Paso de gigante de Sortu

Alternatiba afirma que Sortu ha dado “un paso de gigante” y pide al Gobierno español “valentía política para hacer lo que debe: legalizar el partido”

Alternatiba ha considerado hoy que el comunicado en el que Sortu rechaza posibles atentados de ETA y otros actos violentos “demuestra, sin lugar a dudas, que se ha dado el paso definitivo hacia la paz que la sociedad vasca estaba esperando y que ya nadie puede poner en duda”, por lo que ha reclamado al Gobierno español que tenga “valentía política para hacer lo que debe: legalizar el partido”.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha valorado el comunicado en el que la formación rechaza el presunto intento de ETA de atentar contra el Lehendakari, así como los actos de violencia y coacción de Gasteiz y Portugalete. “Estas declaraciones evidencian que Sortu no es un ‘instrumento de ETA’, como afirman los informes policiales que persiguen su ilegalización, sino una formación política que da la espalda a la violencia”.  

En palabras de Matute, “la izquierda abertzale ha dado un paso de gigante. Sortu inaugura una nueva era en la política vasca en la no hay en Euskal Herria ninguna fuerza política que justifique acciones violentas de ETA, por lo que no puede haber ningún partido ilegalizado”

En este sentido, el dirigente de izquierdas ha subrayado que “hay un clamor social que reclama la paz, la normalización política y el restablecimiento de los derechos civiles en Euskal Herria, y Alternatiba tiene claro que va a remar a favor de esta corriente”.

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA > Plataforma contra el BBVA

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA: ¿Ética empresarial? ¿Filantropía financiera? ¿Atraco a mano armada?

BBVAGHHH!!!, Plataforma contra el BBVA

El programa “Valores de futuro”, que desarrolla desde hace dos años el BBVA con el objetivo de potenciar la educación financiera entre alumnado de 6 a 14 años, ha multiplicado el número de participantes en Euskadi, al pasar de 14.206 a 36.158. Se trata de potenciar actitudes positivas frente al dinero.

Conmueve la dimensión de la iniciativa. Imaginamos que al BBVA le hubiese gustado añadir su desinteresada colaboración con las universidades vascas, con la investigación, con las iniciativas sociales, culturales, deportivas, e incluso, humanitarias. Todo un arsenal de “buenas prácticas empresariales.” Pero ¡qué lástima! al BBVA se le han olvidado algunas cuestiones, que quizás quieran incluir en su programa “Valores de futuro”. También queremos recordárselas a la Sra. Consejera de Educación, a los equipos rectorales de las universidades vascas y a los equipos directivos de los centros y colegios que han participado en tan trascendental iniciativa.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos de países donde el BBVA actúa directa o indirectamente,  la Plataforma contra el BBVA, las participantes en campañas como BBVA sin armas… aportan denuncias muy concretas y precisas sobre la otra cara de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Veamos algunas de ellas.

         Los beneficios con los que el BBVA cerró 2010 ascendieron a 4.606 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,6% sobre el año anterior. Aumentan sus beneficios afianzando su poder y facilitando su ingerencia sobre las políticas del Estado. Y lo hace, pisoteando los derechos humanos, promocionando los conflictos armados, y destruyendo el medio ambiente. Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, tanto en concepto de salario fijo y variable, han ascendido durante el 2009 a la cantidad de 24.157.000 euros, frente a los 16.197.000 percibidos en el 2008. El incremento en el 2009 alcanza el 49,15% pese a la reducción del número total de consejeros, aumento que se acumula al 10,59% de 2008. Por su parte, el presidente tiene un plan de pensiones con cargo al Banco de 79.775.000 euros, un 10% más que en el 2008. En 2010 la retribución extra (incentivación individual) constituía ya el 60% del conjunto del gasto salarial. No obstante, su distribución es totalmente piramidal ya que menos de un 10% de la plantilla se lleva el 50% del total.

         Mientras tanto, el BBVA ha iniciado un proceso de destrucción de empleo, a través del cual, ya se han cerrado el 15% de las oficinas y se ha despedido a más del 10% de la plantilla. Este proceso de desmantelamiento del banco persigue pasar de 5.000 personas en los servicios centrales (Madrid y Bilbao) a 800, reducir de 13 edificios a 5, y en la red de oficinas, rebajar un total de 1.500 puestos. Mediante la externalización de todas las tareas bancarias la empresa reduce costos salariales. Los servicios operativos se han externalizado a Málaga por la mitad de precio y con IBM-Global (tarjetas) a Uruguay, ahorrando gastos a costa de salarios de 300 euros al mes. Esta dinámica hace perder peso a lo colectivo- convenio- y crea relaciones contractuales trabajador-empresa, lo que sustituye o minimiza las negociaciones sindicatos-empresa. Por otra parte, el BBVA acude solidariamente al rescate de Grecia comprando deuda de aquél país con el Fondo de empleo de los trabajadores, quienes   pierden 9 millones de euros (-28,11%). En 8 meses, más de 1500 millones de las antiguas pesetas.

         En relación al pago de impuestos, en el 2009 fueron 1.441 millones de euros, un 26% menos que en el ejercicio 2008 y un 45% menos que en el 2007. Este descenso no se corresponde con el de los beneficios que en el 2009 sufrieron una caída del 17% y desde el 2007 del 31,3%.

         El 82% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 utilizan paraísos fiscales. El BBVA tiene 23 empresas participadas en los paraísos fiscales.

         La ética del BBVA se expresa en el recurso ante el Tribunal Supremo de la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha permitido ejecutar una hipoteca impagada con el pago de la vivienda en cuestión, pese a que el banco exigía más dinero por la depreciación sufrida por el inmueble en los últimos años. Es decir, aunque no pueda pagarse la hipoteca y se devuelva la vivienda, el BBVA reclama que la deuda y sus intereses permanezcan encadenados a la persona hasta que ésta pueda cancelarlos.

         Tiene inversiones por valor de cerca de 45 millones de euros en empresas que han vulnerado los derechos humanos.

         Una parte creciente del negocio del BBVA en América Latina está constituido por las pensiones privadas, del que controla el 30%. Y ello a pesar que durante los años de la crisis financiera el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras ha caído en cifras de dos dígitos mientras que, por supuesto, las «comisiones de gestión» se mantenían. Según datos del propio BBVA, en México ganó con los fondos de pensiones 250 millones de euros durante los ocho primeros meses de 2010 y en América del Sur 148 millones, con aumentos importantes sobre el mismo período de 2009. Eso sí, el BBVA realiza continuos estudios sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones.

         A pesar de la adhesión del BBVA a los Principios de Ecuador, que obliga al banco a tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financia, éste entrega créditos corporativos para desarrollar actividades de grave impacto medioambiental con absoluta impunidad. Más de 340 millones de euros para la minería en Brasil, Venezuela, Guatemala, Indonesia, etc., cerca de 855 millones de euros para la Planta hidroeléctrica Barra Grande o la Presa de Campos Novos, en Brasil, que supone la completa destrucción del ecosistema, además de serias amenazas de riadas para la población local. Financia a empresas muy contaminantes como la papelera ENCE, respalda económicamente proyectos de construcción de oleoductos de crudo pesado en áreas protegidas como las de Ecuador o gaseoductos en Bolivia. Con la reciente adquisición del 26% de las acciones de Garantibank, institución financiera turca, el BBVA se convierte en precursor del proyecto de construcción de la presa de Ilisu en el río Tigris. El mismo que llevó a los gobiernos de Alemania, Austria y Suiza a retirar los créditos de garantía de exportación para la financiación de las obras por el flagrante incumplimiento de los estándares internacionales de respeto a las condiciones ambientales y sociales.

         El BBVA mantiene relación comercial con EADS, de la que posee acciones por valor de 200.000 $. EADS participa en la producción de armas nucleares, en concreto fabrica el misil nuclear M51³ a través de su filial ASTRIUM. El otro misil nuclear, el ASMPA, lo fabrica a través de la compañía MBDA. Además, a través de un fondo de inversión del BBVA se está financiando a la empresa estadounidense Lockheed Martin, L-3 Communications y Textron. Estas compañías venden proyectiles con cargas de dispersión. Estas cargas, según la Convención sobre Bombas de Racimo, han pasado a ser un arma prohibida de adquirir o utilizar por los Estados firmantes, entre ellos el español. Además, mantiene un crédito sindicado de 300 millones de euros a MAXAM (antigua Unión española de Explosivos), entre las empresas que agrupa MAXAM, se encuentra EXPAL (conocido fabricante de bombas).

         El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 apunta algunas cuestiones más: la valoración general de los contenidos de la memoria de RSC del BBVA se califica como de información escasa; la información suministrada varía según a quien vaya dirigida; los datos recogidos en la memoria tienen como fuente exclusiva al propio BBVA; presenta escasa información acerca de los sistemas implantados para gestionar los impactos sociales o medioambientales; la Fundación para las Microfinanzas no proporciona información sobre los requisitos que debe reunir un potencial beneficiario, ni qué garantías exige el banco y qué finalidades de crédito están contempladas; no aclara la estructura de los depósitos sobre clientes, las cuentas por nivel de rentas, los préstamos a pymes y micropymes, las aportaciones a la economía informal, el número de zonas rurales de difícil acceso apoyadas con financiación; no presenta información sobre el volumen de subvenciones recibidas; no facilita datos sobre el número de proveedores rechazados por cuestiones relacionadas con los derechos humanos; opera en países con presencia de comunidades indígenas, no encontrándose información alguna sobre compromisos claros y mecanismos que garanticen sus derechos.

¿Qué información es la que recibe el alumnado vasco del BBVA? Ya que hablamos de bancos, es un atraco a mano armada.

En definitiva, el individualismo y la propiedad son los referentes éticos centrales del BBVA y éstos parecen agotarse en las relaciones de mercado y en la codicia, entendida esta última, como trabajar por algo a expensas de otros. Se reinterpretan desde la ética de los negocios, los valores de la libertad y de la dignidad humana convirtiéndolos en ideas centrales del aparato conceptual dominante. Se mercantilizan y se subordinan a los intereses de las minorías.

La RSC  es una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Sus obligaciones se enmarcan en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan por normas multilaterales, regionales y bilaterales de comercio e inversiones.

8 de Marzo: La crisis permanente de las mujeres

El 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres, es un día de celebración, pero sobre todo de lucha. Celebración por todas las conquistas y los derechos logrados por muchas mujeres, que ya en 1911, primer año de celebración de este día, exigían que se garantizara el cumplimiento de derechos como el voto, el acceso a cargos públicos, el acceso al empleo y la no discriminación en el mismo… y una larga lista de cuestiones que han atravesado la agenda de los movimientos feministas desde mucho antes que ese año hasta la actualidad.

Pero es un día sobre todo de lucha, de lucha por todo los derechos pendientes; de lucha para mostrar que, en esta sociedad supuestamente igualitaria en la que vivimos, de derechos “legales” conquistados y oportunidades para todas y todos, siguen existiendo situaciones de desigualdad; de lucha para reivindicar una ciudadanía plena de las mujeres; de lucha para gritar que no nos sirven las soluciones parciales y medidas puntuales, que intentan parchear el problema sin tocar el corazón del mismo; de lucha para reivindicar que no es posible hablar de derechos plenos para las mujeres en un sistema patriarcal y capitalista.

Y este 8 de marzo de 2011, en un momento en el que nos bombardean con información y supuestas soluciones a una crisis que está afectando duramente a grandes sectores de la población, denunciamos que las mujeres vivimos en una situación de crisis permanente y estructural. Hoy la crisis, que ha afectado también a los hombres, ha puesto sobre la mesa la insostenibilidad del sistema en el que vivimos. Pero queremos hacer de altavoz y mostrar las muchas caras que esta ha tenido y tiene para las mujeres, diversas pero unidas en las desigualdades y sobre todo en la lucha. Y es que tenemos que decir que estamos en crisis:

* cuando nos incorporamos al mercado laboral, con altas tasas de precariedad, concentrándonos en los puestos de menor responsabilidad, más inestabilidad, menores posibilidades de promoción y con un salario medio muy por debajo que lo que perciben los hombres. Cuando nos concentramos en sectores, como el social, servicios o cuidados, que son los más vulnerables ante los cambios y crisis económicas.

* cuando trabajamos cuidando, y somos Trabajadoras del Hogar, y nuestros derechos están regidos por un real decreto que nos aboca, aún más, a situaciones de desamparo y discriminación constantes; o trabajamos en una residencia o una empresa de servicio a domicilio y vemos cómo perdemos derechos a medida que avanza la privatización de nuestro sector.

* cuando nos vemos obligadas a elegir entre la crianza y el empleo, y asumimos todo tipo de medidas que supuestamente intentan ayudarnos en esto de la conciliación, reducciones, permisos… Medidas que, finalmente, hacen evidente la imposibilidad de esta conciliación ideal en un mercado laboral pensado por y para hombres sin responsabilidades de cuidado. Medidas que ahondan en nuestra precariedad futura, en un sistema cuyas prestaciones sociales están directamente vinculadas a lo cotizado en nuestra vida laboral.

* cuando ejercemos el cuidado de personas dependientes, en un sistema basado en un modelo eminentemente familista, que brinda ayudas y apoyo puntual, pero que sigue promoviendo que el cuidado se haga en familia, ocultando que el cuidado tiene sexo y sigue, a día de hoy, responsabilidad mayoritaria de las mujeres.

* cuando migramos y viajamos desde lejos, en busca de nuevas oportunidades, y nos encontramos con una sociedad que nos obliga a aceptar los empleos más precarios y peor pagados; cuando dejamos a otras mujeres a cargo de nuestras personas dependientes y venimos a cuidar a las personas dependientes de otros y de otras, porque “salimos más baratas que las de aquí” y “aceptamos lo que nos echen”; cuando aceptamos estas condiciones porque, no ser ciudadanas de pleno derecho, impide que podamos negociar por otras más dignas.

Y a estas podemos sumar otras muchas mujeres, otras muchas caras de la misma crisis. Y porque esta crisis llevamos demasiados años pagándola…

? Rechazamos la fantasía de que es posible conciliar avances sociales con el mantenimiento de una apuesta económica neoliberal. Defendemos una revisión del concepto de economía, colocando el cuidado en el centro de la economía y no al servicio del mercado.

? Reivindicamos un nuevo contrato social, alejado del binomio hombre-trabajador, mujer-cuidadora. Apostamos por la corresponsabilidad, en el sentido amplio del término, desde la perspectiva de que el derecho al cuidado es un asunto de todas las personas, hombres y mujeres. Debemos apostarle a un nuevo acuerdo entre hombres y mujeres, que nos permita compartir el empleo, el cuidado, el poder y la toma de decisiones.

? Apostamos por la asunción de medidas, como los permisos de paternidad intransferibles, que permitan avanzar hacia una crianza y un empleo compartidos entre hombres y mujeres.

? Es necesaria la universalización de los cuidados, que todas las personas puedan acceder a ellos sin depender de factores como la renta, el lugar de procedencia. Por eso exigimos la creación de un Servicio público de cuidados de calidad frente al actual proceso de desmantelamiento del estado y privatización de los servicios de cuidado, solamente disponibles para aquellos segmentos de población con poder adquisitivo

? Solicitamos la revisión de la actual ley de extranjería, que permite la existencia de un trabajo de cuidados, ejercido mayoritariamente por mujeres y remunerado en pésimas condiciones, estableciendo jerarquías y prioridades en el reconocimiento de los derechos de unas mujeres sobre otras.

? Exigimos la reforma inmediata del discriminatorio régimen de empleo de hogar, reconociendo a las trabajadoras domésticas, incluyendo a las mujeres migrantes sin papeles el derecho a un salario digno, al descanso y a una protección de seguridad social como la del resto de los sectores.

? Proponemos una revisión crítica feminista de la Ley de dependencia y la Ley de extranjería.

? Rechazamos la reciente Reforma de las pensiones, que afecta especialmente a las mujeres, por ser quienes cuentan con períodos de cotización más cortas y variables, y por tanto, bases de cotización inferiores.

? Consideramos fundamental el impulso de modelos coeducativos en las escuelas, en los cuales se promueva la autonomía individual de niños y niñas y que estos y estas puedan ir desarrollando conocimientos para el cuidado y el autocuidado.

Porque nos negamos a seguir estando en crisis… Gora Emakumeon Borroka!

Alta tensión, mayor capitulación

Alternatiba denuncia la desfachatez de construir la línea de alta tensión más grande de Euskadi

BILBO,  7 DE MARZO DE 2011 – Alternatiba ha denunciado la intención de Red Eléctrica Española (REE) de construir una nueva línea de alta tensión que devastaría espacios naturales a través de 72 kilometros entre Bizkaia y Gipuzkoa. Asier Vega, portavoz de la Mesa de Ecología de Alternatiba, ha acusado “a PSOE, PP y PNV de querer resarcir a REE del varapalo de la sentencia judicial del Tribunal Supremo” que anuló el último tramo de la línea Penagos-Guëñes, “impulsando un modelo energético a la medida de sus empresas amigas; no son políticos, son empresarios”.

Vega ha instado a los “artífices de la destrucción natural de Euskal Herria” a que expliquen a la sociedad vasca “qué necesidad tenemos de una nueva infraestructura de semejante magnitud y cuales son sus beneficios sociales, ya que la propaganda sobre la creación de empleo tan solo es pan para hoy y hambre para mañana”. Desde Alternatiba también han criticado que “pretendan justificar esta línea con otra mega construcción ineccesaria como el TAV”.

El miembro de la Mesa de Ecología de Alternatiba ha recordado la postura de su formación respecto al Tren de Alta Velocidad, infraestructura que Vega ha tachado de “innecesaria” para Euskal Herria, porque “no responderá a las necesidades reales de movilidad de la ciudanía vasca, y además tendrá un severo impacto ambiental que a la postre será el oscuro legado que dejemos a las generaciones venideras”. También ha subrayado que se trata de un “auténtico derroche” de dinero público, “todo un despilfarro que supone un insulto en plena crisis y con las administraciones recortando derechos sociales de forma vergonzosa”.

Ander Rodríguez: «Las elecciones pueden ser un buen momento para testar esa voluntad de acumular fuerzas»

«Las elecciones forales y municipales pueden ser un buen momento para testar esa voluntad de acumular fuerzas»

Ander Rodríguez (1982) es procurador de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa y edil de este partido en su localidad natal, Arrasate. Afronta el final de la legislatura con la mente puesta en los actuales retos pero también los que quedan por venir en las elecciones

Jurdan Arretxe
Noticias de Gipuzkoa

Donostia. La demanda de la Abogacía contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, el acto de Euskal Herria Ezkerretik en Vitoria en homenaje a las víctimas del 3 de Marzo o la cita electoral son tres claves de esta semana. Además, Alternatiba acaba de cumplir dos años. Surgió en diciembre de 2008 de la mano de miembros que, liderados por Oskar Matute, abandonaron Ezker Batua. Rodríguez recuerda, de hecho, que «no fue una escisión», sino que junto a otros que no militaban en EB, fundaron Alternatiba Eraikitzen. Ahora, señala, los que se marcharon de EB «representan una minoría» dentro de Alternatiba.

¿Cómo valora estos dos años?

Hemos querido conjugar la elaboración política y la acción en la calle, porque no pueden ir separados. Siempre dijimos que veníamos a sumar, no a agregar una sigla más a la sopa de siglas a la izquierda y, en ese sentido, ahora se ha asentado un debate sobre la necesidad de acumular fuerzas en torno a una agenda estratégica. Esa apuesta que hicimos devino en Euskal Herria Ezkerretik.

Firmaron el acuerdo junto a EA y la izquierda abertzale el pasado 16 de enero en Vitoria. ¿Cómo va el pacto?

Euskal Herria Ezkerretik está desarrollando acciones políticas con motivo del 8 de marzo, el pasado 3 de marzo en Vitoria, la rueda de prensa en la que nos adheríamos a la última huelga general… Está tomando una entidad propia porque las partes compartimos esa necesidad de articular una agenda y una acción común.

Y, ¿esa entidad propia puede tener una plasmación electoral?

Tanto en el acuerdo estratégico como en la necesidad de abrir un proceso de acumulación de fuerzas, las elecciones forales y municipales pueden ser un buen momento para testar esa voluntad de acumulación de fuerzas. Y no solo la voluntad de las partes, porque la situación actual y la sociedad nos demandan que ese proceso se dé en este escenario municipal y foral, teniendo en cuenta que las elecciones no son un fin, sino algo táctico.

Entiendo que Alternatiba ya ha decidido buscar acuerdos con otros partidos.

Sí, así es. Queremos tender la mano a realizar un proceso de acumulación de fuerzas con todos los grupos de izquierdas que compartan este diagnóstico de sumar nuevas mayorías políticas y sociales. Abriremos una ronda de contactos con esas fuerzas políticas, especialmente con aquellas que compartimos determinadas acciones políticas y determinado diagnóstico.

Que la izquierda abertzale en forma de Sortu se sume es una decisión que, de partida, depende de los tribunales Supremo y Constitucional.

Evidentemente, la colaboración con Sortu podrá darse si es legalizado. Nosotros no manejamos otro escenario que no sea el de la legalización. Si no lo es, no se podrá acudir en coalición con la izquierda abertzale a las próximas elecciones.

¿Y acogiendo en su lista a miembros que podrían ir en aquellas?

Insisto: no manejamos otro escenario. Si no se da ese escenario, trabajaremos por la articulación y la suma de fuerzas. Alternatiba no ha elaborado sus listas, pero, de todos modos, habrá gente independiente como la hay en otras listas. En ese sentido, cabe denunciar la actitud del Gobierno del reino de España, que plantea extender la ilegalización a más sectores sociales y que hay dos organizaciones como Alternatiba y EA que ya ven de entrada limitados sus derechos políticos cuando se apunta a que personas independientes pudieran ir en sus listas. Sin ninguna sentencia, sin auto judicial se ven limitados derechos básicos.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, habló de que analizarían las listas que «dieran cobijo». ¿Alternatiba se da por aludido?

El emplazamiento era concreto: a EA y Alternatiba y la limitación era también para esos. No se hablaba al resto de partidos y fuerzas políticas que tendrán personas independientes en sus candidaturas.

Una de las noticias de la semana ha sido la demanda de la Abogacía del Estado. ¿Qué opina?

Leyendo los cinco puntos en los que basa la ilegalización, son todo opiniones y juicios de valor, sin elementos de prueba. Para demostrar que es una táctica de ETA dice que se sucedieron el comunicado, la presentación de Sortu y después, el Grupo Internacional de Contacto, lo que demuestra que todo es una táctica. Este post hoc o falsa causalidad es absolutamente delirante. Es como si yo afirmara que, como el gallo canta antes de que salga el sol, éste sale porque ha cantado el gallo. La petición de la Abogacía no tiene ningún elemento probatorio: todo son especulaciones basados en unos informes policiales a los que, conceder valor de prueba es tanto como asumir que la Policía en este país decide quién es legal.

¿Le inquieta que ETA no se haya pronunciado respecto a Sortu?

El último comunicado de ETA fue el principio del final y esperamos que en nuevos comunicados dé pasos hacia el fin definitivo de la violencia. Son procesos complejos, que llevan bastante tiempo. Si miramos otros procesos, vemos que son largos. Una de las cuestiones que debemos articular es la activación de la ciudadanía. Entendemos que uno de los errores del anterior proceso de paz fue que no se implicó a la ciudadanía. En este proceso se está implicando y es lo que hará irreversible este proceso.

Entonces, ¿usted cree que Sortu estará en las urnas?

No contemplamos otro escenario que no sea la legalización, porque cumple la Ley de Partidos y la jurisprudencia que emana de ella. Otra cosa es que no haya interés político de legalizarlo en este momento. El PSOE es rehén y víctima de su propio discurso. Rubalcaba lleva dos años lanzando el mensaje de «o se rompe con la violencia o ETA desaparece». La izquierda abertzale ha explicitado su rechazo a la violencia y, ahora, Interior dice que la competencia no es suya, sino de los tribunales. Ha puesto la Ley de Partidos contra la espada y la pared. Ahora hay que manifestar por las operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Lo siguiente qué será, mostrar adhesión incondicional al ordenamiento constitucional? No sabemos. Se ha cumplido la Ley de Partidos, por lo que no hay otro escenario más que la legalización.

¿Qué programa defenderá Alternatiba para la próxima legislatura?

Somos partidarios de la articulación de un gran tercer espacio ante PP/PSE y el del nacionalismo histórico institucional. Pondremos en valor un nuevo modelo fiscal, el modelo social y el del bienestar… Queremos, aunque sea, abrir debates en torno a la renta básica de la ciudadanía o sobre cómo abordar el desarrollo de la Ley de Dependencia desde un punto de vista feminista, porque el actual perpetúa el rol de mujer-cuidadora. Podríamos hablar de la soberanía alimentaria, del cambio de modelo productivo y del decrecimiento. Y en el camino político, la hoja de ruta coherente e impecable que supone el Acuerdo de Gernika. En Gipuzkoa, por ejemplo, existe el suficiente capital político y social para hacerle el sorpasso al PNV.

¿Esa articulación del tercer gran espacio tendría en cuenta a Aralar?

Sí. Siempre hemos tenido una interlocución fluida. Cuando en la asamblea de octubre de 2010 lanzamos la oferta al resto de partidos para alcanzar acuerdos estratégicos que entendíamos necesarios, Aralar denostó esa posibilidad. Seguimos teniendo la mano tendida, es necesaria esa colaboración con Aralar, que es parte integrante de ese tercer espacio que, socialmente existe, pero hay que articularlo en política. Todas las formaciones de este sector tenemos que jugar con altura de miras en una época de recorte de derechos en muchos campos, porque la crisis nos ha demostrado la incapacidad del capitalismo para garantizar unos mínimos a la ciudadanía.

¿No temen que el debate entre izquierda y derecha quede ocultado por el de nacionalismo/no nacionalismo?

Eso es falso. El PNV, sobre todo en Gipuzkoa, quiere trasladar la imagen errónea del frente PP/PSE. No negamos que puedan llegar a gobernar, pero no para hacer políticas diferentes a las del PNV. En Juntas Generales de Gipuzkoa, por ejemplo, los cuatro partidos han sumado sus votos para impedir que saliera adelante ninguna propuesta que planteara no ya un cambio radical, sino un pequeño cambio en materia fiscal, en el modelo social o en el laboral. Comparten una base política y social y se ha visto en los últimos cuatro años. PNV, PP y PSE están en una orilla y nosotros, en otra. La única opción de defensa integral de los derechos políticos y sociales es la izquierda soberanista. Solo la izquierda soberanista defiende los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía de Gipuzkoa y de Euskal Herria.

Censura en EiTB

BILBO, 1 DE MARZO DE 2011 – El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha denunciado que PSE y PP, con el apoyo de UPyD, hayan usado el Parlamento Vasco para «pervertir y censurar la función informativa que la radio-televisión pública EiTB tiene que ofrecer a la ciudadanía vasca». Estos partidos instaron ayer a la dirección de EiTB, en el seno de la Comisión de Control del ente público, a no invitar y no dar cobertura a representantes de formaciones ilegales en sus programas. Matute ha recordado que tan solo hace tres meses, el 2 de diciembre, el Parlamento de Gasteiz exigió por unanimidad que EiTB asegure la veracidad, la diversidad de opiniones, el interés informativo y la independencia profesional y que estos sean los ejes del desarrollo de sus informativos, exigencia que «confronta con lo aprobado ayer por aquellos que han decidido poner la radio-televisión vasca al servicio de su proyecto político».

Matute, que ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Control Parlamentario de EITB en la VIII Legislatura, ha tachado de «lamentable que un parlamento que se dice democrático haga bandera de la censura informativa» y ha expresado su solidaridad con los profesionales del ente público, «víctimas, junto con la totalidad de la sociedad vasca, de la falta de libertad informativa en EiTB». Así mismo, el portavoz de Alternatiba ha reprochado la hipocresía de parlamentarios como Carlos Urquijo (PP) quien ha  defendido que no todas las ideas son legítimas, poniendo como ejemplo que un grupo que defiende el racismo no tiene por qué ser entrevistado en un medio de comunicación. Con su argumentación en la mano, Matute insta a Urquijo a «pedir la censura informativa del PP que sus correligionarios catalanes, recientemente hacian campaña abierta contra los inmigrantes», cuestión denunciada reiteradamente por diversos agentes, el PSOE entre ellos.

El lider de izquierdas ha recordado al Gobierno de Patxi Lopez que «la sociedad vasca ha dado la espalda al uso partidista de EiTB, como así vienen demostrando las audiencias mes a mes». Más allá de lo cuantificable con estos datos, Matute ha querido subrayar algunos de los «dudosos logros” del pacto PSE-PP al frente de la radio-televisión vasca: «Han presionado e incluso amenazado con expedientes a los trabajadores de la redacción de informativos, han permitido que políticos del pacto de gobierno tutelen con carácter previo, tal y como se dio a conocer en la Comisión de ayer, la celebración de entrevistas. También han causado una profunda preocupación por el devenir de la radio-televisión pública entre catedráticos y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, malestar expresado recientemente por muchos de ellos. Por supuesto, también han tenido la habilidad de prescindir de espacios, profesionales y hasta contertulios que no se ajustaban los perfiles exigidos por PP-PSE asi como de poner en pie de guerra a los sindicatos mayoritarios».

Por todo ello, Matute ha exigido al Gobierno Vasco que «desista de todo control, tutela y censura de EiTB» y que apueste por una información plural, veraz y al servicio de la sociedad.

El que no trabaje, que no coma> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Poco o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: “El que no trabaje, que no coma”. Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término “empleo remunerado” porque considero restrictivo y excluyente identificar “trabajo con “contrato laboral”. El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: “¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?”. Si aceptamos esta restricción nos encontramos con paradojas como la siguiente: una persona que durante una serie de horas realice tareas domésticas en su casa no realiza trabajo alguno, pero si realiza esas mismas tareas en otro domicilio y recibe por ello una remuneración, realiza un trabajo. En definitiva, dejamos la definición de “trabajo” en manos del mercado, ya que es éste quien decide qué actividades deben ser remuneradas y cuales no. 

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Sorprende comprobar, como los mismos responsables políticos que colocan bajo sospecha a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos que no son capaces de encontrar un empleo remunerado, son los mismos que aprueban medidas como el retraso de la edad de jubilación, que restringe aún en mayor medida la posibilidad de acceder al mercado laboral.  

En la génesis de este discurso encontramos la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: “Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no”. Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar. 

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como “una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido”.

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor. 

Salarios x Productividad = + Beneficios – Sueldo > Jonathan Martínez (Alternatiba)

La propuesta de la canciller alemana Angela Merkel de vincular los salarios a la productividad ha arrastrado una oleada de adhesiones. José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia, ha calificado la propuesta de Merkel de “gran idea” y en similares términos se han expresado Nuria López de Gereñu, actual secretaria general de Confebask y ex consejera de Transportes y Obras Públicas -¡vivan las puertas giratorias!-, la consejera del Gobierno Vasco Gemma Zabaleta, los portavoces de Adegi, CEOE, Banco de España, BBVA, Emilio Botín, Felipe González y Pedro Solbes.

Se trata de un intento de elevar el lucro empresarial a costa de bajar los salarios. Lejos de los focos que los medios de comunicación han dedicado a todos los anteriores, el economista Vicenç Navarro remarca que «el objetivo no es la defensa de la economía o de la competitividad, sino de los intereses de las grandes empresas a costa de los intereses de los trabajadores. Es lo que antes se llamaba lucha de clases, lo cual ahora se enmascara bajo el discurso de la competitividad».

Durante los últimos lustros, los beneficios han engordado por encima de las nóminas e, incluso, en muchos casos, las subidas salariales han quedado por debajo de la inflación, un crecimiento real negativo que disminuyó la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras. Evidentemente, los emolumentos no se quisieron ligar a las ganancias en época de bonanza. Según datos del Eustat, la remuneración de los empleados y empleadas de la CAV ha pasado de representar el 57% del PIB en 1980 a caer al 50% en 2009, mientras que el excedente neto de explotación o los beneficios empresariales subían del 24% al 32%. Es decir, se han sustituido los salarios por los beneficios en el reparto de la riqueza. ¡Y todavía tienen la desvergüenza de exigir que concuerden con el aumento de la productividad! Por si fuera poco, el trozo de tarta de los impuestos netos sobre producción e importaciones ha caído en sólo tres años, de 2006 a 2009, a niveles de hace dos décadas, lo cual ha limitado la capacidad de mantener el gasto público por parte de las Administraciones.

En la situación de hoy en día, con una tasa de desempleo elevada, la clase empresarial y su representación política quieren aprovechar el estado de shock actual, en el que ven cómo se realizan reformas antisociales sin contestación alguna, para reducir los costes de las nóminas e hinchar aún más sus dividendos. Pero, al contrario de lo que afirman, son los bajos salarios los que determinan un menor rendimiento, puesto que éstos desincentivan al empresario a invertir en productividad. Además, tal y como afirma la Organización Internacional del Trabajo, el aumento de la productividad provoca más desempleo.

En suma, se trata de un nuevo movimiento para engrosar los beneficios a costa de los trabajadores y trabajadoras. Desestiman la posibilidad de aprovechar los avances tecnológicos para reducir las jornadas laborales. ¡Nada de pensar en repartir las horas de trabajo para que más gente pueda tener un empleo, mejorar el bienestar de la sociedad con más horas para la acción social y el ocio! De lo que se trata es de explotar más a la plantilla mientras ésta ve cómo merma su capacidad adquisitiva. Sin embargo, ¿qué ocurrirá cuando el colectivo asalariado no pueda adquirir lo que él mismo produce? ¿Qué ocurriría en un escenario, nada descartable, en el que la productividad cae por la subida del precio de la energía? Si no se han ligado los emolumentos al incremento de beneficios hasta ahora, ¿por qué hablan ahora de vicularlos a la productividad?

Lo cierto es que quienes con mayor voluntad apoyan estas medidas son quienes más tienen que callar. José Luis Bilbao actúa como un hooligan del neoliberalismo, y eso a pesar de haberse dejado engañar por la estafa de Madoff en el caso de Zabalgarbi. Otro que se ha sumado al carro ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, quien también se alinea con la opinión de la canciller alemana a pesar de que la productividad en su tarea de prever las crisis inmobiliaria y financiera sea más que discutible. El Gobierno Vasco tampoco se ha quedado al margen. Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, augura un “futuro poco próspero” si no se introduce el factor de la productividad en los salarios, lo cual invita a preguntarle: ¿Cómo afectará a su sueldo el retraso productivo de 20 leyes que acumula el Gobierno de Patxi López?

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