La Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho pública hoy una nueva propuesta presentada a las patronales del sector de la atención a personas mayores con el fin de desbloquear el conflicto laboral que afecta a las residencias y centros de día del Territorio. Se trata de una propuesta según la cual el Departamento de Política Social destinará un millón de euros adicionales a incrementar la tarifa que se abona a las entidades gestoras de estos recursos, siempre que acepten la condición de renunciar a la reforma laboral española y no vulnerar los derechos de las 4.800 trabajadoras del sector.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha explicado que la Diputación mantuvo el pasado martes una reunión con Lares y con representantes de empresas incluidas en Adegi. En dicho encuentro, la Administración realizó una nueva oferta que supondría un incremento económico en la tarifa que la Diputación paga a las entidades gestoras de residencias por cada plaza concertada: “Estamos dispuestos a aceptar parte de las reivindicaciones económicas de las entidades gestoras a cambio de que respeten la dignidad de las trabajadoras y garanticen un servicio público de calidad. Sólo aquellas residencias que se comprometan a respetar los derechos laborales podrán beneficiarse de la propuesta de la Diputación. A aquellas que apliquen la reforma laboral española, no les incrementaremos la tarifa”.
La Diputación abona a las entidades gestoras una tarifa mensual que incluye los gastos de alojamiento, manutención, limpieza, etc (30% de la tarifa) y los sueldos de la plantilla (70% de la tarifa). El Departamento de Política Social decidió en 2012 aplicar el IPC a la parte laboral de la tarifa, mientras que congeló el incremento del resto de los pagos. Según la nueva oferta realizada el pasado martes, el Departamento de Política Social se compromete a recuperar la parte congelada en 2012, incrementando un 0,7% la tarifa.
Este aumento se aplicará a todas aquellas empresas que suscriban la propuesta de convenio de la Diputación o, en el caso de haberlo, el convenio provincial del sector.
Esta cantidad se sumaría a los 8,2 millones de euros en dos años que la Administración foral ya se comprometió a pagar para aplicar subidas del IPC a los salarios de las 4.800 trabajadoras del sector, siempre que las patronales suscriban un convenio que respete las condiciones laborales.
En palabras del diputado de Política Social, “son 9,2 millones de euros los que ponemos encima de la mesa. 9,2 millones de euros que demuestran nuestro compromiso por superar este conflicto, evitar los perjuicios a las personas mayores que atendemos y respetar siempre la dignidad de las trabajadoras del sector. Sería inconcebible que las patronales rechazaran esta propuesta y siguieran condenando a las trabajadoras a la precariedad y la inestabilidad”. Rodríguez ha apuntado, además, que “Lares ha mantenido en este proceso una actitud respetuosa y constructiva en sus reuniones con la Diputación”, por lo que confió en que “encuentre en esta nueva propuesta la solución al conflicto”.
En cuanto a Adegi, el diputado ha señalado que “mienten al decir que son insuficientes los 8,2 millones de euros comprometidos por la Diputación para las trabajadoras del sector. Lo que pretenden es secuestrar a las personas usuarias y a las trabajadoras parte de ese dinero para cobrarse la rebaja del 2% aplicada por la Diputación en el beneficio industrial que obtienen las empresas contratadas por la Administración. Es algo que no vamos a permitir”.
