Ana Etxarte y Asier Vega – Portavoces Alternatiba

En abril del año pasado se publicó un dato llamativo: las empresas del Reino de España sumaban más deuda que las alemanas, pese a que Alemania cuenta con un PIB dos veces superior. Este considerable endeudamiento se debe a diferentes motivos: modelo productivo español de escaso valor añadido frente al alemán; incapacidad española para la exportación frente a la excesiva dependencia alemana de las exportaciones; o a la regulación del Impuesto de sociedades, tanto en el Reino de España como en los Territorios Históricos, que promueve el uso de capitales ajenos frente a la reinversión de beneficios y demás fondos propios.

Motivos aparte, esta deuda comparativa tiene una consecuencia obvia: las empresas necesitan ganar más para saldar su deuda. De esta forma, haya crisis o pleno empleo, la patronal y sus aliados siempre proponen aumentar su tasa de ganancia por la vía rápida: reducir los salarios de las personas trabajadoras. Esa parece ser la única solución, y no para cambiar de modelo productivo, ni para avanzar en bienestar general, sino para aumentar la renta empresarial de cara a pagar deudas, manteniendo la cultura del enriquecimiento fácil y rápido. Además, Europa y las instituciones financieras multilaterales siempre avalan estas tesis, por lo que no es de extrañar que en los últimos lustros el reparto de la renta cada vez favorezca más al capital y menos a las personas trabajadoras.

Es el capitalismo del desastre. Su estrategia pasa por la desregularización, en este caso, se trata de privar a los convenios sectoriales y territoriales de su fuerza normativa, pues han sido hasta ahora una fuente de derecho exigible ante los tribunales. A partir de hoy, si existen, sólo serán papel mojado. Continuando con esta tendencia, asistiremos a la desnormativización incluso del convenio de empresa y nos quedará como fuente de derechos, únicamente, el contrato individual de trabajo.

En plena crisis sistémica, cuando mayor número de personas desempleadas hay, y cuando más necesario es alterar la correlación de fuerzas a través de la confrontación, algunos sindicatos se pliegan a participar en las reuniones para reformar la negociación colectiva. Una herramienta que, sin ser perfecta, sirve a trabajadores y trabajadoras para sumar fuerzas ante un enemigo poderoso. Ahora, gracias a la colaboración inestimable de estos sindicatos, el enemigo conseguirá su objetivo: «mejor pasen de uno en uno, que negociaremos caso por caso». Ya sabemos el resultado, como lo saben estos sindicatos cuando reconocen que «con o sin reforma laboral no se va a generar empleo». La reforma se hace para rebajar salarios, obtener más producción con menos personal. Como consecuencia, traerá menos empleo y más beneficios empresariales. ¿A quién defienden realmente estos sindicatos?

El gobierno de extrema derecha de Rajoy ha recibido con agrado los acuerdos y desacuerdos del paripé de negociación entre sindicatos y patronal (paripé orquestado para evitar una mayor confrontación social). Así, la jugada es colectiva y con responsabilidades compartidas en este funesto ataque a los derechos laborales: Primero, los sindicatos conciliadores abrieron el camino para aplicar un arbitraje en los conflictos laborales y judiciales. También han sido ellos los que han aceptado el descuelgue, posibilitando que un empresario se salte las condiciones salariales de un convenio cuando la comisión de arbitraje lo estime oportuno. Después, el gobierno del PP ha continuado su propio camino, facilitando una mayor flexibilidad para cambiar los horarios o las condiciones de trabajo y reduciendo el número de contratos, priorizando así el contrato de fomento del empleo, que principalmente rebaja el coste del despido al nivel de los contratos temporales. Esto, en la actual situación de desempleo masivo, reducirá la capacidad de presión de las y los trabajadores para hacer frente a la dirección de las empresas.

Asimismo, la generalización de los convenios de empresa en perjuicio de los convenios provinciales, dará lugar a un empeoramiento de las condiciones laborales, más aún si se facilita que las empresas no apliquen el contenido de los convenios firmados. De igual modo, al eliminar la ultraactividad de los convenios, las personas trabajadoras pierden de facto todo logro conseguido en luchas anteriores. Ahora, toca volver a negociar desde de cero y, si no se consigue un acuerdo, no se prorrogará automáticamente la vigencia del anterior convenio por bueno que fuese, será un árbitro el que decidirá y con un plazo máximo. Todo sea por rebajar las condiciones laborales.

Mariano Rajoy tampoco se ha olvidado del 50% de desempleo juvenil en el Reino de España y ofrece su propia solución: que trabajen prácticamente gratis. Los jóvenes, hasta los 30 años, podrán tener un sueldo menor al salario mínimo y el gobierno perdonará a los empresarios las cotizaciones de la Seguridad Social. Una perla más de la derecha.

Pese a que el 92% de los contratos firmados en el Reino de España en 2011 fueron temporales, que en su mayoría dan derecho a solo 8 días por año de indemnización, el Gobierno ha escuchado el “quítame de ahí esos jueces” de la patronal CEPYME, que había pedido que el despido objetivo no fuese interpretable por un juez. De este modo, los contratos indefinidos rotos por los empresarios sobrevivirán a la intervención judicial generalizándose el despido con 20 días. Y como guinda al pastel, el Gobierno también plantea la liberalización de los EREs, de modo que ya no será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral.

Afortunadamente, en Euskal Herria existe una contestación sindical que promueve y realiza otro modelo de confrontación. Sindicatos que no pueden permitir que se les ate de pies y manos en su lucha contra la patronal, dispuestos a luchar y a construir alternativas frente a esta reforma, tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa, para neutralizar sus efectos. Madrid queda muy lejos, estas decisiones se tienen que definir aquí. No es suficiente con pedir más competencias, hay que parar esta reforma ahora. Y hay que pararla tomando las calles, mostrando nuestra indignación ante la enésima claudicación ante la patronal. ¡Si no gritamos ahora lo siguiente será que nos prohíban gritar!