EH Bildu acusa a la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno vasco, de no controlar como es debido el cumplimiento de la legalidad laboral en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). Arri Zulaika y Oskar Matute, portavoz de Alternatiba y parlamentario de EH Bildu, denuncian que, «al parecer, el proyecto del TAV es intocable y las empresas que trabajan en esa obra tienen barra libre para hacer lo que quieran, puesto que la Inspección cierra los ojos o mira hacia otro lado cuando hay denuncias que ponen en cuestión ese proyecto. Eso es intolerable porque están en juego no solo los derechos de las y los trabajadores, sino también sus vidas. En definitiva, lo que vemos es que el PNV da prioridad a los intereses económicos de algunas empresas por encima de la seguridad de las y los trabajadores, algo absolutamente vergonzoso».
A la vista de la dejadez de la Inspección de Trabajo en las obras del TAV, EH Bildu ha solicitado la comparecencia del consejero de Empleo en el Parlamento para que aclare la actuación de ese organismo. «Queremos saber qué criterios sigue la Inspección para impedir que se vulnere la ley en la principal obra pública de la CAV y para garantizar los derechos y la seguridad de las y los trabajadores».
A juicio de Zulaika y Matute, el accidente mayo en Zumarraga, donde se derrumbó un tramo de un túnel, ha vuelto a poner de manifiesto en qué condiciones se está trabajando en el TAV. Tras recordar que en esas obras ya han muerto siete personas, ambos parlamentarios denuncian la pasividad de la Inspección de Trabajo al respecto. Según explican, «cuando las denuncias de los sindicatos tocan el TAV, la Inspección mira a otro lado; prueba de ello es su respuesta a la denuncia que ELA presentó en mayo. Ese sindicato alertó de que una misma empresa está vulnerando la legislación laboral tanto en Tabakalera como en el TAV, pero la Inspección decidió examinar solo el caso de Tabakalera. ¿Por qué no investiga lo que está pasando en el TAV. La Inspección sabe perfectamente que en algunas empresas están funcionando con jornadas laborales de 18 horas y que se están vulnerando sistemáticamente los convenios provinciales, pero no hace nada. ¿Por qué no interviene ante las violaciones de la normativa de trabajo que se están produciendo en las obras del TAV? ¿Qué criterio político utiliza y determinado por quién?».