El Pais– No soy partidario de teorías conspiratorias; eso se queda para otras cabeceras y para otras catástrofes. No creo en la existencia de logias en la sombra intrínsecamente malvadas que gobiernen el mundo y que persigan el empobrecimiento de grandes sectores de la población, pero sí se constata la existencia de leyes inexorables que gobiernan los mercados, que con su actual estructura es sinónimo de neoliberalismo o capitalismo, que llevan a lo mismo.
Para el capitalismo, los mercados o el neoliberalismo, de cualquier manera que lo llamemos, las situaciones de catástrofe, sea real o percibida, tenga su origen en causas naturales, financieras o políticas, se conciben como grandes oportunidades para implantar su programa básico: bancos centrales independientes, gasto social reducido, fuerza laboral flexible, reducción de impuestos, servicios básicos privatizados y, obviamente, liberalización del mercado.
Adoptadas ya en España las medidas de recorte del gasto, asistiremos ahora a la reforma del mercado laboral en un contexto de efecto demostración de la rebaja de los sueldos de los funcionarios. Ya existen propuestas académicas que apuestan por la suspensión durante dos años de los derechos de los trabajadores. Se reanudan las proclamas por la privatización de los pocos activos del Estado que sobrevivieron a los procesos iniciados por Felipe González y continuados por los gobiernos Aznar que, por citar un ejemplo, han dejado al Reino sin una banca pública con la que hacer frente a la crisis de crédito. En cuanto a los servicios básicos, basta con mirar los procesos de privatización de la Sanidad en Madrid o Valencia, con el consiguiente deterioro de la atención, o la aproximación del sistema educativo al cheque escolar que supone la aplicación en estas comunidades del régimen de conciertos.
Me dirán que el pronóstico no es real, que únicamente se ha recortado el gasto público, que sólo se ha actuado para procurar la consolidación fiscal que nos exigían los mercados. Pues bien, no es así; lo que los mercados nos exigen no es la reducción del déficit, es lo que llaman credibilidad y esto no es sino un eufemismo del programa básico del neoliberalismo. Una prueba: para reducir el déficit fiscal se puede actuar por vía de aumentar los ingresos, recuperar los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, actuar sobre el Impuesto sobre la Renta y el de Sociedades y, sobre todo, luchar contra el fraude fiscal. Se puede actuar sobre el gasto, reduciendo el gasto militar y las inversiones en armamento, eliminando las exenciones fiscales a los premios de la lotería, eliminando la subvención a la Iglesia, suprimiendo el FROB de saneamiento bancario. Todo ello no es imposible, sino una mera decisión política, pero estas medidas, que son suficientes para procurar el equilibrio presupuestario, no lo son para la «credibilidad» que nos exigen los mercados. Por eso, no las ha adoptado el presunto Gobierno de izquierda que podía haber evitado el recorte de derechos y el recorte en inversión con el consiguiente recorte en el crecimiento.
Otra prueba. La reforma laboral que también se nos impone va dirigida a la flexibilización, en particular a generalizar las cláusulas de descuelgue o, lo que es lo mismo, a la desnormativización de los convenios colectivos, que es la mayor conquista del movimiento obrero desde el siglo XIX. El efecto demostración de la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos llevará a la pérdida de derechos de los trabajadores y a ahondar en la política de competir reduciendo costes sociales y no aumentando la productividad por la vía de asegurar un empleo de calidad.
Otra. Las grandes crisis de este siglo se han resuelto mediante el crecimiento del sector público y el pago de la deuda en periodos largos, incluso durante 30 años, en el caso de EE UU en la crisis de los años treinta, no mediante un ajuste fiscal repentino.
Esta situación no responde a una conspiración; sólo es producto de un sistema en el que los mercados en manos privadas, liberados del poder político público, buscan el beneficio de las empresas de cuyo accionariado son titulares a través de los fondos de inversión o directamente de los propios fondos, con apuestas a la baja a corto plazo, sin tener en cuenta el sufrimiento que imponen a muchísima gente.
Si algún político ha comprendido la magnitud de la crisis ha sido Rodríguez Zapatero, que asistió a las reuniones de hace un par de años del G-20. Allí asistió a las decisiones de los estados de endeudarse para salvar a los grandes bancos, compañías de seguros y fondos de inversión, causantes de la recesión. Allí asistió a la inoperancia de los estados para prevenir otra situación como la actual, inoperancia para reestructurar el sector financiero. Ahora asiste a que aquellos que se salvaron con el dinero de los contribuyentes acusen a los estados de derrochadores y les impongan penas y tasas. Zapatero ha comprendido que la socialdemocracia es inútil para defendernos de la fiera. Ha comprendido que jugar en el campo marcado por el neoliberalismo o por la derecha lleva a aceptar las leyes inexorables del capitalismo. Ha comprendido que esta crisis se va a llevar por delante a la socialdemocracia europea, que, renunciando a sus señas de identidad, se ha quedado colgando de la brocha.
Mientras tanto, Rajoy propone eliminar las subvenciones a los partidos políticos; claro, ellos tienen la Gürtel.