La periodista de GARA/NAIZ Nerea Goti ha escrito sobre el decreto que regula las residencias de mayores de la CAV y recoge críticas como la de nuestro compañero de Alternatiba y exdiputado de Política Social de Gipuzkoa Ander Rodríguez Lejarza, así como de sindicatos y la asociación Babestu. Recogemos aquí las opiniones del actual responsable de Políticas Sociales de EH Bildu.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Beatriz Artolazabal, aseguró que el nuevo decreto de residencias «garantiza un mayor bienestar y correcta atención de las personas mayores» y destacó que «regula los requisitos materiales, funcionales y de personal que deberían reunir todos los centros residenciales para personas mayores, de titularidad pública y privada». Al anuncio le siguieron titulares que prometían el 75% de las plazas individuales en dos años.
«Esto no va a ocurrir con este decreto, este es uno de los elementos fraudulentos del apartado de los requisitos, porque, si se mira, en ningún caso se va a aplicar a las residencias que ya están en funcionamiento y, si lees la letra pequeña, incluso se excepciona del cumplimiento hasta las que se encuentren en fase de estudio», explicó a GARA Ander Rodríguez, exdiputado de Política Social en Gipuzkoa y responsable de la secretaría de Políticas Sociales de EH Bildu.
Según agregó, «esto no tiene precedentes en las normativa del sector, ya que siempre que se ha hecho una nueva normativa se ha obligado al conjunto de centros a adaptarse a las mejoras en un determinado tiempo».
Menos exigentes que los de 1998
La cuestión de las ratios es otro de los elementos en los que coinciden todas las críticas. El portavoz de la coalición soberanista remarcó que las ratios empeoran porque se basan en jornadas laborales y no en minutos (tiempo que requiere la atención), y las jornadas laborales actuales no son las de 1998. «Los requisitos de personal para abrir una residencia eran muchísimo más exigentes en el año 1998 que lo que lo van a ser actualmente, porque no mejora las ratios», según apunta Rodríguez.
De hecho, destacó que sorprende «la contradicción» en la que se incurre. «En contextos de huelga, los ratios que el propio Gobierno establece como mínimos indispensables para una atención adecuada son superiores a lo que está estableciendo el decreto de residencias». Otra cuestión que pone sobre la mesa es la situación que se da sobre todo en Araba, donde «muchos centros que no cumplen ni siquiera los requisitos de 1998 van a ver en la práctica legalizada su situación con este decreto, al derogarse el anterior». Según agrega el responsable de EH Bildu, en Araba «no se crean plazas públicas desde finales de los 90» y la política de Diputación es «dar un cheque para acceder a una plaza en el mercado privado», una gestión que está generando que familias de rentas más bajas no puedan acceder a una plaza porque la diferencia que tienen que abonar para acceder a la misma puede ser de entorno a 1.200 euros e incluso hasta 2.000.
