Las preocupantes noticias que estas semanas han saltado a la prensa mediante este medio constatan lo que desde EH Bildu llevamos años denunciando. Lo diré claro y sin tapujos: la situación en algunas -insisto en el término “alguna”- residencias y viviendas comunitarias privadas es alarmante. Los casos denunciados en esta casa no son aislados, así nos lo han comunicado las propias trabajadoras de estos centros y los sindicatos. Soy (y somos) de las que no cuestiona el trabajo de las diferentes profesionales que trabajan en estos centros privados. Prefiero ser de las que denuncia el modelo precarizado que se ha ido dando en los trabajos de cuidados de personas mayores por parte del PP, PNV y PSE.
Y si privatizar y precarizar la atención a personas mayores ya es alarmante, si a este hecho añadimos que estas viviendas comunitarias reciben dinero público mediante la Prestación Económica Vinculada al Servicio – el conocido como “cheque servicio” de toda la vida-, este tema es sangrante.
Siento utilizar estos términos, pero son las palabras que también utilizan las empleadas y familiares. Y esto lo digo yo directamente: con dinero público la Diputación financia unas condiciones de precariedad en los cuidados de las personas atendidas y una precariedad absoluta en las condiciones laborales en las personas trabajadoras. Lo hemos dicho mil veces, los trabajos de cuidados deben de ser públicos y de calidad.
Voy a dar unos datos. No son míos, son datos “facilitados” por el Gobierno de Ramiro González después de registrar varias preguntas al respecto. De mayo a octubre solo se han realizado inspecciones en 29 residencias y en 17 viviendas. Por si fuera poco, en plena segunda ola, no se han realizado inspecciones ni en junio, ni en julio ni en agosto. Tres meses sin inspecciones y sucediendo lo que más tarde hemos sabido que sucedía y cosas que, segura estoy, todavía no sabemos.
¿Sabéis cuál ha sido el seguimiento que ha realizado la Diputación a los centros residenciales? Hutsaren hurrengoa que se diría en euskera, cero patatero. Un número, cero, que traducido a palabras significaría “irresponsabilidad que ha causado contagios, aislamientos y muertes”. Insisto, y perdón por volver al comienzo, pero esto no lo digo solo yo o mi grupo: las actas de inspecciones reflejan que por desconocimiento, descuido o irresponsabilidad los planes de contingencia no se están ejecutando al 100%.
Y encima, los que llevan 20 años sin crear una sola plaza pública residencial en Araba -habéis leído bien, 20 años-, nos quieren hacer creer que lo que se registra en estas actas es algo puntual. Pues no. Estas condiciones indignas de trabajo y de cuidados han sido denunciadas en muchísimas ocasiones por los sindicatos y por las propias trabajadoras de estos centros. No son manzanas podridas, el cesto está podrido.
Esta pandemia ha lavado la cara a un modelo que, año tras año, legislatura tras legislatura, se ha ido precarizando y dejando en manos de empresas que huelen dinero en la atención a personas mayores. Las trabajadoras que se concentran miércoles sí y miércoles también frente al palacio foral lo suelen resumir en dos eslóganes: “Que no tenemos manos, para tanto trabajo” y “Cuidando a los abuelos, salarios por los suelos”.
Con dinero público la Diputación financia unas condiciones de precariedad en los cuidados de las personas atendidas y una precariedad absoluta en las condiciones laborales en las personas trabajadoras
Comenzó el PP privatizando centros residenciales. Continuó el tándem PNV-PSE precarizando estos cuidados y financiados con dinero público: plazas privadas donde las condiciones de las trabajadoras son pésimas, cargas de trabajo tremendas, salarios brutos anuales mínimos, funciones de enfermería sin titulación… Pero hay más.
Puede que haya pasado desapercibido en la presentación del presupuesto foral para 2021, pero, con una pandemia encima, el Diputado General Ramiro González y el Diputado de Políticas Sociales Emilio Sola pasarán a la historia como los diputados que eliminaron nada más y nada menos que 139 plazas públicas en una reconocida e importante residencia de nuestra ciudad, el CIAM San Prudencio. 20 años sin crear una plaza pública, llega una pandemia que pone los cuidados en el centro y PNV y PSE deciden eliminar 139 plazas públicas. Óleo sobre lienzo.
No es cuestión de culpabilizar. Sí es cuestión de asumir responsabilidades. Y la Diputación Foral de Araba decide poner pequeños parches a un modelo que con esta pandemia se le han saltado todas las costuras. ¿A quienes quieren proteger PNV, PSE y PP? Con la votación del pasado miércoles dejaron clara la respuesta: a las empresas que gestionan centros privados, dejando de lado, la protección a las personas mayores y sus familias y a las profesionales de estos centros. Ahí, no nos encontrarán, somos las que estaremos siempre al lado de las últimas. Siempre por unos cuidados dignos y de calidad. Siempre.
Claudia Venceslao
Diario Norte
