A raíz de la sentencia del llamado ‘Caso De Miguel’ es necesario hacer alguna reflexión sobre la gestión pública y los mecanismos de control de los recursos públicos.
Parece que la cascada de casos de corrupción que se han dado en el Estado –también en la CAV- no ha supuesto ningún antídoto para la proliferación de casos de mangoneo de los bienes públicos. Ha quedado claro, muy al contrario, que las administraciones no disponen de instrumentos propios que permitan evitar y combatir el clientelismo.
Este mismo año, el Parlamento Vasco instó al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a poner en marcha una unidad especializada de la Ertzaintza para casos de corrupción. La naturaleza y funcionalidad de esta unidad no salen del ámbito de lo desconocido: nunca hemos sabido de su existencia, ni de su trabajo ni mucho menos de sus éxitos.
Parece que no provoca ningún sonrojo en las autoridades competentes que, en la historia de la Ertzaintza, haya habido más incautaciones de plantaciones de marihuana en esta Euskadi jamaicana que casos de corrupción investigados bajo el liderazgo de la policía autonómica.
Y esto, en parte, es debido al nulo interés político de tener personal funcionario investigando los favores -éstos sí, del ámbito de lo conocido y de lo real- que, desde los poderes públicos, se realizan mediante contratos y subcontratos en la vasta red de fundaciones, consejerías, empresas públicas y otro tipo de entidades que se nutren del presupuesto general.
La sentencia del ‘Caso De Miguel’ ratifica la evidencia de que la ética no es un elemento inherente al ejercicio de un cargo público. Hacen falta más y mejores mecanismos de control para que los ‘amigos’ del partido no se lleven más contratos que el resto. Y en esto es necesario precisar que ‘partido’ puede apellidarse Nacionalista Vasco o Socialista de Euskadi, indistintamente.
Es verdad que la nueva Ley de Contratos del Sector Público del Estado ha supuesto un avance a la hora de limitar la arbitrariedad en la contratación pública. Sin embargo, también es cierto que la aprobación de dicha Ley no ha respondido a la preocupación española por dicha arbitrariedad, sino a los requerimientos de las directivas comunitarias sobre esta cuestión.
Esta Ley continúa dejando abierta la puerta a mecanismos ‘supuestamente legales’ para que las ofertas de las empresas amigas de los ‘partidos’ tengan más posibilidades de lograr una adjudicación que el resto, en especial en los contratos menores y restringidos, en los que el margen para la arbitrariedad, el amiguismo y el mangoneo es mucho mayor. Y esto queda pendiente de corregir.
Queda pendiente, igualmente, una reflexión profunda sobre las personas trabajadoras de las empresas subcontratadas, de cuyas condiciones laborales habría que hablar largo y tendido, pero cuya contratación, muchas veces, está condicionada y dirigida por la larga mano de los partidos.
De los gobiernos -y en especial de los partidos que los integran- suele depender una nada desdeñable cantidad de contratos; y acostumbran, además, a acumular favores debidos que muchas veces sólo afloran cuando los partidos responsables son nuevos en la gestión, es decir, cuando se produce un relevo en los gobiernos que supera la tan cacareada regeneración.
Hace tiempo, un amigo me dijo que «donde cortan pan siempre caen migas». Pues bien, el gran reto del buen gobierno es que se corte pan, que se reparta de forma justa y que no caigan más migas.
Jon Albizu – Alternatiba
Publicado en El Diario Norte
