Comunicado de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso frente a la nueva ley del aborto

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reales Decretos 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) manifiesta:

1.- Que solicitada una reunión por parte de la PMAC el 29 de abril con las Ministras de Igualdad y de Sanidad y Política Social con el objetivo de trabajar conjuntamente con en el desarrollo reglamentario de la L.O. 2/2010, se nos convoca, junto con diversas asociaciones feministas en el Ministerio de Igualdad el 29 de junio, 4 días después de la publicación de los Reales Decretos y 6 días antes de la entrada en vigor de la LO 2/2010 como trámite informativo. Una vez más, se ningunea a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres obviando su participación y aportaciones en el desarrollo de esta Ley. Por el contrario, nos encontramos que el resultado de los RD responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres. El procedimiento aprobado levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión.

2.- Respecto al art. 4 y 5 del RD.325/2010 de información previa al consentimiento de los supuestos de IVE previstos en el art.14 de la Ley: Es insólito que la documentación preparada por el Ministerio de Igualdad para entregar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sea una información sobre “políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”:

  • En primer lugar, no se informa sobre los derechos a la IVE previstos en la propia Ley, ni se incluye información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, a pesar de recogerlo el art.17 de la Ley.
  • En segundo lugar, la lectura de la información del sobre es coercitiva, desorienta y perturba a las mujeres. En vez de servir como apoyo para el desarrollo de su decisión, pareciera un acto de chantaje emocional para continuar con su embarazo..
  • En tercer lugar es incoherente con las políticas de corresponsabilidad propuestas por el Mº de Igualdad al responsabilizar de nuevo a las mujeres en lo concerniente a la reproducción, políticas que por otra parte no son efectivas ya que la tasa de natalidad sigue disminuyendo.

3.- Respecto al art.8 del RD.825/2010: Si bien estábamos ya en desacuerdo con el 4º requisito del art.13 de requisitos comunes de la Ley por obligar a las jóvenas de 16 y 17 años a informar de su decisión de IVE a sus representantes legales, el desarrollo del RD empeora considerablemente la situación de las jóvenas.

  • La presunción de “conflicto grave” queda en manos de las y los profesionales, bajo unos criterios desconocidos sin acatar la decisión de la joven.
  • Por otra parte, no se regula el tiempo máximo del que dispone el/la profesional para emitir su diagnóstico de conflicto, pudiendo rebasar el plazo estipulado por la Ley de 14 semanas, dejando a las jóvenas en un situación de desamparo respecto a sus derechos sexuales.
  • En caso de que se detecte una situación de malos tratos hacia la joven, entendemos que las y los profesionales deberán cumplir el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando inmediatamente el delito de malos tratos, lo cual deja a la joven en una situación de indefensión, determinada por la LO 2/2010.
  • En el caso de las jóvenas tuteladas por las CCAA, se puede dar la paradoja que las directrices de algunas CCAA sean totalmente contrarias a la IVE, e impidan esta práctica poniendo trabas a la decisión de la joven tal y como viene sucediendo.

Todo ello nos hace pensar que se agrave la situación de violencia hacia las mujeres más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.

4.-  Respecto al Capítulo I del RD 825/2010 del Comité clínico del artículo 15.c), de la Ley:

  • En primer lugar, el plazo máximo estipulado que tiene el Comité para emitir su dictamen, 10 días o más si se acredita que las pruebas requieren un plazo mayor”, es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que ésta ya cuenta con un primer diagnóstico prenatal previo, realizado por un/a especialista.
  • En segundo lugar, al no regularse la objeción de conciencia de las y los profesionales ni en la Ley y en los RD, no se garantiza que las y los miembros del comité clínico, así como sus suplentes, puedan acogerse a ella. Esto supondría una vulneración de los derechos de las mujeres en las situaciones más difíciles de IVE en semanas avanzadas de gestación.
  • En tercer lugar no se regula qué pasaría si el Comité Clínico no llega a un acuerdo en el diagnóstico. Al componerse este de 3 profesionales nos preocupa que pasará en caso de disenso, ya que no está contemplado ni en la Ley ni en los RD.

5.- Respecto al Título I de la salud sexual y reproductiva: Nos parece insólito que entrada en vigor la ley, no se hayan articulado las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento en los dos RD de 25 de junio.

Las conclusiones que sacamos desde la PMAC, teniendo en cuenta y recogiendo el malestar general de la mayor parte del movimiento feminista en relación a la LO 2/2010 y los Reales Decretos que hasta el momento la desarrollan, van dirigidas por un lado a afirmar que, la nueva Ley, nos pone ante una situación tanto individual como colectiva de las mujeres caótica y desconcertante, sumada a las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas. Por otro lado, estamos valorando qué tipo de acciones ejercitar para expresar nuestro desacuerdo y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Por último, nos gustaría recordar de nuevo las reivindicaciones que hemos venido haciendo a lo largo del proceso de tramitación de la Ley, todas ellas desoídas:

1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restringa el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se garantice una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas.

 

 

Más Ley de Partidos

Alternatiba tacha la reforma de la Ley Electoral de «manipulación democrática» y recuerda a PSOE y PP que «no todo vale para ganar unas elecciones»

DONOSTIA, 30 DE JUNIO DE 2010 – Alternatiba ha criticado hoy la reforma de la Ley Electoral pactada entre PSOE y PP para impedir la presencia de la izquierda abertzale en los próximos comicios, ya que «se trata de una manipulación de las reglas de juego democráticas con fines claramente electorales».

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha considerado que socialistas y populares «no pueden seguir inventándose artimañas legales para dar una nueva vuelta de tuerca a la ya de por sí antidemocrática Ley de Partidos cada vez que les conviene». En este sentido, ha denunciado que lo único que pretenden ambas formaciones con la modificación anunciada es «proteger sus propios intereses políticos y perpetuar la alianza PSE-PP en Euskadi, aunque no sea reflejo del sentir de la sociedad vasca».

Matute ha subrayado, asimismo, que introducir en la Ley la posibilidad de que los cargos electos sean revocados si no condenan el terrorismo «convierte la libertad de expresión en obligación de expresión, lo que no es admisible en una sociedad democrática». La reforma, además, «va en contra de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que determina que el cargo obtenido en unas elecciones a las que se concurre formando parte de la candidatura de un partido político pertenece al electo, y no al partido», según ha explicado el dirigente de izquierdas.

Por ello, el portavoz de Alternatiba ha expresado su frontal oposición a la reforma de la Ley Electoral, que supone «cambiar las reglas a mitad de partido», y ha recordado a PP y PSE que «no todo vale para ganar unas elecciones ni para luchar contra el terrorismo, que no es más que la máscara que utilizan para recortar derechos y libertades al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria.»

En el Estado español ya existe cadena perpetua

Diagonal – En el Estado español ya existe cadena perpetua

«En el Estado español, tras una reforma del Gobierno de Aznar en 2003, el límite máximo de cumplimiento de las penas llega hasta los 40 años, incluidos los casos sin que se haya cometido un delito de sangre. Esa elevación del tope punitivo, sumada a otros obstáculos aprobados anteriormente para impedir el acceso a los permisos penitenciarios, al tercer grado o a la libertad condicional a ciertos colectivos de presos, supuso un cambio fundamental, sin parangón en el entorno europeo, en el contenido de la pena de prisión.»

Zapatero nos confirma que la crisis no la van a pagar quienes la provocaron

ALTERNATIBA – El presidente del Gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado una serie de medidas para reducir el déficit público. Si algún alma cándida pensara que el PSOE, haciendo gala de su supuesto carácter socialdemócrata, propondría un cambio de políticas que aumentara la progresividad fiscal para captar más dinero de quienes han generado la deuda, o que regulara la actividad de los sectores culpables (banca, construcción, automóvil), manteniendo al menos el ya de por sí gasto social, estaría muy equivocado.

Así, lo primero que cabe destacar es que Zapatero y Salgado parecen olvidar que el déficit público es el producto de una simple ecuación: gasto menos ingresos. Por lo tanto, se puede incidir sobre el gasto (reduciéndolo) o sobre el ingreso (aumentándolo). ¿y qué ha hecho este gran gobierno de izquierdas, defender los derechos de las mayorías, atajar de una vez la impunidad en la que se mueven las y los poderosos? Pues no, han decidido de manera explícita ahondar en la explotación de los y las trabajadoras, reduciendo el gasto social, sin tocar en absoluto a las rentas altas.

En este sentido, para aumentar los ingresos únicamente eliminan el injusto cheque-bebé, pero se olvidan de recuperar el Impuesto sobre Patrimonio, de hacer tributar a las SICAV, de aumentar el IRPF progresivamente, de generar impuestos a la especulación financiera, de hacer progresivo el gravamen de las rentas del capital, o de establecer medidas tajantes para acabar con la corrupción fiscal.

De esta manera, en lugar de aumentar los ingresos, Zapatero se centra en reducir el gasto en pensiones y el gasto en dependencia. Por un lado, congela las pensiones mientras el IPC aumenta, y, por otro lado, elimina los efectos retroactivos de las prestaciones para las personas con dependencia, castigando a los dependientes que más tiempo llevan esperando a que se les conceda el reconocimiento de su dependencia, y dándole una nueva vuelta de tuerca a la situación de explotación de las personas dedicadas al cuidado, casi siempre mujeres.

Pero eso no es todo, también anuncia una reducción de 6.045 millones de euros en inversiones. Esta reducción en inversiones provocará una menor actividad económica y un aumento del desempleo que provocará la reducción de la recaudación fiscal y un mayor gasto en prestaciones por desempleo.

Además, una de las medidas estrella es la reducción de un 5% del sueldo de los funcionarios. Zapatero, reduce el sueldo a los funcionarios del Estado, que son los que menos cobran, y pretende maquillar esta reducción anunciando una insignificante reducción del 15% del sueldo de los miembros del Gobierno.

Por último, Zapatero también se ha acordado de los países empobrecidos del Sur a la hora de reducir gastos y ha decidido reducir en 600 millones de euros la aportación del Reino de España a la ayuda oficial al desarrollo, alejándose aún más del objetivo del 0,7%. La solidaridad es para cuando nos sobra, ese es el concepto de solidaridad del PSOE.

Alternatiba se opone rotundamente a este ataque frontal a los derechos de los sectores de mayor vulnerabilidad, y, ante a la degradación de las políticas públicas en el Estado Español, hace un llamamiento a todo tipo de movilizaciones para impedir este atropello.

¡La crisis que la paguen ellos!

«Los recortes sociales de Zapatero revelan su incapacidad para hacer política de izquierdas»

Alternatiba ha censurado hoy los recortes sociales anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ya que “ponen de manifiesto la incapacidad del Gobierno para mantener una política propia de izquierdas que nos permita salir de la crisis”.

El representante de Alternatiba Ander Rodríguez ha recordado que ha sido el propio presidente quien ha reconocido que, con estas medidas se hace recaer el esfuerzo para salir de la crisis en los trabajadores y trabajadoras, a pesar de no haber sido ellos los culpables de esta crisis, cuya responsabilidad es de los mismos que ahora imponen al Reino de España la adopción de estas medidas”.

A juicio de la formación de izquierdas, la reducción del gasto en materia de pensiones, la rebaja del sueldo a los empleados públicos (que seguirá, de uno u otro modo, en el sector privado) y el recorte en materia de prestaciones por dependencia suponen la renuncia del presidente del Gobierno a lo que había sido su eje en política social. “Mucho nos tememos –ha agregado Rodríguez- que esta renuncia irá seguida de muchas otras, sobre todo en el ámbito de los derechos de los trabajadores o de los servicios públicos”.

En este sentido, el representante de Alternatiba ha señalado: “Podríamos contraponer dos imágenes, los beneficios históricos en la Bolsa del día de ayer, con las medidas contra los trabajadores en el día de hoy. ¿Dónde queda ahora el compromiso de refundar el Capitalismo? Es evidente que la socialdemocracia carece de alternativa económica a las recetas impulsadas por los liberales”.

Por una verdadera ley de la memoria histórica

 

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado hoy, por unanimidad, una enmienda transaccionada por todos los grupos junteros a partir de una propuesta de Alternatiba en la que se insta al Gobierno Vasco a “culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria histórica” en Euskadi.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos que la creación de una cultura democrática ciudadana pasa por que en las escuelas se enseñe lo que fue la dictadura, su represión y el retraso económico, cultural y social que impuso. Pasa por que se enseñe la trágica epopeya de los exiliados que sufrieron los campos de concentración y que lucharon contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pasa por el reconocimiento a los militares leales a la República. Y pasa, sobre todo, por el homenaje y reparación a las víctimas, que no es posible sin denunciar a quienes los mataron, los esclavizaron, les incautaron sus bienes o los depuraron”, ha explicado el juntero Ander Rodríguez en su discurso ante el Pleno del Parlamento foral.

En la iniciativa impulsada por Alternatiba, las Juntas ratifican los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre “las violaciones de derechos humanos ocurridas en la guerra posterior al alzamiento militar de 1936, de manera que mantienen su compromiso de colaborar con todas las instituciones competentes para recuperar totalmente la memoria histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron las injusticias de la dictadura, fomentando el conocimiento de nuestra historia reciente y el de la memoria democrática”.

Rodríguez ha explicado que el acuerdo insta también al Gobierno Vasco y a la Diputación de Gipuzkoa a llevar a cabo políticas destinadas a la recuperación de la memoria de las víctimas, así como a culminar el desarrollo de la Ley Estatal de Memoria Histórica; mantener el convenio que permita completar el mapa de las fosas de Euskadi y habilitar los fondos necesarios para la concesión de indemnizaciones, entre otros aspectos.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos de que todo lo anterior implica la actuación de los poderes públicos para lograr los objetivos irrenunciables de investigación de la verdad; elaborando en todos los pueblos y ciudades un censo de víctimas, elaborando un mapa de fosas, procediendo a las exhumaciones y análisis de restos. El segundo de los objetivos, la reparación, exige la retirada de símbolos, topónimos, nombres de pueblos, calles, monumentos y placas, así como de cualquier mención o título honorífico que aún conserven personas relacionadas con el régimen. El tercer objetivo, la justicia, implica garantizar asistencia jurídica a las víctimas, impulsar iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios y expedientes incoados por el régimen franquista”, ha subrayado el juntero de Alternatiba.

El CES y «los working poor»> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza

Alternatiba

La Renta de Garantía de Ingreso desincentiva la búsqueda de empleo. Ésta es, a grandes rasgos, la insolidaria tesis que hemos escuchado de boca del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES). Su nueva aportación a la sociedad es que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica, de 650 euros mensuales, se acerca demasiado a los sueldos de algunos sectores laborales, por lo que, para cobrar más o menos lo mismo, la gente se quedará en casa, especialmente quienes se dedican a tareas penosas y mal remuneradas. Y esto lo dice el CES sin sonrojo. Sin mostrar preocupación alguna por la inhumana precarización del empleo que se traduce de su argumento y que está haciendo avanzar un alarmante fenómeno denominado working poor:: trabajadores y trabajadoras con contrato legal que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Llama poderosamente la atención el Dictamen emitido por el CES -integrado por Confebask, CCOO, UGT y diversos agentes sociales e institucionales vascos- sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos: “Hay que valorar, a la hora de desarrollar la aplicación del Decreto, la interrelación con el mercado laboral en el caso de que se aproximen la cuantía de las ayudas y las retribuciones de algunos sectores”. El Consejo vasco no muestra inquietud alguna por la existencia de contratos basura, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar trabajos precarios.

No resulta sorprendente que la crítica provenga de la patronal vasca, pero sí de CCOO y UGT, que asumen así un discurso ajeno a la clase que dicen defender. Lo apunta acertadamente Mikel de la Fuente, representante de la UPV en el CES y único voto negativo a la propuesta de acuerdo: “La cuantía de una prestación como la Renta de Garantía de Ingresos debe cumplir con ese objetivo de combatir la pobreza. Si se pretende que su cuantía no desincentive la integración en el mercado de trabajo, no procede la reducción de la prestación de garantía de ingresos, ya que en ese caso se alejaría aún de lo que ya está en el cumplimiento de ese objetivo, sino que son los salarios mínimos los que deben ascender a la cuantía de ‘por lo menos igual al 60 % del respectivo salario mediano’, como recoge la mencionada Resolución del Parlamento Europa y ya anteriormente la Organización Internacional del Trabajo”. El representante universitario da en el clavo al poner el acento en la finalidad de la prestación: la garantía política del derecho de existencia económica y social de toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo.

Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán instó recientemente al Gobierno del país a calcular la cantidad necesaria para garantizar la existencia digna de una persona, por entender que la prestación por desempleo actual vulneraba este derecho constitucional. Y ésta es la clave, ¿garantiza el actual Estado de Bienestar las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía?

Aplaude el CES que el Decreto “otorgue al empleo un papel central y protagonista, reconociéndole su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza”. Como acertadamente apunta el profesor Daniel Raventós, “hay algo incongruente en esta afirmación. Para hacerla evidente se puede descomponer la afirmación en estas otras: A) se ha de luchar contra la pobreza. B) el trabajo asalariado es el instrumento principal para logra A). C) Estar de acuerdo con A) no significa, evidentemente, estarlo con B). Si el trabajo asalariado no está disponible para toda persona que quiera conseguir uno, nunca, siendo fieles a la argumentación apuntada, se conseguirá el objetivo de suprimir o paliar grandemente la exclusión social”.

Si mantiene el CES un compromiso real con la superación de las denominadas trampas de la pobreza y el desempleo debería apostar por la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), esto es, un ingreso pagado por la Administración a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado y de otras posibles fuentes de renta. La RBC, frente a los subsidios condicionados, presenta las siguientes ventajas: establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; ahorra costes a la Administración; es de gestión simple; incentiva el autoempleo; reconoce el trabajo voluntario o doméstico; desaparece el fraude y supera las trampas de la pobreza y el paro.

El Dios mercado y las pensiones> Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa (Alternatiba)

Joseba Ugalde, Ander Rodríguez y Jon Lasa
Alternatiba

Escuchamos una y otra vez que el sistema público de pensiones es inviable y, por tanto, hay que reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones. La excusa es la habitual cuando se trata de vaticinar la debacle de la Seguridad Social: brusca reducción de la natalidad e incremento de la esperanza de vida que conducen a una insostenible elevación de la tasa de dependencia. En definitiva, la ruptura del equilibrio entre la población mayor de 65 años y la que se encuentra en edad de trabajar. A partir de ahí, la conclusión es inmediata: la subida del gasto en prestaciones por jubilación pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo, dicen, se impone una reforma.

Y es ahí donde la salmodia del Gobierno español se corresponde milimétrica y sospechosamente con la de entidades financieras que aspiran a hacerse con el botín de las pensiones públicas. Las mismas que diez años atrás recomendaban la contratación de planes privados porque el sistema público no estaría en condiciones de garantizar nuestra jubilación, a pesar de que haya sido el sistema público el que finalmente ha tenido que rescatar al privado de la bancarrota, vuelven a la carga recomendando las mismas medidas de ortodoxia neoliberal anteriores al estallido de la crisis.

Los defensores del dios mercado basado en el dogma de la globalización y el pensamiento único vuelven a las andadas desde Davos sentando en el banquillo al Reino de España y las Repúblicas Helénica y de Lituania, exigiendo fuertes recortes del gasto. El Reino de España se ha apresurado a dar un giro a la derecha y asumir las tesis más conservadoras, que pueden hacer estragos en los derechos sociales. Los especuladores, el Gobierno, el Banco de España y demás “expertos en economía” -algo así como los brujos tribales que advertían de una sequía dos semanas antes de que el poblado se inundara- reiteran machaconamente las mismas advertencias para que interioricemos que la Seguridad Social peligra. ¿Por qué nadie plantea reformar instituciones tan deficitarias como el Ejército o la Casa Real?

Asumir que la Seguridad Social no escapa a la lógica de los factores demográficos y del mercado no tiene que suponer abrazar los clichés que modelan nuestra compresión colectiva del sistema. El más importante de ellos es el que concibe la Seguridad Social como un ente separado del Estado y exige que los cotizantes la sufraguen íntegramente. Por lo pronto, habría que revisar el Pacto de Toledo y eliminar esta dependencia. Y es que no hay ninguna razón que justifique que estas prestaciones no puedan derivarse de los ingresos generales del Estado, como en Francia, donde han creado un impuesto especial de contribución social generalizada. De esta forma, además, ganarían peso principios como la solidaridad y la redistribución.

El segundo de los clichés es el relacionado con el sesgo de los gastos en todas las propuestas de reformas y la imposibilidad de incrementar las cotizaciones. Una parte de éstas se dedica ahora al subsidio por desempleo, en concreto, 7,5 puntos del total, pero si se destinase a jubilaciones se produciría un aumento del 20% de los recursos disponibles.

Otra fórmula para lograr mayor disponibilidad económica son las bonificaciones en el IRPF por la contratación de planes de pensión privados, que alcanzarían un 5% de la cuota de dicho impuesto. No tiene sentido incentivar este tipo de productos, cuyos más directos beneficiarios son las entidades bancarias, cuando esos fondos podrían dedicarse al sistema público.

Y éste es el tercero de los clichés. Se plantea la insostenibilidad del sistema público, presentando el privado como si fuera inmune. Un fondo privado puede quebrar y hay casos en la historia reciente que así lo demuestran. Otra falacia es su supuesto mayor beneficio, ya que la rentabilidad media de esos fondos en los últimos 10 años no ha superado la inflación, es más, ha sido similar a la inversión en Bonos del Estado.

Necesitamos otra política económica y, para ello, el mundo del trabajo debe encontrar el protagonismo político que ahora se le niega y que, en ocasiones, renuncia a ocupar. Pero para que este cambio se produzca, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, los movimientos sociales, los partidos de izquierda deben aclarar y aclararse adónde quieren ir, y no entretenerse tanto en definir hasta dónde están dispuestos a que les lleven. Y nos pueden llevar, como expresaba una viñeta de El Roto, a que para garantizar el futuro de las pensiones haya que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento. Ahí es nada.

 

Argazkia: lilit.

Políticos y/o empresarios> Arturo Muñoz y Jonathan Martínez (Alternatiba)

Arturo Muñoz
Jonathan Martínez

Alternatiba

“es como la culminación de una carrera, y la gente se preguntará cuál ha sido el precio”.
Xabier Arzallus, a propósito del nombramiento de Imaz como presidente de Petronor.

¿Qué ha hecho un político en los años que ha ocupado un cargo en la Administración para que una multinacional pague un precio por sus servicios? Lamentablemente, los políticos y empresarios se intercambian el oficio con demasiada frecuencia como para que este caso parezca extraño.

Los ejemplos de políticos que van al mundo empresarial son abundantes y a menudo rayan la ilegalidad. Mayor Oreja dirigió la empresa de servicios y de seguridad Eulen después de dejar el Ministerio de Interior. David Taguas pasó de Secretario de Estado con el PSOE a dirigir el lobby de las grandes empresas constructoras que iba a negociar con el Gobierno del que acababa de salir. Inaxio Oliveri pasó de ser Consejero de Educación del Gobierno Vasco con EA a Rector de la privada Universidad de Mondragón. Manuel Pizarro abandonó la jefatura de Endesa para defender en el parlamento el lobby nuclear. José Alberto Pradera dejó de ser Diputado General de Bizkaia donde mandaba construir carreteras para presidir Autopista Vasco-Aragonesa. José Antonio Ardanza pasó a dirigir Euskaltel cuando dejó la Lehendakaritza y Atutxa dio el salto a consejero de Iberdrola.

Un político es elegido en elecciones para servir a la sociedad. Pero si el político proviene del mundo empresarial o pasa a ser empresario nada más terminar su carrera política cabe preguntarse a quién ha estado sirviendo esa persona, al pueblo o a una sociedad anónima. ¿A quién hace más caso el ministro de Industria a la hora de fijar el precio de la luz? ¿A las compañías eléctricas o al consumidor? El ministro de Industria Miguel Sebastian, proviene del servicio de estudios del BBVA. ¿Prefiere que las pensiones públicas mengüen para que aumenten las pensiones privadas del BBVA o prefiere que todos los pensionistas tengan una pensión digna y pública? El Secretario de Estado de Economía ha colaborado con Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y Banesto ¿no preferirá que aumenten las pensiones privadas? A la ministra de Economía Elena Salgado, ¿le preocupa la salud financiera de la Banca Privada Fortis?

Hay quien justifica la presencia de los empresarios en la política alegando que son los emprendedores quienes arriesgan su patrimonio y saben cuándo hay que tomar las decisiones sin demorarse. Se obvia, no obstante, que no andan sobrados de filantropía los empresarios, que precisamente es su patrimonio lo que más les interesa, y que el éxito empresarial se basa, en no pocas ocasiones, en pisar a los demás y en ser el tiburón mas voraz. Por eso mismo , a nadie extrañe que el empresario de éxito que da el paso a la política haya cobrado el máximo a sus clientes, pagado el mínimo a sus trabajadores y trabajadoras y en algunos casos incluso no ha tenido reparos en contaminar el medio ambiente, promover el empleo precario, obviar los riesgos laborales y tributar en paraísos fiscales.

Algo que nunca hará un político que venga del mundo empresarial es tirarse piedras contra su propio tejado. Si en el PSOE había ministros y secretarios de Estado que tenían SICAVs (instrumentos financieros que sirven para pagar menos impuestos) cuando se legisló al respecto es imposible que legislen de una forma justa y eficaz. Al contrario, celebrarán cuando se les hurte a los inspectores de Hacienda la capacidad de investigar las SICAVs. Tampoco se puede esperar de los ex-empresarios que copan los gobiernos del PSOE, PP y PNV que aumenten el Impuesto sobre Sociedades a los beneficios de los empresarios para que la sociedad pueda participar de las plusvalías sustraídas a los trabajadores y trabajadoras.

Lo que sí se puede esperar que propongan los empresarios que entran en ministerios o los empresarios que nutren los comités asesores del Gobierno Vasco son las recetas que siempre recita la patronal: llámese mayor flexibilidad laboral, llámese bajar los impuestos a las grandes fortunas o reducción del gasto público de las Administraciones. ¿A quién representan estos políticos-empresarios? ¿A los trabajadores y trabajadoras que van a ser despedidos/as con una indemnización menor o a los empresarios que se quejan de que les sale caro mandar al paro a sus empleados/as?

Internet no será otra tele

Red SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

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