El «CatalanGate» —a través del software Pegasus han espiado a más de 60 dirigentes, académicos, periodistas y activistas catalanes relacionados con el independentismo, escuchando llamadas de políticos catalanes y también vascos como Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu—, a pesar del posicionamiento de perfil de buena parte de la izquierda española y de lo poco que se está siguiendo en los medios españoles, se ha definido como el mayor escándalo de espionaje en Europa. Realmente solo es la continuación de una práctica de persecución a la disidencia política que nunca ha cesado.
Como parte importante de esa persecución, hay casos mucho menos conocidos, pero muy numerosos. En ellos también podemos ver cómo investigan móviles sin orden judicial y vulneran otros derechos civiles y políticos. Nos referimos a detenciones como la de David Mariscal, falsamente acusado de atentado contra la autoridad en Tarragona durante la huelga general del 21 de Febrero de 2019. A pesar de las pruebas en su favor el juicio se ha retrasado durante más de tres años.
Es un ejemplo entre muchos de «la represión en Catalunya», motivo sobre el que gira esta charla organizada por ANC Euskal Herria realizada en nuestra sede de Bilbao (La Casilla, 6) y emitida a través de nuestro canal de Youtube el 21 de Abril a las 18:30.
Relato de los procesos y represión contra David Mariscal:
El 8 febrero de 2014, después de participar en una manifestación en Barcelona en solidaridad con el barrio de Gamonal (Burgos), fui perseguido de forma selectiva por los antidisturbios en los alrededores del mercado de san Antonio y fui detenido por un mozo de escuadra de paisano. Tenía 17 años, sin ninguna prueba de mi participación activa en la legítima defensa practicada ese día en las calles de Barcelona y después de tenerme más de 8 horas fuertemente esposado, con la voluntad de hacerme daño, amenazarme y de que compartiera celda con mayores de edad, los mossos me acusaban de atentado a la autoridad, lesiones, daños, desórdenes públicos y manifestación ilícita -ya que ni manifestarse es legal en este país-. La acusación se sostenía sobre un falso testigo policial y en unas huellas supuestamente halladas en una piedra de dimensiones considerables (aquel día llevaba guantes). Después de dos años de instrucción, ese caso fue archivado. Éste sería el primer montaje policial al que haría frente, el primer aviso, el primer intento de hacerme abandonar la lucha.
El segundo montaje policial no se haría esperar demasiado. En junio de 2015, agentes de los mossos d’esquadra vinieron a buscarme a casa. Esta vez sería acusado de un delito de daños y desórdenes públicos al participar en la manifestación del primero de mayo del mismo año en Barcelona. Me harían responsable de romper los cristales de una sucursal del Banc Sabadell. Esta vez el procedimiento también se archivaría en fase de instrucción al cabo de unos 18 meses por falta de pruebas. Segundo aviso.
Ahora me toca hacer frente a un tercer montaje policial, esta vez por participar en las movilizaciones en Tarragona del día 21 de febrero de 2019, día de huelga general, como respuesta (insuficiente) al inicio del juicio del procés. Me acusan de atentado contra la autoridad, lesiones y dos delitos de daños. Esta vez el proceso avanza. Después de más de 3 años de instrucción, ya tenemos la petición por parte de fiscalía y de la Generalitat.
Me piden dos años de prisión y 22 meses de multa, más sus respectivas indemnizaciones (en total 5.000€ aproximadamente). La acusación se centra en una patada por la espalda a una agente de paisano de los mossos d’esquadra, de la que me hacen responsable. Como prueba principal de la acusación encontramos a los falsos testigos de la policía; por una parte el de la propia agente mencionada, que asegura que yo fui el responsable, ya que al girarse y ver a más de 50 personas, entre ellas a mí, me acusa directamente, sin dar lugar a la duda o a ninguna presunción de inocencia; por otra parte, hay otros dos agentes que no se encontraban en el lugar de los hechos y por tanto no fueron testigos; estos agentes aseguran ver cómo era yo quien realizaba la acción. No solo la policía miente deliberadamente, sino que por nuestra parte hemos aportado al proceso un vídeo que demuestra que quien realiza esta patada que se me imputa no fui yo, sino otra persona con una constitución más ancha y con una ropa totalmente diferente a la mía. La aportación de esta prueba material no ha sido suficiente para detener el proceso en la fase de instrucción; tienen la clara intención de atemorizarme a cualquier precio, de que abandone las calles, de que sea condenado a una pequeña sentencia que pueda suponer el no ingreso en prisión, pero sí una gran losa que limite mis acciones. Pues no les voy a dar ese placer, no pienso pagar ni un solo céntimo de sus multas ni de sus indemnizaciones, no soy el autor de los hechos que se me imputan y aunque lo fuera, tampoco las pagaría. Soy consciente del estado donde vivimos, que por las buenas nunca cambiaremos nada, que la lucha tiene un precio, que la autodefensa es legítima y que la dignidad de mantenerse firme ante las injusticias y no abandonar los principios es la verdadera libertad. No pagar las multas puede suponer mi entrada en prisión, soy consciente, pero no por eso caeré ante su chantaje, mantendré una postura de resistencia y desobediencia total ante su represión, podrán encarcelarme, pero encarcelarán a una persona libre, a una persona consciente, nunca a un cobarde. Quizás acabaré en sus prisiones, pero no me construiré la mía propia, porque “no hay peor preso que el que por ser libre no quiere luchar” (Pablo Hasel, “Conmigo no pudieron”).
David Mariscal Benavent
