El coordinador de Gipuzkoa de Alternatiba, Xabi Soto, ha asegurado hoy que “no existe lógica política ni ética que sostenga el encarcelamiento actual de las personas procesadas” por el caso Bateragune, operación de la que mañana sábado, 13 de octubre, se cumplirán tres años. En el mismo sentido, ha señalado que la permanencia en prisión de Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto “solo obedece a la herencia de las políticas criminalizadoras de ideas llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del Reino de España y a las medidas de venganza”.
El portavoz de la formación de izquierdas ha reiterado la denuncia de Alternatiba a “condenas injustas de personas cuyo único delito era trabajar en pro de un proceso de paz, por lo cual exigimos a los tribunales que escuchen a la sociedad vasca y dejen de ser parte de un aparato político que solo busca el castigo para imponer un relato que no se corresponde ni con la realidad ni con lo que este pueblo necesita para lograr un clima de convivencia normalizada”.
Finalmente, desde Alternatiba, Soto ha llamado a secundar las dos movilizaciones convocadas para mañana que exigirán “el fin de todas las violencias y de las políticas de venganza”, en referencia a la convocada por el Acuerdo de Gernika en Donostia, a las 12:00, en protesta por la agresión sufrida por Enara Rodriguez por parte de cuerpos policiales y la concentración en la plaza del Elgoibar a las 13:30 para exigir la puesta en libertad de Otegi, Rodriguez, Diez, Zabaleta y Jacinto.
Los agentes políticos, sindicales y sociales que suscribimos el Acuerdo de Gernika queremos manifestar nuestra posición ante los lamentables hechos denunciados ayer por Enara Rodriguez, hermana del preso político vasco Arkaitz Rodriguez. Enara Rodriguez denunció públicamente que tras visitar a su hermano en el camino de regreso a Donostia fue obligada por las temerarias maniobras de otro vehículo a salir de la autovía A-12 con grave riesgo para su vida. En su relato, Enara Rodriguez afirmó que más tarde, una vez detenido su coche fuera de la mencionada autovía, fue abordada por quienes la habían obligado a salir de la misma y tras mostrarle sus placas de policía la sacaron por la fuerza de su coche y la golpearon y luego le hicieron tocamientos mientras le insultaban y le amenazaban con violarla. Parece ser que tras cinco minutos de acoso le instaron a abandonar el lugar sin dejar de amedrentarla.
Esta actitud represiva de acoso contra familiares de presos políticos vascos no es nueva, pero en este caso ha excedido todo límite y no hace sino añadir más sufrimiento a los familiares de Arkaitz Rodriguez y a los del resto de presos políticos vascos.
Los familiares de Arkaitz Rodriguez, como los del resto de presos políticos vascos, no sólo tienen que sufrir el castigo añadido de la dispersión, medida arbitraria que los hace sufrir innecesariamente a ellos por tener a sus seres queridos encarcelados lejos de su lugar de residencia, sino que además -como nos demuestra el testimonio de Enara Rodriguez- los convierte en víctimas de elementos incontrolados, muy posiblemente pertenecientes a algún cuerpo de policía.
Lamentablemente, no podemos hablar de este hecho como un caso aislado. Hace ya casi un año que finalizó la actividad armada de ETA y el acoso por parte de los distintos cuerpos de policía españoles hacia la población civil vasca, en general, y contra los sectores populares más comprometidos con este nuevo escenario político, en particular, es axfisiante.
Exigimos al Estado español que desactive su maquinaria de guerra y adecúe cuanto antes sus dispositivos coercitivos al nuevo escenario político que vivimos en Euskal Herria. Es tiempo de que todas y todos avancemos hacia la paz y la normalización democrática.
Los agentes políticos, sindicales y sociales del Acuerdo de Gernika reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando este proceso de paz y normalidad democrática que ha de basarse en el respeto a todos los derechos humanos. Por ello llamamos a la ciudadanía vasca a impulsarlo con nosotras y nosotros en la concentración silenciosa que realizaremos el próximo sábado 13 de septiembre a las 12h. frente a la sede del Gobierno Civil en Amara, Donostia.
El lema de dicha movilización será “KONPONBIDE GARAIA DA. ¡Desactivación de todas las violencias ya!”
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha valorado positivamente el comunicado de ETA publicado hoy en la prensa, por ser “la confirmación de una decisión que se remonta al 20 de octubre del pasado año y que fue celebrada por la sociedad vasca: el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA”. Entrevistado esta mañana en Egun On Euskadi, (ETB2), Matute ha señalado que el mensaje viene a “señalar y reiterar su compromiso con el diálogo y la negociación, necesarios para alcanzar la paz y la normalización política en Euskal Herria”.
En palabras del representante de la formación de izquierdas, “lo importante y lo que realmente interesa a la sociedad vasca es que el mentado compromiso se mantenga, cosa que se hace de forma explícita, clara y sin ningún tipo de duda en el comunicado”. Esto, a sus ojos, posibilita “que sigamos trabajando en el camino hacia la paz y que aquellos agentes interpelados por la declaración de Aiete se sientan aludidos”. Se ha referido así a los Gobiernos de España y Francia, en alusión al “papel que deben jugar para avanzar en el camino hacia la normalización y la desaparición de todo tipo de violencia, generando así condiciones democráticas para el conjunto de la ciudadanía”.
El portavoz de Alternatiba y candidato de EH Bildu también ha hablado de “cierto elemento de autocrítica” en el comunicado, y ha asegurado que es “acorde” con lo que la sociedad vasca espera y desea: “Que todos los agentes políticos, sociales y cuantos tengan alguna relación en el proceso de paz, hagamos una reflexión autocrítica de nuestro papel en el pasado y podamos proyectar hacia el futuro un escenario donde la posibilidad de alcanzar acuerdos no sea solo una utopía, sino un tránsito natural”.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha asegurado hoy que las medidas anunciadas el pasado viernes por el ministro Alberto Ruiz Gallardón ligadas al endurecimiento de penas y a la instauración de la cadena perpetua en el sistema penitenciario español “solo buscan contentar a los sectores ultras del estado, a quienes les ofrece en bandeja una reforma más propia de algunos de los estados dominados por el Tea Party de los EEUU”. Medidas, ha añadido, “doblemente injustas en cuanto a que tratan de frenar por la vía de la represión la contestación social a las políticas de recortes y vulneraciones de derechos perpetradas por el propio Gobierno de Mariano Rajoy”.
Desde Alternatiba han mostrado una “seria preocupación” ante las medidas anunciadas por el ejecutivo del Partido Popular, porque “constituyen el acta de defunción del fin resocializador de la política penitenciaria en el Reino de España”. En este sentido, Matute ha subrayado que “el establecimiento de la venganza y las políticas meramente punitivas no fortalecen la salud democrática de la sociedad a la que se dirigen”. Más bien, ha añadido, “todo lo contrario; la encamina hacia el corredor de la muerte de la dignidad de las personas y los derechos de estas, sean presas o no”.
El portavoz de la formación de izquierdas ha acusado a Gallardón y al PP de “tapar su fracaso en todos los planos: económico, político y social, con una ofrenda a los lobbies ultraderechistas presentes en el estado, lobbies que ya ni siquiera se contentan con lo arbitrario de la justicia en el Reino de España”. Ha ejemplificado esto con decisiones como el mantenimiento de la prisión para Arnaldo Otegi, o las centenares de personas reclusas privadas de sus derechos más elementales, “con las que incumplen la ley por la que deberían velar”. Sin embargo, ha concluido Matute, “han optado por instaurar la venganza como pilar básico de una política penitenciaria y una justicia indigna de llamarse de tal modo porque hace tiempo que dejo de ser justa”.
Ana Etxarte y Diana Urrea – Mesa Feminista de Alternatiba
La ola neoliberal y ultraconservadora que ha traído el gobierno del Partido Popular al Estado (casi de sitio) español, está atacando directamente a los derechos de la clase trabajadora con mano dura y despiadada. Pero también está empuñando otra espada con especial crueldad, soberbia, autoritarismo y paternalismo patriarcal y eclesiástico, por no decir casposo, contra los derechos fundamentales de las mujeres. Y sí, cómo no, estamos hablando del aborto, o dicho de otra manera, del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo que, así leído, parece que se da por supuesto, pero que gracias a nuestra clase política, es una posibilidad que aparece o desaparece según quien gobierne. Pasan los años y seguimos en la misma, desempolvando pancartas y gritando más alto, y vislumbrando escenarios de derechos a la carta según nuestro poder adquisitivo (o puedes pagarte un aborto en condiciones, aquí o en Londres, o te buscas la vida) y de nuevo, con la certeza de que nuestros derechos y reivindicaciones son de segunda y de que el hecho de que coarten la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre el número de hijos e hijas que deseamos no merece el mismo cuidado que la reivindicación de otros derechos y soberanías. Esto es «asunto de mujeres».
Queremos preguntar a partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales ¿Qué sucede?, ¿Qué están haciendo mientras los derechos fundamentales de todas nosotras son atacados tan descaradamente? ¿Es que no vemos relación alguna entre este ataque a nuestra autonomía y libertad de decisión con respecto al estado y la sacrosanta iglesia católica apostólica romana y la barbarie de los recortes a la clase trabajadora?, ¿Es que no os dais cuenta de que la vulneración de derechos contra la clase trabajadora y la vuelta a la dominación de las mujeres van de la mano? Por supuesto que compartimos la urgencia y la necesidad de combatir los recortes en la calle, exigiendo que estos no sean aplicados en Euskal Herria. Pero lo que no entendemos es por qué no se responde con la misma contundencia ante la nueva regulación del aborto, que va a suponer uno de los ataques más brutales a los derechos de las mujeres.
El PP anunció a primeros de año, en boca de Gallardón, que reformaría la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cumpliendo, esta vez sí, con lo prometido en la campaña electoral. Se trata así de revocar las tímidas e insuficientes propuestas aprobadas por el PSOE hace dos años, a través de una ley tibia y cobarde que no recogía las reivindicaciones que durante años llevaba realizando el movimiento feminista y que no garantizaba la soberanía y capacidad de decisión total sobre nuestros cuerpos a las mujeres. Y es que esta ley ya limitaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al no establecer medidas concretas y claras que garantizaran la práctica del aborto en el sector público y no sacar el aborto voluntario del Código Penal.
Ahora el PP quiere reformar esta ley, y aunque no sabemos con seguridad qué recogerá la nueva normativa anunciada para este otoño, lo que tenemos claro es que va a suponer un retroceso sin precedentes en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como una vulneración de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Y lo sabemos porque son varias ya las informaciones que el señor Gallardón nos ha ido lazando a modo de globos sonda. Al principio, la modificación parecía ser una regresión al sistema de supuestos similar a la regulación de 1985. Esto es, un sistema que generaba desprotección tanto a las mujeres como al personal sanitario que las atendía, y que no garantizaba en absoluto el respeto a la voluntad de las mujeres.
Más tarde, Gallardón anunció que la malformación del feto no sería ya un supuesto para realizar un aborto, obligando a las mujeres a continuar con su embarazo aun sabiendo que el feto tiene graves problemas físicos o psíquicos. Esta gran idea vino aderezada con cierta dosis de moralina, haciéndonos saber que “los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles”, y que dejar este supuesto fuera de la nueva ley es la clave para que estos derechos no se vulneren. A la vergüenza ajena, al cabreo, a la perplejidad (si nos queda capacidad de sorpresa) que este tipo de buenas nuevas nos provocan, hay que sumarle un poquito de visión global, porque esta propuesta proviene de un gobierno al que le está faltando tiempo para cargarse la Ley de Dependencia.
Y por si esto nos pareciera poco, el ministro nos fue adelantando que la nueva normativa recogerá un único supuesto para la interrupción del embarazo, el daño psíquico de la mujer siempre y cuando éste sea reconocido en un informe médico. Esto supone que una mujer tendrá que contar con un informe médico favorable que le permita ejercer su derecho a abortar, incluso en el supuesto de violación y malformación fetal.
No sabemos a quién quiere convencer Gallardón cuando dice que esto “favorece la maternidad”. Manipula cuando antepone supuestos derechos (los de las mujeres, las personas con discapacidad o los “no nacidos”); diciéndonos que una ley del aborto como la actual tiene relación directa con la ausencia de libertad de las mujeres para ser madres; queriendo vendernos que ellos son los que verdaderamente saben lo que nosotras necesitamos y que, desde luego, debe existir una ley como la que proponen para “apartarnos del mal camino”. Porque la razón por la cual Gallardón modifica la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades, tal y como dice. Si así fuera, su gobierno debería dejar de aplicar recortes que empobrecen a muchas mujeres. Los verdaderos motivos tienen que ver con unos valores religiosos que la jerarquía de la iglesia católica y el Partido Popular nos quiere imponer. Porque la iglesia y sus defensores siguen sin entender que la religión es una cuestión privada, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese, para sus ciudadanas.
Las mujeres seguiremos abortando si esa es nuestra decisión, y lo único que generará esta nueva ley será el aumento de los abortos clandestinos y con ello los índices de morbimortalidad entre aquellas mujeres que por razones económicas no puedan ir a otro país a abortar.
Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia patriarcal al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito, de la misma manera y con la misma vehemencia con la que se hacen otras reivindicaciones. ¿O es que los derechos de las mujeres tienen que esperar?
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha denunciado hoy el “grave retroceso” en la normalización política que está generando en Euskal Herria el Gobierno del Partido Popular y “tribunales reaccionarios como la Audiencia Nacional a su servicio”, al hilo de la situación del preso Iosu Uribetxebarria. Al margen de la campaña suscitada por la derecha vasca y española, que “trata de justificar el incumplimiento de la ley penitenciaria y la vulneración de los derechos humanos más básicos”, observa con preocupación la imposición de “un verdadero estado de excepción con la prohibición reiterada de manifestaciones y expresiones de solidaridad”.
Desde Alternatiba alertan de una “estrategia enmascarada, que busca perpetuar un conflicto en vías de solución, pero que algunos se empeñan en torpedear a base de ilegalizar manifestaciones pacíficas, incluso cuando las convocan personas referenciales del mundo de la comunicación y la cultura de Euskal Herria”, como fue el caso de la marcha entre Donostia y Arrasate prohibida ayer por la Audiencia Nacional organizada por personalidades como Txaro Arteaga, Joan Mari Irigoien, Andoni Egaña o Martxelo Otamendi entre otros.
Matute ha vuelto a exigir la libertad contemplada en la ley, tanto de Uribetxebarria como del resto de presos enfermos que permanecen en prisión por “decisiones que tienen que ver más con la venganza que con la justicia”. Asimismo, ha instado a toda la ciudadanía vasca a seguir secundando todas y cada una de las convocatorias pacíficas en defensa de los derechos humanos que puedan convocarse, “sin caer en la provocación cobarde de aquellos que añoran y que se empeñan en querer resucitar situaciones pretéritas”. Por último, el portavoz de la formación de izquierdas ha recordado que “la apuesta de la gran mayoría de la sociedad vasca es aquella que defienda la totalidad de derechos, civiles y políticos, de todas las personas en Euskal Herria, y la apuesta por una sociedad normalizada y en paz”.
El portavoz de Alternatiba, Asier Vega, ha trasladado hoy la solidaridad de su formación con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, que “sufre estos días el acoso del Gobierno del Partido Popular, con órdenes de detención y amenazas de denuncia” tras la acción en la que varios trabajadores y militantes tomaron alimentos de primera necesidad de dos grandes centros comerciales para repartirlos entre personas necesitadas.
Vega ha recordado que, tal y como han afirmado portavoces del sindicato, “ha sido una llamada a la rebeldía y al despertar ciudadano en un momento en el que las clases populares son cada vez más castigadas por recortes y ataques perpetrados al dictado de quienes han propiciado esta crisis”. Así, ha subrayado la ironía de que el mismo día en que se siguen practicando detenciones de sindicalistas en Andalucía, el departamento de justicia de los EEUU anuncie que no va a procesar a la cúpula de Goldman Sachs, una de las mayores responsables de la crisis financiera.
Desde Alternatiba han exigido que cesen las detenciones contra los miembros del SAT, “porque responden a la lógica de obediencia debida por parte de un gobierno que defiende a los más ricos, mientras no hace nada por aliviar la situación de las clases populares. El portavoz del partido de izquierdas también ha recordado que las gigantes del sector de la alimentación como Mercadona, lanzan grandes cantidades de comida en buen estado a la basura, mientras cada vez más personas viven en condiciones de pobreza. Esta deplorable realidad “legitima aún más expropiar productos básicos para la supervivencia con objeto de repartirlos entre los más desfavorecidos, tal y como hicieron en Andalucía”.
Tampoco ha querido dejar de señalar que Juan Roig, presidente de Mercadona, “tiene la talla moral de quien solo ha hablado de la reforma laboral para asegurar que se ha quedado corta, además de dirigir una empresa que Greenpeace ha nominado como una de las peores de 2011 por apoyar con su política de compras la opresión marroquí del pueblo saharaui y que impone maquillarse a sus trabajadoras, por citar algunas de sus muchas virtudes”.
En la misma línea, Vega ha subrayado la “necesidad de seguir confrontando la lógica de los que crearon una crisis y de los que siguen especulando y enriqueciéndose con ella, a costa de personas con cada vez menos recursos y menos derechos”. Por eso, para recuperarlos y plantar cara a las políticas económicas que conducen a la miseria de la gran mayoría de la población, Alternatiba llama a “tejer alianzas entre movimientos sociales, sindicales y políticos; y a crear y fomentar nuevas formas de lucha que sirvan para desenmascarar tanto la mano invisible como los hilos que mueve”.
Cuenta la Biblia que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac sin confensarle si quiera que era precisamente él, su vástago, el sacrificio que se disponía a ofrecer a Dios. Estaba a punto de cumplir la orden divina cuando un ángel apareció y le dijo: “No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo”. Mucho nos tememos que el episodio no dista demasiado del que ocupa las portadas de los periódicos en las últimas semanas.
El presidente del Reino de España, Mariano Rajoy, presentó el navajazo en el cuello del pueblo en forma de recortes, subida del IVA y reducción de las cotizaciones sociales, bajando así parte del salario de las personas trabajadoras. Para justificar el atropello, el sucesor de Aznar afirmó que era el momento de “aceptar el sacrificio y renunciar a algo” en vez de “rechazar los sacrificios y renunciar a todo”. La todopoderosa Banca pide sangre y no enviará ningún ángel a detener a Abraham. Ha de ser el pueblo el que se libere y se rebele, pues aceptar el sacrifico ahora significa renunciar a todo.
Rajoy dijo que la ayuda a España no llevaba condiciones impuestas. Tras ver el memorando de entendimiento, MoU, en el que se marcan las exigencias que ha seguido punto por punto es evidente que mentía, y por partida doble. La ayuda no es a España; es una ayuda a la banca alemana y al resto de acreedores de la banca privada. Además, las condiciones leoninas impuestas solo servirán para agravar aún más la mala situación económica de las clases más desfavorecidas, colocando al Reino de España en la antesala de otro rescate por no ser capaz de pagar la deuda. La vigilancia para que se cumplan todas las condiciones impuestas estará en manos del BCE, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.
A diferencia de la troika vigilante de Grecia los ortodoxos del FMI, que recientemente había sugerido una quita hipotecaria para mitigar el lastre de la deuda privada, han sido sustituidos por la Autoridad Bancaria Europea, entidad que dice promover la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de los mercados y productos financieros y tiene su sede en el corazón de la opaca City londinense.
El navajazo supone la subida del IVA, impuesto que grava a los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad económica. Los bienes empleados en actividades agrícolas y ganaderas pasan del 8 al 21%, mientras Montoro admite que pagarán justos por pecadores (quienes defraudan el IVA y los que aprovechan la amnistía fiscal, o quienes se aprovecharán de las deducciones por patrocinar el enésimo intento olímpico de la Capital del Reino). También supone la rebaja las cotizaciones sociales en perjuicio del sistema público de pensiones y reduce las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de desempleo con el pretexto de incentivar la búsqueda de un trabajo inexistente. Los recortes suman 65.000 millones de euros, pero se olvidan de recortar las obras social y medioambientalmente insostenibles o figuras antediluvianas como el ejército, la monarquía o el Senado. También rebajan, de nuevo, el sueldo al funcionariado (regalándole parte de sus sueldos a la banca) y reducen la contestación y el control político al eliminar el 30% de las y los concejales.
Podría parecer que no han dejado títere con cabeza pero, lamentablemente, podemos tener la certeza de que los recortes no acaban ahí: la rebaja de las pensiones y la aceleración en el retraso de la edad de jubilación están a la vuelta de la esquina.
Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa y la reforma de la inmaculada constitución para incluir el límite al déficit público, el Reino de España ha ido renunciando paso a paso a sus herramientas para hacer política económica. El memorando MoU marca las 37 condiciones que tiene que cumplir el sistema financiero español, incluso apostilla que si quiere tomar alguna medida que no esté incluida tienen que pedir permiso a los vigilantes. Esta renuncia a la soberanía, el tener que pedir permiso a terceros se vio reflejando en las declaraciones del ministro de Exteriores Margallo cuando señaló que «es una estupidez hablar ahora de soberanías nacionales, porque vivimos en un mundo de soberanías compartidas».
El MoU también establece que España confeccionará una ley para obligar a las cajas de ahorro a tener una participación inferior al 50% de los bancos. Cuando esto suceda, las cajas vascas dejarán de controlar Kutxabank y solo faltará un paso para perder la obra social. Así pues, queda en evidencia que los bienintencionados límites que se negociaron desde las entidades fundadoras en Gipuzkoa no han sido suficientes para paralizar la privatización, lo cual es más doloroso en estos momentos en los que una banca pública es tan necesaria.
La solución, una vez más, va en la dirección contraria a las medidas adoptadas. Si las entidades financieras eran demasiado grandes para dejarlas caer, no se entiende que la solución de Europa fuese plantear nuevas fusiones. Antes de rescatar la banca privada habría que estudiar por qué esa deuda tiene que ser cubierta por la ciudadanía. Cuando la banca alemana de Ackermann compraba esa deuda, ¿acaso ignoraba que jamás podría devolverse? Es necesaria una auditoria para decidir qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte se paga y cuál no.
Las políticas e intervenciones futuras ponen el beneficio y la renta financiera por encima de todo. La austeridad, los recortes de derechos, la privatización, son todas políticas de desposesión y depredación social. La solución pasa por la distribución de renta y riqueza, y por la ampliación de los derechos sociales. No aceptaremos sacrificios, ni a Dios ni a la banca.
Ana Etxarte y Carmen García – Mesa Feminista de Alternatiba
Parece que hay un empeño general en hablar exclusivamente de crisis económica o de estallido financiero, cuando lo que realmente estamos viviendo es una crisis civilizatoria en toda su extensión. Esto es, una crisis que afecta a los parámetros básicos del sistema vigente -sociales, ecológicos, alimentarios, climáticos, políticos, económicos y de género- y que además no nace en 2007, sino que estalla en ese año, siendo su gestación muy anterior en el tiempo. De esta manera, la punta se confunde con el conjunto del iceberg, y la dimensión financiera oculta múltiples crisis, espacialmente la crisis perpetúa que asola a más de la mitad de la población mundial, las mujeres.
Es inaceptable constatar cómo los diagnósticos sobre la crisis son absolutamente ciegos a la realidad de precariedad, explotación y subordinación de las mujeres, y cómo las medidas que se toman en base a estos diagnósticos, en ningún caso estudian ni priorizan su impacto sobre las mujeres. El resultado de todo ello es que nuestra crisis no es LA CRISIS y por tanto las lógicas de dominación de acentúan exponencialmente.
Especialmente significativa es la invisibilización y el desprecio del trabajo reproductivo y de cuidados, básicamente desarrollado por mujeres, y cómo se está tratando en esta etapa de crisis. No nos engañemos, la famosa economía -real y financiera- también es otra punta del iceberg, que se sostiene sobre un sistema de trabajo reproductivo sin el cual todo el sistema se vendría abajo. Así de claro, las mujeres sostenemos la vida y el planeta, y el mercado y la economía oficial sólo pueden existir si existe un trabajo reproductivo, y éste, por supuesto, o es no remunerado o es precario. A pesar de ello, y en vez de dar valor a este trabajo, se le discrimina como si no fuera parte de la crisis real. Así, se están tomando decisiones que ahondan en esta lógica. Es necesario denunciar que con la excusa de la crisis y mediante los recortes de derechos, nos quieren encerrar de nuevo en el hogar, en el hogar propio y en el ajeno, y en una situación cada vez más precaria.
Prueba de esto son los recortes anunciados en la Ley de Dependencia, una ley que ya fue del todo insuficiente en su formulación, y que no solucionó, ni mucho menos, la cuestión del reconocimiento social del trabajo de cuidados ni de la corresponsabilidad -en muchos casos, perpetuó a las mujeres en el trabajo doméstico y promocionó la precarización del empleo sumergido y sin derechos a través de la contratación de mujeres migrantes-, pero que al menos sacó a la luz pública la realidad y la relevancia de estos trabajos mayoritariamente, como decimos, desarrollados por mujeres.
Pero en vez de mejorar la ley y de avanzar en el reconocimiento de la explotación y dominación histórica de las mujeres, lo que plantea la derecha con la crisis es cargarse de un plumazo las tímidas medidas tomadas. Ya nos lo anunció el PP hace unos meses: “La ley de dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Y lo que se pueda es recortarla y eliminar derechos, precarizando aún más su situación, y reforzando un sistema patriarcal cada vez más conservador y represivo para con las mujeres.
De esta manera, el gobierno de Rajoy nos ha anunciado, primero, que las CCAA tienen libertad para reducir como mínimo un 15% la prestación económica a percibir, como si los 400 euros mensuales que se recibían de media fueran un exceso inasumible. Segundo, que las personas cuidadoras, mujeres la mayoría, ya no cotizarán a la Seguridad Social, siendo de nuevo un trabajo de segunda; tercero, las cuidadoras deberán vivir con las personas dependientes para percibir las ayudas: la mujer en casa y con la pata quebrada, que es donde mejor está. Y cuarto, como última desfachatez, se aprueba que para resolver las solicitudes y otorgar las ayudas, las administraciones tendrán un plazo máximo de dos años -frente a los 6 meses actuales-. Han oído bien, dos años. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Para los bancos, todo. Para la economía productiva, poco, pero algo. Para el trabajo de cuidados, nada, para las mujeres, las lógicas patriarcales más nauseabundas.
Aun con ello, el gobierno tiene la desvergüenza de afirmar que este tipo de medidas creará más empleo, ya que las familias, las mujeres mejor dicho, optarán por contratar estos servicios. Lumpen-empleo, por supuesto.
¿Pero no deberían ser las instituciones públicas quienes garantizaran los derechos en situación de dependencia? Este es un ejemplo más de cómo mientras hay rescates millonarios para los culpables, las personas inocentes vemos nuestros derechos conculcados, privatizando la responsabilidad pública y aumentando la pesada mochila de piedras que las mujeres tenemos que asumir hoy en día.
Basta ya. Por ello hacemos una llamada a la movilización, una llamada a que los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales a que se manifiesten con fuerza en contra de estos recortes. Es vergonzoso ver cómo la eterna alianza entre capitalismo y patriarcado se agudiza aún más, manteniéndonos en crisis permanente mediante la discriminación y la violencia como método de control de nuestras cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y necesidades, en definitiva, de nuestras vidas. Nuestras vidas primero, no a los recortes de dependencia, no al capitalismo, no al patriarcado.
Desde Alternatiba solo encontramos un modo de describir lo que hoy va a suceder en un consejo de ministros presidido por Mariano Rajoy y con el monarca español como comparsa: Golpe de estado. Un golpe de estado dirigido desde los mercados y que busca acabar con la dignidad de las clase populares, la recentralización del poder político y la destrucción absoluta de esa farsa que desde hace décadas nos venden como «estado del bienestar».
En el Reino de España la mentira y la inutilidad campan a sus anchas, tanto en el actual gobierno del PP como anteriormente en el del PSOE. Nos dijo el ministro de Guindos que “las consecuencias de la crisis bancaria la pagarían los bancos”, y Rajoy decía hasta anteayer que “España no estaba intervenida” y que “no subiría el IVA”. Y, ¿Cuál es la realidad que hoy nos imponen? Un recorte brutal y mezquino, que situará en la exclusión a centenares de miles de personas, también aquí en Euskal Herria.
– La subida del IVA de entre dos y tres puntos nos equipara con los países con IVA más alto de Europa como Bélgica o Reino Unido. Países con un Salario Mínimo dos o tres veces mayor al del estado español, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo que hace más que difícil el sostenimiento de una vida digna.
– Aún más insultante resulta la reducción de la prestación por desempleo, argumentando que así se animará a las personas paradas a la búsqueda de empleo. Es un ejercicio de cinismo tan grande que debería hacer dimitir inmediatamente tanto a la ministra de trabajo como al presidente del gobierno. Condenan así a otras 600.000 personas a la más absoluta miseria.
– La supresión de la paga de navidad para los funcionarios con la promesa de recuperarla en el 2015 como aportación al fondo de pensiones es sencillamente atroz. No solo recortan salarios sino que aprovechan la jugada para seguir beneficiando a la banca con los fondos de privados de pensiones, una vez que han hecho lo posible, tanto PSOE como PP, para acabar con el sistema público de pensiones.
– La reforma de la Ley de Dependencia, ley que ya nació insuficiente, ahondará todavía más en las condiciones de absoluta precariedad en las que se realizan los trabajos de cuidados, ejercidos mayoritariamente por mujeres y fundamentales para el sostenimiento de nuestras vidas.
– La reducción del 30% de los concejales no es sino la eliminación de la pluralidad y la contestación política. Perpetuará el bipartidismo que los mercados necesitan entre los igualmente serviles y sumisos PP y PSOE.
En resumen, un golpe de estado en el que los gobiernos títeres de Madrid, Gasteiz e Iruñea no dudarán en alinearse con quienes nos llevan a la ruina sacrificando y reprimiendo a las clases populares, como hemos podido ver estos días en Madrid con los mineros a los que desde Alternatiba enviamos todo nuestro apoyo.
Es este un momento crucial en el combate que el capitalismo mantiene contra cualquiera que se oponga a su pervivencia. No les va a temblar el pulso al reprimir y criminalizar a cuantas personas sea necesario. Porque saben, al igual que nosotros y nosotras, que asistimos a una batalla sin cuartel entre nuestras vidas o su capital.
Nos quieren hacer creer que no hay más remedio, que no existe otra solución, que no son responsables. Y nuevamente mienten. Porque saben que esta estafa global es responsabilidad exclusiva de ellos, de los adoradores del capitalismo. Esta vez no pueden achacar a la izquierda nuevos desmanes. Ha sido su sistema, su aceptación de la sumisión de la política a los mercados y su forma de organizar la sociedad la que ha quebrado.
Desde Alternatiba tenemos claro que podemos salir de esta. Y esa salida se encuentra en medidas que nos permitan construir un país y un modelo más justo. Por eso es urgente poner en pie desde ya una alternativa que reclame la soberanía plena para Euskal Herria como única forma de desprendernos de la servidumbre a los mercados. Y es urgente confrontar sus recortes con propuestas que salvaguarden la dignidad de las personas.
– Hoy es más vigente que nunca la reclamación de las 35 horas. Es necesario el reparto del trabajo existente pero sobre todo de la riqueza concentrada cada vez en menos manos.
– Es inaplazable abordar una reforma fiscal que haga de la progresividad, la persecución del fraude fiscal y la eliminación de privilegios a las rentas altas su columna vertebral.
– Para construir una sociedad más justa debemos aumentar ya el SMI por encima de los míseros 641 euros actuales hasta un umbral por encima de los 1000 euros.
– Podemos evitar todos los desahucios, al igual que en Grecia, exigiendo e impidiendo a los bancos ejecutar desalojos por impago de hipotecas.
– Detengamos los macro proyectos que solo buscan el lucro de constructoras por obra y gracia del PP, PSE, UPN y PNV. Ejemplos como la Supersur son prueba de que tan solo sirven para cubrir de asfalto nuestra amalurra mientras que hipotecan a las instituciones públicas. Esas inversiones deben ir hacia políticas sociales, mucho más necesarias.
– Tenemos que seguir reivindicando un banco público nacional vasco que haga de su función social y la planificación económica su tarea. En este sentido, la privatización de Kutxabank deseada por el PP, PSE y PNV es un grave retroceso.
– Exijamos una auditoria real de la deuda que, atendiendo a los criterios de definición de la misma nos permita proceder a pagar la legítima y no pagar la injusta. Los tecnócratas de Europa saben que no se va a pagar, porque es una mentira más; los recortes, por el contrario, son muy reales.
Estas son los caminos que desde Alternatiba invitamos a recorrer a las mujeres y hombres de Euskal Herria, a la izquierda sindical, social y política. Es el momento de responder, de movilizarnos codo con codo y pueblo a pueblo. Podemos parar esta barbarie porque estamos en pie, dispuestos a salir a la calle por el respeto a todos los derechos para todas las personas. Por eso, animamos a toda la ciudadanía a construir desde abajo y a la izquierda el sujeto político del cambio que solo puede venir de la izquierda soberanista de Euskal Herria.
En este sentido, llamamos a secundar las movilizaciones que agentes sociales y sindicales anuncian hoy, porque es momento de unir fuerzas y contestar en la calle a la brutal agresión perpetrada desde el Gobierno de Mariano Rajoy.
