Después de que el departamento del ínclito Rodolfo Ares Taboada pusiese en marcha, hace no mucho tiempo, un teléfono ciudadano para que todos tengamos la posibilidad de denunciar a nuestros vecinos si creemos que sus actuaciones los hacen proclives a pertenecer a ETA o aledaños, llega ahora a Gasteiz una nueva producción de similares características. En esta ocasión la propuesta nace del Alcalde Lazcoz y su equipo de gobierno, y el tema central de la propuesta no es el terrorismo sino los fraudes en las ayudas sociales.

El Consistorio vitoriano justifica esta medida alegando que la ciudadanía gasteiztarra se halla intranquila, e incluso enfadada para con estos estafadores sin escrúpulos que malversan entre todos cerca de un millón de euros anuales a las arcas municipales cobrando ayudas al tiempo que desempeñan trabajos que luego cobran en dinero negro.

Líbreme Dios de llevarles la contraria, al fin y al cabo, si por algo se caracteriza este gobierno municipal es por saber escuchar a sus súbditos, y por tanto, si Lazcoz dice que estamos intranquilos y enfadados, así debe de ser. Pero no obstante, si algo me produce intranquilidad en mi fuero interno es el gusto que parecen estar cogiendo los políticos pseudo-socialistas de estos lares por convertirnos a todos en delatores y confidentes al más puro estilo de los estados dictatoriales, donde cualquiera es proclive de ser nuestro enemigo y donde la desconfianza hacia el prójimo es un activo para la desarticulación social.

No, no justifico a quienes amparándose en un sistema de ayudas sociales utilizan las mismas para su lucro personal, y estoy seguro que como en el caso de las meigas, haberlos haylos. Lo que me produce desazón es ver cómo se busca crear en la sociedad una sensación de constante inseguridad que justifique actuaciones como la que nos ocupa y que a todas luces son constantes antidemocráticas. Por no hablar de lo hipócrita que resulta esta campaña, lanzada a bombo y platillo, mientras el fraude fiscal de los grandes capitales multiplica por mil la cifra estafada.

Mucho me temo, que nos encontramos ante una nueva campaña populista, orquestada como tantas otras para desviar la atención de los ciudadanos de los verdaderos problemas. Diseñada para hacernos creer que la falta de solidaridad de unos pocos ciudadanos pone en riesgo un sistema deficitario de ayudas, cuando el problema real es que la avaricia de unos cuantos banqueros y empresarios nos ha llevado a una situación insostenible de paro, pobreza y exclusión social, y mientras quienes gobiernan nos mantienen entretenidos creando alarma con los síntomas, la enfermedad, y las bacterias que la han producido siguen extendiéndose apoltronados en sus tronos.

Johnny Salgado

Alternatiba Araba

Hace ya unos meses que se iniciaron los movimientos de tierra en el antiguo polvorín de Zaballa. Movimientos previos imprescindibles para la construcción del nuevo presidio que el Gobierno del Reino de España ha decidido levantar en territorio alaves, muy cerca del ya existente en Nanclares de la Oca.

Desde el mismo momento en que se hizo pública dicha intención, desde Alternatiba hemos mantenido una posición crítica y contraria contra su construcción, y por ello, en las últimas fechas nos hemos adherido al “MANIFIESTO CONSTITUYENTE DE LA PLATAFORMA ALAVESA PARA LA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA MACROCARCEL EN NANCLARES DE LA OCA” e instamos a la ciudadanía a participar de la manifestación que tendrá lugar este sábado en la capital alavesa. Compartimos el analisis que en dicho manifiesto se hace sobre la situación del sistema penal, y de la política de construcción de macro-cárceles en la que parece haberse instalado el Gobierno estatal. Más y mayores prisiones no son garantes de una mayor seguridad ciudadana.

Ha llegado el momento en que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista.

Ineficacia de la rehabilitación; Actualmente, más del 90% de la población reclusa del Reino de España, lo és, por delitos menores (hurtos y robos en la gran mayoria) y atentar contra la salud pública (delitos derivados del tráfico y consumo de drogas). Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda, y en muchos casos presentan adicción a las drogas. Estos problemas no son solucionados con la entrada en la carcel, y por tanto al salir de ella, muy probablemente se verán abocados a reincidir en su estatus delictivo.

Ineficacia preventiva; Esto es, la ineficacia para disuadir a “otros” de cometer delitos por medio de la intimidación.

Esto es fácil de observar, a mayor dureza de las penas, (mayor duración de las mismas) mayor masificación de las carceles, sin embargo, basta un pequeño vistazo a las estadísticas para darse cuenta de que salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

Ineficacia incapacitadora; que justifica el encarcelamiento simplemente para prevenir que las personas enviadas a la carcel puedan volver a delinquir.

El desarrollo penal en los USA desde los años 70 puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva. Cada año nuevas generaciones de jóvenes cometen actos delictivos, y nada se soluciona manteniendo a las viejas generaciones en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa hasta alcanzar pasmosas poblaciones penitenciarias, que han llegado a ahogar la economía del Estado. Baste el ejemplo del rancho del Gobernator SCHWARZENEGGER, quien recientemente ha manifestado su intención de trasladar buena parte de sus presos a penales mexicanos bajo arrendamiento de los mismos….

No ayuda a las víctimas; Esta afirmación contradice una arraigada opinión pública. Pero es cierto, y es importante decirlo en estos días y tiempos de grán énfasis a las víctimas.

Hay muchas maneras de aliviar y mejorar el bienestar de las víctimas. De hecho, debieramos centrarnos en aumentar las ayudas a las víctimas de delitos “serios” en vez de incrementar el castigo a los infractores. La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas, y sin embargo si promociona en el subconsciente colectivo, una psicología personal de venganza, que se transmite a los hijos y al entorno.

La masificación carcelaria puede ser resuelta por otras vías; Como he dicho anteriormente, las cárceles no sirven para la rehabilitación, ni tienen una eficacia preventiva, y por desgracia ni siquiera siguen un canon de justicia equitativo. La mayor parte de los reclusos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Bastaría por tanto con estudiar y modificar los ratios de condena. Simplemente si realizasemos una escala condenatoria a la inversa, donde la condena mayor impuesta fuese la realizada a los grandes delitos (asesinatos, estafas multimillonarias, malversacion… etc) y desde esa fuesemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento irreversible.

No podemos permitir es que las macro-cárceles nos fagociten, y atrapen. 6000 reclusos más cada cuatro años, (dato este dado por el propio Gobierno) es una cifra más que considerable, como para que alguien pueda plantear la insostenibilidad de este Sistema desde su planteamiento.

Luis Salgado

Alternatiba

Ayer, día 5 de Noviembre, se celebró el juicio contra el dueño de una bocatería sita en la vitoriana cuesta de San Francisco, por el despido de Mª Jesús Lastra. La sentencia del Juez declaró improcedente el despido y condenó al gerente al pago de una indemnización de 1.000 euros a dicha trabajadora.

Hasta aquí, podríamos decir que todo transcurrió tal y como suele ser habitual en los pleitos laborales. El despido es libre en este país, y basta con que el empresario disponga del suelto suficiente para hacer frente a la indemnización.

Sin embargo, éste no es un despido más, ésta es una actuación aún más sangrante, porque trata de una flagrante vulneración de los derechos más elementales que deberíamos tener las personas. Mª Jesús Lastra no fue despedida por no cumplir con sus obligaciones laborales (no llegó a finalizar la primera jornada de su contrato), ni lo fue por causas organizativas o de producción (medidas éstas que están tan de moda en estos momentos de crisis). Fue despedida, única y exclusivamente, por su condición sexual, transexual, como así lo reconoció sin ningún rubor el dueño de la bocatería ante las indagaciones del juez. Y, ante esto, la única actuación de la justicia es condenar al pago de una mísera indemnización al discriminador.

Este tipo de actos deberían ser erradicados de raíz, si realmente queremos una sociedad basada en la igualdad de derechos de todas las personas que la componen. Y tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a un empleo es una piedra angular para lograr dicha igualdad de los sectores sociales hasta ahora marginados, transexuales, gays, lesbianas, mujeres en general, inmigrantes…

Sin embargo, si el despido en sí, o la propia sentencia, son evidencias claras de la existencia de diferentes grados de ciudadanía, más preocupante aún es el eco social que este acto de discriminación ha tenido. Ya sea en los medios de “desinformación” de masas, donde apenas a ocupado una mínima reseña en el mejor de los casos, como en la calle. Baste como ejemplo la concentración frente a los juzgados, convocada por EHGAM-DOK, y que apenas nos reunió a una veintena de personas bajo la pertinaz lluvia.

No debería bastarnos con promesas inútiles de igualdad, con palabras huecas, y actos de cara a la galería de los gobiernos de turno. La igualdad de las personas no puede ser un negocio electoralista, sino el principal argumento educativo. Actuaciones como la de este empresario deben ser perseguidas y denostadas por el conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, por aquellos a los que gusta tanto alardear de su magnífica Constitución…

El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Salud y a vivir!

Argazkia: EHGAM

Johnny Salgado

Alternatiba

La SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) acaba de dar el pistoletazo de salida definitivo a la construcción en Araba de una macro-cárcel. La envergadura del proyecto es tal que el penal ocupará una superficie similar a una veintena de campos de fútbol y supondrá una inversión de 103 millones de euros. Así, los 720 reclusos y el medio centenar de funcionarios penitenciarios (carceleros) que custodiarán el recinto convertirán al penal de Zaballa en el decimosexto ‘municipio’ alavés de un total de 51. Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tienen Labastida o Laguardia, llegando incluso a superar a localidades como Santa Cruz de Campezo.

El proyecto no se ha librado de una agria polémica entre las diferentes instituciones y, a día de hoy, está pendiente de la resolución que dictamine el Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por las Juntas Generales de Araba. Pero que nadie se engañe, la controversia no viene dada por la propia infraestructura en sí, sino por el impacto medioambiental de la misma. Es más, tal debe ser la imperiosa necesidad que, mientras en un principio esta moderna y súper-segura prisión iba a sustituir a la vetusta ya existente, parece ser que, de un tiempo a esta parte, la SIEP valora la posibilidad de mantener ambas por necesidades de saturación. Sin embargo, pocas son las voces que se alzan o cuestionan el fondo de la cuestión: el propio sistema penitenciario.

“Se ha instalado la simplista e inexacta idea de que la manera de combatir la delincuencia es mandar cada vez más gente a la cárcel. España se ha puesto a la cabeza de Europa en población penada, pese a que no es de los países donde se cometen más delitos ni de más gravedad. Esta filosofía ha puesto al sistema penitenciario español al borde del colapso. (…) Cada cuatro años (el tiempo que cuesta hacer un centro de 1.000 plazas) la población reclusa se incrementa en 6.000 personas. (…) Si los legisladores siguen valorando que la manera más efectiva de abordar los problemas sociales es enviar a más gente a la cárcel, desoyendo la opinión de los expertos que dicen que la privación total de libertad es antitética con el tratamiento de determinadas patologías; si no se generaliza la utilización de medidas alternativas de cumplimiento de las penas que las leyes ya contemplan, la situación será inasumible.” Esta reflexión ha sido realizada por la propia Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias.

Ha llegado el momento de que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista. He aquí 10 razones por las que oponerse a la construcción de más cárceles:

1º Ineficacia de la rehabilitación: Más del 90% de la población reclusa lo es por delitos menores. Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda y, en muchos casos, son adictos a las drogas. Estos problemas no son solucionados en la cárcel y, por tanto, al salir de ella, se verán abocados a reincidir. Mientras no se traten los problemas sociales, la teórica política de rehabilitación de las cárceles será tan solo una quimera populista.

2º Ineficacia preventiva: A mayor dureza de las penas (mayor duración de las mismas), mayor masificación de las cárceles, sin embargo, salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

3º Ineficacia incapacitadora: El desarrollo penal en los EEUU puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva: las tasas de criminalidad no han dejado de crecer. Cada año, nuevas generaciones de jóvenes delinquen y nada se soluciona manteniendo a las viejas en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa pasmosa.

4º ¿Justicia?: Se convierte el comportamiento criminal en tiempo cual simple fórmula matemática. Sin embargo, ¿quién puede considerar justa una sentencia de 2 años de cárcel por robar una pizza, cuando grandes estafadores apenas tienen que pisar un centro penitenciario?

5º Irreversibilidad: Sólo se plantea el derribo de una prisión cuando ha quedado en medio del casco urbano. La teoría social de “no en mi patio” y una falsa y demagógica humanidad de los mandatarios lleva a la vieja prisión a ser sustituida por otra, por supuesto más segura.

6º Insaciabilidad: Es la misma cárcel la que fagocita insaciablemente desde su nacimiento todos los cambios que se puedan proponer. Planifíquense cien cárceles y las cien estarán sobresaturadas antes de ser terminadas.

7º Inhumanidad: Las cárceles modernas no son más humanas: la vídeo-vigilancia suprime los lugares de intimidad, los controles físicos son tan exhaustivos que a veces se obliga al preso a colocarse desnudo sobre un espejo para observar su interior o se le sienta en un retrete hasta obtener sus excrementos… Pero el control total no se logra completamente y, por tanto, la espiral de desarrollo de nuevos métodos y de inhumanidad continúa.

8º Quiebra de los valores: La construcción de nuevas cárceles es, en sí misma, la intensificación de la guerra contra los pobres. Cientos de estudios (muy recomendable Demasiado de nada… las condiciones de vida y la procedencia social de las personas condenadas, de Lotte Rustad) muestran que cuanto “más involucrado” se está en el sistema penitenciario, más pobre se es.

9º No ayuda a las víctimas: La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas y, sin embargo, sí promociona en el subconsciente colectivo una psicología personal de venganza. Debieramos aumentar las ayudas a las víctimas de delitos ‘serios’ en vez de incrementar el castigo a los infractores.

10º La masificación puede ser resuelta por otras vías: La mayor parte de los reos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Si realizásemos una escala condenatoria a la inversa, donde la pena mayor se impusiera por grandes delitos y desde ésa fuésemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento.

Quizás aún no sea el momento de hablar de abolición del sistema penitenciario, pero lo que no podemos permitir es que éste nos fagocite y atrape. 6.000 reclusos más cada cuatro años es una cifra más que considerable como para que alguien pueda plantear el fracaso de este sistema desde su planteamiento. Mientras esto ocurre, demos la bienvenida al ‘municipio 51’ del Territorio Histórico de Araba.