Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya investigado a siete de las mayores constructoras del Estado (el grupo denominado G7) y haya impuesto a seis de ellas la mayor multa de su historia (204 millones de euros) por pactar entre ellas para repartirse contratos públicos entre 1992 y 2017, EH Bildu ha presentado hoy una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Lakua que, por un lado, investigue hasta dónde llegan esas prácticas fraudulentas y, por otro, tome las medidas precisas para prohibir a esas compañías participar en licitaciones públicas, y si esa prohibición no es posible legalmente, que incluya alguna cláusula para penalizar a empresas sancionadas por esas prácticas fraudulentas o, en sentido contrario, dar más puntos a las que tengan limpio su expediente. “El Parlamento debe ir más allá de una mera declaración de rechazo”, ha apostillado Josu Estarrona.
Esperamos que PNV y PSE dejen de mirar hacia otro lado ante otro caso de corrupción que nos ha afectado, y mucho a lxs vascxs, y tome medidas para que no vuelva a ocurrir, porque no hacer nada no es una opción. #G7kasua #CasoG7
— Josu Estarrona Elizondo (@Josu_Estarrona) July 26, 2022
Unai Fernández de Betoño, por su parte, ha recordado que la CNMC ha investigado al grupo G7 (Acciona, Dragados, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC y Corsán-Corviam) y ha multado a las seis primeras, aunque la sanción les ha salido barata. “Para esas grandes constructoras una multa nula de 204 millones es calderilla en comparación con los beneficios que obtienen”
Alrededor de 15 de las contrataciones en las que la CNMC ha detectado irregularidades corresponden a contratos de instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, motivo por el cual Fernández de Betoño ve necesario analizar los expedientes de esos contratos. “Esos y los del TAV, ya que 15 de los 17 tramos han sido realizados por empresas del grupo G7, lo que nos parece muy preocupante. El Gobierno tiene que explicar si es una casualidad y, si no lo es, si va a abrir una investigación”.
Dada la dimensión de la actividad del G7 en la CAV, Josu Estarrona ha cuestionado la labor de la Autoridad Vasca de la Competencia. “Parece que está totalmente fuera de juego. Este caso del G7 pone de manifiesto una vez más la falta de recursos suficientes en la CAV para combatir la corrupción, los abusos y las prácticas inadecuadas. Por eso no se puede entender que PNV y PSE se hayan negado a poner más medios para acabar con las prácticas corruptas, tan perjudiciales para la sociedad”. De hecho, ha recordado, PNV y PSE votaron en contra de crear la oficina anticorrupción. “Esperamos que a partir de ahora tengan una actitud diferente y dejen de mirar a otro lado; hay que tomar medidas para que estos casos no vuelvan a pasar porque no hacer nada no es una opción”.
