Artículo de opinión de nuestro compañero y parlamentario en Gasteiz Josu Estarrona sobre el Cártel del Norte.
1 – El cártel del Norte, made in Euskadi. Una infracción única y continuada constitutiva de cártel. Así de clara y contundente es la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los números: 200 contratos analizados correspondientes al periodo 2008-2018, de los que 173 han resultado ser irregulares, 101 corresponden al que ha sido denominado Cártel del Norte.
A pesar del intento de Urkullu de poner al mismo nivel de afección a las comunidades autónomas y sus administraciones este pasado viernes en el Parlamento Vasco, lo cierto es que de ese centenar de contratos fraudulentos de la red norte, 85 corresponden a administraciones e instituciones vascas: Departamentos del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo o Sestao, la Diputación de Bizkaia, el Puerto de Bilbao o Bilbao Ekintza.
Deloitte, 97S&F, PwC, Idom, B+I Strategy, Gestiona XXI Consulting, son algunas de las empresas de la trama. Sus directivos: Azua, Ardanza, Andueza, Egia, Luzarraga, Manterola. Con estos datos parece lógico que la CNMC lo haya diferenciado del resto del estado español, o que la opinión escrita coincida en situar el epicentro de la trama aquí.
2 – Modus operandi, ofertas de cobertura.
“Sugería Marta que se le podía decir a RegioPlus para que decline la invitación, pero seguimos necesitando otra empresa y ya canta un poco que sea otra vez Deloitte”
“Mira bien con Leo el tema económico. Las bajadas que propones cantan mucho”.
Son ejemplos que sintetizan el hacer de estas empresas de consultoría. Las empresas contactan con otras empresas de su red de colaboración para simular una concurrencia obligada por ley, ya que para los contratos negociados sin publicidad se requiere invitar al menos a tres empresas. Presentar ofertas perdedoras, o erróneas o declinar la invitación en aquellas licitaciones que tras el reparto del mercado no te corresponden, estas son las llamadas “ofertas cobertura”. A lo largo del informe de 319 páginas se constata como en numerosas ocasiones son las propias consultoras son las que elaboran las ofertas de sus supuestos competidores. Esta práctica fraudulenta se da con ocultación, en beneficio propio y en detrimento del interés general.
3 – Connivencia de las Administraciones.
Si hay complicidad con las administraciones o no es algo que no ha quedado debidamente acreditado en la investigación de las autoridades de la competencia. De hecho es una de las cuestiones más importantes a aclarar y que justifican futuras acciones políticas y judiciales. A lo largo del informe hay varios ejemplos que insinúan connivencia con la administración licitadora: preparación de ofertas antes de publicación de las mismas, conocimiento previo de las empresas que la administración invita o incluso casos como el de la imagen donde se concluye que es incluso la propia empresa de consultoría quien elabora los pliegos que posteriormente la administración publica como suyos.
En la última sesión de control, un lapsus linguae le jugó una mala pasada al consejero Pedro Azpiazu al hablar de convivencia en vez de connivencia. Tampoco me parece una locura atendiendo a la creciente demanda y externalización de funciones propias del gobierno hacia estas empresas de consultoría. Tampoco un dislate vistas las puertas giratorias hacia estas consultoras de miembros y ex cargos del partido.
4 – Las siglas AVC, OCE y TVCP
Pero además del papel de las administraciones en estas prácticas irregulares, también es imprescindible aclarar el papel de los órganos públicos de control, auditoría y fiscalización.
Empezando por la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola y su relación con las empresas de consultoría sancionadas. La resolución de la CNMC tiene sus inicios en la investigación iniciada por la anterior presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia Pilar Canedo. A las tres semanas de asumir el cargo a propuesta del Gobierno de Urkullu, ya que es un cargo ‘a dedo’, Urresola encargó a BMASI de Sabin Azua el plan estratégico de la AVC. No será el único contrato. Pero lo más inquietante que la señora Urresola insistiese ante la CNMC para que constara en el detalle e información de la nota de prensa que informaba de la sanción de las consultoras que el origen de la investigación se originó a raíz de una denuncia, un matiz determinante ya que esta cuestión abriría la posibilidad de recurso a las empresas y directivos sancionados, algo así como echar un capote.
Siguiendo por la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco capitaneada por Javier Losa (exburukide del Araba Buru Batzar). Llama la atención, o no, que no haya detectado nada durante todos estos años, teniendo en cuenta que más de un tercio de los mismos afectan al Gobierno Vasco y/o sus entes y organismos.
Y por último señalando algo que no sorprende a estas alturas: que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) cuyo presidente es José Luis Bilbao (PNV) tampoco la haya ni olido.
Esto no hace más que certificar que el modelo de los órganos de control y fiscalización de las administraciones públicas vascas está completamente agotado. Lo está en utilidad pero sobre todo lo está en credibilidad. Los medios de los que disponemos a día de hoy en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no son suficientes para evitar prácticas fraudulentas. Urge un órgano nuevo independiente y objetivo, no politizado, a favor de las buenas prácticas y contra las corruptelas y el clientelismo tan arraigado en estas latitudes.
5 – Higiene democrática
Y es que el hecho de que ciertas prácticas sean habituales no significa que sean normales y no podemos aceptarlo como si lo fuesen. Se acumulan los casos que salen a la luz, y no sabemos este oscuro agujero qué dimensiones tiene. El último caso, el cártel de las consultoras, vendrán más. Llegaremos hasta el final, o al menos lo intentaremos. Y es que en el país digno que queremos construir y en el que aspiramos a vivir, este tipo de actuaciones no tienen cabida.
Josu Estarrona – Alternatiba
ElDiarioEs
