POCO o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: «El que no trabaje, que no coma». Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.
Un paréntesis. Utilizo el término «empleo remunerado» porque considero restrictivo y excluyente identificar «trabajo» con «contrato laboral». El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: «¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?».
Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.
Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?
Volvemos a caer en la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: «Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no». Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.
Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar.
Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como «una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido».
Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor.