Que la crisis económica esta golpeando fuerte a las clases mas desfavorecidas lo venimos repitiendo por activa y por pasiva.
Que esta crisis se debe principalmente al modelo económico capitalista apoyado en la desregulación financiera que ha impulsado políticas de crecimiento insostenible es una evidencia más que palpable. Y bajo la dictadura de este sistema neoliberal impulsado por el PNV, el PSE, UPN y el PP hemos llegado a esta situación.
Y uno de los aspectos más dramáticos de esta crisis la encontramos en las personas desahuciadas. Desde el comienzo de la crisis se han practicado más de 9.000 desahucios en Hego Euskal Herria. Los últimos datos publicados al respecto son bastante significativos. Solo en el primer trimestre de este año se practicaron 968 desahucios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En Nafarroa, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas habla de 370 ejecuciones hipotecarias en 2011, lo que acumula más de 1.300 desahucios desde el inicio de la crisis. Es evidente la tendencia al alza de los datos y que el número de desahucios es cada vez mayor, lo que traerá terribles consecuencias (personas y familias enteras en la calle, exclusión social, etc.).
Está claro que el tema de los desahucios es muy grave, ya que los bancos, que tienen grandes ganancias y reciben cuantiosas ayudas económicas, dejan en la calle a ciudadanos/as por no poder hacer frente a las hipotecas, acumulan viviendas vacías que no se destinan a la función social para la que fueron construidas, y que para colmo contabilizan como activos tóxicos en las contabilidades de las entidades financieras por estar valoradas bajo el prisma de la especulación. Ante esta situación, debemos tener esto claro: el problema de los desahucios no es sino una mera consecuencia y por eso debemos entenderla como parte del problema global de la vivienda.
Y ante esta alarmante situación ¿que hacen el PNV de Urkullu, el PSE de López y el PP de Basagoiti? NADA, miran hacia otro lado como si esta grave problemática no fuera con ellos y el problema de los desahucios y los desahuciados se limitara a una posible solución privada entre el ciudadano y la entidad financiera. Nada mas lejos de la realidad, el PNV, el PSE y el PP hacen la política del avestruz, se esconden, miran hacia otro lado cuando no apoyan ejecutar dichos desahucios. Estos tres partidos políticos, afines a la banca, se sitúan de su lado dejando totalmente indefensos a miles de familias que se ven en la grave situación de tener que abandonar sus casas.
Urkullu, López y el hijo de banquero Basagoiti priorizan las ayudas a los bancos, inyectándoles millonarias cantidades de euros para su saneamiento, consecuencia de su nefasta gestión y al contrario son incapaces de buscar una salida digna al problema de los desahuciados, sino de agudizarlos. Medidas como Etxelan propuesta por Kutxabank o el servicio de intermediación del Gobierno Vasco, no son más que un burdo lavado de cara, por parte de las entidades bancarias que tienen una responsabilidad ética máxima en la situación creada con los desahucios y que en estos planes no se comprometen a nada. Así mismo, desde EH Bildu queremos llamar la atención sobre el despropósito que supone que desde Kutxabank y las tres cajas que la forman que son entidades públicas se ejecuten desahucios.
Por ello, ante el problema de los desahucios desde Euskal Herria Bildu proponemos:
1. Se procederá a la suspensión de la ejecución hipotecaria. En este caso no se solicitará la moratoria de la hipoteca.
2. Se propone que la parte financiera pase la propiedad de la vivienda a manos de entidades públicas con competencias para ello.
3. El uso y la ocupación de la citada vivienda se gestionará mediante alquiler social.
4. Establecer la suspensión extraordinaria del pago de la hipoteca en caso de que las familias lo soliciten. Requisitos:
– No poder pagar la hipoteca como consecuencia de una razón real y objetiva (desempleo,…).
– Se propone, el impago provisional de la hipoteca durante un periodo determinado; el interesado no abandonará la vivienda y se comprometerá al pago de un alquiler social al banco (el importe del alquiler se calcularía según el poder adquisitivo de la familia, ascendiendo a un 15 % del total de los ingresos).
– Una vez desaparezcan las razones objetivas y las familias vuelvan a la situación anterior (y siempre y cuando ese sea el deseo de la persona interesada del derecho a la vivienda), se dejaría de pagar el alquiler y se podría volver a seguir pagando la hipoteca.
5. Evaluar la actitud de las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas, y en los casos en los que hayan actuado con irresponsabilidad, les pediremos que asuman su responsabilidad. Para concretar y pedir estas responsabilidades, las instituciones que tienen competencias en materia de vivienda tendrán las competencias normativas y sancionadoras.