Enric Llopis > Rebelion.org
Cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos. También en la recogida y gestión de los residuos. No resulta extraño que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados –aprobada por el Congreso este verano- deje sin abordar cuestiones de fondo, como el paso de la cultura del “usar y tirar” a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector.
El nuevo texto legal incorpora la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (2008) pero, por lo demás, mantiene un espíritu “continuista” respecto a la ley hasta ahora en vigor, aprobada en 1998, según denuncian las organizaciones ecologistas. Estas entidades califican la nueva norma de “poco ambiciosa”, de quedarse en “agua de borrajas” o ser un “brindis al sol”, ya que antepone las intenciones o los buenos deseos a las obligaciones para empresas y administraciones públicas.
Y no es porque no haga falta una norma que entre a fondo en la problemática de los residuos. Según Eurostat, cada español genera 547 kilogramos de basura anuales, 35 kilogramos más que la media europea; la misma fuente señala que el estado español recicla sólo un 15% de los residuos que genera (por debajo de la media europea) y envía a los vertederos el 52% (la media de la UE es del 38%). Debe considerarse que, según Ecologistas en Acción, casi el 90% de la basura puede aprovecharse.
Con la nueva ley, el negocio de las basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. A través de adjudicaciones municipales (a menudo a largo plazo), las grandes del ladrillo y la obra pública gestionan las basuras a través de filiales creadas ex profeso, “pero ni se les obliga a reciclar ni creen en la cultura del reciclaje; de hecho, la mayoría de los residuos acaban en vertederos o incineradoras”, asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià. Suelen utilizar en las plantas, además, mecanismos de separación rudimentarios, similares a los utilizados en la minería, lo que lleva a pobres resultados en materia de reciclaje.
“El negocio de las basuras ha dado lugar a escándalos de corrupción en Orihuela (Alicante), Murcia y Mallorca, en los que se han manejado grandes cantidades de dinero y que, en la práctica, resultan difíciles de perseguir”, explica la coordinadora de Residuos de Ecologistas en Acción, Leticia Baselga. Un informe de la organización ecologista italiana Legambiente denuncia que hace décadas que la Camorra se lucra con la basura en Nápoles con un simple mecanismo: tirar las basuras tóxicas en el campo y después taparlas.
Tampoco se altera, con la nueva legislación, el modo de operar de las grandes empresas de los sectores de la alimentación y las bebidas, grandes generadoras de residuos. Estas compañías consideran el reciclaje como un mero coste de producción que reduce su margen de beneficios. Es por ello por lo que prefieren, como ocurre ahora, pagar un pequeño canon por el reciclaje (que acaban repercutiendo en el consumidor) a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, es decir, máquinas en las que el ciudadano pueda depositar latas y botellas y percibir un dinero a cambio. La nueva ley abre la posibilidad, pero no obliga, a la introducción de estos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos, Canadá, Alemania u Holanda, y a los que también se oponen las grandes superficies.
Esta negativa empresarial a adaptarse a la “cultura del reciclaje” conduce a que en el estado español no se alcancen los mínimos que exige la Unión Europea. Las cuentas tampoco están claras. Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, entre otras organizaciones, han formulado una queja ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente por considerar que los datos que presentan Ecoembes y Ecovidrio (sociedades que gestionan los contenedores urbanos de recogida de envases, como el contenedor amarillo y el iglú verde) no pueden contrastarse. En la queja se habla de “irregularidades en las toneladas declaradas; fraude en la declaración de envases y consideración de materiales impropios como reciclados”.
El problema de fondo, explica Carlos Arribas, estriba en los criterios que rigen el funcionamiento del sistema capitalista. “Generalizar el reciclaje y la minimización de los residuos en origen resulta incompatible con una sociedad que tenga como prioridades el consumismo, la publicidad y la mercadotecnia”.
Las expectativas de negocio tampoco están lejos de la incineración, actividad a la que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados sólo plantea la posibilidad de imponer un canon. Los grupos ecologistas denuncian que el lobby de la incineración introdujo en la Directiva Europea de Residuos este mecanismo vendiéndolo como “valorización energética”, tecnicismo que pretende vincular la quema de residuos al reciclaje. Recuerdan que la eurodiputada Carolina Jackson, encargada de preparar el informe previo para el Parlamento Europeo, trabajaba en ese momento para una empresa del sector.
Pese a que la incineración se vincula oficialmente a “futuro”, “progreso” y se asegura que se disponen de las tecnologías necesarias para evitar impactos negativos, un informe de Ecologistas en Acción explica que la quema de residuos genera cenizas tóxicas, nuevas y peligrosas sustancias como las dioxinas (la sustancia más tóxica sintetizada por el hombre), y partículas muy pequeñas que pueden viajar grandes distancias y penetrar en el sistema respiratorio. Estas partículas pueden provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiacas, vasculares o cáncer, apunta el informe.
En la línea de no entrar en conflicto con las grandes empresas, la nueva Ley de Residuos permite la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso (se plantea su eliminación gradual hasta 2018), con lo que se desatiende una de las demandas de los grupos ecologistas y se anteponen los intereses de la industria del plástico. La nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost o abono natural para uso agrícola, y mejorar así la calidad de los materiales recuperados. Y pierde, según los grupos ecologistas, una excelente oportunidad para crear puestos de trabajo vinculados al reciclaje como alternativa a la incineración o los vertederos (la Unión Europea señala que podrían crearse 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal).
Una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid, para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos: la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros –muchas veces de etnia gitana- superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses.