Aunque no lo haya dicho explícitamente, el PNV ha tomado una decisión para con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI): hay que poner coto a la inversión que realiza el Gobierno Vasco para reducir la pobreza.
Las decisiones que haya que tomar no dependerán ya del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sino del Departamento de Hacienda y Economía. Nuevos responsables, nuevas reglas de juego. La cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos se mantendrá bajo el estricto control de la política presupuestaria, y sus perceptoras y perceptores solo mejorarán su situación si el sistema protege a menos personas. De esta manera, podemos hablar de una ‘Renta Condicionada de Ingresos’; condicionada a la negociación presupuestaria anual, siempre y en todo caso dentro de los límites de lo que los responsables del Departamento de Hacienda y Economía consideren un gasto ‘manejable’. Solo así se entiende el actuar de los últimos dos años.
Fue el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, quien me puso sobre la pista. Comparecía en el Parlamento Vasco para hablar sobre la proposición de ley que exige el pago de la indemnización que le corresponde al profesorado jubilado anticipadamente desde el 1 de enero de 2012 a la actualidad. El Departamento de Hacienda y Economía había estimado la incidencia económica de la citada proposición de ley. En el turno de preguntas, le pregunté si, de igual manera, había valorado el impacto que tendría otra proposición que estaba tramitándose en el Parlamento: la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión, presentada por PNV y PSE. El viceconsejero reconoció que sí, aunque no lo “tenía a mano”, afirmó que “no le preocupaba especialmente”. A lo que añadió: “Durante un tiempo tuvimos que invertir mucho dinero, llegamos a cifras cercanas a los 500 millones de euros de gasto, afortunadamente llevamos varios años en los que tenemos una caída regular del 7 % tanto de los beneficiarios como de las prestaciones (…) el ahorro que se está produciendo es bastante menor porque ha habido incrementos (…) del 3,5 % y del 4,5 % (…) puede tener un impacto la [nueva] normativa que se está barajando, pero no creo que en términos que no puedan ser manejables”.
Me sorprendió que el viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos tuviera en la cabeza el dato de la evolución presupuestaria de la Renta de Garantía de Ingresos de los últimos años; pareciera que lo hubiera estado rumiando con anterioridad. Este hecho, unido a lo declarado sobre la “manejabilidad” del presupuesto de la prestación, me llevó a interpretar de otro modo lo ocurrido los últimos años. Todo cuadraba.
Revisados los datos, el viceconsejero estaba en lo cierto. Desde que en los años 2015 y 2016 el gasto en Renta de Garantía de Ingresos tocara techo, su presupuesto se ha ido reduciendo, aproximadamente, a un ritmo de un 7 % anual. Hecho que se explica, principalmente, por la disminución del número de personas perceptoras. Y es, precisamente, en este contexto en el que cobra sentido el actuar del PNV con respecto a la Renta de Garantía de Ingresos. Los jeltzales han tomado una decisión estrictamente –y estructuralmente– presupuestaria: el gasto en Renta de Garantía de Ingresos debe situarse muy por debajo de los 400 millones de euros. Es decir, no vamos a invertir más dinero en reducir la pobreza, y, por lo tanto, en políticas de redistribución de la riqueza. Todo su actuar posterior gira en torno a una decisión de disciplina presupuestaria. Da igual que la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales indique que la población atendida por el sistema RGI/PCV/AES que no sale de la pobreza no solo se ha incrementado, sino que ahora está más lejos de hacerlo que hace solo dos años.
Al margen de lo que señale tal o cual encuesta de pobreza, la mejora de la situación de quienes perciben la Renta de Garantía de Ingresos queda condicionada a que el sistema proteja a menos personas
Así, si realizamos un repaso cronológico de la actuación del PNV con la Renta de Garantía de Ingresos todo cobra sentido. Comencemos. La reforma de la prestación que se encuentra en trámite está inspirada en el siguiente principio: gastar lo mismo. Si el sistema protege mejor a las personas empobrecidas que a las familias empobrecidas, reduzcamos los ingresos de las primeras para dárselo a las segundas. Además, desindexamos la cuantía de la prestación del Salario Mínimo Interprofesional, y, de este modo, garantizamos que su presupuesto sea ‘manejable’. Nada de invertir más dinero para combatir la pobreza.
Sigamos. El PNV trató de tiranizar la posición de EH Bildu bajo el mismo principio durante las fallidas conversaciones presupuestarias del pasado año. Aceptaban incrementar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos hasta el límite fijado por el ahorro presupuestario que suponía la salida de personas perceptoras del sistema. La negociación fracasó por dos motivos. Primero, la propuesta de EH Bildu de individualizar el complemento de pensiones conllevaba ampliar el universo de personas perceptoras y eso, como hemos visto, se situaba fuera de su nueva doctrina: incrementar la cuantía en base a expulsar a perceptoras del sistema, en un juego presupuestario de suma 0. Los números son muy elocuentes al respecto. Los 20 millones de euros de “incremento” de gasto en Renta de Garantía de Ingresos que llegó a ofrecer el consejero de Hacienda y Economía Azpiazu hubieran sido absorbidos por los 387 millones de euros ya recogidos en el proyecto presupuestario, puesto que el gasto en el que se incurrió en 2018 fue de 371 millones de euros. Segundo, que en la determinación de la cuantía del complemento se respetara lo dispuesto en la Ley 18/2008 suponía volver a indexarla al Salario Mínimo Interprofesional, y, por lo tanto, el PNV perdía la capacidad de “manejar” el presupuesto de la prestación a su antojo.
Y llegamos así al último de los episodios. El gasto en 2019 en Renta de Garantía de Ingresos se situará en torno a los 355 millones de euros, así que los 370 millones de euros que se recogen en el proyecto de presupuesto para 2020 absorberán el incremento del 4 % en las cuantías pactado con Podemos. Por este motivo, no han tenido necesidad de incrementar la financiación de la partida durante el trámite de enmiendas al presupuesto. De esta manera, nos volvemos a topar con la decisión adoptada por el PNV: el incremento de la cuantía –o, mejor dicho, menor recorte– se condiciona a la salida de personas perceptoras del sistema. Y es que hay que contener, cuando no reducir, el gasto en Renta de Garantía de Ingresos.
Con EH Bildu no fue posible el acuerdo, no tanto por el qué, si no por el cómo y el cuánto. La propuesta de la coalición conllevaba un mayor gasto en reducción de la pobreza y la pérdida de la capacidad del PNV de “manejar” el presupuesto de la Renta de Garantía de Ingresos, y esto atenta contra la decisión estratégica adoptada por los jeltzales. Este año, en cambio, han encontrado un compañero dispuesto a jugar de acuerdo con sus nuevas reglas, Podemos. Así, al margen de lo que señale tal o cual encuesta de pobreza, la mejora de la situación de quienes perciben la Renta de Garantía de Ingresos queda condicionada a que el sistema proteja a menos personas.
Ander Rodríguez Lejarza – Alternatiba
Publicado en El Diario Norte
