Desde EHBildu queremos expresar nuestro máximo rechazo a la ley del aborto que el Gobierno español de Partido Popular presentó ayer en el Consejo de Ministros. Esta ley supone un ataque frontal a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ante este gravísimo acto de violencia, debemos responder de manera contundente. Hoy más que nunca es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir el aborto libre y gratuito y reclamar que las mujeres somos personas autónomas, libres e iguales y, como tales, exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.
Esta contrarreforma supone por su contenido una vuelta al pasado en más de 30 años, echando por tierra los avances conseguidos en materia de derechos sexuales y reproductivos por la lucha feminista de décadas. La ya famosa frase de Gallardón diciendo que esta ley nos hará a «las mujeres víctimas y no culpables» del aborto encierra un mensaje perverso que nos obliga a las mujeres a la obediencia: serán otros los que decidan cuando se puede abortar o cuando no, tendremos que ser sometidas al criterio de varios profesionales para que se nos dé permiso. En definitiva, esta contrarreforma nos convierte y ahonda una vez más en hacernos meros objetos de leyes ajenas y no nos considera a las mujeres sujetas de derechos. Nos denigra, nos somete, nos insulta y nos violenta.
Frente a esta ley restrictiva y vulneradora de derechos, desde EHBildu, defendemos una legislación que garantice el aborto gratuito para todas las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.
Asímismo, desde EHBildu defendemos que el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las estamentos religiosos se restringa a la esfera privada. Así, solicitamos a la jerarquía de la Iglesia Católica que deje de ocupar debate y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ni queremos ser tuteladas.
Por último, consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no se negocian. No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y pretendida defensa de la vida. No se negocia con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocia con la jerarquía de la iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado y que al margen y por encima de sus creencias la administración tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanía y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. Y, por último no se negocia con un estado, el del Partido Popular, que vulnera derechos e impone recortes por encima de las mayorías de Euskal Herria. Ante este ataque brutal, llamamos a la desobediencia y demandamos al gobierno vasco y al gobierno navarro que no aplique esta ley y garantice el aborto libre y gratuito en la sanidad pública de la CAV y Nafarroa.
El aborto debe ser garantizado en el sistema público de salud como única manera de asegurar la universalidad de este derecho. En ello tienen una responsabilidad crucial las instituciones públicas que deben garantizar que así sea. Interpelamos a las instituciones de Gasteiz e Iruñea a que garanticen el ejercicio de este derecho.
Esta última agresión deja en evidencia que en hego Euskal Herria debemos de hacer camino propio. Sobre todo si tenemos en cuenta el caso de Nafarroa Garaia, donde casi la totalidad de los abortos se derivan fuera del territorio navarro o a la única clínica privada que practica abortos en el territorio, resultando que en 2011 por ejemplo, sólo 3 de los 844 abortos practicados se realizaron en la red de sanidad pública.
También queremos incidir en que más allá de garantizar el derecho a abortar libre y gratuitamente de las mujeres, es necesario poner y desarrollar todos los medios necesarios para una educación afectivo-sexual, que fomente un mayor control y poder de las mujeres sobre sus cuerpos y su sexualidad.
Por último, desde EHBildu nos gustaría llamar a la movilización y a la resistencia para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo que garantice que sea libre y gratuita.