Alternatiba tacha de «execrables» las palabras de Felipe González y advierte de que «no se puede salvaguardar la democracia con sangre preventiva»
BILBAO, 21 DE DICIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha considerado hoy «execrables» las declaraciones en las que Felipe González admite que habría «volado» el coche de los miembros de ETA que atentaron contra Hipercor, al tiempo que ha recordado al ex presidente del Gobierno del Reino de España que «no se puede salvaguardar la democracia con sangre preventiva».
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado que, «mientras en este país algunos y algunas trabajamos para poner fin a la violencia política reivindicando derechos humanos, civiles y políticos para todos y todas, el ex presidente del Gobierno español se dedique a hacer alarde de una guerra sucia nauseabunda». Por ello, el dirigente de izquierdas ha cuestionado si las de González no serán «declaraciones intencionadas que buscan perturbar el proceso de paz abierto en Euskal Herria».
Matute, además, se ha preguntado: «¿Cómo pueden partidos e instituciones estar callados mientras un ex presidente del Gobierno legitima la pena de muerte sin juicio previo?». En este sentido, ha subrayado que «Felipe González no puede continuar presumiendo de haber estado enfangado en uno de los capítulos más negros de nuestra historia reciente, como lo fue el terrorismo de Estado. Sus compañeros y compañeras socialistas, como cualquier defensor de los derechos humanos, tienen la obligación moral de reprobar sus palabras, que dan buena cuenta de su catadura moral, y recordarle que la sangre preventiva no es el camino para salvaguardar la democracia».
Alternatiba: “La Ley Sinde es la antesala de una Ley de Censura, la creación de la policía cultural de Internet”
* OSKAR MATUTE: “EL PSOE HA DEMOSTRADO QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS Y NO AL SERVICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
BILBO, 20 DE DICIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha denunciado hoy “el atropello de derechos y el recorte de libertades” que supone la Ley Sinde, que el Gobierno del Reino de España pretende aprobar sin debate ni enmiendas, «escondida» dentro de la Ley de Economía Sostenible. La formación de izquierdas ha considerado “un despropósito que un partido que se autodenomina socialista pretenda favorecer a la empresa privada legislando para convertir en delito el hecho de que la ciudadanía comparta contenidos sin ánimo de lucro”.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha advertido de que una ley como ésta es la antesala de una Ley de Censura: “Es la continuación de la caza de brujas de McCarthy y la creación de la policía cultural en Internet. Es vergonzoso. El PSOE se cree que Internet es suyo y ya votaron en Europa a favor de un cártel de operadoras telefónicas que está ejerciendo la censura en la Red».
El dirigente de izquierdas ha recordado que las revelaciones de Wikileaks han sacado a la luz que, en realidad, la ley fue escrita y diseñada por presiones de Gobierno estadounidense. El CES, además, ha criticado la heterogeneidad de la Ley de Economía Sostenible porque puede producir «confusión», al tiempo que la Fiscalía ha tachado de “dudoso” que la protección de la propiedad intelectual “deba ponerse a la misma altura” que la del resto de los bienes jurídicos protegidos (salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia…).
En palabras de Matute, el Partido Socialista ya ha pactado con PNV y CC una Ley que deja claro cuál es el rumbo del Gobierno del Reino de España: “En materia económica, menos derechos sociales y más libertad para las empresas, y en materia social, más restricciones a la libertad de expresión”.
Para Oskar Matute, «lo que ha quedado evidenciado con el apoyo a esta ley, al estado de alarma, a la reforma de las pensiones y a los presupuestos del Estado es que la alianza entre el PSOE y el PNV es algo más que un rollo de una noche, como nos han intentado vender. Es ya un matrimonio de conveniencia muy sólido”.
“Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza de que el Gobierno [franquista] no haya sólo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania”, afirmaba en 1976 Felipe González (PSOE) en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.
Más de 30 años después no descubrimos nada al decir que la descolonización del Sáhara Occidental no ha terminado, único caso en África, y que la potencia administradora de este territorio, según la ONU, es el Estado español. Tampoco si hablamos de los más de 120.000 refugiados saharauis que desde 1974 pueblan la hammada argelina. Allí huyeron de los bombardeos indiscriminados de napalm y fósforo blanco posteriores a la ocupación de su territorio por parte del ejército alauita.
Un muro de 2.700 kilómetros rodeado de minas antipersonas divide los territorios de la antigua provincia y colonia española. A un lado, las zonas liberadas que el Frente Polisario intenta poblar; del otro, los territorios ocupados, donde la población saharaui sufre la ocupación militar de marroquí. “Especialmente desde que el 6 de noviembre Mohamed VI en su discurso conmemorativo de la Marcha Verde declarara que sólo hay dos tipos de personas: marroquíes o traidores. La represión ha aumentado: detienen a gente por recibir a abogados internacionales, a activistas de los derechos humanos les han quitado sus papeles…”, denuncia El Mami Amar Salem, vicepresidente del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos.
El Mami sigue muy de cerca la situación de Aminetu Haidar, pero tampoco se olvida de los siete activistas que desaparecieron en octubre a su vuelta de una visita a los campamentos. “Siguen en la cárcel de Salé, aislados y a la espera de ser juzgados en un Tribunal militar”, denuncia Khadad Emhamed, coordinador saharaui ante la Misión Internacional de Naciones Unidas para la celebración de un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que se creó en 1991
Una misión inconclusa y, de nuevo, paralizada. A primeros de diciembre se debía celebrar una nueva ronda de negociaciones que no tendrá lugar, “las detenciones de activistas saharauis y la expulsión a Lanzarote de Aminetu Haidar hacen que estas sean imposibles”, apuntilla Khadad a este periódico.
¿Apoyo a la causa saharaui?
Aun así la postura oficial de la dirección del PSOE es la de defender la causa saharaui que pelea por el derecho a su autodeterminación. Es decir, un referéndum en el que puedan elegir sobre su independencia o integración en Marruecos. ¿Igual que en 1976? “No hemos modificado ni una coma nuestra postura”, explica a este periódico Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional de este partido. ¿Y qué opinan de Marruecos? El propio González formó parte de la comisión que intentó que Marruecos organizara el Mundial de Fútbol de 2010. También es conocida su intermediación ante Mohamed VI en favor de que Telmex, empresa de Carlos Slim, entrase en el mercado alauita. O para que en 2006 Chile y Colombia decidieran no reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.
Eso sí, la Agencia Española de Cooperación Internacional no ha dejado de nutrir a los campamentos de refugiados. “Preferimos que llegue un comunicado político que ejecute la legalidad internacional, a toda la ayuda que mantiene a nuestro pueblo en campamentos de refugiados”, reconoce Khadad.
“Marruecos es un tapón para la inmigración del África Subsahariana; empresas españolas realizan dumping social allí, al instalar sus centros y rebajar así las condiciones laborales de sus empleados; los armadores de barcos españoles pueden pescar en sus caladeros gracias a los acuerdos con la UE. Pero todo esto no me parece motivo suficiente para que el pueblo saharaui sea una moneda de cambio. Tampoco que altos cargos del PSOE como el propio Felipe tengan intereses personales”, explica perplejo Fernando Peraíta, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.
Otra de estas posibles monedas de cambio es el comercio de armas. Desde 1984, todos los gobiernos han vendido o regalado material bélico a Marruecos. Tanto en plena guerra, como en la actual situación de alto fuego. En 2008 recibieron el obsequio de seis torpedos MK46 MOD-2 y una venta cifrada en 113, 9 millones de euros. La monarquía marroquí se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española.
Los cambios en la ONU “Desde el Franquismo, los únicos gobiernos españoles que se han abstenido en una votación por la descolonización del Sáhara Occidental han sido el de Franco y el de Zapatero”, reconocía en 2006 a DIAGONAL Mohamed Y. Beissat, embajador del Polisario en Argelia, tras la actuación del Gobierno. Tan sólo un año después de la llegada de Zapatero a la Moncloa las cosas estaban muy claras. En marzo de 2007, en su visita a Marruecos, Zapatero conoció su última apuesta por la autonomía. “La parte española ha acogido esta propuesta con interés y considera que podría generar una nueva dinámica de diálogo”, según recogía entonces Asuntos Exteriores.
“Hay mucha gente del PSOE en las asociaciones de defensa del pueblo saharaui, incluso alcaldes o concejales. Esto debe crear contradicciones en el partido. La cúpula está del lado de Marruecos y la base en contra”, reconoce Peraíta. Según el actor Willy Toledo, presidente de la Plataforma Todos con Aminetu, que lleva en Lanzarote desde el 17 de noviembre, así se han manifestado también parlamentarios vascos del PSE o el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo. Sin embargo, Valenciano no reconoce ninguna tensión. “Decir que hay un movimiento crítico es demasiado, hay mucha gente preocupada y nos pide que hagamos cosas”, apostilla.
El expolio, una traición más Desde 2007 a los caladeros saharauis han vuelto los pesqueros europeos, especialmente españoles y franceses. “La historia no tiene marcha atrás”, afirmaba este verano López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato al Parlamento Europeo por el PSOE, sobre las posibilidades de ratificar el Nuevo Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Marruecos. Al menos el conflicto saharaui ha vuelto a la “agenda internacional”. “Hay otros muros en el mundo que deben caer”, denunciaba el presidente hace unas semanas en el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Como dirían en tierras de Zapatero: “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. Los 2.700 kilómetros de muralla del Sáhara siguen levantados. Y la valla de Ceuta y Melilla también.
Enrique Ruiz del Rosal, economista y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, ha elaborado un trabajo de análisis a raíz de la publicación de la Memoria Justificativa de Actividades de 2008, presentada recientemente por la Conferencia Episcopal Española (CEE). Según este análisis, el Fondo Común Interdiocesano (FCI) se nutre de la asignación de los Presupuestos del Estado y de las aportaciones de las diócesis en una proporción en la que cada vez es mayor el peso de la aportación de las arcas públicas, que supone un 92 % frente al 8% que aportan las diócesis.
Sin embargo, en la distribución de este Fondo Común Interdiocesano se observa que la mayor parte se destina a sufragar los gastos de las diócesis, a la remuneración de obispos y clero en general, incluida su Seguridad Social, a financiar Universidades Católicas (incluidas las ubicadas en el extranjero, como Roma y Jerusalén), y tan solo una mínima cantidad se destina a actividades pastorales (acompañamiento, asesoramiento espiritual, formación, catecumenado… de sus fieles).
Aparte de los datos referidos al FCI, la memoria ofrece también cifras de la actividad litúrgica de la Iglesia Católica en 2008, en el que ésta omite cifras de asistentes a misa dominical, destaca el incremento de bautismos y no puede ocultar una caída drástica de primeras comuniones y bodas. También alude al número de religiosos que operan en el Estado español: 77.000 (20.390 son sacerdotes), a los que hay que sumar más de 70.000 catequistas. Respecto al trabajo pastoral desarrollado por estas personas, se afirma en la memoria que han sido 45.200.000 horas, de las que 34.800.000 corresponden a la actividad pastoral de los sacerdotes diocesanos.
La memoria también aborda la “actividad educativa”, indicando que existen 6.041 centros educativos católicos atendidos por 112.439 personas y que cuentan con 1.370.151 alumnos. La iglesia llega a la conclusión de que con ello ahorran al Estado 4.148 millones de euros. Como conclusión de su trabajo, Enrique Ruiz del Rosal cree que “los datos contenidos en esta Memoria son pura propaganda interesada, que entre aportaciones directas e indirectas (exenciones fiscales, etc.) de todas las administraciones públicas son muchos miles de millones de euros los que recibe la Iglesia Católica sin que exista un control de la utilización que se realiza de caudales públicos, todo ello al amparo de los acuerdos con el Vaticano de 1979”.
Respecto a las cifras sobre la actividad litúrgica que recoge la memoria, Ruiz del Rosal señala que “la ausencia de datos sobre la asistencia a misa dominical es una clamorosa omisión, si hasta hace poco en la web de la Conferencia Episcopal se hablaba de diez millones de personas pese a que ya para 2007 se evaluaba esa asistencia entre 7 y 8 millones de personas. Habrán considerado que es mejor ahorrarse una mentira”. Este miembro de Europa Laica se muestra crítico en lo referente a las cifras de bautismo: “los 335.000 que aparecen en la memoria de 2008 suponen un incremento de 18 % respecto a los de 2007, incremento que es muy superior al del crecimiento vegetativo de niños de entre 0 y 4 años, sin indicar de qué fuente estadística proceden los datos”. Para Ruiz del Moral “el aspecto numérico queda empequeñecido ante la esencia misma de este acto litúrgico cuya pervivencia atenta contra la libertad de conciencia individual; los menores también son sujetos del derecho de libertad de conciencia, así lo reconoce el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Sobre las primeras comuniones y las bodas, Enrique Ruiz constata su acusada reducción, hasta el punto de que actualmente se celebran más matrimonios civiles que religiosos.
