Vicent Boix
Escritor, autor del libro El parque de las hamacas. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí
En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.
Entre los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.
Han existido otras compañías españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por las subvenciones públicas de la PAC. Aunque favorecidas por cantidades menores, no deja de ser llamativo que reciban dinero público ciertas empresas de la alimentación que, al adquirir productos del agricultor y ganadero, se aprovechan de su situación de dominio para pagarles cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir los costos de producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones como “Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de Veterinarios Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de euros en beneficios.
Esta bonanza económica empresarial dista mucho de la paupérrima situación económica que vive la agricultura y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas pasan momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27% desde 2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben que el problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido que unas pocas empresas del agronegocio monopolicen la transformación, la intermediación y la venta de alimentos, imponiendo sus reglas y precios a agricultores, ganaderos y consumidores.
Por eso es ridículo e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al agricultor y le obligan a dejar el campo para engrosar las listas del paro. Porque con unas ayudas destinadas a promocionar el sector primario se está premiando a los verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto suceda año tras año, huele ya demasiado. También es curioso, muy curioso, que aquellos que claman al cielo por un comercio libre de ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los primeros en parar las manos y llenarse los bolsillos.
En otra coyuntura comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que subvenciones, lo que se necesita urgentemente es legislación y normas que confieran dignidad y un trato justo, sobre todo, en los precios de compra a ganaderos y agricultores.