El portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu, Oskar Matute, ha comparecido en rueda de prensa junto a su compañero de coalición Dani Maeztu para solicitar la inmediata paralización del proyecto del TAV y anunciar que trasladarán al Parlamento Europeo una petición para que se analice el coste y beneficio de esta obra.

Una imagen vale más que mil palabras. Y así fue el pasado jueves en el Parlamento Vasco, quienes a veces escenifican sus diferencias diciendo defender un proyecto de País diferente, volvieron a juntarse a la hora de seguir apuntalando un modelo de desarrollismo ilimitado. Por enésima vez volvieron a unirse para defender que se siga construyendo la Y vasca de alta velocidad.

A pesar de que los datos hablan por sí solos, a pesar de saber que no va a ser ni económicamente ni socialmente rentable, a falta de datos para defender su postura volvieron a recurrir a la falacia y la descalificación partidista para defender lo indefendible. Desde EH Bildu volvimos a solicitar datos, sobre tiempos de conexión, número de pasajeros y mercancías, precios de los billetes o los costes de mantenimiento, pero una vez más no obtuvimos respuesta.

Empieza a ser un silencio muy sospechoso. En primer lugar, porque deja en evidencia que la obra que se lleva el 68% del total de la inversión del Gobierno Vasco no está sustentada en estudios rigurosos de coste beneficio. Es decir, con más de 3.000 millones de euros gastados y otros tantos inicialmente previstos, no hay ningún estudio que avale tal gasto. Solo estudios que evidencian que en la fase de construcción creara rentabilidad económica para las empresas de la construcción. Es decir, como si la rentabilidad social de construir una escuela o un hospital fuera en un 98% solamente su construcción.

Pero en segundo lugar, el silencio que estos tres partidos guardan con respecto a sobrecostes injustificados, partidas artificialmente infladas o adjudicaciones irregulares deja en evidencia, que al igual que el en el estado español el PNV en la CAPV, en materia de infraestructuras sigue el principio de gasto público-beneficio privado. Y mientras tanto, el PP y PSE pasan de ejercer su labor de control al gobierno ante flagrantes evidencias de un malgasto de dinero público, porque ellos son cómplices de esa cultura del cemento tan extendida en España.

EH Bildu no va a quedarse impasible ante esta realidad; seguiremos denunciando el coste de oportunidad que para la sociedad vasca tiene esta obra. Con un kilómetro del TAV haríamos frente a todas las ayudas a la conciliación; sólo con los sobrecostes del TAV se podría cumplir con la tasa de reposición de trabajadores de la sanidad  y la escuela pública.

Es por eso que el pasado jueves planteamos una paralización cautelar de las obras hasta tener un estudio independiente que analice el coste y beneficio de esta obra, para saber, ante el mayor sacrificio económico que la sociedad vasca ha tenido que hacer, cuales son los beneficios sociales que dicho sacrificio va a suponer. Y en base a los datos de ese estudio tomar las decisiones pertinentes.

Pero una vez más solo encontramos el no por respuesta, sin datos, sin argumentos. Dinero para empresas privadas a cambio de hipotecar la economía presente y futura. Es por ello que una vez más, volvemos a reclamar prudencia en el gasto público, a no convertir en un callejón económico sin salida las obras del TAV. Paralizando las obras hasta tener un estudio coste beneficio actualizado en base a la coyuntura económico y social en la que nos encontramos, para que la Y vasca no se convierta en nuestro aeropuerto de Castellón, y podamos tomar las decisiones más adecuadas minimizando el dispendio económico y el déficit social de una obra de estas características.

Es por ello que vamos a solicitar en el Parlamento Europeo, que sea la propia Comisión Europea la que solicite al Gobierno Vasco realizar un análisis coste beneficio de la Y vasca  en base a la guía actualizada de la Comisión Europea para el análisis de este tipo de infraestructuras. En caso de que no se realice, EH Bildu impulsará la creación de una comisión con agentes sociales y expertos en este tipo de análisis para que se realice una análisis de la rentabilidad o el déficit social que una obra de estas características puede suponer para la sociedad vasca.