Responsabilidad Social Corporativa > Angel Errementeria (Alternatiba)
La responsabilidad social de los negocios consiste en incrementar sus beneficios
Milton Friedman
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa publicó el informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 para el año 2008. En este informe el Observatorio se queja por la escasa información que le dan las empresas. Además, el Observatorio deja en evidencia datos que muestran los peligros de la libertad total para los empresarios y de la falta de control gubernamental hacia las empresas.
- Ninguna de las empresas que cotizan en el IBEX35 aporta información sobre el dinero que dona a los partidos políticos. En el anterior informe del 2007 Telefónica informaba de haber realizado aportaciones de 400.000€ a dos fundaciones ligadas a partidos políticos.
- Ninguna de las 35 empresas asume la responsabilidad por los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todas sus actividades
- Ninguna empresa aporta pruebas de que reconozca y respete el principio del consentimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a ser afectados por sus proyectos de desarrollo
- Ninguna empresa aporta información sobre su renuncia a utilizar contratos abusivos con sus clientes
- Solo una empresa se preocupa de controlar que sus proveedores respeten los Derechos Humanos
- Solo una empresa aporta información acerca del cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con la protección del consumidor
- Solo 2 de las 35 empresas protegen expresamente los derechos de los trabajadores en países que no aplican en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación y el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva
- Solo 3 empresas se comprometen expresamente a tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir una catástrofe ecológica
- Solo 11 empresas dan pruebas de la no utilización de trabajo infantil
- 25 de las 35 empresas del IBEX tienen presencia en paraísos fiscales
- 5 de los 6 bancos que operan en el IBEX35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales
Queda claro que el laissez faire, laissez passer y dejar que cada empresario haga lo que mejor le viene no repercuten en el beneficio de toda la sociedad. Las campañas de Responsabilidad Social Corporativa están limitadas a que las empresas decidan hasta qué punto quieren limpiar su imagen, aunque sirven para mostrar algunas injusticias. Las grandes empresas dicen más cuando callan que cuando hablan.
En Catalunya sí, y aquí ¿cuándo?
Alternatiba lamenta la cobardía de los políticos vascos para seguir el ejemplo de Catalunya con respecto a las corridas de toros.
DONOSTIA, 28 DE JULIO DE 2010 –Alternatiba se ha felicitado hoy por la decisión del Parlament de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que prohíbe las corridas de toros en Catalunya, al tiempo que ha lamentado que la clase política vasca no haya tenido la suficiente valentía como para seguir este ejemplo y apoyar las propuestas antitaurinas presentadas por Alternatiba en las Juntas Generales.
El parlamentario foral Ander Rodríguez ha recordado que Alternatiba presentó tanto en la Cámara de Gipuzkoa como en la de Bizkaia sendas resoluciones para que ambos territorios fueran declarados «libres de maltrato animal», además de reclamar una modificación legislativa para que las corridas de toros fueran erradicadas. El rechazo de PP, PSE, PNV y H1!, sin embargo, impidió que dichas iniciativas salieran adelante, ya que los citados partidos «no permitieron la libertad de voto a sus junteros y junteras, a pesar de que algunos manifestaron en privado su apoyo a la resolución de Alternatiba y de que la socialista Rafaela Romero la secundó, lo que le valió una sanción», según ha explicado Rodríguez.
En este sentido, el juntero de Alternatiba se ha alegrado del triunfo de hoy en el Parlament y de que «la extrema presión del lobby taurino no haya conseguido los efectos deseados».
Con esta decisión, a su juicio, «Catalunya se sitúa un poco más cerca de Europa y da cumplimiento a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que dice en su literalidad que «ningún animal será sometido a actos de crueldad para diversión del ser humano».
«Catalunya ha sido, detrás de Canarias, la segunda Comunidad Autónoma del Reino de España en abolir las corridas de toros. Hagamos que Euskadi sea la tercera. Las tradiciones, cuando no se adecuan a los tiempos ni a las convicciones morales de una sociedad, se deben superar, y causar sufrimiento a un animal no es éticamente aceptable ni hay razón que lo justifique», ha concluido Rodríguez.
Argazkia: Ekinez Sortu
Gastos injustificados
Alternatiba propone eliminar «gastos injustificados» de los junteros como las dietas por asistencia y traslados a reuniones, que el año pasado ascendieron a 430.000 euros
CADA PARLAMENTARIO FORAL PERCIBE 196 EUROS POR PLENO; 147 POR JUNTA DE PORTAVOCES Y 127 EUROS POR CADA COMISIÓN A LA QUE ACUDE
ALTERNATIBA RECLAMA QUE LAS DIETAS SE DECLAREN INCOMPATIBLES CON LA PERCEPCIÓN DE UN SUELDO PÚBLICO
DONOSTIA, 27 DE JULIO DE 2010 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha presentado una propuesta en la que aboga por eliminar determinados gastos «nada justificados» de los junteros y junteras del territorio, entre los que se incluyen las dietas a liberados por asistencia a reuniones o los complementos por traslados, que el año pasado supusieron a las arcas públicas cerca de 430.000 euros.
El juntero de Alternatiba Ander Rodríguez ha explicado que el Parlamento foral pagó en 2009 un total de 430.000 euros a los miembros de la Cámara
en concepto de dietas por locomoción y asistencia a plenos, juntas y comisiones –a parte de los sueldos ordinarios de los liberados-, lo que supone un sobresueldo de casi 700 euros al mes para cada uno de los 52 representantes forales. «Hay muchas familias guipuzcoanas que tienen que sobrevivir todo el mes con esta cantidad. Es un despilfarro innecesario de dinero público que es preciso atajar, más aún en época de crisis», ha apuntado el dirigente de izquierdas.
En concreto, Rodríguez ha detallado que los junteros perciben 196,45 euros por cada Pleno; 147,16 por cada Junta de Portavoces y Permanente y 127,41 euros por cada Comisión Ordinaria a la que asisten. Además, se les pagan unas dietas en concepto de traslado establecidas en un mínimo de 13 euros por día y 0,29 euros por kilómetro. «Estas cantidades se cobran independientemente de la dedicación exclusiva que muchos junteros y junteras tienen, con lo que se da la paradoja de que las Juntas Generales (u otras Administraciones municipales) les pagan un sueldo público, ya de por sí elevado, y además les dan dinero aparte por ir a reuniones», ha denunciado el dirigente de izquierdas.
Por todo ello, el representante de Alternatiba ha abogado por «establecer la incompatibilidad de las dietas por asistencia con la percepción de un sueldo por parte de las Juntas Generales o cualquier otra Administración cuyo motivo sea la dedicación exclusiva de cargo público». De este modo, calcula que se podría ahorrar un 75% de la partida anual.
En cuanto al complemento de locomoción, Rodríguez ha afirmado que «no se encuentra justificado», no al menos en su formulación actual: «El mínimo por día no tiene explicación razonable y en cuanto a los 0,29 euros por kilómetro es necesario hacer varias apreciaciones. En primer lugar, por motivos de seguridad una gran parte de los representantes de la Cámara se traslada en coche oficial, por lo que no se le debería pagar el trayecto. En segundo término, este complemento está concebido bajo la óptica del vehículo privado, y creemos que las Juntas Generales deberían predicar con el ejemplo sustituyéndolo por una dieta de traslado en transporte público».
El juntero de Alternatiba ha explicado que estas medidas reportarían a las Juntas Generales un ahorro sustancial que permitiría aplicar el Real Decreto Ley 8/2010 de reducción del déficit -que supone la bajada de las retribuciones de los altos cargos de la Cámara y del cuerpo funcionarial- sin necesidad de suspender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la institución. Rodríguez ha indicado que Alternatiba está de acuerdo con la disminución del sueldo de los junteros, por considerarlo excesivo, pero no con los recortes en los derechos económicos de los empleados y empleadas de Juntas Generales.
La ampliación del metro de Galdakao: ¿Qué se discute?> Exabier Arrieta (Alternatiba)
Estos últimos días ha aparecido en los medios la noticia de la ampliación del Metro a Galdakao. Esto que en principio es una buena noticia ha generado una controvertida y saludable polémica sobre la no llegada al Hospital de Usansolo como en un principio sí estaba anunciada en forma de futura parada.
Por lo poco que se ha podido leer en los medios el Gobierno Vasco argumenta una falta de rentabilidad económica y social ya que el presupuesto se dispararía y el número de viajeros no es suficiente para acometer esta inversión.
Ante esto a un servidor le surgen varias interrogantes:
Pensar en términos de número de viajeros sólo tomando la zona en sí me parece un error. El metro debiera de ser la columna central sobre la que pivotara el resto de transporte público y/o privado facilitando su llegada a las diferentes paradas de metro. En este sentido, una parada en el Hospital, con la adecuación de su aparcamiento daría servicio a la población de la zona colindante (Lemoa, Bedia, Zornotza, Larrabetzu, etc.) sirviendo de elemento disuasorio al acercamiento de coches hacia el Gran Bilbao. Esto ha quedado demostrado en otros lugares (colapso del parking de Etxebarri, paulatino éxito del aparcamiento del BEC…).
En nombre de la sacrosanta rentabilidad económica…¿la línea 2 capta mucha menos población que la línea 1 que da servicio a la margen derecha?, ¿cuántos años han tardado de hacer una a iniciar la otra? Por la misma razón económica, ¿por qué se hizo una parada en Plentzia si su número de habitantes sobre todo en la media total del año es bajísima para una infraestructura de masas como ésta?Ah, que es que hay playa.R azón normal pero aquí no se miró el número de habitantes del municipio, se utilizó la lógica social acertada de que en verano mucha gente bizkaitarra va a los arenales, al igual que a lo largo de todo el año mucha gente ha de ir al Hospital de Galdakao y mucha gente de la comarca cogería el metro.
En el fondo y en mi opinión el debate no es la parada de metro en el Hospital de Galdakao, en el fondo está un modelo de sociedad basada en el destino de ingentes fondos a macroinfraestructuras (Supersur, TAV…) insostenibles que no dejan margen a mejoras en el transporte público ya que monopolizan muchísimos recursos potenciadores, en casos, del vehículo privado. Si hablamos de falta de rentabilidad social me gustaría saber cuantas toneladas de CO2 procedentes del vehículo privado se dejarían de emitir si se construye esta parada y se coordina con las líneas de Bizkaibus, potenciando el uso de un sistema de transporte público agil y competitivo. Y digo competitivo porque no a toda esta zona llega el Eusko tren ni los horarios de autobus son eso, competitivos. El transporte público ha de hacerse atractivo para el ciudadano, que ve como atractivo ahora que con su coche, la supersur, los corredores, las variantes etcétera llega rapidísimo a todos los sitios. Claro, si no miramos el deterioro medioambiental y el derroche de recursos.
En este sentido, se nos dice que el presupuesto se dispararía con esta llegada al Hospital. Parece no importar que se disparen otros presupuestos (presupuesto militar, las ya citadas megainfraestructuras) sobre los que no existen estas discusiones. Y lo que me sorprende más, ¿cuando se habla desde el Gobierno Vasco de la (falta de) rentabilidad social, se valora lo que supone perder calidad de vida natural, calidad de aire….?
Sin más, es una reflexión diferente a lo que sería un debate interesante en nuestra sociedad, el modelo de transporte que querríamos algunos ciudadanos.
Kosovo dependiente > Jonathan Martínez (Alternatiba)
Hashim Thaçi avanzó hacia el atril con los papeles bajo el brazo, puso cara de primer ministro y proclamó la República de Kosovo entre los aplausos parlamentarios y los fogonazos de las fotografías. Era 17 de febrero de 2008 y su nombre aún permanecía en el inventario de organizaciones terroristas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En la guerrilla albanesa le llamaban Serpiente.
Condoleezza Rice y George W. Bush no tardaron en adelantar la bendición estadounidense a la independencia kosovar. Thaçi ya no era el líder de una organización armada que se enriquecía con el narcotráfico y el crimen organizado, sino el respetable portavoz del Partido Democrático de Kosovo. UÇK ya no era el grupo furtivo que había llenado las cunetas de cadáveres serbios, gitanos y albaneses indistintamente, sino el cuerpo policial legítimo de Kosovo en colaboración con los efectivos de la OTAN.
Años atrás, la Alianza Atlántica había encontrado en la Provincia Autónoma de Kosovo y Metohija el territorio más propicio para culminar la demolición de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y a la vez, el atajo más rápido para la ocupación militar de los Balcanes y la tutela de una geografía propicia para los intereses corporativos del petróleo. La administración de Bill Clinton tuvo oportunidad de ensayar en Serbia los mismos esquemas de propaganda, invasión y saqueo que después perfeccionó George W. Bush en Afganistán y en Iraq.
El 11 de febrero de 1996, UÇK orquestó un ataque contra refugiados serbios procedentes de Krajina que quebraba el camino de desobediencia civil abierto por el presidente kosovar Ibrahim Rugova. Se adivinaba una declaración de guerra. Los enfrentamientos entre el ejército yugoslavo y la nueva guerrilla albanesa se prolongaron durante casi tres años, hasta que la diplomacia estadounidense decidió que el gobierno de la República Federal de Yugoslavia debía ser juzgado por crímenes de guerra mientras que los militares de UÇK eran honorables libertadores con quienes resultaba oportuno fotografiarse ante la prensa. Quinientas mil víctimas albanesas que nunca existieron sirvieron para argumentar la urgencia de una agresión militar contra la población serbia.
El 30 de enero de 1999, la OTAN manifestó su determinación de bombardear Yugoslavia, pero todavía necesitaba vender a la opinión pública un último esfuerzo conciliador. El 6 de febrero, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, sentó en una mesa del castillo francés de Rambouillet al militar albano Hashim Thaçi y al presidente yugoslavo en funciones, Milan Milutinovi?.
La propaganda oficial vistió de generosidad diplomática lo que en realidad fue un chantaje al gobierno yugoslavo que ningún estado soberano del mundo habría aceptado. Según el Acuerdo de Rambouillet, las fuerzas de la OTAN exigían acceso libre a todo el territorio de la República Federal de Yugoslavia, incluido su espacio aéreo y sus aguas territoriales; exigían inmunidad ante investigaciones o detenciones; exigían el uso gratuito de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos; exigían el control de todos los canales de comunicación yugoslavos, incluidas televisiones y radios; exigían que la economía de Kosovo funcionara de acuerdo a los principios del libre mercado.
A nadie le importó que la Asamblea Nacional Serbia dispusiera una propuesta sobre la autodeterminación de la provincia de Kosovo y Metohija basada en el acuerdo entre las distintas comunidades nacionales kosovares y el respeto a la diversidad étnica. En realidad, el pacto de Rambouillet contaba de antemano con la firma de las delegaciones de Albania, Estados Unidos y Reino Unido, y con la certeza de que la OTAN iba a invadir Yugoslavia en cualquiera de los casos, firmara o no su presidente.
El 24 de marzo de 1999, los cazas españoles de la Alianza Atlántica abrieron fuego sobre Belgrado e inauguraron el último genocidio de la historia de Europa, un bombardeo que se prolongó durante 78 días y que dejó un número más o menos escandaloso de muertes si se examinan unas u otras fuentes. Javier Solana, que ejercía como Secretario General de la OTAN durante la Operación Allied Force, despreció los preceptos más elementales del derecho internacional y precipitó el festival de bombas de racimo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nunca ha sido juzgado.
Las agresiones de la OTAN no se limitaron a objetivos militares, sino que se extendieron repetidamente a la población civil. El 5 de abril, los aviones de la alianza matan a 5 personas en Aleksinac. El 12 de abril, atacan un tren en Grdelica y dejan 10 personas muertas y un vídeo manipulado con el que tratan de justificar el crimen. El 14 de abril, bombardean una columna de refugiados kosovares cerca de Djakovica y matan a 75 personas. El 23 de abril, bombardean la sede de Radiotelevisión Serbia y matan a 16 personas. El 27 de abril matan a 20 personas en Surdulica. El 1 de mayo bombardean un autobús en Luzane y matan a 47 personas. El 8 de mayo, un avión estadounidense bombardea la embajada de China en Belgrado y mata a 3 personas. El 14 de mayo bombardean el pueblo kosovar de Korisa y matan entorno a cien personas.
El 10 de junio de 1999, concluyó la invasión aérea y las autoridades serbias abandonaron Kosovo para dejar paso a las tropas de ocupación de la OTAN bajo el amparo de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que garantizaba la soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia. Inmediatamente, la corporación estadounidense Kellogg Brown & Root asumió la construcción de la base militar más grande de Estados Unidos en Europa, que se llamó Camp Bondsteel en homenaje a un soldado que obtuvo la Medalla de Honor durante la Guerra de Vietnam. A pocos kilómetros de la frontera con Macedonia, la base vigila de cerca el oleoducto transbalcánico AMBO, de la empresa estadounidense Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation, que negoció con ExxonMobil y ChevronTexaco la fórmula más eficaz para distribuir hacia Europa el crudo extraído en Kazajistán, en el mar Caspio. Camp Bondsteel acoge a 7.000 soldados en una idílica urbanización de casi cuatro kilómetros cuadrados con iglesia, pizzerías, el Centro Educativo Laura Bush y un hospital. Álvaro Gil-Robles, que conoció las instalaciones en calidad de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se acordó de Guantánamo.
Kellogg Brown & Root fue una filial más en la tela de araña empresarial Halliburton Company que presidió Dick Cheney inmediatamente después de abandonar sus responsabilidades como Secretario de Defensa de Estados Unidos -bajo la presidencia de George H. W. Bush- y hasta unos meses antes de ser nombrado Vicepresidente -a la sombra del hijo George W. Bush-. KBR era la filial que firmó contratos millonarios con el Gobierno estadounidense para levantar su embajada en Kabul o para proteger la Operación Libertad Duradera que arrasó Afganistán. Halliburton es el gigante petrolero que ha devorado varios miles de millones de dólares en contratos a dedo para la reconstrucción de esa Iraq que el propio ejército americano había destruido.
El 14 de agosto de 2000, el representante de la ONU en Kosovo, el francés Bernard Kouchner, envió un contingente militar a tomar el complejo minero de Trep?a, uno de los grandes tesoros naturales de los Balcanes. Como ya había aconsejado el financiero George Soros tras la ocupación de Kosovo, las minas pasaron de las manos públicas a ITT Kosovo Ltd, que agrupaba a inversores privados de Estados Unidos, Francia y Suecia. En noviembre de 2005, las Naciones Unidas cedieron el consorcio público Ferronikeli a la corporación británica Alferon. Joachim Ruecker, en nombre de la Misión de la ONU en Kosovo, presentó la privatización de la empresa como un ejemplo de sociedad estable y madura, dispuesta para recibir capital extranjero.
Mientras las empresas extranjeras engordaban sus cuentas en la nueva economía de mercado kosovar, la violencia étnica contra serbios, gitanos y disidentes albanos se prodigaba ante los ojos indiferentes de las fuerzas de ocupación y de la policía heredera de UÇK. Entre el 17 y el 19 de marzo de 2004, las minorías étnicas de Kosovo soportaron un pogrom de tres días en el que grupos de albaneses mataron a 19 personas e hirieron a un centenar. El patrimonio histórico de la iglesia ortodoxa fue destruido y expoliado. Miles de personas han abandonado sus casas y han huido de la región. Al contrario de lo que se ha asegurado, la ocupación militar de Kosovo no ha servido para acercar la paz, sino para despejar el camino hacia la limpieza étnica que predicaba la Gran Albania de la pureza racial, una propuesta que obtuvo cuerpo histórico durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la custodia del Partido Fascista de Albania, la Italia de Benito Mussolini, y la Alemania nazi de Adolf Hitler.
El 22 de julio de 2010, la Corte Internacional de Justicia resolvió que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violaba el derecho internacional. Los portavoces del Gobierno estadounidense reclamaron una vez más el reconocimiento internacional para la nueva república. El primer ministro kosovar, Hashim Thaçi, el mismo que había abandonado su fusil Kalashnikov y su uniforme caqui para ser el bien trajeado portavoz de la independencia, celebró la noticia desde Washington. Las calles de Pristina se habían vuelto a llenar de banderas de Albania y de Estados Unidos. Es fácil imaginarse a la multitud manifestante agitando sus colores en ese cruce de la ciudad donde desembocan el Boulevard Bill Clinton y la Avenida George Bush.
El primer tribunal de la ONU ha avalado la independencia de Kosovo sin decir que el nuevo estado es un traje a medida de las fuerzas militares de ocupación en los territorios de la antigua Yugoslavia. No han dicho que Kosovo es un estado construido con los mismos mimbres artificiales que se impusieron en Bosnia y Herzegovina tras los Acuerdos de Dayton en 1995. A Kosovo no lo ha reconocido Rusia, ni China, ni Venezuela, ni Brasil, ni muchas otras decenas de países. Sin duda, una de las posiciones más hipócritas es la del Reino de España, que alisó el camino a la independencia kosovar azuzando la agresión de la OTAN contra Serbia, y ahora se desentiende de la legitimación del nuevo estado para evitar contradicciones en el debate sobre su propia integridad territorial.
Por eso, algunas preguntas son pertinentes. ¿Por qué es indiscutible el reconocimiento de la República de Kosovo pero no el de otras regiones del mundo que alguna vez se han declarado independientes de forma unilateral? ¿Por qué no Transnistria, separada de la República de Moldavia? ¿Por qué no Abjasia y Osetia del Sur, segregadas de Georgia? ¿Por qué no la República de Nagorno Karabaj, fugada de Azerbaiyán? ¿Por qué no Somalilandia, nacida de la descomposición de Somalia? ¿Por qué no la República Turca del Norte de Chipre? ¿Tendrá reconocimiento la independencia de la República Srpska, de mayoría serbia en Bosnia y Herzegovina? ¿Será reconocido alguno de tantos procesos de liberación nacional que emergen en Europa?
Si mañana alguna región del mundo diese por su cuenta el paso hacia su soberanía plena, agradeceremos que el tribunal de la ONU se atreva a inclinar su balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces descubriremos si para cosechar el aplauso internacional es suficiente reunir la voluntad mayoritaria de un pueblo, o si por el contrario, es además requisito indispensable presentarse con una carta de recomendación de la OTAN y de Estados Unidos.
Que nadie se alarme demasiado, al fin y al cabo, las opiniones del tribunal de las Naciones Unidas son puramente decorativas. El 9 de abril de 1984, Nicaragua demostró ante la Corte Internacional de Justicia que el gobierno de Ronald Reagan había entrenado, armado, equipado, financiado y abastecido a las fuerzas de la Contra y sus actividades militares y paramilitares para derrocar al gobierno sandinista del FSLN. Por desgracia, el derecho internacional no causa el mismo efecto sobre unos culpables que sobre otros.
Transfeminismo: ¿Sujetos o vida en común?> Silvia L. Gil y Amaia P. Orozco (Diagonal)
Diagonal- «El transfeminismo se planteó como un concepto transformador. Este nuevo texto enriquece el debate sobre su significado y las dudas que plantea, para crear herramientas de construcción política de lo común.Con este artículo queremos contribuir al debate desde la posición de que necesitamos herramientas para construir políticas de lo común, y que es momento de replantearnos el feminismo/los feminismos/el transfeminismo, como quiera que lo llamemos»
Argazkia: Anonymous Bosch
Municipalismo necesario> Xabier Isasi (Gaindegia)
Gaindegia– «Los municipios vascos han sido, y son, agentes de transformación social y política; la Asamblea de Municipios de Lizarra (Estella 1931) el movimiento de alcaldes de Bergara (1976) o Udalbiltza (1999) plantearon nuevas alternativas participativas para la estructuración del país. El proceso contra Udalbiltza es, precisamente, un proceso contra el municipalismo vasco»
La historia de amor de Bernat Soria y la industria farmacéutica > Miguel Jara (Diagonal)
Diagonal – «Muchos cargos públicos de la Administración hacen ‘méritos’ entre las grandes empresas para intentar que éstas, agradecidas, los contraten cuando han terminado su periplo. Las grandes multinacionales pagan mucho mejor que la Administración y cada vez más personas sueñan con ser lo suficientemente complacientes con ellas como para que éstas las premien contratándolas. La cantidad de cargos políticos provenientes del campo privado que benefician los intereses que antes representaban es realmente llamativa, pero también lo son los casos de quienes formados en ‘lo público’ fichan luego por empresas privadas que aprecian sus contactos e influencia para que les abran puertas y representen sus intereses en las instituciones en las que trabajaban o en sus adyacentes. Cuando no, se trata simplemente de una ‘contraprestación’ por los servicios realizados previamente.»
El PSE privatizará 12.000 viviendas públicas
Alternatiba lamenta que el afán recaudatorio del Gobierno Vasco le lleve incluso a privatizar el suelo público de las VPO
DONOSTIA, 21 DE JULIO DE 2010 – Alternatiba ha lamentado hoy que al Gobierno Vasco no se le ocurra otra medida para saciar su afán recaudatorio que privatizar el suelo público de las Viviendas de Protección Oficial, en lugar de sustentar las arcas públicas con políticas fiscales progresivas que reviertan en medidas sociales para el conjunto de la ciudadanía.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, se ha referido así a la decisión del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, de permitir que los titulares de un piso en derecho de superficie la adquieran en plena propiedad a través de la venta del suelo público.
«Este tipo de medidas no soluciona el problema de la vivienda porque su único fin es generar más ingresos para la Administración pública», ha subrayado el dirigente de izquierdas. En este sentido, ha considerado que Arriola «pretende sacar dinero poniendo el caramelo de la propiedad entre los que menos tienen, como los adjudicatarios de VPO, en lugar de recaudar cargando fiscalmente a las rentas más altas».
Matute, asimismo, ha considerado que estos anuncios efectistas del consejero de Vivienda «lo único que pretenden es suscitar interés mediático y contrarrestar la inactividad de su departamento, que no ha planteado ningún cambio legislativo en lo que llevamos de legislatura».
En palabras del portavoz de Alternatiba, «mucho nos tememos que en el próximo presupuesto del Gobierno Vasco se va a reducir la cantidad destinada a vivienda protegida poniendo como excusa que se ha sacado dinero privatizando el suelo público».