lo que a asilo y refugio se refiere.
Publicamos el vídeo de la charla que Alternatiba organizó el pasado 27 de diciembre en su sede de Bilbo en colaboración con Sare Antifaxista: ‘¿Quién despierta al fascismo? Estrategias contra la ultra-derecha’, para analizar el evidente auge de los grupos ultraderechistas en todo Europa y buscar fórmulas para combatir un problema de siempre pero que últimamente parece haber despertado con más fuerza también en Euskal Herria.
La charla contó con las intervenciones de Elena Martínez, militante feminista y antifascista de Izquierda Castellana y Jordi Borrás, ilustrador y fotoperiodista amenazado en varias ocasiones por grupos ultraderechistas. Ambos nos hablaron de su experiencia dentro de la lucha antifascista. Modelo el coloquio el compañero de Alternatiba, tuitero y escritor Jonathan Martínez, quien también se encuentra en el punto de mira de muchos grupos de extrema derecha por sus opiniones en redes sociales.
Intervenciones del compañero de Alternatiba y diputado de Euskal Herria Bildu en la cámara de Madrid, Oskar Matute, en la charla organizada en Madrid por el diario El Salto el pasado 22 de diciembre, debatiendo sobre el proceso catalán:
«Es triste que desde determinadas izquierdas del Estado se cargue al soberanismo catalán la responsabilidad de despertar a la extrema derecha. Nunca ha estado dormida y en el caso de que fuera así era porque estaba tan plácida que no necesitaba ni despertarse».
«Aquellos que antes del #1O decían que el proceso de Cataluña no cumplía todas las garantías necesarias, callan hoy ante el #21D. No he oído ninguna crítica desde la izquierda española cuando es mucho más antidemocrático».
Oskar Matute reitera su apoyo al proceso catalán en la charla sobre el #21D: «Si ahora y aquí no tumbamos el régimen del 78 lo tendremos para décadas, con todo lo que eso significa. Tendremos que seguir aportando esfuerzo y sacrificio para mantener viva la llama de nuestros objetivos políticos: conseguir un lugar propio y más digno donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas».
Pasaron las elecciones del 155. C´s gana en votos y escaños. Mayoría independentista con una participación histórica que supera el 80%. Y en esto que desde la izquierda que iba a asaltar los cielos argumenta que pierde la izquierda y gana la derecha. No importa el contexto, no importa cuál ha sido el eje de la campaña. No, porque según ellos la derecha ha ganado precisamente porque la campaña ha girado en torno al eje nacional. ¿De verdad? Van unas tablitas;
AÑO
DERECHA
IZQUIERDA
1980
61
74
1984
83
52
1988
78
57
1992
77
58
1995
77
58
1999
68
69
2003
61
74
2006
65
70
2010
83
52
2012
78
57
2015
2017
74
61
Me cuesta contabilizar al PSOE como izquierda, pero aceptamos barco. En el año 2015 Junts x Sí congregaba a un partido de cada eje, por lo que no se puede valorar
AÑO
CONST
¿3ªVÍA?
INDEPE
1980
53
25
57
1984
52
6
77
1988
51
9
75
1992
47
7
81
1995
51
11
73
1999
64
3
68
2003
57
9
69
2006
54
12
69
2010
49
10
76
2012
48
13
74
2015
52
11
72
2017
57
8
70
¿Qué es la tercera vía? Partidos de izquierda (PSUC, ICV, Podemos) que en teoría defendían el derecho de autodeterminación, aunque las experiencias recientes nos debería hacer pensar que debieran estar situados en la columna de los constitucionalistas. También hay que tener en cuenta, que hasta 2012 la apuesta de la derecha nacionalista no pasaba de una apuesta autonomista.
AÑO
DCH ESTA
DCH INDEP
IZQ ESTA
IZQ INDEP
1980
18
43
60
14
1984
11
72
47
5
1988
9
69
51
6
1992
7
70
47
11
1995
17
60
45
13
1999
12
56
55
12
2003
15
46
51
23
2006
17
48
49
21
2010
21
62
38
10
2012
28
50
33
24
2015
36
27
2017
40
34
25
36
Pues será que no tengo muchas ganas de hablar, pero es que creo que las tablas lo dejan claro. La derecha ha ganado históricamente en Catalunya. Y sí, ganaba la derecha identitaria cuando esta se conformaba con su reino de taifas, con sus 3%, con su Pujol… en Euskadi algo sabemos de esto. Pero mayoritariamente, la derecha sociológica ha ganado con asiduidad. Incontestable es la victoria perenne del nacionalismo. Sin embargo, según la “nueva” izquierda nos dice que en 2017 ha perdido la izquierda y lo que no especifican es que la que ha perdido es la izquierda estatal. Por primera vez en 37 años los partidos de izquierda estatal están menos representados que la izquierda independentista. Esa es en realidad su derrota.
Por cierto, también han dicho, por activa y por pasiva que el Procés era un movimiento burgués y, fijénse que curioso, que en las mismas elecciones en las que por primera vez la izquierda estatal recibe menos votos que la independentista, coincide con el único momento en la historia en que la derecha estatal supera a la derecha catalana. A ver si lo que va a pasar es que la derecha es más de rojigualda. A ver si resulta que cuando el pueblo catalán ha decidido que había llegado el momento de romper amarras con Castilla han elegido hacerlo desde abajo y a la izquierda y los Monederos y Errejones no lo saben leer. No sé, será que me gustan demasiado las estadísticas, y hoy no me apetece sacar conclusiones, sacadlas vosotras.
Oskar Matute – Portavoz de Alternatiba y diputado de EH Bildu en Madrid
A menudo, y más en Euskal Herria, surgen dudas sobre la utilidad y sentido de instituciones con un elevado olor a naftalina como el Congreso de los Diputados. Hay quien pone en cuestión si dicha institución sirve para algo más que la confrontación teatralizada de las fuerzas políticas que sueñan con gobernar España. Y no les falta razón. Sin embargo, hay espacios generados en esa rancia institución que pueden traspasar sus muros y servir para alertar, informar y/o determinar si en algún espacio de la esfera pública ha habido actuaciones ilegales y señalar con claridad quién ha procedido de tal manera.
Y uno de esos espacios útiles es, sin duda, la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular que ha arrancado este trepidante 2017. Muy a pesar de muchos, EHBildu forma parte de la misma, y estamos teniendo la oportunidad de ayudar a visibilizar el saqueo alevoso y premeditado a las arcas públicas del estado perpetrado por una organización delictiva, como la propia fiscalía ha certificado, para denominar al PP.
Es útil porque, más allá de las conclusiones y el efecto práctico que pueda alcanzar, puede y debe servir para arrojar luz a una práctica sistemática, sostenida en el tiempo y extendida como una hiedra a todos los niveles de decisión política para robar dinero público y depositarlo en bolsillos privados, los suyos.
Pese a la actitud obstruccionista del PP, la comisión va avanzando, aunque lentamente. Los populares pretendían que la comisión fijara un arco temporal que exonerara a Rajoy e impidiera investigar procesos como la trama Gürtel, sugiriendo ahora a cada persona citada los riesgos penales, a modo de amenaza, en los que pudiera incurrir si asevera tal o cual cosa.
Hasta la fecha han comparecido los tesoreros del PP, con Bárcenas como estrella, el Inspector Jefe de la UDEF, el excomisario de la Policía Judicial en la época de investigación y destape de Gürtel, y dos periodistas que bien a través del trabajo en su diario de referencia o mediante la publicación de un libro pasan por ser personas con un conocimiento importante sobre los llamados «papeles de Bárcenas». Y solo con esto y a la espera de las muchas que quedan, podemos afirmar con rotundidad que nuestra tesis principal sobre el origen, alcance y dimensión de la corrupción en el estado español se está corroborando.
EHBildu muestra y expone su certeza de que la corrupción es sistémica en el estado. Que todo el modelo económico y de desarrollo se basa en la convivencia entre la administración de los recursos públicos, una cohorte de empresarios que se benefician de las adjudicaciones públicas y las mordidas derivadas de estas adjudicaciones a los políticos de turno. Que los empresarios ordenan y los políticos dóciles y subvencionados disponen. Evidentemente, no por el interés general de la ciudadanía sino por el interés particular de las grandes empresas españolas.
Los informes periciales revelan que el PP actuó de forma generalizada y coordinada como una “organización delictiva” especializada en detraer dinero de forma directa o indirecta del erario público para su beneficio particular a través del cobro de comisiones ilegales y obtención de adjudicaciones públicas amañadas. Así lo refrendó el Inspector Jefe de la UDEF y, no se trata de una definición subjetiva. Denomina “organización delictiva” a la estructura del PP porque cumple con los parámetros que para tal denominación, de evidentes consecuencias penales, establece la propia Interpol.
Con la misma crudeza hemos podido constatar que quienes han investigado tanto la trama Gürtel, como los llamados papeles de Bárcenas, otorgan total veracidad tras su análisis a los famosos papeles de “Luis el Cabrón”. Y en ellos queda de manifiesto quiénes eran los perceptores de los sobres de dinero. De igual manera que queda probado que esa práctica de sobresueldos en B asociados a donaciones generosas de grandes prohombres de la patria era una práctica habitual y sostenida en el tiempo y de la que participaban o eran conocedores muchos, muchísimos de los políticos conservadores que en la actualidad siguen en puestos de responsabilidad en muchos casos.
Sobres repletos de euros “donados” por empresarios que, como Fabra y su fortuna para ganar un premio de lotería tras otro, enganchaban con igual acumulación de “suerte” un sinfín de obras públicas. Que estas fueran de interés general o no es otro cantar. Entre esos “indiciariamente políticos comprados o corruptos” aparecen todos los prebostes del PP en las ultimas dos décadas: Mariano Rajoy, Javier Arenas, Paco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, María Dolores de Cospedal…
Pero en todo caso en el que existen corruptos, existen corruptores. Y fue el excomisario de la Policía Judicial hasta 2012 (casualidades de la vida su fecha de cese coincide con la llegada al poder del PP) quien señaló que en la investigación de la trama Gürtel aparecen como beneficiarios y donantes grandes empresas de la construcción y financieras del estado español. Tiempo tendremos de preguntarles cara a cara cómo lo hacían. Y digo que tiempo tendremos si es que antes no siguen saliendo a la luz más grabaciones como la del empresario Rafael Palencia que certifiquen tales entregas de dinero al PP.
El mismo ex comisario antes mencionado rubricó en los informes elevados a fiscalía la participación en este expolio de numerosas empresas como la ACS de Florentino, OHL de Villar Mir y otras tantas. Y el propio Correa, en sede judicial, señaló que lo que hacía no era anormal ni inédito, que en definitiva, así funcionaba este sistema.
Sin embargo, no es descartable que la comisión de investigación del congreso concluya como probada y cierta la participación activa de la cúpula del PP en el saqueo de lo público bajo la forma de corrupción generalizada y sistémica, y que eso a la vez no acarree consecuencias penales en los juzgados, que es el ámbito en el que se dirimen esas cuestiones, ni para corruptores ni para corruptos, salvo para los chivos expiatorios por todos y todas conocidos.
¿Por qué? Porque el carácter generalizado de la práctica corrupta de las “mediaciones y comisiones” afecta a tanto preboste del estado español que el propio sistema caería con él. Y eso conociendo solo la punta del iceberg de la corrupción.
Por eso se explica el relativo escaso eco mediático de lo revelado en el congreso. ¿Acaso la mayoría de los medios de comunicación españoles no tienen ligazón notoria con los próceres económicos señalados en la Gürtel, Púnica y demás procesos abiertos? ¿Acaso no están actuando en defensa del sistema y su orden constitucional en esta y otras cuestiones como la catalana? Hace tiempo que, en su gran mayoría, han preferido ser medios de formación de opinión en lugar de medios de información. Y por eso se explica que sean capaces de que la masa en el estado se ocupe y preocupe más de si la camiseta de la selección incluye una tricolor republicana naif o de si en Catalunya se cumple la legalidad del régimen del 78 vía artículo 155 o no.
Probablemente quieran zanjar este incómodo trance para ellos con más oscuridad mediática, algunas penas de cárcel simbólicas, a tenor de lo que han robado y no han devuelto, para los Correa, Ignacio González, Bárcenas, etc. y la promesa de más reformas legales para impedir, a futuro, nuevos casos de corrupción. Es decir, tapar el asunto y a otra cosa, que el show debe continuar.
Son numerosas las críticas que se pueden hacer a la hora de analizar minuciosamente cómo se ha llevado a cabo el proceso soberanista en Catalunya , pero bajo mi punto de vista, el tiempo en el que se han ido produciendo los acontecimientos, ha sido un momento ilusionante, de alegría y esperanza para quienes creemos en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el soberanismo; y que además nos sentimos republicanos.
Sin embargo, a día de hoy, no ha podido ser. De ello se han encargado las fuerzas de la represión, tanto desde dentro de Catalunya como desde fuera. Y es que, el Estado Español está gobernado por la derecha, y Europa por el liberalismo y la socialdemocracia. A lo largo de los últimos años ya hemos visto cómo actúan cuando se trata de oprimir a los pueblos, a los trabajadores o a las personas refugiadas que huyen de las guerras y que terminan muriendo ahogadas en el mar o de hambre y frío en tierra. En el caso de Catalunya, también se han unido a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, poniéndose también el PSOE a las órdenes de la derecha española.
Ahora, se acaba de iniciar una nueva fase con la convocatoria de las elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre, con parte de los candidatos al Parlament encarcelados o exiliados. La situación es muy delicada, pero demostrando en todo momento que el Procés sabe resistir. Y lo hace a pesar del chantaje del capitalismo facilitando y apoyando el traslado a otras comunidades de la sede social de las empresas catalanas.
La batalla de la soberanía y la república la han perdido de momento, pero esperemos que las fuerzas independentistas ganen las elecciones. Hay una parte importante de Euskadi que está con todos ellos, para que la hoja de ruta del pueblo catalán continúe adelante y puedan ejercer libremente el derecho a decidir.
Si Catalunya proclama la república y la independencia, el régimen del 78 saltaría por los aires y esto es algo que tanto la derecha como el PSOE no van a consentir mientas tengan a la policía y al ejército. Pero a pesar de todo, creo que esa parte del pueblo catalán ha demostrado una ejemplarizante capacidad de movilización pacífica, pero contundente, en defensa de su libertad.
