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Nuestras pensiones no están en riesgo, sino vuestros beneficios (Alternatiba)

 

La política económica completamente antisocial del gobierno de Margaret Tatcher resumía su pensamiento económico en el acrónimo TINA (no hay alternativa, en su traducción del inglés). Así, este gobierno conservador utilizó la crisis como argumento para acometer las políticas más antisociales de la época en Europa. Del mismo modo, el gobierno liberal del PSOE basa su decisión de rebajar las ya de por sí reducidas pensiones en base al mismo argumento: no hay alternativa. De esta manera, señalan, el sistema de seguridad social podría quebrar de mantener los parámetros actuales. Por lo tanto, dicen que es necesario reducir el gasto en pensiones para garantizar su sostenibilidad.

Ambos argumentos –quiebra de la seguridad social, necesidad de reducir el gasto en pensiones- son absolutamente falsos, y únicamente pretenden ocultar la verdadera naturaleza de las reformas: reducir lo público para abrir oportunidades de negocio para los mismos causantes de la crisis sistémica  Ni la seguridad social está en riesgo, (valga el dato del superávit actual de 11.000 millones de euros), ni es necesario reducir los costes -¿por qué no incidir en una estrategia de mayores ingresos? En definitiva, se trata de la vieja lucha, derechos de todas las personas contra los privilegios de unos pocos.

Así, todas las predicciones agoreras que anunciaban la quiebra de la SS han fracasado estrepitosamente, pese a lo cual los aprendices de brujo siguen haciendo nuevos augurios catastrofistas sin sonrojarse. Sus pronósticos interesados que anunciaban que la menor natalidad y la mayor esperanza de vida provocarían la quiebra de la SS fallaron. Esta campaña contra la Seguridad Social es promovida por la banca -que pretende acaparar para sí el muy lucrativo negocio de los ahorros públicos de la SS-, así como por la patronal, que ve en esta medida un modo de reducir las cotizaciones sociales, las cuales son parte del salario diferido de las y los trabajadores. Por ello, piden la reducción de las pensiones públicas y al aumento de las pensiones privadas, no por necesidad para las personas trabajadoras y pensionistas, ni para el estado, sino sólo para los maltrechos y acaparadores mercados. No hay por tanto justificación alguna.

De esta manera, el querer hacer trabajar más allá de los 65 años no es algo que se haga para salvaguardar las pensiones. Su idea es reducir las pensiones públicas para que quienes puedan ahorrar se vean en la obligación de entrar en las pensiones privadas y que la banca disponga de ese pastel. No están en juego las pensiones, sino los beneficios de la banca.

Precisamente, parece que poco importa que la crisis financiera haya dejado en evidencia la debilidad de los sistemas privados de pensiones, al haber tenido que ser rescatados con dinero público y al encadenar sucesivas rentabilidades negativas. Desde 1970 a 2003 ha habido 117 crisis bancarias sistémicas en 93 países y 113 episodios de “stress” financieros en 17 países. La pensiones privadas son la supuesta solución al problema, pero de marzo de 2008 a marzo de 2009 los fondos privados han devuelto una rentabilidad media anual negativa del 6,37%.¿Quién está en riesgo, las pensiones públicas o el chollo de las pensiones privadas?En esta lógica, las Diputaciones de la CAV han establecido una fiscalidad favorable a las pensiones privadas, beneficiando a quienes más capacidad de ahorrar tienen y mandando un mensaje de endeblez de las pensiones públicas.

Pero no sólo cae por su propio peso este argumento de quiebra de la seguridad social, sino que además quieren analizar el problema únicamente desde la reducción del gasto, aliándose con la patronal, y sin tomar las medidas estructurales oportunas que nos saquen de la crisis.

Así, uno de los cambios que se han propuesto para reducir el gasto de la Seguridad Social es aumentar el mínimo de años que se utiliza para calcular las bases de cotización de 15 a 20 años. De este modo, según los cálculos de los sindicatos las pensiones se reducirían un 6%. Esta medida afecta principalmente a las mujeres porque tienen menores tiempos de cotización por ser quiénes más entradas y salidas realizan del mercado de trabajo y por tener más contratos parciales. Y especialmente afecta a las trabajadoras que están en el Régimen Especial de los empleados de Hogar, puesto que el 32,5% de las trabajadoras en este régimenestá en la franja de quienes han cotizado entre 16 y 20 años.

Pero no es esta la única vía por la que el gobierno de Zapatero pretende reducir las pensiones. Si bien en un primer momento parecía un globo sonda, parece confirmarse que el gobierno del Reino de España va a retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Esta medida junto con el aumento de 15 a 20 años de la base de cotización, supondrían una reducción media de las pensiones del 16%. Al mismo tiempo, cierran la puerta de salida del mercado laboral a personas que ya se han ganado el derecho al descanso complicando la entrada al trabajo a los y las jóvenes. Todavía no se sabe cuales serán los cambios concretos, en cualquier caso, el gobierno maneja diferentes cambios todos ellos orientados a reducir las pensiones.

Por el contrario, y dado el superávit de la SS, desde Alternatiba entendemos que si en un futuro hubiese algún tipo de problema, la solución pasaría por aumentar los ingresos de la Seguridad Social, más que por encontrar la fórmula más rebuscada de reducir las pensiones. Es decir, se trata de tomar las medidas opuestas a las que proclaman desde la banca, la patronal y economistas neoliberales:

· Aumentar los salarios, empezando por el Salario Mínimo Interprofesional para que haya unas mayores cotizaciones.

· Recortar la tasa de paro que en el Reino de España es de un 20% y en la CAV de un 10% para que haya un mayor número de cotizantes.

· Aumentar la tasa de ocupación de las mujeres de la CAV, acercando esta del 58% actual a cifras como las de Alemania, con un 66%. Aumentaría así el número de cotizantes y para ello se promoverían todo tipo de medidas, desde la corresponsabilidad en el cuidado de hombres y mujeres, que garantizaran que esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo aumentara y se hiciera en igualdad de derechos y oportunidades.

· Eliminar las figuras de becario y los Contratos de Colaboración Social que no cotizan a la SS y demás contratos basura que pseudo-cotizan.

· Reducir la jornada laboral, al contrario de lo que pretendía la directiva Europea de las 65 horas, para repartir el trabajo y que haya más cotizantes.

· Reducir la economía sumergida para que se sumen esos cotizantes.

· Incorporar a las trabajadoras del hogar a cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. Apenas 14.000 de las 24.318trabajadoras del hogar en la CAV cotizan de algún modo a la SS.

· Financiar las pensiones no contributivas con transferencias del Estado, para lo cual, es recomendable subir la presión fiscal a niveles europeos. Para ello, habría que recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, volver a incluir las rentas del ahorro junto con el resto en el IRPF y aumentar los tipos de gravamen de las grandes empresas con beneficios y contribuyentes del IRPF con mayores ingresos, entre otras medidas. Solo el 38% de los complementos a mínimos son financiados por el Estado con impuestos en vez de por la SS.

· Reducir la edad de jubilación para repartir el trabajo. Una persona que haya cotizado 40 años no tiene por qué ver reducida su jubilación aunque se jubile antes de cumplir los 65 años.

Por lo tanto, no más mentiras. Hay otras alternativas, hay soluciones, y no sólo la de plegarse a los mercados y sus capitalistas. 

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¿ A quién interesa y como sería el rescate de España?> Juan Torres (ATTAC)

Artículo publicado en ATTAC

Autor: Juan Torres López, miembro del Consejo científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un «rescate» de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.

Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,»rescatan» a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los «agujeros» que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada. Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de «ayuda» se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido «rescatada» recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.

Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el «rescate» del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el «rescate» se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los «rescates» consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El «rescate» no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país «rescatado» cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien «rescata».

Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.

Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el «rescate» es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.

La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).

Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.

El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.

Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.

La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un «rescate».
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.

El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).

Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.

Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda «rescatando» a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.

Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economía. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el «rescate».
Pero un «rescate» de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…

Pero, por otro lado, la operación de «rescate» tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el «rescate» iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.

De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.

En primer lugar, que el «rescate» de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el «rescate» justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren «transformar» España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.

En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su «rescate» solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.

No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el «rescate». Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.

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PNV, presidente de Petronor

Alternatiba denuncia que el PNV vuelve a defender intereses de grandes corporaciones afines con la prórroga de Petronor, una de las empresas más contaminantes de Bizkaia

BILBO, 22 DE DICIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha considerado hoy «una vergüenza» que el PNV haya colado en la Ley de Economía Sostenible una enmienda que prorroga automáticamente y durante otros 40 años la licencia de Petronor, una de las empresas más contaminantes de Bizkaia, para ocupar terrenos en Muskiz.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha denunciado que, «una vez más, los partidos políticos defienden los intereses de las grandes corporaciones sin ningún rubor, ni siquiera les produce sonrojo que el actual presidente de Petronor sea ex mandatario del PNV».

El dirigente de izquierdas ha lamentado que PSOE y PNV sigan aliándose para defender intereses económicos y se ha preguntado: «¿Mientras tanto, quién defiende los intereses de los vecinos y vecinas de Muskiz?

En este sentido, Matute ha señalado que «el hecho de que esta prórroga se incluya en una Ley que se denomina de Economía Sostenible sería una broma de mal gusto sino fuera por sus implicaciones». Según ha recordado, una de las más graves amenazas medioambientales de Bizkaia es la planta de coque de Petronor, denunciada en reiteradas ocasiones grupos ecologistas.

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Con X de Felipe

Alternatiba tacha de «execrables» las palabras de Felipe González y advierte de que «no se puede salvaguardar la democracia con sangre preventiva»

BILBAO, 21 DE DICIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha considerado hoy «execrables» las declaraciones en las que Felipe González admite que habría «volado» el coche de los miembros de ETA que atentaron contra Hipercor, al tiempo que ha recordado al ex presidente del Gobierno del Reino de España que «no se puede salvaguardar la democracia con sangre preventiva».

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado que, «mientras en este país algunos y algunas trabajamos para poner fin a la violencia política reivindicando derechos humanos, civiles y políticos para todos y todas, el ex presidente del Gobierno español se dedique a hacer alarde de una guerra sucia nauseabunda». Por ello, el dirigente de izquierdas ha cuestionado si las de González no serán «declaraciones intencionadas que buscan perturbar el proceso de paz abierto en Euskal Herria».

Matute, además, se ha preguntado: «¿Cómo pueden partidos e instituciones estar callados mientras un ex presidente del Gobierno legitima la pena de muerte sin juicio previo?». En este sentido, ha subrayado que «Felipe González no puede continuar presumiendo de haber estado enfangado en uno de los capítulos más negros de nuestra historia reciente, como lo fue el terrorismo de Estado. Sus compañeros y compañeras socialistas, como cualquier defensor de los derechos humanos, tienen la obligación moral de reprobar sus palabras, que dan buena cuenta de su catadura moral, y recordarle que la sangre preventiva no es el camino para salvaguardar la democracia».

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Sinde, la ley del silencio

Alternatiba: “La Ley Sinde es la antesala de una Ley de Censura, la creación de la policía cultural de Internet”

* OSKAR MATUTE: “EL PSOE HA DEMOSTRADO QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS Y NO AL SERVICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

BILBO, 20 DE DICIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha denunciado hoy “el atropello de derechos y el recorte de libertades” que supone la Ley Sinde, que el Gobierno del Reino de España pretende aprobar sin debate ni enmiendas, «escondida» dentro de la Ley de Economía Sostenible. La formación de izquierdas ha considerado “un despropósito que un partido que se autodenomina socialista pretenda favorecer a la empresa privada legislando para convertir en delito el hecho de que la ciudadanía comparta contenidos sin ánimo de lucro”.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha advertido de que una ley como ésta es la antesala de una Ley de Censura: “Es la continuación de la caza de brujas de McCarthy y la creación de la policía cultural en Internet. Es vergonzoso. El PSOE se cree que Internet es suyo y ya votaron en Europa a favor de un cártel de operadoras telefónicas que está ejerciendo la censura en la Red».

El dirigente de izquierdas ha recordado que las revelaciones de Wikileaks han sacado a la luz que, en realidad, la ley fue escrita y diseñada por presiones de Gobierno estadounidense. El CES, además, ha criticado la heterogeneidad de la Ley de Economía Sostenible porque puede producir «confusión», al tiempo que la Fiscalía ha tachado de “dudoso” que la protección de la propiedad intelectual “deba ponerse a la misma altura” que la del resto de los bienes jurídicos protegidos (salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia…).

En palabras de Matute, el Partido Socialista ya ha pactado con PNV y CC una Ley que deja claro cuál es el rumbo del Gobierno del Reino de España: “En materia económica, menos derechos sociales y más libertad para las empresas, y en materia social, más restricciones a la libertad de expresión”.

Para Oskar Matute, «lo que ha quedado evidenciado con el apoyo a esta ley, al estado de alarma, a la reforma de las pensiones y a los presupuestos del Estado es que la alianza entre el PSOE y el PNV es algo más que un rollo de una noche, como nos han intentado vender. Es ya un matrimonio de conveniencia muy sólido”.

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El Sahara Occidental, moneda de cambio del PSOE> Hector Rojo Letón (Diagonal)

Artículo de Héctor Rojo Letón publicado en la revista Diagonal

“Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza de que el Gobierno [franquista] no haya sólo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania”, afirmaba en 1976 Felipe González (PSOE) en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.

Más de 30 años después no descubrimos nada al decir que la descolonización del Sáhara Occidental no ha terminado, único caso en África, y que la potencia administradora de este territorio, según la ONU, es el Estado español. Tampoco si hablamos de los más de 120.000 refugiados saharauis que desde 1974 pueblan la hammada argelina. Allí huyeron de los bombardeos indiscriminados de napalm y fósforo blanco posteriores a la ocupación de su territorio por parte del ejército alauita.

Un muro de 2.700 kilómetros rodeado de minas antipersonas divide los territorios de la antigua provincia y colonia española. A un lado, las zonas liberadas que el Frente Polisario intenta poblar; del otro, los territorios ocupados, donde la población saharaui sufre la ocupación militar de marroquí. “Especialmente desde que el 6 de noviembre Mohamed VI en su discurso conmemorativo de la Marcha Verde declarara que sólo hay dos tipos de personas: marroquíes o traidores. La represión ha aumentado: detienen a gente por recibir a abogados internacionales, a activistas de los derechos humanos les han quitado sus papeles…”, denuncia El Mami Amar Salem, vicepresidente del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos.

El Mami sigue muy de cerca la situación de Aminetu Haidar, pero tampoco se olvida de los siete activistas que desaparecieron en octubre a su vuelta de una visita a los campamentos. “Siguen en la cárcel de Salé, aislados y a la espera de ser juzgados en un Tribunal militar”, denuncia Khadad Emhamed, coordinador saharaui ante la Misión Internacional de Naciones Unidas para la celebración de un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que se creó en 1991

Una misión inconclusa y, de nuevo, paralizada. A primeros de diciembre se debía celebrar una nueva ronda de negociaciones que no tendrá lugar, “las detenciones de activistas saharauis y la expulsión a Lanzarote de Aminetu Haidar hacen que estas sean imposibles”, apuntilla Khadad a este periódico.

¿Apoyo a la causa saharaui?

Aun así la postura oficial de la dirección del PSOE es la de defender la causa saharaui que pelea por el derecho a su autodeterminación. Es decir, un referéndum en el que puedan elegir sobre su independencia o integración en Marruecos. ¿Igual que en 1976? “No hemos modificado ni una coma nuestra postura”, explica a este periódico Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional de este partido. ¿Y qué opinan de Marruecos? El propio González formó parte de la comisión que intentó que Marruecos organizara el Mundial de Fútbol de 2010. También es conocida su intermediación ante Mohamed VI en favor de que Telmex, empresa de Carlos Slim, entrase en el mercado alauita. O para que en 2006 Chile y Colombia decidieran no reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.

Eso sí, la Agencia Española de Cooperación Internacional no ha dejado de nutrir a los campamentos de refugiados. “Preferimos que llegue un comunicado político que ejecute la legalidad internacional, a toda la ayuda que mantiene a nuestro pueblo en campamentos de refugiados”, reconoce Khadad.

“Marruecos es un tapón para la inmigración del África Subsahariana; empresas españolas realizan dumping social allí, al instalar sus centros y rebajar así las condiciones laborales de sus empleados; los armadores de barcos españoles pueden pescar en sus caladeros gracias a los acuerdos con la UE. Pero todo esto no me parece motivo suficiente para que el pueblo saharaui sea una moneda de cambio. Tampoco que altos cargos del PSOE como el propio Felipe tengan intereses personales”, explica perplejo Fernando Peraíta, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.

Otra de estas posibles monedas de cambio es el comercio de armas. Desde 1984, todos los gobiernos han vendido o regalado material bélico a Marruecos. Tanto en plena guerra, como en la actual situación de alto fuego. En 2008 recibieron el obsequio de seis torpedos MK46 MOD-2 y una venta cifrada en 113, 9 millones de euros. La monarquía marroquí se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española.

Los cambios en la ONU 
“Desde el Franquismo, los únicos gobiernos españoles que se han abstenido en una votación por la descolonización del Sáhara Occidental han sido el de Franco y el de Zapatero”, reconocía en 2006 a DIAGONAL Mohamed Y. Beissat, embajador del Polisario en Argelia, tras la actuación del Gobierno. Tan sólo un año después de la llegada de Zapatero a la Moncloa las cosas estaban muy claras. En marzo de 2007, en su visita a Marruecos, Zapatero conoció su última apuesta por la autonomía. “La parte española ha acogido esta propuesta con interés y considera que podría generar una nueva dinámica de diálogo”, según recogía entonces Asuntos Exteriores.

“Hay mucha gente del PSOE en las asociaciones de defensa del pueblo saharaui, incluso alcaldes o concejales. Esto debe crear contradicciones en el partido. La cúpula está del lado de Marruecos y la base en contra”, reconoce Peraíta. Según el actor Willy Toledo, presidente de la Plataforma Todos con Aminetu, que lleva en Lanzarote desde el 17 de noviembre, así se han manifestado también parlamentarios vascos del PSE o el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo. Sin embargo, Valenciano no reconoce ninguna tensión. “Decir que hay un movimiento crítico es demasiado, hay mucha gente preocupada y nos pide que hagamos cosas”, apostilla.

El expolio, una traición más 
Desde 2007 a los caladeros saharauis han vuelto los pesqueros europeos, especialmente españoles y franceses. “La historia no tiene marcha atrás”, afirmaba este verano López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato al Parlamento Europeo por el PSOE, sobre las posibilidades de ratificar el Nuevo Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Marruecos. Al menos el conflicto saharaui ha vuelto a la “agenda internacional”. “Hay otros muros en el mundo que deben caer”, denunciaba el presidente hace unas semanas en el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Como dirían en tierras de Zapatero: “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. Los 2.700 kilómetros de muralla del Sáhara siguen levantados. Y la valla de Ceuta y Melilla también.

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El cepillo del estado sigue manteniendo la iglesia> Fernando Pastor (Diagonal)

Fuente: Diagonal

Artículo: Fernando Pastor

Enrique Ruiz del Rosal, economista y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, ha elaborado un trabajo de análisis a raíz de la publicación de la Memoria Justificativa de Actividades de 2008, presentada recientemente por la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según este análisis, el Fondo Común Interdiocesano (FCI) se nutre de la asignación de los Presupuestos del Estado y de las aportaciones de las diócesis en una proporción en la que cada vez es mayor el peso de la aportación de las arcas públicas, que supone un 92 % frente al 8% que aportan las diócesis.

Sin embargo, en la distribución de este Fondo Común Interdiocesano se observa que la mayor parte se destina a sufragar los gastos de las diócesis, a la remuneración de obispos y clero en general, incluida su Seguridad Social, a financiar Universidades Católicas (incluidas las ubicadas en el extranjero, como Roma y Jerusalén), y tan solo una mínima cantidad se destina a actividades pastorales (acompañamiento, asesoramiento espiritual, formación, catecumenado… de sus fieles).

Aparte de los datos referidos al FCI, la memoria ofrece también cifras de la actividad litúrgica de la Iglesia Católica en 2008, en el que ésta omite cifras de asistentes a misa dominical, destaca el incremento de bautismos y no puede ocultar una caída drástica de primeras comuniones y bodas. También alude al número de religiosos que operan en el Estado español: 77.000 (20.390 son sacerdotes), a los que hay que sumar más de 70.000 catequistas. Respecto al trabajo pastoral desarrollado por estas personas, se afirma en la memoria que han sido 45.200.000 horas, de las que 34.800.000 corresponden a la actividad pastoral de los sacerdotes diocesanos.

La memoria también aborda la “actividad educativa”, indicando que existen 6.041 centros educativos católicos atendidos por 112.439 personas y que cuentan con 1.370.151 alumnos. La iglesia llega a la conclusión de que con ello ahorran al Estado 4.148 millones de euros. Como conclusión de su trabajo, Enrique Ruiz del Rosal cree que “los datos contenidos en esta Memoria son pura propaganda interesada, que entre aportaciones directas e indirectas (exenciones fiscales, etc.) de todas las administraciones públicas son muchos miles de millones de euros los que recibe la Iglesia Católica sin que exista un control de la utilización que se realiza de caudales públicos, todo ello al amparo de los acuerdos con el Vaticano de 1979”.

Respecto a las cifras sobre la actividad litúrgica que recoge la memoria, Ruiz del Rosal señala que “la ausencia de datos sobre la asistencia a misa dominical es una clamorosa omisión, si hasta hace poco en la web de la Conferencia Episcopal se hablaba de diez millones de personas pese a que ya para 2007 se evaluaba esa asistencia entre 7 y 8 millones de personas. Habrán considerado que es mejor ahorrarse una mentira”. Este miembro de Europa Laica se muestra crítico en lo referente a las cifras de bautismo: “los 335.000 que aparecen en la memoria de 2008 suponen un incremento de 18 % respecto a los de 2007, incremento que es muy superior al del crecimiento vegetativo de niños de entre 0 y 4 años, sin indicar de qué fuente estadística proceden los datos”. Para Ruiz del Moral “el aspecto numérico queda empequeñecido ante la esencia misma de este acto litúrgico cuya pervivencia atenta contra la libertad de conciencia individual; los menores también son sujetos del derecho de libertad de conciencia, así lo reconoce el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Sobre las primeras comuniones y las bodas, Enrique Ruiz constata su acusada reducción, hasta el punto de que actualmente se celebran más matrimonios civiles que religiosos.

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El gobierno transgénico> Miguel Jara (Insurgente.org)

Artículo publicado en Insurgente.org

Como comentábamos en la anterior información, España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala. Otros países como Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia o Polonia prohiben su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus posibles daños a la salud.

El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico en el que, según Amigos de la Tierra, sólo hay siete representantes científicos de un total de 46 miembros. Muchos de ellos han manifestado en público ser defensores de los transgénicos, con relaciones cercanas a esta industria, a sus fundaciones y lobbies. Entre los representantes de la Administración dentro de la Comisión, también hay algunos que mantienen una relación estrecha con la industria.

El apoyo del Ministerio a las compañías de transgénicos genera numerosas protestas desde las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando estas opiniones molestan en los organismos de participación, el Ministerio hace lo posible por ponerles fin. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre Transgénicos del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), donde están representadas las cinco asociaciones ecologistas estatales, sindicatos, asociaciones agrarias y tan sólo dos representantes empresariales. Tras una reunión donde el Gobierno decidió invitar a todas las asociaciones empresariales que ejercen de lobby a favor de los transgénicos, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha creado otro organismo de participación, donde se rebaja la presencia de las organizaciones ecologistas y se incrementa la de la industria.

Otro claro ejemplo de la vinculación y total apoyo del Gobierno a la industria es el regreso al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de uno de los principales responsables de la introducción de los transgénicos en España bajo la administración del PP. Martín Fernández de Gorostiza, en aquel momento Director de la Oficina Española de Variedades Vegetales, fue denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una coalición de organizaciones sociales (entre ellas Amigos de la Tierra y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG-) por compatibilizar cargos en el Ministerio de Agricultura con la coordinación del Observatorio de Biotecnología del Foro Agrario, una organización de promoción de los transgénicos ligada a la Fundación Antama, que ejerce de lobby y relaciones públicas de las multinacionales de los transgénicos, como Monsanto y Syngenta. Esta denuncia le forzó a abandonar el Ministerio. Pero la ex-ministra Elena Espinosa, según Amigos de la Tierra, le ha recuperado para trabajar en temas de agricultura ecológica.

Más artículos del autor

Más info: En el libro Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales.

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La población que vive por debajo del umbral de la pobreza alcanza ya el 20,8% (Kaos en la Red)

Tres de cada diez hogares españoles (30,4% de la población)  tienen dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes y cuatro de cada diez (36,7%)  no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Son algunos de los principales datos provisionales que se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

La encuesta revela un leve descenso de los hogares con dificultades; si en el 2010 las familias en esta situación son el 30,4%, el año pasado fueron el 30,5%. El INE ha subrayado este dato para asegurar que este descenso  «rompe con la tendencia creciente» iniciada en el 2007, y ha apuntado también que el 13,4% de los hogares llega con «mucha dificultad» a fin de mes, frente al 13,7%.

El estudio revela también que el 20,8%  de la población residente en España (una de cada cinco personas) está por debajo del umbral de pobreza relativa, estos es, vive con ingresos por debajo del 60% de la media del país. Este porcentaje de personas ha subido más de un punto en el último año, en que la cifra fue del 19,5%. La encuesta también revela que los ingresos medios anuales de los hogares españoles alcanzaron los 25.732 euros en el 2009, lo que supone una disminución del 2,9% respecto al año anterior. El ingreso medio por persona alcanzó los 9.627 euros,  un 2,4% menos que el año pasado, en que se situó en  9.865 euros.

Más familias morosas

También ha subido el número de hogares que tienen retrasos a la hora de pagar gastos relacionados con la casa –como por ejemplo la hipoteca, el gas o la luz–, que ahora son el 7,5%, mientras que hace cinco años eran el 4,7%. De hecho, el porcentaje de hogares que no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año se sitúa en el 39,7%, con un aumento de 0,8 puntos respecto al 2009.

Los datos reflejan una importante diferencia por edades.  Así, la mayor tasa de pobreza relativa corresponde a los mayores de 65 años, a los que afecta en un 24,6%, seguido muy de cerca por los menores de 16 años, el 24,5% de los cuales vive por debajo del umbral de la pobreza relativa.

Extremadura, en cabeza

Por otra parte, el INE también ha hecho públicos los resultados definitivos de la misma encuesta correspondiente al 2009 que revelan que la tasa de pobreza relativa fue del 19,5% y que, por comunidades autónomas, Extremadura (con el 36,2%) y Andalucía (con el 29,3%) presentaban las mayores tasas de pobreza relativa del país. Por el contrario, las comunidades con menor proporción de población por debajo de dicho umbral fueron la Comunidad Foral de Navarra (7,4%) y País Vasco (9,4%).

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