Erabakiak ordezkatze eta zeharkako prozesurik gabe hartzeko subjektu burujabea herritargoadela defendatzen du demokrazia zuzenak. Ildo honetan proposamen hauexek garatu ditugu:

• Herritarren erabaki eskumenak ahalik eta gehien zabaltzea. Ahal den neurrian, herritarrek erabakiak hartu ahal izatea ahalbideratu behar da, ordezkarien lana mehetuz. Azken hauen lana operatibitate gaiei eta taldeka sorturiko estrategia politikei mugatuko beharko litzaieke, erabakia bera esparru bakoitzeko subjektu burujabean utzita.

• Zalantzarik gabeko muga, zer aukera daitekeen eta zer ez bereizten duena, giza eskubideen nazioarteko arloak zehazten du. Eskubideak ezin dira zalantzan jarri eta euren gainean ez da erabakirik hartzen ahal. Zehazteke geratzen da, halere, zer den eskubide eta zer ez (batez ere bigarren eta hirugarren belaunaldiena) eta euren izaera dinamikoa.

• Aurreko bi ideiak Demokrazia zuzen Lege edo Erreferendum eta Kontsulta Lege batek zehaztu beharko lituzke, honetan agertuko litzateke zein eskumen diren herritargoaren erabakitze esparruaren arlo hutsekoak eta zeintzuk diren esparru bakoitzeko subjektu zehatzak (nazio, lurralde historiko, eskualde, …). Legeak subjektu horiei egituratzeko eta informazioa eskuratzeko ahalmena bermatu beharko die.

•  Egitura eta legeak ez dira asebetegarriak ez bada benetako kultura demokratikorik sustatzen. Honetarako informazioaren eskuragarritasuna, eztabaidarako eta erabakitzeko egitura egonkorrak, parte hartzeko denbora eta baliabideak, formakuntza orokorra, … behar dira.

Podemos decir que este eje está presente desde el inicio de esta propuesta. Ya decíamos que considerábamos que los sistemas patriarcal y capitalista generaban múltiples formas de violencia contra las mujeres, desempoderándolas en lasdiversas esferas de su vida. Por tanto, nuestro concepto de violencia está directamente relacionado con las distintos ámbitos en los cuales creemos que se deben impulsar procesos de empoderamiento y autonomía de las mujeres. Apostamos, por tanto, por un concepto amplio de violencia contra las mujeres, escapando de aquellas visiones que consideran que violencia es sólo el golpe, la violación o el asesinato.

El maltrato o la violencia ejercida contra las mujeres por parte de compañeros o excompañeros es un tipo de violencia que mata a una media de 60 mujeres en el Estado español al año. Es un tipo de violencia que por sus características, (ejercida por un compañero íntimo, durante períodos generalmente largos de tiempo, y con múltiples dimensiones que van minando la autoestima de quienes la sufren), puede ser consideraba como una de las más cruentas. Debemos por tanto denunciar esta realidad y exigir al Estado que establezca todos los medios necesarios para su erradicación. Y también debemos exigir a la sociedad, y exigirnos a nosotros/as mismos/as, tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres.

Dicho esto, consideramos este tipo de violencia como la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Creemos que la violencia contra las mujeres tiene múltiples representaciones, y que el no plantearlo desde esta perspectiva convierte los casos de violencia contra las mujeres en hechos aislados que sólo afectan a una “pequeña” parte de las mujeres. Una parte de las mujeres sufre malos tratos, pero todas sufrimos violencia en diferentes momentos de nuestra vida: violencia económica (por ejemplo con nuestra precaria incorporación el mercado de trabajo); violencia sexual (desde las agresiones sexuales y violaciones, ante el acoso laboral); violencia psicológica; violencia socio-cultural (por ejemplo que la mercantilización de nuestros cuerpos en la publicidad, o la constante cosificación de las mujeres en los medios de comunicación); etc. Por tanto debe ser objetivo de las mujeres feministas de esta nueva fuerza política, y también de los varones que comparten la lucha con nosotras, erradicar toda forma de discriminación y violencia, y luchar por la construcción de sistemas equitativos y libres de violencia contra las mujeres.

Consideramos que es una tarea compleja y un proceso a largo plazo en el cual debemos poner todos nuestros esfuerzos, apostando por la mejora de las medidas legales; una atención de calidad e integral a las mujeres víctimas de violencia; el trabajo desde modelos de co-educación; la concienciación de los medios de comunicación y su importancia en la perpetuación de la violencia cultural y simbólica hacia las mujeres; etc. Múltiples campos de lucha y trabajo en los cuales debemos posicionarnos y actuar desde nuestra organización.

Centrándonos en lo concreto, queremos recoger las críticas que las mujeres feministas realizan a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y su aplicación. Consideramos que esta Ley y su aplicación deben ser mejoradas:

• Garantizando los medios materiales y  humanos necesarios para atender y proteger a las mujeres que sufren violencia, sea cuál sea su lugar de residencia en el Estado español; se traten de mujeres de zonas rurales, o de mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa; etc.

• Formando a los y las profesionales de los ámbitos policial, judicial, asistencial y sanitario, para que puedan comprender la violencia desde una visión integral y abordarla en consecuencia.

• Trabajando la prevención de la violencia de género.

• Promoviendo la coordinación entre todas las instituciones y organizaciones implicadas.

• Agilitando los procedimientos judiciales, especialización de los juzgados y sensibilizando a los jueces y juezas encargados de los casos.

• Valorando el tipo de pena y el grado de cumplimiento de la misma por parte de los agresores.

Finalmente, la mesa se centra en un debate sobre la prioridad otorgada al ámbito local como eje de regeneración democrática que no se cierra definitivamente. En este sentido, para algunos/as, el espacio de lo local es la base fundamental sobre el que cimentar cualquier estrategia democrática, de manera que a partir del municipio se debe conformar cualquier pirámide de representación a otros niveles (provincial, nacional, etc.). Así, se combina la democracia directa, con el municipio como sujeto de representación y decisión supra-municipal. Otra parte, en cambio, otorga una importancia estratégica a lo local, pero sin limitar la importancia de lo nacional e internacional. De esta manera, se comparte con la posición anterior la importancia por lo local, pero el resto de ámbitos no se constituyen en base a lo local, sino en base a diferentes sujetos ciudadanos.

No obstante, la mesa al completo establece que el ámbito local es un espacio estratégico para conformar y establecer experiencias radicalmente democráticas de poder y de participación. De esta manera, se llama a que la nueva organización fruto de la convergencia establezca una estrategia específica de democracia, poder y participación para el ámbito local.

En este sentido, se aboga por estructuras y protocolos de democracia directa en el ámbito local (consejos consultivos convertidos en órganos decisores, reglamentación de los presupuestos participativos, acceso a la información equitativo, fomento del asociacionismo, etc.). Así, se aboga por más estado en lo redistributivo y en la puesta en práctica de políticas vinculados a derechos, y menos estado en control social, monopolio de la información, etc.

En definitiva esta es la agenda propuesta por la mesa de democracia radical, que se complementará con las bases que se han formulado para la nueva estructura organizativa. Como vemos, queda mucho por hacer, pero siempre con la idea de acercar las decisiones a la ciudadanía a través de una participación de calidad, y donde los y las representantes están sujetos a dicho poder ciudadano.

El debate sobre los medios de comunicación no se cierra tampoco, y se requiere de un mayor debate posterior para sentar una posición clara sobre el control, propiedad y características de los medios de comunicación. No obstante, existen algunos puntos de encuentro:

• La información no puede ser entendida como una mercancía, dada su importancia para un buen funcionamiento democrático.

• La estatalización sin control ciudadano no garantiza la equidad en el acceso a la información veraz.

En este sentido, se aboga por un modelo que combina lo público con lo comunitario y popular:

• El fomento de Internety de los sistemas de software libre.

• Los sistemas de cuotas en los medios de comunicación para los diferentes sectores populares y comunitarios (Radios, televisión, etc.).

La democracia directa en la toma de decisiones se debería complementar, en la medida de lo posible, con la posibilidad de la ciudadanía de participar en la elaboración de las propias políticas públicas.

En este sentido, y partiendo de la dificultad de esta participación con carácter masivo por parte de la ciudadanía en las diversas políticas en el ámbito nacional, se ha optado por una estrategia general que prioriza la toma de decisiones directa en base a una buena cultura democrática; no obstante, sí que se deben incluir algunas medidas de democracia participativa en el ámbito nacional, partiendo de lo ya existente:

• Fomento de los Consejos y las Comisiones, que deberían ser abiertas a quien quiera participar, no siendo así un coto cerrado.

• Fomento de las asambleas municipales, comarcales y provinciales de debate, de manera que en los territorios se puedan analizar, debatir y hacer propuestas a políticas y medidas que afectan al territorio.

• Nueva Ley de Iniciativas Legislativas Popularesque favorezca la elaboración ciudadana y la aprobación directa por parte de la ciudadanía de normativas a través de este cauce.

Se apuesta por una nueva relación entre representante y representada/o, en función de un mayor poder de este último respecto al primero:

• Abolición absoluta de la ley de partidos como aberración antidemocrática.

• Nueva ley electoral que analice y adecue los actuales sistemas de representación (circunscripciones básicas, sistema D´hont) para que se garantice la coherencia entre apoyo popular y número de personas representantes.

• Abolición de la Ley de Territorios Históricos, de manera que la representatividad esté ponderada en función de la población.

• Apuesta decidida por las listas abiertas como fórmula de elección de las y los representantes.

• Posibilidad de revocación de las personas representantes en todo momento del ejercicio de su actividad.

Se entiende por democracia directa aquélla que establece que la ciudadanía es el sujeto soberano de la toma de decisiones, sin delegación ni representación. Por lo tanto, es un elemento básico y definidor de lo que es la participación en su estado más puro.

En este sentido, hemos avanzado en las siguientes propuestas:

• Extender al máximo la democracia directa y por tanto la capacidad de decisión de la ciudadanía. Así, y en la medida de lo posible, la toma de decisiones por parte de la ciudadanía debe hacerse efectiva, limitando el papel de las y los representantes. El papel de éstos debería reducirse a cuestiones operativas y a la propuesta colectiva de políticas estratégicas, pero las decisiones deben estar en el sujeto soberano en cada ámbito local, nacional, etc.

• El límite sobre el que no se puede discutir, la línea que separa qué es elegible y qué no, lo define el marco internacional de los derechos humanos. Así, los derechos no se discuten ni se toman decisiones sobre ellos. Queda pendiente la división clara entre qué es un derecho y qué no (sobre todo con los derechos de segunda y tercera generación), así como el carácter dinámico de los mismos.

• Estas dos resoluciones anteriores deben recogerse en una Ley de democracia directa, o Ley de referéndums y consultas, en la que se concreten qué competencias son del ámbito de decisión directa de la ciudadanía, y cuál es el sujeto específico en cada caso para tomar dicha decisión (nación, provincia, comarca, etc.). Además, la ley garantizará las estructuras y el acceso equitativo a la información para dichos sujetos.

• Las estructuras y las leyes no son completas sin el fomento de una verdadera cultura democrática, para lo cual se debe avanzar en este sentido: acceso a la información, estructuras estables de debate y decisión, tiempo y recursos para participar, formación generalizada, etc.

Alternatiba  propone una sociedad basada en la democracia radical, que, según la entendemos, se basa en los siguientes principios:

• La participación como base del poder: el poder debe ejercerse a través de la participación activa y de calidad del conjunto de la población en cada ámbito de decisión, quienes deben contar con los canales, las estructuras, la información y el modelo de sociedad que posibilite dicha participación. Esta participación no debe únicamente circunscribirse al ámbito político, sino que debería también  hacerse extensivo al conjunto de dinámicas económicas, sociales o culturales.  El objetivo es entonces que las grandes mayorías dirijan su propio modelo e sociedad, al menos en aquéllos aspectos más estratégicos.

• No existe un modelo único que debe replicarse de manera automática en cualquier contexto o cultura. Al contrario, diferentes conceptos de democracia pueden convivir, dentro de un marco general compartido de derechos, y bajo unos principios y enfoques comunes. Por lo tanto, los ejemplos de democracia directa extrema y representatividad mínima -como en la ciudad del Alto en Bolivia, o las Juntas de Buen Gobierno zapatistas-, pueden ser tan validos como las realidades que conceden una mayor relevancia a la representación –aunque matizada respecto a los parámetros actuales-. En este sentido, tan negativo sería trasladar un sistema de mayor representatividad a culturas caracterizadas por la democracia directa, como intentar extraer reglas generales para situaciones específicas. En este sentido, diferentes grados son compatibles en un esquema con parámetros compartidos.

• La equidad en el acceso a la participación de calidad  nos debe conducir a establecer estrategias específicas en función de los diferentes sujetos. De esta manera, como ya hemos indicado desde el Documento de Claves, cada sujeto sufre diferentes sistemas de dominación -capitalismo, patriarcado, etc.-, con lo que se deben establecer procesos, estructuras y políticas equitativas para alcanzar una participación realmente igualitaria. El caso de las mujeres es significativo, ya que, además de ser quienes más sufren la exclusión y precariedad económica, se encuentran muy alejadas de las instancias de decisión, a través de costumbres, culturas y estructuras pensadas desde una lógica masculina. Así, se deben tomar medidas determinantes para transformar radicalmente esta realidad.   

Desde estos principios, proponemos un concepto de democracia radical que se define por las siguientes características:

• Aúna e integra la democracia directa, la democracia participativa y la democracia representativa. En este sentido, se compromete con la toma de decisiones por parte de la ciudadanía en aquéllos ámbitos estratégicos para el conjunto de la sociedad, tanto en lo local, lo provincial, lo estatal y lo internacional; además, define estructuras que garanticen la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas; por último, define un nuevo modelo de representante político, elegido en base a listas abiertas, en todo momento sujeto a la posible revocación y a sistemas de rotación que impiden su profesionalización.

• La democracia no sólo se refiere a la generación de estructuras para la participación; ésta debe también ser de calidad, para lo cual habrá que posibilitar el acceso equitativo, transparente y objetivo a la información por parte de toda la ciudadanía.

• La democracia radical precisa de un modelo de sociedad radicalmente diferente: sólo se puede dar una participación de calidad en sociedades igualitarias; además, el modelo económico debe garantizar el tiempo y los recursos necesarios para la participación comunitaria y pública; finalmente, se debe generalizar una cultura de participación que dote a ésta de un valor fundamental.

Precisamente, ordenaremos las propuestas de la Mesa de Democracia Radical en función de estas tres características. Así, desarrollaremos en cinco puntos las iniciativas relacionadas con: democracia directa, democracia participativa, democracia representativa, acceso a la información; estrategia para el ámbito local.

Respecto a éste último punto, es necesario señalar que la Mesa se ha centrado en este ámbito local, ya que se piensa que es un espacio fundamental para iniciar un proceso estratégico de democratización, asumiendo el espíritu colectivo en Alternatiba  de ir construyendo alternativas desde abajo, y a la izquierda.

Un estado laico supone la no injerencia de ninguna organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, garantizando la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, limitando la religión al ámbito privado, particular o colectivo, de las personas.

La laicidad asegura una mejor convivencia entre los diferentes credos, anteponiendo los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares de las personas creyentes. Un estado laico tiene como premisa fundamental el respeto a los derechos humanos, y es por ello que feminismo y laicismo están estrechamente unidos, ya que ambos defienden los derechos humanos y la libertad de las mujeres.

Todas las religiones, especialmente las monoteístas, han  reglamentado lo que las mujeres deben ser y hacer. En particular la Iglesia Católica  niega sistemáticamente los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida y sus cuerpos, así como el derecho a su libertad sexual.

En los últimos años estamos asistiendo a una mayor intromisión de la Iglesia Católica en la vida política, pronunciándose sobre aspectos que están fuera de su competencia. Se confunden las creencias que cada persona es libre de tener o no, con el intento de imponernos a toda la sociedad una moral religiosa que no compartimos.

Por otro lado, la Iglesia Católica viene históricamente disfrutando de numerosos privilegios. Así por ejemplo, en los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, firmados poco después de la entrada en vigor de la Constitución, se incluyó la enseñanza de la religión católica como materia voluntaria “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Además, recientemente el Gobierno español ha acordado con la Iglesia elevar el porcentaje del 0,5% hasta el 0,7% como posibilidad de aporte en la declaración de la renta. Sin olvidar lo que recibe a través de la financiación de la enseñanza privada católica, del profesorado de religión de la enseñanza pública, la financiación de los sueldos y seguridad social de los clérigos o las exenciones fiscales. Todo esto contradice el propio acuerdo económico entre la Santa Sede y el Gobierno español de 1979, en el que «la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades».

Por todo ello, desde esta nueva organización política que estamos construyendo, exigimos:

• La derogación de los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, ya que en estos acuerdos, que son una continuación del Concordato franquista de 1953, se considera a la religión católica como una religión semioficial.

• La no financiación de las iglesias con dinero público.

• La exclusión de las religiones de la escuela pública, impulsando una escuela laica como instrumento defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista. 

• La eliminación de símbolos religiosos en edificios o actos públicos.

En definitiva exigimos una separación real del Estado y las iglesias, una autonomía total de lo político y civil respecto de lo religioso, donde se reconozca la igualdad de derechos y deberes, garantizando el ejercicio de las libertades para todas y todos. Porque el laicismo es el único marco capaz de garantizar la convivencia de personas que tienen ideas y creencias diferentes en una sociedad plural.