Hace unos días escribía que el plan del gobierno para la capitalización de las cajas de ahorro, más que salvarlas, las ponía a los pies de los «fondos buitre». Estos, conscientes de la necesidad imperiosa de capital por parte de las cajas, no dudarían en tratar de hacerse con ellas a precios irrisorios para, a continuación, comenzar a desguazarlas y salir en cuanto hubieran rentabilizado sobradamente la inversión. No había que ser un mago de las finanzas para anticiparlo, bastaba con ponerle un poco de sentido común y tener cuatro nociones básicas de cómo funciona el mundo financiero.

Pues bien, los hechos han venido rápidamente a confirmar la predicción. Estos días podíamos leer en la prensa que «los fondos buitre» piden descuentos del 70% para inyectar capital a las cajas. Así, tras conocer los resultados sobre la situación de solvencia de las cajas publicado por el Banco de España y desconfiando de ellos, están lanzando unas ofertas que a todas luces son excesivamente agresivas pero que, dada la opacidad con la que se ha gestionado la crisis del sector financiero en nuestro país, no dejan de ser razonables. ¿O es que alguien pensaba que ahora iban a creerse los resultados publicados por la misma institución que, en un clara dejación de sus funciones, ha hecho todo lo posible por camuflar la gravedad de la crisis de la situación de esas instituciones financieras?

Y, ante esa situación, qué hacen las cajas. Pues algunas de ellas ya han anunciado lo que era previsible: que prefieren que las nacionalicen temporalmente a malvenderse, es decir, que están dispuestas a permitir que entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de entregarse en bandeja de plata a los especuladores financieros internacionales como, por otra parte, este gobierno pretendía que hicieran.

Con lo cual asistimos, nuevamente, a que la reforma de las cajas de ahorro impuesta desde el gobierno sitúa a éste ante un escenario frente al que no se quería encontrar; síntoma de que quien diseña las estrategias en Moncloa y sus aledaños no es que sea, precisamente, un discípulo aventajado de Sun Tzu.

Así, por un lado, el gobierno compelía a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros buscando inversores institucionales que estuvieran dispuestos a aportar el capital que les era necesario para llegar a los niveles de “core capital” impuestos desde el Ministerio de Economía. Esa era la línea preferida de acción del Ministerio, reforzada por la amenaza de la nacionalización para aquellas instituciones que no lograran acceder al capital necesario en los mercados.

No es que el gobierno no tuviera otras opciones. Las tenía y casi al mismo precio. Así, por ejemplo, podía haber optado por nacionalizar aquellas cajas de ahorro que no pudieran capitalizarse en los mercados (no digamos ya, por nacionalizarlas todas) para, una vez saneadas, convertirlas en un músculo financiero de naturaleza pública que permitiera al gobierno tener un margen de soberanía sobre la política crediticia del país especialmente necesario en un contexto en el que se ha cedido toda la soberanía en materia de política monetaria.

Sin embargo, el gobierno decidió apostar por la vía más neoliberal: forzar a la absoluta bancarización de las cajas de ahorro y asumir, como un mal menor y temporalmente, que tal vez tendría que nacionalizar algunas de ellas.

La opción frente a la que no se esperaba encontrar es, precisamente, aquélla frente a la que ha acabado encontrándose: unos fondos depredadores que quieren hacerse con las cajas a precio de saldo para desmembrarlas y unas cajas que, conscientes de lo que eso supondría, prefieren ser nacionalizadas y saneadas con dinero público para, posteriormente, retornar a la esfera privada previsiblemente dirigidas por sus actuales gestores.

La nacionalización, que era el recurso de última instancia que tenía el gobierno en mente, acabará convirtiéndose así en la regla general. Y eso tiene repercusiones que todos debemos conocer.

En primer lugar, que será ahora el gobierno el que deba buscar la financiación necesaria para sanear las cajas de ahorro. O, lo que es lo mismo, dado que los mercados financieros han decidido penalizar la mala gestión de esas instituciones no concediéndoles capital, ahora el gobierno ha decidido que corresponde al Estado asumir como propios los riesgos que aquéllas tomaron en exceso en su momento y socializarlos entre toda la población. La vieja historia que se repite: privatización de beneficios y socialización de pérdidas, ¿les suena?

En segundo lugar, que ese ejercicio de nacionalización exigirá, evidentemente, nuevas emisiones de deuda pública por parte del Estado. Nuevas emisiones que pueden provocar un incremento del ratio deuda/PIB en dos puntos, como ha llegado a reconocer la propia ministra. En qué se traduce eso: en que, previsiblemente, se encarecerá el precio de las emisiones de deuda y, con ello, los pagos por el servicio de la misma. Y eso, a su vez, se traduce en que o bien aumenta el déficit público (cosa altamente improbable en un contexto en el que su reducción se ha convertido en el principal objetivo de la política económica de este gobierno) o bien se reducen otras partidas de gasto público para compensar el incremento de la de gastos financieros. La resultante, en uno u otro caso, es clara: aumentará el trasvase de riqueza hacia los propietarios de activos financieros mientras se retrasa el recurso a los estímulos fiscales para impulsar la economía real.

En tercer lugar, que este contexto de incertidumbre genera un efecto claramente contractivo sobre el crédito. Las cajas están restringiendo la concesión de créditos porque cada nueva operación de activo implica el consumo de unas reservas que le son necesarias para alcanzar el nivel mínimo exigido desde el gobierno y esa restricción es mayor cuanto más elevado es el gado de incertidumbre sobre su futuro. En tanto que no se clarifique la situación y pasen a ser nacionalizadas, difícilmente podrá desmantelarse la restricción crediticia que está ahogando a la economía.

Y finalmente hay que resaltar que si la estrategia hubiera estado diseñada para nacionalizar, por una vía indirecta, a la gran mayoría de las cajas de ahorro estaríamos ante un éxito absoluto de sus promotores; pero como se diseñó precisamente para lo contrario se trata de un fracaso rotundo del que, como siempre, nadie asumirá la responsabilidad: pagaremos entre todos el coste de la nacionalización y saneamiento de las cajas, podremos seguir sacando pecho porque en este país ningún banco o caja ha quebrado y seguiremos cantando bajito no vayamos a molestar a los poderosos y sus títeres.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La otra economía.

Fuente: Rebelión