Cumplir condena sin haber sido condenado> Ander Rodriguez y Enrique Martínez (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza
Enrique Martínez-Flórez

Alternatiba

“No está acreditado que Egunkaria haya servido para financiar a la banda terrorista ETA”. “No consta que Egunkaria ni los procesados hayan servido a los fines de ETA”. “No consta que los procesados hayan legitimado las acciones terroristas o hayan exculpado o minimizado su significado”. “No consta que los procesados hayan prestado alguna ayuda específica ni genérica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo”. Éstas son las conclusiones del Ministerio Público, no de la defensa, sino de la Fiscalía que representa el interés común, el bien público, a propósito de la actuación de los procesados del caso Egunkaria.

No queremos, ni es el momento de analizar el sumario, pero no nos resistimos a mencionar la clave que la Benemérita utiliza para solicitar la imputación y volvemos al tenor literal de lo que obra en el sumario: “Las personas que lo pusieron en marcha no tenían vinculación con la organización ETA”, para después añadir sin prueba alguna que, “precisamente, esa falta de vinculación con ETA se buscó de propósito por la banda armada”. Es decir, que si tienen vinculación, son culpables y si no, también.

A partir de aquí, nos encontramos con la siguiente situación: un proyecto de desarrollo cultural del euskera con una tirada de 15.000 ejemplares y más de 44.000 lectores no volverá a los quioscos. Egunkaria ha cumplido la condena sin haber sido condenado. Eso sí, probablemente procederá una indemnización que la AVT y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación pública, cifran en 60 millones de euros que ellos no satisfarán, sino que lo haremos todos.

¿Cómo explicamos esto en un supuesto Estado de Derecho?, ¿cómo se explica esta violación flagrante de valores constitucionales tales como el pluralismo, la libertad de expresión, de información y la tan querida para algún partido libertad de empresa del artículo 33?, ¿cómo es posible pasar de lo que resulta del tenor literal del sumario a una condena cumplida?

Sólo se explica desde la vis expansiva que ha adquirido en el sistema jurídico del reino de España el concepto de terrorismo, que se invoca cada vez más para hacer frente a fenómenos de mera disidencia. Se difuminan las fronteras entre uno y otra, se instrumentaliza la legislación penal contra el adversario político.

Egunkaria es el ejemplo de los peores abusos en la persecución del llamado entorno de ETA, de los peligros que asume una democracia cuando sacrifica las garantías judiciales y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. En resumen, cuando el fin justifica los medios.

Desde esta doctrina, es fácil justificar la condena a las familias de las personas presas que supone el alejamiento, contrario a las normas del propio reino y su legislación penitenciaria. Desde esta doctrina, es fácil justificar una Ley de Partidos que niega a un amplio sector el derecho de participación del artículo 23 de la Constitución. Incluso se justifica el velo de silencio y la ausencia de investigación que rodea a las denuncias de tortura y vejaciones homofóbicas realizadas por los procesados.

Volviendo al tenor del sumario, nos encontramos con que la Benemérita criminaliza que desde Egunkaria se abogara por un Estado independiente socialista y euskaldun, porque coincide con los fines de ETA. Es decir, se niega la posibilidad de defender por medios pacíficos y democráticos la independencia, el socialismo, la cultura y la lengua vasca.

Reflexionemos ante todo lo anterior: ¿Quién justifica acciones violentas, quién carga de significado político las acciones criminales, quién defiende la privación de derechos y libertades en este caso? Los “Pactos por las Libertades” serán efectivos y justos cuando contemplen las libertades de todos y todas.

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu)

Internet no será otra tele

Red SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Clínica Alava> Johnny Salgado (Alternatiba)

Luis Salgado

Alternatiba

El final del año siempre es una época frenética en todos los organismos públicos, es tiempo de debatir los presupuestos para el siguiente año, y es en este momento cuando desde Alternatiba queremos hacer un llamamiento sobre la imperiosa necesidad de humanizar dichos presupuestos. Porque actualmente no se atiende, ni entiende de personas, vidas y circunstancias ciudadanas, tan sólo se tratan frías cuentas de resultados. Baste para ejemplarizar esta idea la situación sangrante que se está viviendo en Araba con la Clínica Álava.

Desde los diferentes organismos oficiales, (Diputaciones, Gobierno Vasco, Gobierno Español) y sin que importe para ello el color del partido liberal que los gobierne, se nos vende a la sociedad, una y otra vez, la necesidad casi obligada de mantener un modelo de sanidad concertada (empresas privadas gestionando heraldo público para ofrecer servicios sanitarios públicos) ya que, un servicio sanitario íntegramente público sería -dicen- inasumible presupuestariamente. Y son mentiras como esta, reiteradas hasta la saciedad, las que nos llevan a situaciones como la que nos ocupa.

La Clínica Álava es uno de esos centros concertados. Dicha clínica se beneficia desde hace años de un acuerdo con Bienestar Social (dependiente de la Diputación Foral de Álava) y Osakidetza, por el cual se hace cargo de los pacientes que requieren cuidados paliativos.

Pues bien, la nefasta gestión de un mal gerente, ha llevado la clínica al borde de la quiebra. En estos momentos se encuentra sumergida en Concurso de Acreedores, y los Administradores Concursales no parecen ver viabilidad al negocio. Sin menospreciar lo que un hipotético cierre podría suponer para las trabajadoras/es, esta situación crea otro drama humano aún más doloroso, el de los pacientes y sus familiares. Tanto Bienestar Social como Osakidetza han dicho que trasladarán sus pacientes de no haber una solución rápida a la situación. (Bienestar Social ha puesto fecha a dicho traslado, el próximo 12 de diciembre) Sin pensar en los pacientes tememos, ya que, para personas, muchas de ellas en estado terminal, un traslado puede resultar un suplicio demasiado grave. Y sin tener una solución real, ya que en todo el servicio público no existen camas suficientes para albergar a todos los pacientes, y por ende, tampoco existen en la actualidad los medios humanos y materiales para llevar a cabo dichos tratamientos. Al tiempo, ninguna empresa privada está dispuesta a asumir en tan breve espacio de tiempo el acondicionamiento necesario.

Mientras, ni Osakidetza, ni Diputación, oyen los llamamientos para que se hagan cargo de la gestión del centro, y sobre todo de un servicio social que debiera ser público, alegando que supondría un gran desequilibrio presupuestario. Al tiempo, el gerente de la clínica, negocia, con los pacientes a modo de rehenes, los términos de un acuerdo que le libere de cualquier responsabilidad y le permita llenar aún más sus bolsillos. Y este es el sistema concertado de sanidad, donde un gerente sin escrúpulos puede enriquecerse con el heraldo público y a costa de los enfermos, sin que estos parezcan importar a nadie. Y es contra estas situaciones contra las que desde Alternatiba nos posicionamos. Queremos una sanidad pública y gratuita, porque estamos convencidos de que esa es la única sanidad que puede garantizar un servicio humano y de calidad, donde el beneficio no sea el objetivo a seguir, sino el bienestar ciudadano.

Casos como el de la Clínica Álava, no pueden volver a repetirse.

Abortoa aske eta doakoa

Ana Etxarte, Euken Barreña eta Carmen García
Alternatibako kideak

Alternatibak, azaroan zehar, Gizonek erdituko balute abortoa askea litzateke. Eskubideak ez dira negoziatu edo epeka eman behar. Aborto aske eta doakoa, orain! izeneko kanpaina abiarazi du emakumeei gehien urratzen zaienetako eskubide baten alde, euren gorputzaren gaineko erabakiak hartu ahal izatea, hain zuzen ere. Kanpaina honen bitartez PSOEk aurkezturiko aborto legearekiko desadostasuna adierazi nahi dugu, 3 funtsezko arrazoi direla eta: ez du emakumeen erabaki askatasuna onartzen, eta ondorioz euren sexu eta ugaltze eskubideen jabetza osoa galarazten die; sektore publikoaren baitan abortoa bermatuko duen neurri zehatz eta argirik ez du ezartzen; eta ez du abortoa kode penaletik at uzten. Esandakoaz gain, lege proposamen epel eta koldar hau estuki lotua zaie eliz hierarkiatik bideratzen diren kanpainei, biziaren aldeko izen okerrarekin ezagutzen ditugun –aukeratze eskubidearen aurkako taldeak izena hobe datorkie- kanpaina horiei, zeintzuek emakume guztien duintasunaren aurka egiten duten.

Ildo honetan, eskuinak eta sozial-liberalismoak bat egiten dute emakumeek ama noiz eta nola izateko duten eskubidea ukatzeko. Beharrezkoa da, beraz, emakumeen aurkako edozein bortxaren aurka gauden indar sozial eta politikoak gure iritzia plazaratzeko kalera atera gaitezen, mugimendu feministaren bidelagun izateko.

2008an Osasun eta Gizarte Politika Ministerioak egindako txostenaren datuen arabera hurrengoak ondoriozta ditzakegu. Bata, Osasun Lege Organikoak arauturiko eman beharreko zerbitzuen zerrendan egon arren, aborto gehienak (%98,01) klinika pribatuetan egiten dira, eta autonomi erkidegoen artean desoreka handiak daude. Bigarrenik, haurdunaldi etete gehienak lehenengo 3 hilabeteetan ematen dira (borondatezko eteteen %88,70 haurdunaldiaren lehen 12 astetan) , eta honek ezbaian jartzen du epe gabeko araudiak sor lezakeen erakarpen-eragina. Hirugarrena, emakumeen eskubidearen gauzatzeak osasun eta epaitegi langileen menpe darrai, hauek baitira azken hitza dutenak. Laugarrena, egungo legediak, zeinak abortoa oraindik delitutzat duen, haurdunaldia eteten duten emakume zein langileei segurtasun eza ikaragarria dakarkie, Madrileko Erkidegoko Clínica Isadoran gertaturikoa ikusi besterik ez dago.

Urteak dira mugimendu feministak emakumeek euren gorputzaren, sexualitatearen eta amatasunaren jabe izateko eskubidea errespetatuko duen araudia eskatzen dutela. PSOEk, beraz, aukera paregabea zuen mugimenduaren eskari historikoei erantzun egokia emango zien lege zabala aurrera ateratzeko. Zoritxarrez, itxaropena zapuztu egin da. Bada aurrerapenik: 16 urtetik 19ra bitartean ez da gurasoen baimena beharko abortatzeko –hau da, beste ebakuntzen pare jarri da- eta libreki haurdunaldia eteteko 14 asteko epea ezarri da –halere neurri hau araudi aurrerakoien artean kontserbadoreenetakoa da-.

Baina nabarmenen geratu dira alferrik galdutako aukerak eta gauzatu gabeko eskubideak. Epe eta baldintza sistemak hor darrai, eta honen bitartez epaitegi eta osasun langileek, agiri eta komiteen bitartez, emakumeek haurdunaldia oztopatzeko eskubidea duten ala ez erabakitzen jarraituko dute. Emakumeen erabakiak beharrezko izaten jarraitzen du baina ez da irizpide bakarra; hala, abortoa baino lehen 3 hausnarketa egun pasa behar dira oraindik, haurdunaldia eteteko erabakia hartzen duten emakumeek aurrez pentsatu gabe egingo bailuten, hobe pentsatu beharreko auzia dela esan nahian. Gainera ez da bermatzen osasun publikoan abortoak egitea, ez baita zehazten nola emango zaion buelta sistema publikoan egiten den %1,9 horri. Ez du, halaber, arautzen osasun langileriaren kontzientzia eragozpenaren auzia, eta ondorioz haurdunaldia eteteko eskubidea ez da bermatua geratzen. Izan ere, osasun zentru batzuetan eragozpena indibiduala izatetik zentru osokoa izatera pasa da. Arrazoi ugari beraz, Lege Biltzarrarentzako Emakumeen Manifestuak bildu zituenak, lege proposamen hau emakumeen erabakitze eskubidearekin bat ez datorrela esateko.

Honegatik guztiagatik eskatzen du Alternatibak lege proposamenaren edukiak zabaltzea. Araudi berriak emakume guztien haurdunaldia eteteko eskubidea bermatu behar duelakoan gaude, emakumeen eskubideei loturiko kontua baita. Emakumearen beraren borondateak, beraz, nahikoa beharko luke izan erabakia hartzeko. Horregatik diogu, bada, eskubideek ez dutela eperik eta ez direla negoziatu behar.

Ez dira negoziatu behar auzia arazo moral eta bizitzaren eskubide gisan aurkeztu nahi duten horiekin. Ez dira negoziatu behar Eliza Katolikoarekin, zeinak oraindik ez duen ulertu erlijioa norberaren esparru pribatura mugaturiko kontua den ezta ideia eta sinismenen gainetik estatuak bere herritarrei eskubideen gauzatze osoa bermatu behar diela ere, baita emakumezko herritarrei, batzuek gogoko ez izan arren. Ez da negoziatu behar iritzi publikoa euren kanpainekin nahasten duten horiekin, ezta abortoa, informazioa eta proposamenak mahai gainean izanda, eztabaida dadin oztopatzen dutenekin ere. Izan ere, ziur gaudenez gizonezkoek, erditu beharko balute, eztabaida bestelakoa litzatekeela…kalera atera gara aborto aske eta doakoaren alde!

http://alternatiba.net/old-files/abortoeugr.jpg

Transfobia> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Luis Salgado

Alternatiba

Ayer, día 5 de Noviembre, se celebró el juicio contra el dueño de una bocatería sita en la vitoriana cuesta de San Francisco, por el despido de Mª Jesús Lastra. La sentencia del Juez declaró improcedente el despido y condenó al gerente al pago de una indemnización de 1.000 euros a dicha trabajadora.

Hasta aquí, podríamos decir que todo transcurrió tal y como suele ser habitual en los pleitos laborales. El despido es libre en este país, y basta con que el empresario disponga del suelto suficiente para hacer frente a la indemnización.

Sin embargo, éste no es un despido más, ésta es una actuación aún más sangrante, porque trata de una flagrante vulneración de los derechos más elementales que deberíamos tener las personas. Mª Jesús Lastra no fue despedida por no cumplir con sus obligaciones laborales (no llegó a finalizar la primera jornada de su contrato), ni lo fue por causas organizativas o de producción (medidas éstas que están tan de moda en estos momentos de crisis). Fue despedida, única y exclusivamente, por su condición sexual, transexual, como así lo reconoció sin ningún rubor el dueño de la bocatería ante las indagaciones del juez. Y, ante esto, la única actuación de la justicia es condenar al pago de una mísera indemnización al discriminador.

Este tipo de actos deberían ser erradicados de raíz, si realmente queremos una sociedad basada en la igualdad de derechos de todas las personas que la componen. Y tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a un empleo es una piedra angular para lograr dicha igualdad de los sectores sociales hasta ahora marginados, transexuales, gays, lesbianas, mujeres en general, inmigrantes…

Sin embargo, si el despido en sí, o la propia sentencia, son evidencias claras de la existencia de diferentes grados de ciudadanía, más preocupante aún es el eco social que este acto de discriminación ha tenido. Ya sea en los medios de “desinformación” de masas, donde apenas a ocupado una mínima reseña en el mejor de los casos, como en la calle. Baste como ejemplo la concentración frente a los juzgados, convocada por EHGAM-DOK, y que apenas nos reunió a una veintena de personas bajo la pertinaz lluvia.

No debería bastarnos con promesas inútiles de igualdad, con palabras huecas, y actos de cara a la galería de los gobiernos de turno. La igualdad de las personas no puede ser un negocio electoralista, sino el principal argumento educativo. Actuaciones como la de este empresario deben ser perseguidas y denostadas por el conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, por aquellos a los que gusta tanto alardear de su magnífica Constitución…

El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Salud y a vivir!

Argazkia: EHGAM

SOS: eskubideak eta askatasunak

Luis Salgado, Oskar Matute eta Amaia Agirresarobe

Alternatiba

Bertolt Brechtek hauxe esan zuen bizi izan zen garaiari buruz: «Garai bat latza da, baldin eta begien bistakoagatik borroka egin behar bada». Urte asko joan dira baieztapen hartatik, baina ezinago baliagarria da Euskal Herrian eta munduan egun dugun egoeraz mintzatzeko ere.

Begien bistakoa da bere burua demokratikotzat daukan gizarte batean lehentasunezko araua behar duela izan eskubide eta askatasun guztiak indarrean egotea gizaki guztientzat. Begien bistakoa da, halaber, emakume eta gizon askeek osaturiko gizarte horretan indarkeria ez dela onargarria inolaz ere.

Baina, zoritxarrez, premisa teoriko horiek praktikan ez dira betetzen gure herrialde txiki eta atsekabetu honetan. Hala, bada, planetako pertsona eta herri gehienen eskubideak urrakorrak dira, oro har; Euskal Herrian, berriz, kiribil ezinago kezkagarrian sartuta gabiltza, hainbat eskubide zibil eta politiko urratuta. Beraz, argi eta irmo erantzun beharra daukagu lehenbailehen: eskubide guztiak pertsona guztientzat.

Alde horretatik, ezer berririk ez dugu ageriko egingo, baldin eta esaten badugu agente urratzaile nabarmena dela ETA eta haren indarkeria zentzugabea, eta hark eragindako urraketek ondorio etiko, politiko eta sozial zorigaiztokoak dakarzkiola elkarbizitzari eta garapenari; ezinbestean salatu beharrekoa daukagu, beraz, ETAren estrategia militar antzua bezain mingarria.

Nolanahi ere, berehala eta betirako amaitu beharra dauka indarkeria halakoak; ezin du balio, eta ez du balio behar, eskubideak eta askatasunak sistematikoki urratzeko alibi gisa, gure lurraldean gero eta modu etengabeagoan eta kezkagarriagoan gertatzen ari denez.

Duela dezente urtedanik, bada, Estatuak eta haren bitartekoek erantzun bakarra eman diote ETAren indarkeriari: zapalkuntza bideak areagotzea, eta oinarrizko eskubideak eta askatasunak ukatzea; eta horrek guztiak zatiketa eragin du gizartean, zeina bat baitator haien hitzek eta egintzek proposaturiko nortasun zatiketarekin.

Argi dago Euskal Herrian hainbat ekimen jarri dituztela abian, batzuen batzuk legegintzaldi izaerakoak, eta horiek ezpata ukaldi hilgarria eman diote gure gizarteko demokraziaren zimentarriari.

Baieztapen horren argigarri, eta korolario zabalago bateko adibide gisa, hona hemen hori bermatzen duten hiru mugarri edo osagai:

Espainiako Estatuak eta haren Gobernuak bestaldera begiratzen du, oraindik ere, Amnesty Internationalek eta beste hainbat erakundek Estatuko poliziek egindako torturak direla-eta aurkeztutako salaketak ez entzunda. Torturak onartzeak eta ezkutatzeak, torturatzen dutenak ez ezik, torturei bide ematen dietenak eta torturak onartzen dituztenak doilortzen ditu.

Espainiako Estatuak eta haren Gobernuak, oraindik ere, arbuiatu egiten ditu Eusko Legebiltzarreko gehiengoaren erabakiak, eta, bide batez, ukatu egiten du haren ustezko subiranotasuna, Euskal Herriko presoen sakabanaketa politika ankerrari bezain bidegabeari bere hartan eutsita. Politika hori legearen kontrakoa da, kartzela politikak ardatz izan beharko lukeen gizarteratze eta gizartekotze irizpideari begiratuta; eta zigor erantsia ere bada ezertxo ere egin ez dutenentzat, presoen senitartekoentzat.

Espainiako Estatuak eta haren Gobernuak lege bat jarri du abian, Alderdien Legea izenekoa. Lege horrek, legezkoa den ideologia politiko bat desegiteko berariaz egindakoa izaki, oinarrizko hainbat eskubide eta askatasun murrizten ditu, hala nola elkarteratzeei, manifestazioei, eta adierazpide nahiz parte-hartze politikoei dagokienez. Lege horrek hauteskunde errentagarritasun handia dakarkie haren alde daudenei eta hura babesten dutenei; horrez gain, ordea, askatasun publikoen sistemaren kontra doa zuzen-zuzenean. Eta lege horren interpretazioa ere lasaia denez gero, Gobernuaren interes ilunei enbarazu egiten dieten buruzagiak atxilotu eta kartzelako balio du. Testuinguru horretan sar daitezke Arnaldo Otegiren, Rafa Diezen eta beste hainbaten atxiloketak.

Nahiko adibide dira horiek, gauden egoera politikoaz jabetu gaitezen. Hala ere, Alternatibakook uste dugu ez dela etsipenerako unea, ez eta garai hobearen zain geratzekoa ere, babeslekuetan ezkutaturik.

Argi hitz egiteko unea da, salaketak egitekoa, eta ekitekoa. Objektiboki, eragotzi egin dute -hein batean, ETAren indarkeria dela bitarteko- gaur egun gailen den ekonomia, gizarte eta politika sistema gainditzea; sistema hori desegiteko unea da, Euskal Herriko ezker alderdi ugarien arteko harremanak samurtu daitezen eta baturik jardun dezaten, baina ez salbuespen modura, baizik eta orain eta beti.

Unea da, halaber, agerian uzteko ezinago barregarriak izan direla Barne Sailak gauzaturiko jarduerak -Ares jauna buru dutela egindakoak-, ideia eta proiektu legezkoei jazartzeko asmoz. Salatu egin behar da epaileen eginkizun arbitrarioa, botere politikoen agintaritzapean baitihardute.

Unea da, azken batean, herrialde honetako ezker askotarikoak eta aniztunak argi eta irmo salatu ditzan alde batean eta bestean gertaturiko gehiegikeriak; ezkerrak salatzen ez baditu, ez ditu beste inork salatuko.

Horrez gainera, aukera hau baliatu nahi dugu argi eta garbi adierazteko Euskal Herria ez dela bakartuta bizi, eta planeta osoan zeharo zabalduta dagoela, zoritxarrez, eskubideak eta askatasunak murrizteko jarduera. Baliteke hemen, gure eremu berezi honetan, beste inon baino areago jasan behar izatea, baina mundu osoko errealitate mingotsa da, oro har.

Geure burua ezkerrekotzat dugunok gogoan izan behar dugu botereak hainbat modutan zapaltzen dituela eskubideak: besteak beste, berdintasun politika eraginkor eta benetakorik ez ezarrita, emakumeen eskubideak lortzeko; gainerako herritarrei baino eskubide gutxiago aitortua herritar batzuei, beren sorterriko bizi-baldintzak direla-eta ezinbestean etorri behar izan dutelako gurera; gizon-emakume langileen eskubideak sistematikoki zapalduta, beren handinahikeria dela-eta krisi hau jasanarazten ari zaizkigunen egoera arintzearren; ingurumen iraunkorra izateko gure eskubidea bertan behera utzita, betiko gutxiengoen, pertsonen, taldeen… onurarako.

Ezbairik gabe, aldarazi beharreko egoeraz beteta daukagu agenda Euskal Herriko ezkerrekook, eta geure esku dago horri ekitea, edo aurrerantzean ere damututa ibiltzea eta ematen dizkiguten apurrekin etsitzea. Alternatibako kideok argi daukagu, egin egin behar dugu ezkerra: eskubide guztiak, pertsona guztiontzat.

Itzulpena: Berria. Argazkia: Snazzo.

Por una ley del aborto sin recortes

Silvia Piris
Mesa de Feminismo de Alternatiba

Ante los últimos hechos relacionados con la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008, y las reacciones ultraconservadoras y religiosas que esta aprobación está despertando queremos reivindicar y defender la ciudadanía plena de las mujeres.

Lo que no se puede obviar es que las reacciones y manifestaciones que se están sucediendo, tanto desde algunos sectores de la iglesia católica como desde organizaciones “pro-vida” y partidos políticos y asociaciones afines, responden a un intento claro de control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Hemos asistido con creciente perplejidad en los últimos meses a todo tipo de discursos, prácticas, campañas y apariciones públicas -cada cual más desafortunada- con las que las organizaciones antes mencionadas, con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica a la cabeza, han intentado llevar el debate sobre la nueva regularización del aborto al terreno de la supuesta moral que defienden. Se ha intentando en todo momento culpabilizar a las mujeres, llegando en algunos momentos a comparar la interrupción voluntaria del embarazo con el asesinato y el genocidio, discurso éste envenenado que atenta contra la dignidad de todas las mujeres.

El aborto libre y gratuito es una cuestión vinculada a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. Es obligación del estado salvaguardar el ejercicio de tales derechos y garantizar su cumplimiento.

La apuesta de las y los que defienden la libertad de opción en esta y otras materias que entran en colisión con el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe de pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las religiones se restringa a la esfera privada. Por ello resulta vital solicitar a la jerarquía de la Iglesia católica que deje de ocupar debates y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas.

Los portavoces de los sectores más conservadores de la iglesia católica deberían de preocuparse por canalizar esa necesidad de mostrar su opinión sobre “temas de actualidad” condenando cuestiones como la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales, sobre las que no encontramos pronunciamientos tan rotundos.

El Movimiento Autónomo de Mujeres y Feminista merecen nuestro total e incondicional apoyo, apoyo que sin duda afecta también a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Apoyamos a todas las organizaciones de mujeres que se han adherido al “Manifiesto Feminista ante la nueva regulación del Aborto”, y exigimos que la voz del movimiento feminista sea escuchada. Exigimos una regulación que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.

Y porque todavía queda mucho camino por delante, y ahora que los sectores más reaccionarios de la Iglesia han decidido tomar las calles para manifestarse, llamamos a la movilización para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más amplia y progresista.

Argazkia: Libertinus

El municipio 51> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Johnny Salgado

Alternatiba

La SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) acaba de dar el pistoletazo de salida definitivo a la construcción en Araba de una macro-cárcel. La envergadura del proyecto es tal que el penal ocupará una superficie similar a una veintena de campos de fútbol y supondrá una inversión de 103 millones de euros. Así, los 720 reclusos y el medio centenar de funcionarios penitenciarios (carceleros) que custodiarán el recinto convertirán al penal de Zaballa en el decimosexto ‘municipio’ alavés de un total de 51. Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tienen Labastida o Laguardia, llegando incluso a superar a localidades como Santa Cruz de Campezo.

El proyecto no se ha librado de una agria polémica entre las diferentes instituciones y, a día de hoy, está pendiente de la resolución que dictamine el Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por las Juntas Generales de Araba. Pero que nadie se engañe, la controversia no viene dada por la propia infraestructura en sí, sino por el impacto medioambiental de la misma. Es más, tal debe ser la imperiosa necesidad que, mientras en un principio esta moderna y súper-segura prisión iba a sustituir a la vetusta ya existente, parece ser que, de un tiempo a esta parte, la SIEP valora la posibilidad de mantener ambas por necesidades de saturación. Sin embargo, pocas son las voces que se alzan o cuestionan el fondo de la cuestión: el propio sistema penitenciario.

“Se ha instalado la simplista e inexacta idea de que la manera de combatir la delincuencia es mandar cada vez más gente a la cárcel. España se ha puesto a la cabeza de Europa en población penada, pese a que no es de los países donde se cometen más delitos ni de más gravedad. Esta filosofía ha puesto al sistema penitenciario español al borde del colapso. (…) Cada cuatro años (el tiempo que cuesta hacer un centro de 1.000 plazas) la población reclusa se incrementa en 6.000 personas. (…) Si los legisladores siguen valorando que la manera más efectiva de abordar los problemas sociales es enviar a más gente a la cárcel, desoyendo la opinión de los expertos que dicen que la privación total de libertad es antitética con el tratamiento de determinadas patologías; si no se generaliza la utilización de medidas alternativas de cumplimiento de las penas que las leyes ya contemplan, la situación será inasumible.” Esta reflexión ha sido realizada por la propia Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias.

Ha llegado el momento de que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista. He aquí 10 razones por las que oponerse a la construcción de más cárceles:

1º Ineficacia de la rehabilitación: Más del 90% de la población reclusa lo es por delitos menores. Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda y, en muchos casos, son adictos a las drogas. Estos problemas no son solucionados en la cárcel y, por tanto, al salir de ella, se verán abocados a reincidir. Mientras no se traten los problemas sociales, la teórica política de rehabilitación de las cárceles será tan solo una quimera populista.

2º Ineficacia preventiva: A mayor dureza de las penas (mayor duración de las mismas), mayor masificación de las cárceles, sin embargo, salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

3º Ineficacia incapacitadora: El desarrollo penal en los EEUU puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva: las tasas de criminalidad no han dejado de crecer. Cada año, nuevas generaciones de jóvenes delinquen y nada se soluciona manteniendo a las viejas en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa pasmosa.

4º ¿Justicia?: Se convierte el comportamiento criminal en tiempo cual simple fórmula matemática. Sin embargo, ¿quién puede considerar justa una sentencia de 2 años de cárcel por robar una pizza, cuando grandes estafadores apenas tienen que pisar un centro penitenciario?

5º Irreversibilidad: Sólo se plantea el derribo de una prisión cuando ha quedado en medio del casco urbano. La teoría social de “no en mi patio” y una falsa y demagógica humanidad de los mandatarios lleva a la vieja prisión a ser sustituida por otra, por supuesto más segura.

6º Insaciabilidad: Es la misma cárcel la que fagocita insaciablemente desde su nacimiento todos los cambios que se puedan proponer. Planifíquense cien cárceles y las cien estarán sobresaturadas antes de ser terminadas.

7º Inhumanidad: Las cárceles modernas no son más humanas: la vídeo-vigilancia suprime los lugares de intimidad, los controles físicos son tan exhaustivos que a veces se obliga al preso a colocarse desnudo sobre un espejo para observar su interior o se le sienta en un retrete hasta obtener sus excrementos… Pero el control total no se logra completamente y, por tanto, la espiral de desarrollo de nuevos métodos y de inhumanidad continúa.

8º Quiebra de los valores: La construcción de nuevas cárceles es, en sí misma, la intensificación de la guerra contra los pobres. Cientos de estudios (muy recomendable Demasiado de nada… las condiciones de vida y la procedencia social de las personas condenadas, de Lotte Rustad) muestran que cuanto “más involucrado” se está en el sistema penitenciario, más pobre se es.

9º No ayuda a las víctimas: La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas y, sin embargo, sí promociona en el subconsciente colectivo una psicología personal de venganza. Debieramos aumentar las ayudas a las víctimas de delitos ‘serios’ en vez de incrementar el castigo a los infractores.

10º La masificación puede ser resuelta por otras vías: La mayor parte de los reos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Si realizásemos una escala condenatoria a la inversa, donde la pena mayor se impusiera por grandes delitos y desde ésa fuésemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento.

Quizás aún no sea el momento de hablar de abolición del sistema penitenciario, pero lo que no podemos permitir es que éste nos fagocite y atrape. 6.000 reclusos más cada cuatro años es una cifra más que considerable como para que alguien pueda plantear el fracaso de este sistema desde su planteamiento. Mientras esto ocurre, demos la bienvenida al ‘municipio 51’ del Territorio Histórico de Araba.

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