El proceso de desmantelamiento del Estado del Bienestar sigue adelante. La pasada semana tuvimos ocasión de contemplar este triste espectáculo con nuestros propios ojos. La Ponencia sobre la situación y necesidades de las personas dependientes y discapacitados que va camino de ser aprobada en Bizkaia, indica que nos encontramos a bordo de un barco que tiene como destino el capitalismo salvaje.
La Ponencia permitirá poner en marcha un modelo mixto de gestión en las normas que se impulsen en el futuro. Es decir, un modelo que combinará la gestión pública y la privada. Se renuncia, por lo tanto, a la creación de un Sistema Vasco de Servicios Sociales público, para apoyar la vía privada. No supondrá una tarea fácil para aquellos que se han posicionado a favor de dicha Ponencia explicar a los ciudadanos los dudosos beneficios de este paso atrás en la consecución del bienestar colectivo. Para nosotros, sin embargo, no se trata más que de un acto vandálico. Es decir, vandalismo contra todo aquello que tenga carácter público.
Las Juntas Generales de Bizkaia confirmarán, de este modo, su apuesta por la acumulación de capital y la limitación de la responsabilidad pública. Todo parece indicar que se trata de dos apuestas firmes. Florentino Pérez estará frotándose las manos. Pues, de este modo, Bizkaia abrirá sus puertas de par en par al empresario para que éste pueda seguir enriqueciéndose a costa de los cuidados, valiéndose de su enésima empresa filial. No se mostrarán tan contentos, en cambio, aquellos que se vean obligados a pagar dos veces por ser atendidos.
Parece ser que el sistema de copago ha sido el único medio de financiación que han encontrado para garantizar el derecho al cuidado de los ciudadanos. Sin embargo, tal como está planteado, en lugar de llamarlo “copago”, sería más correcto denominarlo “repago”. A pesar de querer escenificar unas diferencias inexistentes, las instituciones vascas se muestran de acuerdo en lo esencial: quieren reducir el coste de los servicios que tienen a su cargo, traslandando la responsabilidad a las familias. Pero, ¿quiénes saldrán perjudicados si las instituciones públicas renuncian a ejercer su responsabilidad? Las personas dependientes, sin la menor duda.
Los defensores del sistema de copago intentan colar esta medida presentándola como una muestra de solidaridad entre ciudadanos. Nosotros, por el contrario, tenemos claro que ese llamamiento a la solidaridad es pura hipocresía y que aquellos que lo hacen han demostrado una y otra vez que no les importa pervertir el término. Es más, es el propio copago el que rompe con los conceptos de igualdad y solidaridad. Por medio de este sistema, la intensidad, el contenido y la calidad de los cuidados que cada persona reciba estarán condicionados por su capacidad adquisitiva.
La Diputaciónde Bizkaia lleva años perdonando impuestos a los que más ganan y a los que disponen de mayores patrimonios. El peso de la fiscalidad ha recaído en los trabajadores. Se trata, por tanto, de un problema de falta de ingresos. Ese dinero que falta es precisamente aquel que han perdonado a los que más tienen y que ahora se antoja más necesario que nunca. Se estima, por ejemplo, que la Diputación deja de ingresar 106 millones de euros al año desde que suprimió el impuesto sobre el patrimonio a los más ricos.
Por otro lado, desde hace tiempo la Diputación impulsa procesos de subcontratación que acentúan la situación insostenible de un sector que padece la precariedad como un mal estructural. Así, en cuanto a los cuidados, tanto en el sector público como en el privado, se ofertan muy pocos empleos con condiciones dignas, mientras que la mayoría son precarios. La situación no mejorará una vez que la Diputación emprenda el camino abierto por la Ponencia. De hecho, cada vez será más difícil garantizar unos cuidados de calidad, en la medida en que ese trabajo se vea condicionado por la productividad y el rendimiento económico.
Ya sabíamos que las clases desfavorecidas suelen ser las que soportan las condiciones de trabajo más penosas. En este caso, está claro que la precariedad hará tambalearse los derechos de las mujeres y, especialmente, los de las mujeres migrantes. En nuestra opinión, dar a conocer debidamente las diferentes modalidades de cuidados adquiere una especial importancia en este caso.
Ya es hora de que dejemos a un lado la idea de que los cuidados deben recaer en las familias y, principalmente, en las mujeres. Es necesario impulsar unas políticas públicas activas que cubran las necesidades de las personas dependientes poniendo a su disposición todos los medios que se requieran. En este camino hacia la implantación de unos cuidados de calidad, nos parece imprescindible incidir en la necesidad de la percepción de salarios dignos, el reconocimiento de los derechos sociales de las trabajadoras y la visibilización de un sector social que ha sido relegado al olvido.
La ponencia, por el contrario, ensalza la privatización basándose en la premisa de que, supuestamente, conseguirá incrementar la tasa de empleo entre las mujeres. Sin embargo, pasa de puntillas por la exigencia de los derechos laborales de las trabajadoras. En Alternatiba, en cambio, entendemos el trabajo en su sentido más amplio, puesto que lo consideramos un concepto global. Esto incluye, además del trabajo remunerado, toda actividad necesaria para el sostenimiento de la vida social. Por lo tanto, las tareas de cuidado, especialmente las que han sido desarrolladas por mujeres, son un elemento fundamental de lo que consideramos trabajo.
El sistema de copago va a hacer un flaco favor a las empleadas del hogar. De hecho, las constrataciones realizadas con dinero negro seguirán siendo más rentables que el copago en sí. En consecuencia, el copago se convertirá en una excusa más para perpetuar la informalidad y la falta de garantías en este sector. Para las mujeres migrantes seguirá siendo muy complicado regularizar su situación, y será aún más complicado para ellas poder cambiar de profesión.
Por si esto fuera poco, la Ponencia da prioridad a los cuidados y los cuidadores dentro del entorno familiar o, dicho de otra manera, fortalece el papel de las mujeres cuidadoras. En nuestra opinión, esta medida no hará sino alejar a las mujeres del mundo laboral. A la vista está la precariedad y la falta de calidad del Regimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social. Estas cuidadoras, comprendidas generalmente entre los 45 y los 65 años, no podrán percibir prestación alguna.
Visto lo visto, no nos cabe duda de que la Diputacion está perdiendo una oportunidad magnífica para ofrecer una salida digna tanto a las personas que requieren cuidados, como a aquellas trabajadoras que se los dispensan. Bizkaia, en cambio, pondrá sus miras en la consecución de beneficios económicos y el aumento de la productividad. Así las cosas, la responsabilidad de los cuidados seguirá recayendo en las familias y, principalmente, en las mujeres.