No más mega-infraestructuras en Gipuzkon, declaración

Gipuzkoa es un territorio pequeño, pero en los últimos años debido al crecimiento y a la ola de la globalización económica se han llevado adelante muchos proyectos en nombre del progreso, muchos de ellos irreversibles. Hoy, nos hemos juntado aquí para pedir la paralización de todos los proyectos que tenemos encima de la mesa. El TAV, la incineradora, el Superpuerto de Jaizkibel, el metro de Donosti, la Plataforma Logística Oiartzun-Lezo-Gaintxurizketa, la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, la macro cárcel de Zubieta, las circunvalaciones, las líneas de alta tensión, etc..

No son meras infraestructuras, ni proyectos que afecten a un lugar físico concreto, no. Y no las queremos parar solamente por su severo impacto ecológico, aunque en muchos casos sea una razón más que suficiente. Las personas que hoy nos hemos manifestado queremos cuestionar el modelo de desarrollo que nos quieren imponer; además pedimos que se realice un debate social que nunca hasta ahora se ha dado para abrir un período de reflexión y terminar con la falta de transparencia y con la política negadora de la participación ciudadana.

Queremos un modelo cuyo eje principal sea el bienestar social. De ninguna manera queremos un modelo que responda a intereses empresariales y que se base en empobrecer a una parte importante de la sociedad para beneficio de unos pocos. El hasta ahora modelo antisocial dominante despilfarra los recursos imprescindibles para responder a necesidades sociales tan básicas como el derecho a la sanidad, la cultura, la educación y el bienestar social.

Queremos un modelo social que se base en el respeto a la naturaleza. No queremos un modelo que metropolice nuestro territorio, destrozando los recursos naturales y el medio ambiente, despoblando zonas rurales y artificializando de forma irreversible las tierras que necesitamos para la agricultura. Algunos representantes políticos quieren neutralizar y bloquear en las instituciones las demandas sociales, manteniendo la presión a favor de proyectos destructores. Desean proseguir con esta política de hechos consumados promoviendo macroproyectos. Estos agentes políticos son defensores de los grandes intereses económicos privados que están detrás de todas las grandes infraestructuras. No quieren ningún tipo de cambio. Queremos denunciar su intransigencia en esta materia y por esto les pedimos una cosa muy concreta: que abran el camino del debate social y de la reflexión pública, abandonando las posturas obstaculizadoras.

Sin embargo, todas las respuestas no están en las instituciones. Para conseguir éxito es imprescindible agitar la conciencia de la población. La clave está en la transformación de la conciencia colectiva y en la iniciativa popular. Por tanto tenemos que seguir trabajando y manteniendo la lucha para paralizar todas las grandes infraestructuras y proyectos destructores, subrayando una y otra vez la importancia que se le debe al cambio de modelo de desarrollo y a la defensa de la tierra. Queremos una Gipuzkoa diferente en una Euskal Herria diferente. Hay que parar los grandes proyectos de infraestructuras y abrir el camino para el debate social. Queremos un nuevo modelo social y lo vamos a lograr.

Alternatiba aplaude la paralización de la incineradora y la apertura del debate sobre los residuos

Gipuzkoa Sin IncineradoraAlternatiba  ha mostrado  hoy  su satisfacción  por  la  paralización  de  la  construcción  de  la  incineradora  de Donostia  y  ha  aplaudido  el  nuevo  paso  hacia  el  debate  social  sobre  el tratamiento de residuos que ha dado la Diputación Foral de Gipuzkoa al aplazar durante seis meses cualquier decisión a este respecto.

El portavoz de la formación de izquierdas, Oskar Matute, ha considerado “muy  positiva”  la  decisión  de  paralizar  el  proyecto:  “Por  fin  se  ha  abierto  la oportunidad  de  aparcar  un  sistema  de  tratamiento  que  ha  generado  un  gran rechazo social entre la ciudadanía del Territorio Histórico de Gipuzkoa en aras de  articular  un  debate  serio,  riguroso  y  sin  opacidades,  en  el  que  la sostenibilidad  se  anteponga  a  los  intereses  económicos  de  constructoras  y grandes empresas”.

En palabras de Matute, “ha llegado la hora del análisis, de la información transparente  y  del  debate  para  que  el  Consorcio  de Residuos  de  Gipuzkoapueda  al  fin  tomar  la  mejor  decisión  para  el  Territorio,  la  que  sea  más respetuosa con el medio ambiente y con la salud de la ciudadanía”. En  este  sentido,  ha  subrayado  que  “existen  métodos mucho  más ecológicos  y  menos  agresivos  en  materia  de  tratamiento  de  residuos  que  la quema  de  basuras”  y  ha  hecho  hincapié  en  que  “la  incineradora  no  es  la solución”.

Demasiada gente, muy pocas personas > Igor Navarro

Igor Navarro > Militante de Alternatiba y candidato al congreso por Amaiur

Recientemente hemos sabido que ya somos 7.000 millones de personas las que habitamos en el planeta tierra. Algunas voces, profundamente interesadas, hablan de superpoblación, es decir, que en el mundo hay demasiada gente presionando sobre los recursos existentes, y de qué este ritmo de crecimiento de la población es insostenible económicamente.

Esta afirmación es absolutamente falsa, el problema no reside, ni mucho menos, en la cantidad de habitantes del globo, ni siquiera en el carácter finito de nuestros recursos naturales. La raíz del problema de la falta de recursos con la que tienen que sobrevivir gran parte de la población mundial no se encuentra en los miles de millones de habitantes de China o India… La verdadera causa del problema la debemos buscar mucho más cerca, en los alrededores de casa y en la casa de nuestros vecinos, en los países más avanzados del mundo.

De esos 7.000 millones de personas que compartimos vivienda, es muy posible que más de 6.500 millones no llegue a consumir ni la mitad de los recursos naturales por hectárea y habitante que les pudieran corresponder, en cambio, los otros 500 millones, entre los cuales nos encontramos todas y cada una de las personas que estamos leyendo esto, consumimos tres, cuatro y hasta diez veces más de los recursos que nos corresponden.

La huella ecológica es un indicador del impacto que generamos en los recursos existentes del planeta con lo que consumimos y con nuestros desechos. Evidentemente, la huella ecológica que dejamos no es la misma para todas las personas, ni en todos los lugares.

Se ha calculado que a cada habitante nos correspondería por año utilizar los recursos naturales generados en 1,8 hectáreas de terreno. Actualmente utilizamos de media alrededor de 2,5 hectáreas por persona. La diferencia no parece tan exagerada sino fuera porque los habitantes de países como los Estados Unidos de Norteamérica hacen uso de 9,5 hectáreas por persona y los habitantes de Honduras únicamente de 1,3 hectáreas. Pero si queremos observar los extremos, tenemos que los habitantes de Emiratos Árabes Unidos hacen uso de 11,8 hectáreas y que los habitantes de Afganistán apenas llegan a las 0,5 hectáreas.

Por cierto, la huella ecológica de los habitantes de China e India es de 2,1 ha y 0,9 ha respectivamente; y el impacto de la ciudadanía del Reino de España es de 5,7 hectáreas por persona y año, casi el triple de lo que nos corresponde.

Con todo esto podemos decir que menos de 1.000 millones de personas consumimos el 95% de los recursos naturales del planeta, dejando para esos 6.000 millones restantes únicamente las sobras, o ni siquiera eso, ya que consumimos mucho más de lo que el planeta es capaz de generar y producimos más desechos de los que puede asimilar.

El ritmo que es insostenible no es el del crecimiento de la población mundial, sino el del consumo que tenemos los habitantes y las empresas multinacionales del “el mundo occidental”, que son, somos, realmente quienes estamos esquilmando los recursos del planeta.

El planeta está superpoblado, efectivamente, está superpoblado de empresas multinacionales que agotan los recursos naturales sin que les importe en absoluto las consecuencias ecológicas de sus acciones. Superpoblado de consumo capitalista indiferente al desigual reparto de los recursos. Superpoblado de neocolonialismo y neoliberalismo, de agresiones a la naturaleza y de guerras con el único fin de apoderarse y explotar indiscriminadamente recursos naturales.

Lo dicho, demasiada gente y muy pocas personas.

Gas en Araba: Oportunidades, precipitación y fracaso

Mikel Oseguera – Alternatiba Araba

El 14 de Octubre, el Lehendakari Patxi López junto al consejero de Industria Bernabé Unda anunció, con motivo de su visita a un campo de extracción de gas en Dallas (EEUU), la existencia en Araba de recursos de gas no convencional. Se estima que el volumen del yacimiento sea suficiente para garantizar el suministro de gas a Euskadi durante 60 años. No es de menor relevancia que la extracción de este recurso se hace a través de técnicas no convencionales de fractura hidráulica. Técnicas pioneras cuyo desarrollo, fundamentalmente en EEUU, está evidenciando el potencial destructivo para el medio ambiente de las mismas. Por una parte conlleva la antropización de las áreas vírgenes para convertirlas en instalaciones de explotación; y por otra la intervención en el subsuelo con la alteración de los niveles freáticos y la contaminación de las aguas.

En Alternatiba entendemos que la preservación y el respeto al medio ambiente está muy por encima de los intereses energéticos y económicos. La experiencia demuestra que construir modelos insostenibles con beneficios económicos a corto plazo supone la ruina a medio y largo plazo. Según la Ley 34/1998 sobre el Sector de los Hidrocarburos, las empresas solicitantes de los permisos de investigación y exploración son las responsables de proponer las medidas de protección medio ambiental y planes de restauración. Actualmente, en actividades con amplia tradición en nuestro territorio como las obras civiles (túneles, movimientos de tierras, etc…), las medidas de protección medio ambiental no están a la altura de las circunstancias y no hay más que visitar algunas obras para constatar que no funcionan.

¿Cómo se puede garantizar el éxito de la protección medio ambiental en técnicas de fractura hidráulica si no existe experiencia en el estado?, ¿Cómo puede la administración dar por buenas esas medidas si no tienen ninguna experiencia en este sector? A nivel internacional la experiencia también es escasa, y ya están empezando a destaparse escándalos medio ambientales en Estados Unidos y Francia. ¿Nos vamos a fiar del buen hacer medio ambiental de las únicas empresas con algo de experiencia en la fractura hidráulica? ¿Empresas cuyo único objetivo es el beneficio económico? ¿Cuales son las medidas de protección presentadas? ¿Existen estudios pormenorizados de la hidrogeología de la zona?

En todo caso, solicitamos que se haga pública toda esta información para que sea evaluada por expertos independientes. De lo contrario, estaríamos afrontando desnudos un tremendo reto medioambiental; así lo creemos en Alternatiba. Consideramos una temeridad comenzar a explotar nuestro subsuelo inmersos en un estado de absoluta ceguera medioambiental. No podemos olvidar que Araba representa el último paraíso natural medianamente virgen dentro de la CAPV, lo que lo convierte en nuestro pulmón natural y que debemos tratarla con responsabilidad para no transformarla de una manera irreversible en aras de un efímero y volátil desarrollo. Por ello exigimos que ante la falta de certeza científica sobre las consecuencias de la fractura hidráulica en Araba se cumpla el principio de precaución recogido por la legislación europea.

Por otra parte, no podemos olvidar que el gas natural no deja de ser un combustible fósil. A pesar de que su uso genere en menor medida gases con efecto invernadero en relación al carbón y al petróleo, el método de extracción por fractura hidráulica puede liberar cantidades ingentes de metano convirtiendo el uso del gas no convencional en algo tan contaminante como el resto de combustibles fósiles. Por lo tanto, encaminar la estrategia energética al gas no convencional nos aleja del horizonte de basar la estrategia energética vasca en energías renovables.

No podemos dar la espalda a la importancia que tiene la independencia energética para la soberanía de Euskal Herria. En esa línea, recientemente, el Lehendakari puso en valor éste proyecto como un paso fundamental para que Euskadi sea autosuficiente en materia de gas. ¿Es esto cierto? Todo este proceso es competencia y viene gobernado por el Ministerio de Industria español. ¿Va a dirigir dicho ministerio la explotación del “Gran Enara” hacia la emancipación energética de la CAPV? ¿O la va a integrar en la política energética española?

Todo este proceso se está planteando como el principio para convertir a Euskadi en una potencia europea de gas no convencional. Alternatiba no lo ve así, el consorcio con empresas norteamericanas con cerca de un 60% de participación desprende un apestoso hedor a colonialismo de explotación energética. ¿Está garantizado que el proceso tecnológico vaya a enraizarse en el tejido de nuestra ingeniería o resultará que Araba pone terreno y gas y las empresas norteamericanas lo explotan? ¿Cual va a ser el posicionamiento concreto de nuestra ingeniería en el proceso? En el contexto de crisis endémica actual del sistema y una vez que se ha demostrado el agotamiento del modelo económico español basado en la especulación y el ladrillo, queda patente la relevancia de la inversión en conocimiento e I+D. ¿Vamos a dejar pasar la oportunidad de generar tecnología en Euskal Herria importándola desde EEUU teniendo la materia prima en nuestro subsuelo? No podemos cerrar los ojos y está claro que se requiere de la participación de empresas con experiencia en el sector. Pero éstas nunca pueden liderar con más del 50% de participación una actividad que gira entorno a un recurso que no les pertenece. Entre otras cosas porque no podemos dejar en manos de empresas extranjeras actividades tan íntimamente ligadas a nuestro territorio. Y porque los beneficios de nuestros recursos no pueden irse en un 60 % ni a EEUU ni a capitales privados.

Por todo lo expuesto, desde Alternatiba solicitamos a todas las instituciones implicadas que se aborde el tema de los yacimientos de gas no convencional con la cautela y responsabilidad necesarias, alejándonos de actuaciones precipitadas promovidas por intereses económicos y cortoplacistas que nos puedan conducir a un nuevo atropello contra la naturaleza. Solicitamos que no se avance en la intervención en el medio hasta que las consecuencias ambientales estén claras y que, llegado el caso, se garantice que cualquier proceso de explotación del “Gran Enara” redunde mayoritariamente en los intereses energéticos de Euskal Herria.

Exigimos que, en caso de garantizarse la sostenibilidad del proyecto, se aproveche para generar una auténtica potencia tecnológica en nuestro territorio, cuyos beneficios se destinen al desarrollo de las energías renovables en Euskal Herria y a desarrollar políticas de concienciación ciudadana orientadas a la reducción del consumo energético. Así mismo, desde Alternatiba pedimos un debate amplio que abarque agentes políticos y sociales, al tratarse de algo tan estratégico como la política energética de Euskadi para los próximos 60 años.

Dadas las circunstancias, creemos que lo más sensato es seguir invirtiendo en el conocimiento del alcance medio ambiental de esta técnica y en generar un sustrato tecnológico en Euskadi antes de comenzar los trabajos, mientras observamos activamente el desarrollo de la fractura hidráulica a nivel internacional. Exigimos la paralización del proceso del gas no convencional en Araba.

Nueva Ley de Residuos: menos reciclaje y más beneficios empresariales

Enric Llopis > Rebelion.org

Cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos. También en la recogida y gestión de los residuos. No resulta extraño que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados –aprobada por el Congreso este verano- deje sin abordar cuestiones de fondo, como el paso de la cultura del “usar y tirar” a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector.

El nuevo texto legal incorpora la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (2008) pero, por lo demás, mantiene un espíritu “continuista” respecto a la ley hasta ahora en vigor, aprobada en 1998, según denuncian las organizaciones ecologistas. Estas entidades califican la nueva norma de “poco ambiciosa”, de quedarse en “agua de borrajas” o ser un “brindis al sol”, ya que antepone las intenciones o los buenos deseos a las obligaciones para empresas y administraciones públicas.

Y no es porque no haga falta una norma que entre a fondo en la problemática de los residuos. Según Eurostat, cada español genera 547 kilogramos de basura anuales, 35 kilogramos más que la media europea; la misma fuente señala que el estado español recicla sólo un 15% de los residuos que genera (por debajo de la media europea) y envía a los vertederos el 52% (la media de la UE es del 38%). Debe considerarse que, según Ecologistas en Acción, casi el 90% de la basura puede aprovecharse.

Con la nueva ley, el negocio de las basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. A través de adjudicaciones municipales (a menudo a largo plazo), las grandes del ladrillo y la obra pública gestionan las basuras a través de filiales creadas ex profeso, “pero ni se les obliga a reciclar ni creen en la cultura del reciclaje; de hecho, la mayoría de los residuos acaban en vertederos o incineradoras”, asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià. Suelen utilizar en las plantas, además, mecanismos de separación rudimentarios, similares a los utilizados en la minería, lo que lleva a pobres resultados en materia de reciclaje.

“El negocio de las basuras ha dado lugar a escándalos de corrupción en Orihuela (Alicante), Murcia y Mallorca, en los que se han manejado grandes cantidades de dinero y que, en la práctica, resultan difíciles de perseguir”, explica la coordinadora de Residuos de Ecologistas en Acción, Leticia Baselga. Un informe de la organización ecologista italiana Legambiente denuncia que hace décadas que la Camorra se lucra con la basura en Nápoles con un simple mecanismo: tirar las basuras tóxicas en el campo y después taparlas.

Tampoco se altera, con la nueva legislación, el modo de operar de las grandes empresas de los sectores de la alimentación y las bebidas, grandes generadoras de residuos. Estas compañías consideran el reciclaje como un mero coste de producción que reduce su margen de beneficios. Es por ello por lo que prefieren, como ocurre ahora, pagar un pequeño canon por el reciclaje (que acaban repercutiendo en el consumidor) a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, es decir, máquinas en las que el ciudadano pueda depositar latas y botellas y percibir un dinero a cambio. La nueva ley abre la posibilidad, pero no obliga, a la introducción de estos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos, Canadá, Alemania u Holanda, y a los que también se oponen las grandes superficies.

Esta negativa empresarial a adaptarse a la “cultura del reciclaje” conduce a que en el estado español no se alcancen los mínimos que exige la Unión Europea. Las cuentas tampoco están claras. Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, entre otras organizaciones, han formulado una queja ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente por considerar que los datos que presentan Ecoembes y Ecovidrio (sociedades que gestionan los contenedores urbanos de recogida de envases, como el contenedor amarillo y el iglú verde) no pueden contrastarse. En la queja se habla de “irregularidades en las toneladas declaradas; fraude en la declaración de envases y consideración de materiales impropios como reciclados”.

El problema de fondo, explica Carlos Arribas, estriba en los criterios que rigen el funcionamiento del sistema capitalista. “Generalizar el reciclaje y la minimización de los residuos en origen resulta incompatible con una sociedad que tenga como prioridades el consumismo, la publicidad y la mercadotecnia”.

Las expectativas de negocio tampoco están lejos de la incineración, actividad a la que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados sólo plantea la posibilidad de imponer un canon. Los grupos ecologistas denuncian que el lobby de la incineración introdujo en la Directiva Europea de Residuos este mecanismo vendiéndolo como “valorización energética”, tecnicismo que pretende vincular la quema de residuos al reciclaje. Recuerdan que la eurodiputada Carolina Jackson, encargada de preparar el informe previo para el Parlamento Europeo, trabajaba en ese momento para una empresa del sector.

Pese a que la incineración se vincula oficialmente a “futuro”, “progreso” y se asegura que se disponen de las tecnologías necesarias para evitar impactos negativos, un informe de Ecologistas en Acción explica que la quema de residuos genera cenizas tóxicas, nuevas y peligrosas sustancias como las dioxinas (la sustancia más tóxica sintetizada por el hombre), y partículas muy pequeñas que pueden viajar grandes distancias y penetrar en el sistema respiratorio. Estas partículas pueden provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiacas, vasculares o cáncer, apunta el informe.

En la línea de no entrar en conflicto con las grandes empresas, la nueva Ley de Residuos permite la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso (se plantea su eliminación gradual hasta 2018), con lo que se desatiende una de las demandas de los grupos ecologistas y se anteponen los intereses de la industria del plástico. La nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost o abono natural para uso agrícola, y mejorar así la calidad de los materiales recuperados. Y pierde, según los grupos ecologistas, una excelente oportunidad para crear puestos de trabajo vinculados al reciclaje como alternativa a la incineración o los vertederos (la Unión Europea señala que podrían crearse 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal).

Una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid, para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos: la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros –muchas veces de etnia gitana- superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses.

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