El pasado 20 de diciembre. el Consejo de Ministros presidido por el PP en el Estado español aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica denominada “de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada” que modifica la actual LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda alguna, la rerforma anunciada constituye uno de los hitos más vergonzantes que ha protagonizado el Estado español contra los derechos sexuales y reproductivos reconocido como un derecho humano de las mujeres a proteger.
La reforma anunciada supone un atentado directo y gravísimo contra un derecho que las mujeres tardamos más de 30 años de lucha en conseguir: el derecho a decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin ser tuteladas ni perseguidas. Esta reforma nos lo arrebata e infantiliza a las mujeres al depender de otros el permiso para abortar. Reduce así el cuerpo de las mujeres a meras reproductoras intervenidas por el Estado y el cuerpo médico.
Humilla y desprecia a las mujeres al obligarnos a ser madres contra nuestra voluntad y, además, a serlo en condiciones de extrema crueldad: a tener criaturas con malformaciones a las que no se pueden garantizar vidas dignas de ser vividas ni para ellas ni para las mujeres madres y a ser madres en supuestos de violación que no hayan sido denunciadas previamente.
Y todo ello se hace al tiempo que el Gobierno del PP elimina los escasos apoyos públicos para el cuidado de personas dependientes, sean menores, mayores o personas con diversidad funcional, un trabajo realizado en su inmensa mayoría por las mujeres del entorno familiar de modo gratuíto, precario e invisible. Y se hace, ignorando deliberadamente que la mayoría de las violaciones no son denunciadas por las mujeres y que, en algunos casos, como las violaciones de padres a hijas, exigirán para interrumpir el embarazo, la denuncia de éste o el consentimiento de su violador-progenitor. Y, mientras, se niegan a crear las condiciones para garantizar una educación afectivo-sexual igualitaria y prevenir la violencia machista contra las mujeres en todas sus expresiones.
Pero no sólo eso, a estas alturas hasta la OMS reconoce que las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición soci-económica. Además, dificulta de tal manera los trámites para la práctica de abortos seguros y equitativos en los cuestionados supuestos mencionados, que provocará que estos se realicen en periodos tardíos de la gestación, aumentando los riesgos para la vida de las mujeres asociados a éstos.
En definitiva, el Gobierno del PP propone una reforma que defiende los derechos del concebido y no nacido, a costa del desprecio de los derechos humanos de las mujeres y de la garantía de que las mujeres podamos vivir vidas que merezcan la pena ser vividas. Y lo hace, además, ignorando el consenso politico y social alcanzado hasta la fecha y explicitado en la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010.
Frente a este atentado contra los derechos humanos de las mujeres, el Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
-. Exige al Gobierno del PP la retirada inmediata del anteproyecto presentado,
-. Explicita su apoyo a una legislación que garantice el aborto gratuito para todas las mujeres, en la que se asegure su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde cualquier alternativa sexual.
-. Señala que los derechos de las mujeres no se negocian, ni se someten al juego de mayorías y minorías.
-. Insta al Gobierno Vasco a la desobediencia activa. Desde esta perspectiva, le instamos a la búsqueda de todas las alternativas y estrategias que permitan no acatar la reforma anunciada, así como a asegurar el derecho de las mujeres decidir libremente y a abortar de manera gratuíta. En ese camino contará con el apoyo sin fisuras de este Gobierno foral.
-. Reconoce el trabajo inmenso realizado por el movimiento feminista y de mujeres para articular una respuesta unitaria que frene la reforma anunciada. En ese sentido, este Gobierno foral se suma a las movilizaciones que desde éste se puedan articular y a cuantas estrategias se definan y apoyos se requieran con el objetivo de frenar la barbarie de la reforma anunciada.
-. Instamos a toda la ciudadanía gipuzkoana a sumarse al grito colectivo de rechazo unánime a la reforma anunciada y de defensa del derecho de las mujeres a decidir libre y autonomamente sobre nuestros cuerpos.