Se debe avanzar hacia una tributación en la que se pague en función de la renta que se percibe, teniendo en cuenta las especificidades del sector. El tratamiento fiscal y su funcionamiento deben tener una homogeneización para evitar las actuales diferencias de tratamiento en temas como regímenes de tributación, subvenciones, venta directa, agroturismo, etc.

La escasa rentabilidad de las explotaciones ha influido en el descenso de la población agrícola. El relevo generacional es casi testimonial. A la escasa rentabilidad de las explotaciones hay que sumarle las características asociadas al actual modelo dominante de producción y las grandes dificultades de acceso a tierra, la cual es escasísima y está sometida a una gran presión especulativa.  La política de creación de empleo en el sector primario debe fomentar el apoyo a los jóvenes agricultores y estimular la atracción de la fuerza laboral hacia el sector primario.

El factor más importante a la hora de entender la escasa viabilidad de las explotaciones agrarias está en el bajo precio de venta del producto agrario, que se relaciona a su vez con su modo de venta. Hoy en día el sector agrario tiene un gran problema en la concentración de la transformación y la distribución en grandes grupos multinacionales que reducen el precio del producto agrario en origen y saquean al consumidor del otro extremo de la cadena, consiguiendo grandes márgenes e ingentes beneficios. Social, económica y medioambientalmente este modelo es de lo más insostenible.

Por el contrario, el pequeño establecimiento es una formula que posibilita la comercialización de los productos agrarios a los y las baserritarras. Resulta alarmante, sin embargo, los obstáculos que padecen este tipo de tiendas. La CAV es uno de los lugares del Estado español con mayor número de grandes centros comerciales. En el Estado la media de metros cuadrados de establecimientos de este tipo es de 249 por cada mil habitantes. En la CAV la cifra es de 340. Es mas, desde el Gobierno Vasco se ha planteado un borrador de Decreto que permitiría multiplicar por 2,42 el volumen de las grandes superficies existente en la actualidad. Se estima que ante el crecimiento de las grandes superficies, podrían cerrar sus puertas el 33,69% de los pequeños comercios. Es necesario cambiar esta situación, fomentando en su lugar el pequeño comercio, que aporta mayores beneficios tanto en la vida social, económica y urbana, además de favorecer una importante vía de comercialización de los productos agrarios.

Numerosos Ayuntamientos se encuentran inmersos en la modificación de sus NNSS, para la inclusión de zonas industriales para servicios, en los que se diseñan posibles nuevas áreas comerciales. Es necesario que se realice un análisis profundo en el que se tenga en cuenta el futuro del comercio pequeño, de los baserritarras, del empleo (el que se genera pero también el que se pierde, la calidad del que se crea…), y el consumo de suelo.

En definitiva, es necesario tomar medidas para favorecer la comercialización directa de los productos agrícolas:

• Impulsar los sistemas directos de venta y comercialización en los que los márgenes del y de la baserritarra son mayores y los precios al consumidor más asequibles, según indican los diferentes estudios sobre precios de venta de productos y tipo de comercio.

• Recuperar las plazas semanales y mercados de abastos. Recuperar estos espacios allí donde han desaparecido e impulsarlos allá donde permanece, en muchos casos en malas condiciones. Es necesario situar estas zonas de venta en lugares apropiados y dotarlas de infraestructuras adecuadas. Conservar y garantizar en estos lugares la venta de productos de baserritarras y jóvenes que se instalan en el sector evitando especialmente la reventa de producto no baserritarra. En algunos casos ambas actividades (baserritarras y revendedores) son complementarias pero en todo caso es importante que estén diferenciadas y que desde los responsables públicos del mercado se informe sobre las diferencias del producto y se anime a la población a consumir los productos del país. Se deberán de primar también sistemas sostenibles de producción frente a otros más industrializados.

• Allá donde no existan ferias semanales y plazas de abastos, fomentar proyectos que posibiliten la comercialización de productos de los caseríos del entorno, facilitando infraestructuras u otro tipo de servicios.

• Apoyar las agrupaciones entre productores y consumidores alrededor de unas bases comunes tanto de producción como de consumo basadas en la propuesta ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida).

• Impulsar el consumo de productos locales en celebraciones institucionales y fomentando la entrada de producto local en comedores colectivos (Escuelas, residencias de ancianos, hospitales, centros de salud, etc).

• Eliminar aquellas medidas fitosanitarias que impiden a los/las productores la transformación de sus productos imponiendo exigencias técnicas de imposible cumplimiento y que no redundan en la calidad y salubridad de los productos.

• Posibilitar el que se den varios niveles sanitarios según el modelo de producción, el volumen de producción y la forma y distancia y venta de los productos.

• Eliminación de las normativas sanitarias (registros sanitarios) cuya aplicación es restrictiva mediante la exigencia de componentes técnicos que exigen unas elevadísimas inversiones técnicas que conllevan el abandono de las transformaciones artesanales.

• Fomentar infraestructuras para la transformación y comarcal:La existencia de infraestructuras de transformación de los productos agrarios facilita la posibilidad de comercialización de los y las baserritarras. Estas estructuras favorecen que el producto local se consuma de manera local e impulsan las relaciones entre personas consumidoras, pequeños comerciantes y productoras.

La actual política de la UE y su aplicación en la administración del País Vasco prioriza y apoya el avance del modelo agro-industrial a través de sus subvenciones y castiga el modelo agro-ecológico. Una nueva política que promueva la agro-ecología debe reorientar las subvenciones y colocar el nuevo modelo de producción como una prioridad. Los criterios fundamentales que deben regir las subvenciones deben de ser los siguientes:

•  El fomento de modelos extensivos, o la adopción de medidas efectivas de desintensificación.

• El fomento de la diversificación intrasectorial.

• La concesión de ayudas en función de necesidades específicas y handicaps específicos de los agricultores como las dificultades orográficas y otras limitaciones naturales. En este sentido, las ayudas deben de ser para el agricultor en función de sus necesidades y las necesidades de la sociedad (generación de empleo, alimentos de calidad y respeto al medio ambiente) y no en función de los volúmenes de producción.

La Soberanía Alimentariaes un paradigma alternativo al actual modelo agro-industrial basado en tres pilares: considerar la alimentación como un Derecho Humano básico, reclamar para todos los pueblos y Estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas, y poner en el centro de éstas políticas a quienes producen los alimentos: agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as. El modelo se define por estas características fundamentales:

• La soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación: La Declaración Universalde los Derechos Humanos considera el derecho a la alimentación y al bienestar nutricional como un derecho fundamental. Pero el actual modelo de alimentación no produce los bienes y servicios que necesita la población, sino las mercancías que generan beneficios. Las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación, quedan subordinadas a esos beneficios. Con ello la lógica de la vida es subordinada a la producción industrial de alimentos para el mercado mundial.

• La soberanía alimentaria y la producción local: La soberanía alimentaria da prioridad a los productores locales en el acceso al mercado local. Actualmente los precios establecidos en el mercado internacional, producto de la liberación agraria, niegan a los productores locales el acceso a sus propios mercados, y por tanto, violan el derecho a producir, coartando el desarrollo económico local y regional. El nuevo modelo apuesta por la creación de circuitos locales de producción y consumo, donde los/las  agricultores/as pueden vender su producción en las ciudades y pueblos cercanos.

• La soberanía alimentaria y el comercio: El actual modelo ha liberalizado el comercio de alimentos fruto del interés de las transnacionales en expandir sus mercados. Bajo las condiciones de liberalización impuestas por la OMC la agricultura situada en los márgenes de acción de las translaciones ya no es competitiva. Este nuevo modelo exige (a) sacar de la OMC toda negociación relativa a las áreas de producción  comercialización de los alimentos, (b) crear mecanismos genuinamente democráticos para regular el comercio de alimentos que respeten la soberanía alimentaria en cada país, (c) cancelar la obligación de aceptar un 5% del consumo interno y (d) paralizar el dumping (venta por debajo de los costes de producción).

• La soberanía alimentaria y el modelo de producción agroecológico: Mientras el modelo dominante está basado en el monocultivo a gran escala y en el uso intensivo de insumos químicos, con cosechas de productos transgénicos, el modelo de soberanía alimentaria reivindica los conocimientos tradicionales y las prácticas agrarias basadas en la agroecología.

• La soberanía alimentaria y la reforma agraria: La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y de cada región, que permitan a los campesinos un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua, bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución. Dichos procesos de reforma agraria, controlados por las organizaciones campesinas, deben garantizar los derechos individuales de los productores con los colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con políticas agrícolas y comerciales coherentes.

• La soberanía alimentaria y la protección de los recursos naturales: La soberanía alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra deben de tener el derecho de participar en la gestión sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad biológica. El cuidado por la sostenibilidad exige el rechazo de insumos químicos, monocultivos comerciales  modelos intensivos de producción industrializada, la prohibición a la posibilidad de patentar y comercializar los recursos genéticos.

La situación del agro en EH no ha resultado indemne a los efectos de la globalización liberal. Sus rasgos no distan de la situación del resto de los países de la Unión Europea: precios bajo para el productor, pérdida de empleo agrario, industrialización de la agricultura y fomento de estructuras transformadoras y comerciales que se quedan con todo el margen de beneficio. A continuación se presenta un breve diagnóstico de sus características principales:

• Pérdida de activos agrario: De 1997 a 2003 el conjunto del sector primario de la CAV sufrió una pérdida de empleo del 30% (de 18.950 a 13.120 ocupados), según los datos de la Encuesta de la Población Activa. La afiliación a la Seguridad Social Agraria cayó en el mismo periodo en un 20%. El descenso de los activos agrario tiene su origen en la caída de los precios de los alimentos. Según EHNE, los precios que perciben los baserritarras son los mismos o inferiores a los de hace 20 años, mientras que el precio final al consumo no deja de aumentar.

• Pérdida de capacidad productiva: La pérdida de activos agrarios ha provocado una importante disminución de la capacidad productiva. La llamada “profesionalización” del sector no ha mantenido el volumen de producción. La evolución del sector lácteo es paradigmático. Durante los últimos cinco años Bizkaia ha perdido el 54% de las explotaciones lecheras. A finales del 2006 se contabilizaron solamente 316 explotaciones, cuando hace años se trataba de un sector de numerosa implantación. El descenso en el número de explotaciones ha repercutido en el descenso de empleo directo y en los volúmenes de producción. En 1990 se produjeron en Bizkaia 146,772 millones de litros de leche, en 2004 apenas superaban los 91,2 millones.

• Pérdida de autonomía de los/las baserritarras: El proceso de pérdida de empleo y producción agraria ha ido acompañado por una importante pérdida de autonomía de las explotaciones agrarias. Por una parte cada vez son más los y las baserritarras que ven su producción integrada en grandes estructuras que marcan todas las condiciones tanto del sistema productivo, como de precios, etc. Por otra parte ven limitada su función exclusivamente a la producción. La transformación y la comercialización de los productos agrarios se concentran cada vez más en manos de industrias y grandes estructuras.

• Predominio del modelo de producción intensivo: Salvo algunas excepciones de explotaciones caracterizadas por modelos de explotación tradicionales y extensivos, el modelo de agricultura industrial e intensivo domina el paisaje agrícola de Euskal Herria. De hecho, las explotaciones ganaderas de la CAV y Navarra se encuentran casi totalmente mediatizadas por la política agraria, que en el caso del vacuno y el ovino les hace depender de las ayudas en un contexto de bajos precios, mientras que el porcino sigue sin regulación alguna.

• Transgénicos en Euskal Herria: Euskal Herria al igual que el resto de los países de la Unión Europea no está libre de productos transgénicos. Los productos GM actualmente presentes en la agricultura y en la alimentación han llegado a las semillas, cultivos, piensos y alimentos por dos procesos: (1) la liberación deliberada, previa autorización de acuerdo con la normativa vigente (2) la contaminación, o sea, su liberación bien sea accidental o deliberada, pero ilegal. La liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (GM) está regulada por la Directiva 2001/18/CE. Fruto de esta legislación en el mercado del Estado Español se pueden encontrar lo siguientes productos GM: semillas para cultivar, importaciones para la industria, importaciones para la industria alimentaria o piensos ganaderos y microorganismos como levaduras que se incorporan en alimentos durante su procesamiento. En este sentido, según el sindicato EHNE, en Euskal Herria se han realizado también ensayos en el campo de ingeniería genética agraria. Estos ensayos de campo abierto se han producido en su mayoría sin procedimientos estrictos para evitar problemas como la contaminación transgénica. Los ensayos realizados en Álava y Navarra han sido dirigidos por las empresas Neiker, Centro de Biotecnología de Navarra, ITGA, Petoseed Iberica y Senasa.

• Pérdida de tierra agraria: El problema de la falta de tierra es un condicionante general para el sector agrario de Hego Euskal Herria y supone un serio obstáculo para el desarrollo de una agricultura sostenible. De 1992 a 2002 se perdió un 18,89% de la tierra labrada, siendo brutal la pérdida en superficie de patata (65%), de forrajes (59%) y de producciones hortícolas (43%). Los motivos de esta perdida de tierra son el fuerte abandono de explotaciones sin relevo, la extensión de plantaciones forestales y especialmente el crecimiento de suelo urbano y urbanizable a costa del agrario. Durante esta misma década se ha producido un crecimiento del suelo urbano y urbanizable del 30%. Esta tendencia ha aumentado la presión especulativa sobre la tierra agraria.

El modelo agropecuario actual sigue estrictamente las medidas neoliberales impuestas por la OMC, sin tener en cuenta la importancia básica de la alimentación y la sensibilidad del sector en lo referente a empleo y salud, tanto en el norte como en el sur. El tratamiento de los alimentos y su integración en la economía global no se diferencia, por lo tanto, de cualquier otra mercancía, como los automóviles.

De esta manera, los alimentos, al igual que la producción textil, forman parte de grandes cadenas globales productivas y financieras, controladas por las empresas transnacionales. A su vez, las decisiones sobre estas cadenas y mercados globales se toman en ámbitos multilaterales, no representativos, como la OMC, el FMI, el BM.  La conclusión es que la alimentación ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía más.

Sin embargo, la alimentación no siempre ha recibido un tratamiento mercantil por parte de los gobiernos del Norte. Antes, el sector de la  alimentación  estaba celosamente protegido por los gobiernos y sometido un gran intervencionismo público a través de medidas y mecanismos con un carácter proteccionista. En la evolución del tratamiento político de los alimentos hasta llegar a la privatización actual del mercado han influido determinantemente tres episodios: la revolución verde, los programas de ajuste estructural y la creación de la OMC. La filosofía que inspiró el desarrollo de estos episodios prevalece hoy en día y nos ayuda a entender las premisas fundamentales sobre las que se sostiene el modelo actual:

• La revolución verde, el nombre la campaña impulsada por las fundaciones Rockefeller y Ford,  representa el inicio de la expansión a nivel mundial del modelo de producción industrial. Con el objetivo de dar respuesta a la creciente inseguridad alimentaria la revolución verde promovió la agricultura industrial en el Sur. La premisa fundamental que impulsó este programa era la creencia que el aumento de la producción agraria, a través de la distribución de paquetes tecnológicos que incluían semillas, híbridas, fertilizantes, pesticidas y sistemas de riego, reduciría el hambre. Un estudio destinado a analizar todas las investigaciones e informes -más de trescientos en total- publicados sobre la Revolución Verde a lo largo de un periodo de treinta años en todo el mundo-confirma todo lo contrario: primero, la tecnología de la Revolución Verde ha degradado los agroecosistemas del trópico y expone a los campesinos a mayores riesgos ambientales y una mayor vulnerabilidad económica; segundo, el elevado coste de estos insumos ha incrementado la diferencia entre los latifundistas y los campesinos, incapaces de sufragar esta tecnología; tercero, la productividad de las explotaciones ha decrecido a largo plazo debido a la alta dependencia de insumos químicos y la erosión y degradación de los suelos; cuarto, la agrobiodiversidad ha disminuido significativamente; la difusión de variedades híbridas junto con la pérdida de los cultivos locales y la tenencia al monocultivo han reducido la diversidad alimentaria y han aumentado la desnutrición de la población. 

• Los Programas de Ajuste Estructural: La diseminación de la agricultura industrial a nivel mundial ha sido favorecida por los Programas de Ajuste Estructural. Estos programas forzaron a las economías a reestructurar sus modelos económicos mediante la creación de una economía de actitud abierta poniendo atención en el aumento de la producción para la exportación, la liberación del comercio y el incremento de las inversiones extranjeras. Los programas y la reestructuración económica en el sector agrícola  insistieron en la diversificación de las cosechas exportables y la producción de agroexportables no tradicionales a expensas de la producción para el consumo nacional. La agricultura ajustada estructuralmente supuso también el desmantelamiento sistemático de la infraestructura de soporte, programas del estado y mecanismos (como los subsidios y el control de los precios) orientados a apoyar y reforzar los mercados agrícolas domésticos y el sustento de los agricultores. De esta manera, los programas de ajuste estructural ha contribuido a la consolidación del mercado global de alimentos, único e hipercompetitivo, que recibe su impulso definitivo a través de la creación de la OMC.

• La  Organización Mundialdel Comercio(OMC) abre el camino a la desregularización de la agricultura.  Los gobiernos reducen su apoyo doméstico al sector agrícola  y abandonan sus economías a los designios de las grandes corporaciones interesadas en una expansión global de los mercados. La inclusión de la agricultura en los acuerdos de liberación comercial demuestran claramente la intención de gestionar los alimentos de forma análoga a otras industrias.

Estos tres hitos  establecen los fundamentos  y las características fundamentales del actual modelo agropecuario:

1) Control de los alimentos por parte de las transnacionales:

• La liberación del comercio agrícola ha producido olas de consorcios  y adquisiciones entre las compañías agroquímicas, farmacéuticas y de semillas, las corporaciones agroalimentarias y vendedores de alimentos. Las corporaciones poseen el control de todas las fases de las cadenas de alimentación: desde la cadena de producción de alimentos, la entrada de suministros, transporte, procesamiento de alimentos y comercialización. En esencia, la liberación ha permitido que un pequeño grupo de transnacionales tengan el poder para determinar qué alimentos se producen, dónde, por quién y a qué precio. El enorme poder de mercado de las transnacionales hace juego en el poder político. Son las transnacionales las que comercian y no los gobiernos. Los estados y regiones pierden la capacidad de soberanía sobre la alimentación.

• Este proceso ha mermado la autonomía de los campesinos/as. La transformación y la comercialización de los productos agrarios se concentran cada vez más en manos de industrias y grandes estructuras. El resultado es que los y las campesinos/as ven limitada su función a la producción, mientras que la obtención de un mayor valor añadido a través de la transformación y la comercialización queda en manos de la industria. En este escenario, las trasnacionales ejercen un tremendo poder de mercado mientras los agricultores de todo el mundo, norte y sur, enfrentan una severa crisis financiera.

2) Destrucción de la producción y la comercialización local:

• Los métodos de producción, distribución y comercialización locales, que garantizan empleo y generalmente, constituyen una forma de producción más ecológica compiten contra las grandes empresas en una situación de tremenda desigualdad. 

• La liberalización ha incluido el desmantelamiento de los precios asegurados para los productores y la reducción sustancial de los suministros subsidiados. Las crecientes importaciones de alimentos a precios que los campesinos, luchando con el colapso de los programas de apoyo, no pueden corresponder, ha conducido a éstos a abandonar la tierra. En definitiva, los agricultores/as están atrapados en una disyuntiva en la que los márgenes de ganancia encogen a medida que aumentan los costos de los insumos, mientras caen gradualmente los precios agrícolas. Todos estos procesos están acabando con la producción y comercialización local de alimentos.

• La competencia desleal, la alta dependencia de caros insumos agrícolas ha empobrecido a la población campesina obligada a abandonar sus explotaciones. La consecuencia es la proletarización del campesinado o la emigración a las ciudades, donde generalmente tienen dificultades de encontrar un empleo, que no suele ser en el agro ni estable. El coste sanitario, ecológico y social del actual modelo  se ha sentido en todo el mundo. En el norte, las fuertes caídas del empleo agrario no han sido absorbidas por la escasa creación de empleo industrial ni por la importante, pero insuficiente, creación de empleo en el sector de servicios. En el sur donde el sector agrario representa un peso económico mayor, en algunos países el sector agrario pueden absorber entre 80% y el 90% del empleo total, las consecuencias son todavía más sangrantes.

3) Modelo de producción productivista e intensivo:

• El actual modelo de producción intensivo prima la búsqueda del beneficio a corto plazo con el uso masivo de productos químicos que arrasan con los recursos naturales. Por otro lado, para disminuir los costes de producciones se fomenta el monocultivo, que empobrece los suelos y contribuye a la desertificación y a la pérdida de biodiversidad, aumentando a vulnerabilidad de los sistemas a las plagas y enfermedades.

• Bajo esta misma lógica mercantilista, este modelo ha incorporado en las últimas décadas las técnicas de ingeniería genética para abaratar y aumentar la producción de alimentos. Los estudios independientes sobre las aplicaciones genéticas son escasos, a penas llegan a una veintena, pero son unánimes en la denuncia de los riesgos de la ingeniería genética tanto en el medio ambiente como en la salud animal y humana. De acuerdo con estos estudios, no sólo no se han cumplido los objetivos sino que se ha avanzado en la dirección opuesta. El cultivo de transgénicos ha aumentado el empleo de herbicidas e insecticidas y, por consiguiente, el coste de producción. Además, los estudios destacan una relación directa entre los productos transgénicos y la pobreza de los campesinos/as al aumentar su dependencia de caros insumos externos. La dependencia forzosa de los campesinos ha conducido al enriquecimiento de las compañías transnacionales que comercian con semillas transgénicas, herbicidas y fertilizantes.

• Los riesgos de los transgénicos sobre la salud humana son especialmente preocupantes si tenemos en cuenta que un consumidor no puede diferenciar  entre un producto transgénico y uno que no lo es. Según la actual legislación de la UE, los productos que no contienen más de un 0,9% de organismos genéticamente modificados no están obligados a incluir esta información en su etiqueta. El sistema más eficaz y transparente de trazabilidad tampoco podría garantizar la identificación de los alimentos GM ya que las variedades de semillas y alimentos que han sido contaminados por cultivos transgénicos quedarían fuera de su control.

4) Pérdida de Biodiversidad:

• La agrobiodiversidad es la base para la vida de los campesinos/as y para la sostenibilidad ambiental de la regional. La diversidad es un recurso importante para los campesinos que en las últimas décadas se ha visto seriamente amenazada por la concentración de las empresas fitomejoradoras, la ingeniería genética y la posibilidad legal de patentar cualquier conocimiento sobre semillas y métodos de trabajo.

• Lasprácticas tradicionales de recogida y reproducción de semillas han perdido poder y ahora son las empresas fitomejoradoras las que asumen la mayor parte de la oferta de semillas a nivel mundial.

• Las empresas fitomejoradoras han ejercido una creciente presión sobre sus clientes (fundamentalmente la población agraria) para poder aumentar los beneficios económicos de su trabajo, mediante la privatización y la venta en exclusiva de las variedades agrarias. La privatización a través de patentes ha permitido a las empresas controlar los derechos de venta, multiplicación e investigación de las semillas. Su objetivo final es que todas las comunidades y explotaciones agrarias en todo el planeta compren cada año las semillas que necesitan, divorciando totalmente el trabajo de cultivar del trabajo de guardar y/o multiplicar  o mejorar variedades.

• El método de esterilización, a través de la modificación genética, de semillas y plantas ha redundando en la disminución de la biodiversidad. Mediante estas tecnologías se restringe totalmente la posibilidad de guardar las semillas obligando a la población agraria a comprar semillas para los cultivos de cada año. 

La soberanía alimentaria es un paradigma alternativo al actual modelo agro-industrial basado en tres pilares: considerar la alimentación como un derecho humano básico;  reclamar para todos los pueblos y estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas;  y poner en el centro de éstas políticas a quienes producen los alimentos: agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as, así como a las personas consumidoras.

A partir de esta definición, establecemos tres ejes prioritarios de actuación: uno, definiendo a la alimentación como derecho, no como mercancía, para lo cual confrontaremos el modelo de soberanía alimentaria con el agroindustrial, actualmente vigente en el mundo y, por supuesto, en Euskal Herria; dos, estableceremos propuestas concretas para el apoyo a los sujetos fundamentales: las economías campesinas; tres, definiremos una serie de iniciativas para el control social y público de los bienes naturales –agua, biodiversidad, tierra, etc.-.