El portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute, junto con Joseba Permach y Ainhoa Beola, ha ofrecido una rueda de prensa en Donostia para refrendar la propuesta de Gipuzkoa para preservar el carácter y el control público de Kutxabank. Estas han sido las palabras de Matute.

Como ya es sabido, desde EH Bildu venimos manifestando desde hace tiempo que es posible garantizar el control social y público de Kutxabank, y por eso hemos reivindicado también que se den pasos para evitar la privatización de de Kutxabank y las cajas, que pertenecen a la sociedad. En todo este tiempo no hemos recibido más que negativas, nos decían que eso era imposible, que la ley lo impedía. Sin embargo, el informe jurídico encargado por la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en evidencia que hay alternativas reales para que las tres cajas mantengan su carácter público. Es decir, lo que EH Bildu ha manifestado y defendido durante tanto tiempo es una posibilidad real.

No se puede dejar de lado ni ningunear la alternativa contemplada en el informe jurídico solicitado por la Diputación ni la oportunidad real que se le ofrece a la sociedad para evitar la privatización. Las cajas son fruto de la iniciativa y el trabajo desarrollado por las instituciones y la sociedad vascas. El valor y la viabilidad  alcanzados por las cajas y por Kutxabank como entidades financieras se ha conseguido mientras han tenido titularidad pública y carácter social, y solo ha sido posible por la implicación y la voluntad de la sociedad.

Sin embargo, PNV, PP, y PSE (y CCOO) tienen otros objetivos para Kutxabank. Con la excusa de la crisis económica que padecemos, y escudados en una directriz de la Unión Europea, pretenden dejar la propiedad de Kutxabank en manos privadas. Las consecuencias de esa operación serían nefastas y perjudiciales para la sociedad: Kutxabank es un instrumento fundamental para el desarrollo y la estabilidad económica de nuestro país y además de desaparecer la garantía que supone su control público, se perdería su función social, quedando en el aire su potencial aportación a las necesidades de la sociedad.

El informe jurídico demuestra la falsedad de la afirmación de PNV, PP y PSE en el sentido de que no hay más remedio que privatizar Kutxabank. Si es posible evitar la privatización, sí es posible mantener su carácter social y el control público, sí es posible contar con Kutxabank como instrumento financiero al servicio del futuro y la economía de nuestro país. Solo es cuestión de voluntad política.

Por todo ello, hacemos un llamamiento directo a PNV, PP y PSE (y a CCOO) para que cambien su postura y paralicen la privatización de Kutxabank. La propuesta de la Diputación demuestra que hay una vía con garantía legal suficiente y contrastada para que Kutxabank siga siendo una entidad pública. La alternativa está encima de la mesa y es factible. Ya no hay excusas legales. Ahora corresponde a PNV, PP y PSE tomar una decisión. O apostar por mantener y garantizar el control público y el carácter social de Kutxabank o entregar a la oligarquía financiera un patrimonio y una entidad que pertenece a la sociedad vasca.

En ese sentido, queremos interpelar sin rodeos al PNV. Euskal Herria, nuestro país, se construye con acciones y decisiones, grandes o pequeñas, en el día a día. La economía vasca, el presente y el futuro de la sociedad, precisa y reclama un instrumento financiero fuerte, que tenga garantizado su control público, que priorice los intereses de nuestra economía y de la ciudadanía, y no los oscuros intereses de unos pocos privilegiados.

Euskal Herria, su sociedad, reclaman que Kutxabank sea una entidad pública que no ejecute desahucios, que no aplique índices abusivos e injustos como el IRPH, que invierta en el tejido productivo del país, que apoye a la pequeña y mediana empresa y a las cooperativas, que apoye los proyectos e iniciativas de los organismos públicos…

Ahora, una vez superadas todas las excusas legales, está en manos del PNV dar un paso importante en la construcción de nuestro país. Si tiene voluntad política, si quiere y decide anteponer los intereses y las necesidades de las personas a los intereses de unos pocos, tendrá a su lado a EH Bildu. Pensamos que la oportunidad que se nos ha abierto lo merece.

El portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute ha ofrecido una rueda de prensa hoy en Donostia para valorar los últimos incidentes en las obras para la construcción del Tren de Alta Velocidad y para exigir una vez más al gobierno de Urkullu la paralización del proyecto.

Las informaciones dadas a conocer estos días por sindicatos y diferentes medios de comunicación, nos hacen constatar que el Gobierno Vasco sigue empeñado en su huida hacia adelante en la construcción de un tren que no va a ninguna parte salvo a dilapidar recursos públicos que deberían ser dedicados a reforzar el sistema público, máxime en un contexto de crisis que más allá de la propaganda gubernamental de Madrid y Gasteiz, sigue afectando a miles y miles de personas en Euskal Herria.

Y porque constatamos que ni Lakua ni el departamento de la consejera Oregi tienen claro en qué acabará la aventura del TAV, aventura pagada por el conjunto de la ciudadanía vasca no lo olvidemos, desde EHBildu nos vemos en la obligación de seguir denunciando nuevos incidentes en las obras y más ampliaciones de presupuesto. Ambas cuestiones son consecuencia del enésimo imprevisto en las obras del túnel de Zumárraga, que pretenden que sea el tramo emblemático de esta infraestructura y que, a nuestro parecer, lo está siendo del caos y del despilfarro que supone una macro-obra cuya necesidad en ningún momento ha estado sometida a debate público y social. 

Así, las últimas informaciones nos hablan de un derrumbamiento que demorará las obras del túnel al menos otros 4 meses. Un nuevo accidente del que desconocemos si ha entrañado riesgo para alguna de las personas que trabajan en unas obras que desde su inicio se han cobrado la vida de, al menos, seis trabajadores, y que han provocado docenas de heridos.

Hablamos de un tramo que costará al erario público cerca de 250 millones de euros, a razón de 35.000 euros por cada metro. Esas son las cifras que realmente escandalizan a la sociedad vasca y no las falsas denuncias de alcaldes racistas en campaña electoral. Y todo parece indicar que este tramo, al igual que todo la totalidad del TAV que se estima nos acabará costando 5.000 millones de euros, es un pozo sin fondo que seguirá encareciéndose por momentos, a tenor de lo que el departamento de Ana Oregi ha reconocido a un medio de comunicación. Para colmo, nos encontramos una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por la paralización de los últimos 500 metros del túnel.

Y todo esto sucede mientras diferentes sindicatos del sistema nacional de salud denuncian recortes en Atención Primaria y en el número de camas, casi mil doscientas, en los hospitales vascos durante el presente mes de agosto. Denuncias que Osakidetza niega pero que probablemente los datos reales nos constatarán, tal y como reflejaron que el número de camas en funcionamiento en los hospitales de la CAV se redujo en 465 unidades entre los meses de junio y julio.

Debemos recordar que este es tan solo uno más de los múltiples escándalos que envuelven la construcción de la llamada Y griega vasca: Sobrecostes millonarios, solicitudes del Gobierno a diferentes ayuntamientos para permitir la actividad de cementeras  ilegales, construcción de tramos a sabiendas que no se utilizarían, dejadez de la Inspección de Trabajo en la supervisión de las condiciones laborales en las obras y un largo etcétera que parece, al igual que la voluntad de este Gobierno de no informar al respecto, no tener fin.

Por todo ello, insistimos en que el gobierno de Iñigo Urkullu debe paralizar este descabellado proyecto decretando para ello una moratoria urgente. Basta ya de dilapidar miles de millones en el monumento a la estupidez política que supone el TAV mientras siguen pauperizando la dignidad y los derechos de las personas que tantas décadas de lucha han conquistado. Pensemos a dónde conduce y a quién beneficia la construcción de esta infraestructura y dejemos que la ciudadanía se pronuncie libremente al respecto.

En rueda de prensa realizada esta mañana en Donostia, el portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute y la también parlamentaria Marian Beitialarrangoitia han denunciado la pasividad y la complicad del Gobierno Vasco con las cementeras ilegales que operan y se lucran con las obras del TAV.

Tras la información aparecida en los medios, y tras haber escuchado el testimonio de lo que sucede en los ayuntamintos afectados, desde EH Bildu no podemos sino hablar de escándalo, escándalo con mayúsculas.

Comisión parlamentaria en la que Matute pide explicaciones a la consejera Ana Oregi en torno a los sobrecostes producidos en las obras del ramal guipuzcoano del TAV

Escándalo en el que se encuentran implicados directamente el Gobierno Vasco y especialmente la consejera Ana Oregi y su departamento.

En primer lugar, el Gobierno Vasco licita unas obras en las que se cometen ilegalidades, ya no supuestas, sino ilegalidades probadas por diferentes jueces y sentencias. Sentencias que desmontan las supuestas alegaciones que las constructoras y el Gobierno Vasco utilizan para justificar que las plantas de hormigón forman parte inseparable de las obras para el TAV.

Tan o más grave que lo dicho es el hecho de que las plantas de hormigón ilegales suponen un inmenso beneficio económico para las constructoras adjudicatarias, ya que que cobran el hormigón a precio de mercado, cuando lo están produciendo a mitad de precio, gracias a la ausencia de controles e impuestos que el Gobierno Vasco permite al tratarse de actividades sin licencia.

Si fuera cierto, como indica el Gobierno Vasco, que las plantas de hormigón forman parte del proyecto del TAV, su construcción estaría prevista en el propio proyecto de la línea ferroviaria y, por tanto, no se incluirían partidas millonarias para comprar hormigón a precio de mercado.

A sabiendas de esto, hace la vista gorda y permite que plantas de hormigón sin ningún tipo de licencia operen en obras de su titularidad, y encima se enriquezcan con ello. Frente a esto, Lakua permanece impasible sin mover ni un solo dedo.

Por tanto, ¿se está permitiendo que plantas de hormigón ilegales produzcan cemento a mitad de precio, aunque luego el Gobierno Vasco lo pague, con el dinero de todos, a precio de mercado? ¿Se hace con el beneplácito del Gobierno de Gasteiz?

Por si esto fuera poco, cuando los ayuntamientos intervienen contra las empresas para hacer cumplir con los procedimientos legales, es el Gobierno Vasco quien empuja e incluso coacciona a los ayuntamientos para que, en contra de los criterios de las sentencias mencionadas, hagan la vista gorda y ofrezcan amparo legal a actividades irregulares.

Visto todo esto, cabe preguntarnos si el Gobierno Vasco no está consintiendo o, incluso, impulsando, un auténtico fraude, una evidente malversación del dinero de los contribuyentes, pagando por el hormigón el doble de lo que cuesta. Y además, impulsando a cometer ilegalidades a los ayuntamientos, ignorando las sentencias en firme que existen sobre este tema.

Por tanto, exigimos a la consejera Ana Oregi explicaciones inmediatas sobre todo lo que está ocurriendo en este asunto, que explique por qué el gobierno permite estas actividades ilegales, por qué permite que las empresas se estén lucrando a costa de todos y por qué, además, empuja a los ayuntamientos a cometer sus mismas ilegalidades. Y no, señora Oregi, no nos vale el «esto ocurre en muchas obras públicas» como dijo el lunes en sede parlamentaria, porque de ser así, estarían ustedes incurriendo en nuevas y mayores irregularidades.

Desde EH Bildu estamos ya analizando las posibles acciones legales a tomar contra el Gobierno Vasco y el departamento de Medio Ambiente y su consejera, a fin de aclarar este escándalo que, una vez más, no hace sino demostrar que en las obras del TAV los únicos beneficiarios no somos los y las ciudadanas de este país, sino los partidos y empresas que se enriquecen a costa de nuestro dinero.

Y no pararemos de repetirlo: decreten una moratoria urgente de este proyecto y analicemos qué es lo que se debe hacer, para que después la ciudadanía pueda decidir.

EHBildu

El portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute, han comparecido hoy en rueda de prensa para denunciar que a través de la mentira, han convertido Kutxabank en PNVbank, porque es el PNV dueño y señor de Kutxabank, a partir de ahora sin ningún tipo de control público.

PNV ya tiene su banco, el PNVBANK. Los señores Urkullu, Ortuzar, J.L. Bilbao… ya tienen el banco que soñaban desde hace tiempo.

Ayer tuvo lugar el primer paso del expolio, uno de los mayores robos que se han dado en Euskal Herria. Han intentando quedarse con Kutxabank con mentiras y a escondidas y ayer sin ningún rubor pero con la oposición de la mayoría sindical y ciudadana de este país perpetraron el atraco. Que si les obligaba la ley, que no se iba a privatizar nada, que no se iba a desahuciar a nadie más… mentira tras mentira. Decir que la ley les obliga es mentir, porque ellos mismos aprobaron y pactaron dicha ley con el PP en Madrid. Para más inri la asamblea de ayer, hasta ahora pública, la celebraron a puerta cerrada a los medios, con la amenaza policial y utilizando la violencia. Si tan claro y transparente era el proceso ¿Qué necesidad había de esconderse?

Han convertido Kutxabank en PNVbank, porque es el PNV dueño y señor de Kutxabank, a partir de ahora sin ningún tipo de control público. Eso es realmente lo que hicieron ayer, eliminar el control publico de una entidad financiera construida con los ahorros de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, a partir del 30 de junio, todas las actividades de Kutxabank se realizarán según los dictados del partido del señor Urkullu.

PNV, PSE, PP y CCOO han decidido colocar 15 «técnicos independientes» en el patronato, como alguien los ha definido «esos técnicos independientes que tienen la manía de votar sistemáticamente al partido que les nombra. Esas marionetas están puestas ahí para obedecer los mandatos y para defender los intereses de la oligarquía financiera no el de los ciudadanos y ciudadanas.

Una vez que las asambleas de Vital y BBK se conviertan en fundaciones, todo el patrimonio económico y social, más en concreto el 68% de las acciones de Kutxabank estará en manos de unos pocos patronos. Terminará para siempre el control público y social y los objetivos fundacionales de las cajas, esto es, impulsar la economía local y defender los intereses de la ciudadanía terminará para siempre. Como dijeran el presidente y vicepresidentes de Kutxabak, Mario Fernández y Xabier Iturbe, respectivamente, se procederá a la privatización, y lejos de garantizar su espíritu original entrará de lleno en el terreno de la especulación más salvaje.

Por lo tanto, es previsible la actuación del PNVbank de ahora en adelante en temas referidos a los desahucios, el IRPH y con la privatización.

Kutxabank es la entidad financiera del sur de Euskal Herria que más desahucios practica. Tras la muerte de Amaia Azkue, Kutxabank afirmó que nunca más procederían a desahuciar a ningún ciudadano. Otra de las grandes mentiras ya que tras aquella trágica muerte Kutxabank ha seguido ejecutando desahucios. El 1 de noviembre de 2013 una sentencia determinó que la clausula IRPH se debia eliminar. Pues bien, nada de eso, y los ciudadanos/as que tienen contratado un crédito con Kutxabank pagan 200-400 euros más a mes. Kutxabank sigue a diá de hoy aplicando el IRPH.

Esto es lo que han hecho hasta el momento. Qué no harán a partir de ahora. Tenemos reciente el recuerdo de lo que UPN hizo con la CAN, y el PNV, al igual que en Navarra con el apoyo de PP y PSOE ha decidido al parecer seguir sus pasos.