Euskal Herria Bildu ha llamado hoy a secundar masivamente las manifestaciones convocadas por sindicatos y agentes sociales que conforman el Gune y que recorrerán mañana las calles de Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea bajo el lema “Pentsioen murrizketarik ez!”, en protesta por la enésima reforma que empobrecerá aún más a las y los pensionistas y para reivindicar un sistema propio de pensiones para Euskal Herria.
Desde EHBildu han reiterado la necesidad de conseguir todas las herramientas necesarias para generar un auténtico cambio socioeconómico que permita transformar la sociedad con los servicios públicos y la redistribución de la riqueza como ejes fundamentales. En este sentido, es esencial construir un sistema público de pensiones propio, que permita garantizar las condiciones de vida y la dignidad de las y los pensionistas frente a los recortes y ataques permanentes que llegan desde Madrid.
Las pensiones, ha alertado la coalición, han sufrido ya demasiados reveses en forma de retrasos en la edad de jubilación, disminución de la cuantía de las mismas al cambiar el modo de calcularlas, pérdida de poder adquisitivo desvinculándolas a la carestía de la vida y un sinfín de medidas que vuelven a atacar a la personas más débiles para beneficio del sector financiero, que es quien ordena la privatización de facto de las pensiones para aumentar su negocio.
Por todo ello, representantes de EHBildu se sumarán a las movilizaciones de las cuatro capitales de Hegoalde en contra de los recortes en el sistema de pensiones y para reivindicar un modelo propio.
Atendiendo a la gravedad de las acusaciones vertidas por el empresario Jabyer Fernández contra Iñigo Urkullu y el PNV en el juicio del ‘caso Iurbenor’, EH Bildu cree imprescindible que el lehendakari dé explicaciones al respecto y a tal fin ha registrado una pregunta en el Parlamento, para que «explique con claridad cuál ha sido su participación, si es que la ha habido, y en qué se ha traducido en los proyectos que se citan en el ‘caso Iurbenor’. Debe dar todas las explicaciones para clarificar todos los extremos de las sospechas que Fernández ha volcado sobre él y su partido», según han anunciado hoy Unai Urruzuno y Oskar Matute.
Tras recordar que Jabyer Fernández ha confesado el «intercambio de favores sin determinar» entre sus negocios y dirigentes del PNV, los parlamentarios de EH Bildu subrayan que «se trata de cuestiones muy graves que, si fueran ciertas, nos colocarían en un escenario evidente de corrupción».
En todo caso, a juicio de EH Bildu, «el ‘caso Iurbenor’ es el paradigma de la política urbanística impulsada durante años en este país, una política que ha creado en torno a negocios privados todo un entramado del que han sido partícipes de una u otra forma partidos políticos e instituciones públicas». Para Matute y Urruzuno, «es muy preocupante que los poderes públicos tengan relaciones con determinados modelos empresariales que están cuestionados en toda Europa por su carácter especulativo y por estar alejados del interés general».
EH Bildu ha calificado de «gran fraude» a la ciudadanía el acuerdo fiscal alcanzado entre PNV, PSE y PP y confía en que nadie lleve a las Juntas de Gipuzkoa medidas «que supongan un retroceso en la progresividad», como la derogación del Impuesto de Grandes Fortunas.
En una rueda de prensa en Joseba Permach y Oskar Matute han valorado el pacto fiscal entre PNV, PSE y PP y han recordado que buena parte de la situación actual de las arcas públicas se debe «a la política fiscal» que estos tres partidos «aprobaron conjuntamente entre 2008 y 2009, que han generado grandes agujeros en todas las instituciones de Hego Euskal Herria», los cuales «han acarreado un sinfín de recortes sociales». Por ello, han criticado que ahora estas tres formaciones «vengan a vender un acuerdo fiscal maravilloso».
Permach ha indicado que en los últimos dos años EH Bildu ha trabajado para garantizar ingresos suficientes con los que garantizar los servicios públicos, para que los que más tengan más paguen y para luchar contra el fraude fiscal, con medidas ante las cuales el PNV «no ha hecho otra cosa que criticar con contundencia».
A su juicio, el pacto a tres bandas no recaudará más ni garantizará que paguen más quienes más tienen. Tampoco cree que PNV, PSE y PP tengan «voluntad y determinación» de acabar con el fraude fiscal, puesto que la interconexión de datos fiscales entre las tres diputaciones «desaparece» en el documento.
Los representantes de la coalición se han preguntado cómo justifica el PSE «un acuerdo fiscal con la derecha del país». Preguntados sobre cómo puede influir este pacto en las Juntas de Gipuzkoa, Permach ha aventurado que «a nadie se le va a ocurrir aprobar medidas en las Juntas que supongan un retroceso en la progresividad» y ha confiado en que «el PSE no va a votar en contra de lo que ha votado hace unos meses» y por ejemplo «dejar sin efecto el Impuesto sobre Grandes Fortunas».
EH Bildu ha presentado una iniciativa en las Juntas Generales que propone cambiar el IRPF para que “los que más tienen aporten más”. Concretamente, la iniciativa propone reformar la legislación referente a las rentas irregulares para establecer un tope a las excepciones que se recogen.
La normativa actual contempla cono rentas irregulares las rentas generadas durante un periodo mayor a dos años y no se obtengan de forma recurrente. En esos casos, el tipo de IRPF no se aplica a la totalidad la cantidad sino al 50% o al 60% de la cantidad dependiendo del caso.
El juntero de EH Bildu Asier Vega ha señalado que la coalición cree que las excepciones son necesarias en el caso de las rentas irregulares “ya que si lo trabajado durante varios años se declara todo a la vez en un mismo ejercicio, las personas se pueden ver obligadas a pagar más de lo debido como consecuencia de la progresividad del IRPF. Esto puede suceder, por ejemplo, con los finiquitos de los trabajadores”. Sin embargo, Vega ha querido subrayar que la normativa actual no establece ningún tope a la cantidad de renta que se puede beneficiar de ese tipo de excepciones fiscales y ha denunciado que por tanto, “la Diputación Foral deja una puerta abierta para la elusión fiscal”. EH Bildu cree que es necesario establecer un techo a la cantidad que pueda ser objeto de este tipo de beneficio y ha propuesto establecer ese techo en 300.000 euros.
Como ejemplo de este tipo de maniobras EH Bildu ha citado el caso de los deportistas de élite que al declarar sus salarios se tipifican como irregulares y no son gravados en su conjunto. Para ilustrar lo que esta medida podría suponer, EH Bildu ha puesto como ejemplo el caso de un futbolista profesional que tribute en Bizkaia y cobra 2 millones de euros al año. Aplicando la normativa actual sólo se le cobraría el impuesto sobre la mitad de esa cantidad. Es decir, un millón de euros. En cambio, con la propuesta de EH Bildu la cantidad que sería objeto de excepción sería de 300.000 € y, por tanto, la cantidad objeto de impuesto sería de 1.850.000 euros.
El debate monográfico de mañana sobre política fiscal previsto para mañana en el Parlamento de Gasteiz será solo una representación con la que PNV y PSE desean tapar su inacción en esa materia, según han denunciado hoy Oskar Matute y Dani Maeztu. A su juicio, las propuestas de resolución pactadas por ambos grupos «no son más que generalidades y no ofrecen soluciones concretas y reales». En definitiva, el pleno de mañana es «parte de la estrategia de PNV y PSE para dar envoltura al acuerdo fiscal que han firmado por sus necesidades particulares».
EH Bildu sostiene que PNV y PSE utilizan el Parlamento para bendecir y blanquear un acuerdo que avala el modelo socioeconómico que está en el origen de la crisis y la relación de dependencia con Madrid. El debate, por lo tanto, evidenciará la existencia de dos modelos: por un lado, el que comparten PNV, PSE y PP, que castiga a quienes tienen menos recursos; por otro, el de EH Bildu, que reivindica plena soberanía y herramientas propias para construir un nuevo modelo que garantice mayor protección social.
En esta línea, EH Bildu hará propuestas claras y concretas al objeto de profundizar en la progresividad de la política fiscal y en una redistribución más justa de la riqueza. Serán propuestas que forzarán a PNV y PSE a posicionarse con claridad y que dejarán al desnudo sus verdaderas intenciones en relación con la fiscalidad. Entre otras cuestiones, la coalición planteará extender también a Araba y Gipuzkoa el impuesto sobre grandes fortunas que ya se aplica en Gipuzkoa, gravar más las rentas de capital y tocar también los impuestos municipales. Son algunos de los elementos que permitirían corregir las carencias de un acuerdo PNV-PSE que ellos mismos reconocen que no servirá para evitar la destrucción de empleo, puesto que admiten que en 2014 se perderán otros 6.000 puestos de trabajo.
El Grupo Municipal de EHBildu de Bilbo ha presentado hoy dos propuestas que ha presentado al próximo pleno municipal del 25 de septiembre con las que pretende introducir cambios en la política fiscal de Bizkaia, caracterizada por ser una política regresiva en la que paga menos quien más tiene. La edil Ana Etxarte ha indicado que con sus propuestas pretenden “dar la vuelta a esta situación” y “conseguir una política fiscal más justa y progresiva”.
La primera moción solicita a las Juntas Generales de Bizkaia la modificación de la norma foral que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y defina el concepto de vivienda vacía para de esta manera dar la posibilidad a los ayuntamientos de aplicar un recargo de hasta el 150% a las viviendas vacías.
La edil Ana Etxarte ha indicado que en Bilbao existe un grave problema de vivienda. “Mientras 9.000 personas aguardan en espera a acceder a una vivienda de alquiler social en Viviendas Municipales, el Ayuntamiento tiene contabilizadas 15.567 viviendas vacías”, ha dicho.
“Creemos que establecer diferentes tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en función de si la vivienda está ocupada o no, o establecer un recargo a las viviendas vacías, supondría un impulso para encauzar dichas viviendas al insuficiente mercado de alquiler actual”, ha señalado.
Etxarte ha apuntado que esta modificación ya ha sido realizada por las Juntas Generales de Gipuzkoa y municipios como Donostia, Hondarribia, Irun, Oñati, o Tolosa, entre otros, ya han aprovechado esta posibilidad y van a aplicar recargos, por lo que considera que el PSE que gobierna en Irun y el PNV que gobierna en Hondarribia no tienen motivos para votar en contra.
“La segunda de las mociones está relacionada con el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que también está regulado por las Juntas Generales. EH Bildu solicita que se modifique la Norma Foral que regula este impuesto, haciendo tributar a aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones superior a 1 millón de euros, ya que en la actualidad están exoneradas todas aquellas empresas que no superen los 2 millones de euros.
“De esta manera según datos del Área de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento, 773 sujetos pasivos tendrían la obligación de tributar, con lo que aumentaría considerablemente los ingresos municipales. De esta manera el Ayuntamiento contaría con más recursos y no recurriría al recorte continuo en servicios públicos que es lo que está haciendo el gobierno del PNV. Así la gente que vivimos en Bilbo no veríamos como se reducen autobuses en cada línea, o como se recorta en un 50% el servicio municipal de ambulancias, por poner sólo algunos ejemplos”, ha indicado Etxarte.
“No entendemos por qué los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao tenemos que pagar impuestos y tasas sin tener en cuenta nuestra situación económica, así pagamos por la vivienda, por hacer una obra, por el agua, por las basuras, mientras que a algunas empresas se les exonera del IAE. Con esta moción queremos que se elimine este trato de favor para algunos”, ha apostillado.
EH Bildu reprocha a PNV y PSE que den por buenos los límites del actual modelo socioeconómico y les invita a profundizar y avanzar también en Araba y Bizkaia en la dirección marcada por Gipuzkoa.
Tras la presentación del acuerdo entre PNV y PSE la pasada semana, una delegación de EH Bildu se ha reunido hoy en el Parlamento con ambos partidos y les ha invitado a profundizar y dar pasos adelante en la senda que la Diputación de Gipuzkoa ha abierto en política fiscal. Tal y como han explicado Oskar Matute, Leire Pinedo, Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu, «si las soluciones que se están adoptando en Gipuzkoa son positivas, no entendemos por qué hay que rebajarlas para aplicarlas en Araba y Bizkaia; nos piden que desandemos el camino iniciado en Gipuzkoa por la timidez que históricamente han mostrado las diputaciones de Araba y Bizkaia. Sería más sencillo que hicieran sus deberes e implantaran políticas fiscales equivalentes a las de Gipuzkoa».
Para EH Bildu el acuerdo PNV-PSE es, por lo tanto, claramente insuficiente, ya que no sigue la dirección marcada en Gipuzkoa y da por buenos los límites del actual marco socioeconómico, sin ninguna voluntad de dotar a la sociedad vasca de las herramientas que necesita en el camino de la soberanía para hacer frente a la actual situación económica. En definitiva, a juicio de EH Bildu, el de PNV y PSE es «un acuerdo que solo satisface las necesidades particulares de los partidos firmantes, pero no las de la ciudadanía».
EHBildu ha reclamado a las instituciones alavesas que velen y defiendan unas condiciones de trabajo dignas tanto en su plantilla como en sus subcontratas. Lo ha hecho después de conocer que tanto Diputación como Ayuntamiento tienen contratados servicios a ETRA NORTE, una de las 150 empresas que en tan sólo dos semanas ya han aplicado la caducidad en los convenios a sus respectivas plantillas. “Entendemos que lo que nos toca ahora es exigir tanto a la Diputación Foral de Araba como al Ayuntamiento de Gasteiz que asuman su responsabilidad porque pueden y deben poner freno, en la medida de sus posibilidades a las nefastas consecuencias de esta reforma laboral. En EHBildu creemos que las Administraciones Públicas deben dar ejemplo y velar por garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas trabajen en condiciones dignas”, han explicado David Pina y Luis Salgado.
Según han explicado, ETRA Norte, se encarga del mantenimiento de las canceladoras, GPSs y postes informativos de las paradas de TUVISA. El 4 de julio, se remitió una carta desde su empresa en la que se le informa de que “desde el día 7 de julio de 2013, su contrato de trabajo se regirá por el Acuerdo Estatal del Sector del Metal”, lo que entre otras cosas se traduce en que se le queda un salario base cercano a los 600€. La plantilla ha decidido declararse en huelga, (De 58 trabajadores en la CAV, 46-48 de huelga. En el territorio, de 10 trabajadores, 8 están en huelga). Pero el caso es todavía mucho más grave ya que ETRA Norte chantajeó a quienes prestan servicio a Tuvisa exigiendo que abandonara la huelga como condición para seguir respetándole sus condiciones laborales hasta la firma de un nuevo convenio. También la Diputación Foral de Araba tiene firmado con Etra Norte un contrato para el mantenimiento de los paneles informativos en la red de carreteras.
En opinión de EHBildu, ni Ayuntamiento de Gasteiz ni la Diputación Foral de Araba pueden permitir que en cualquiera de las empresas subcontratadas apliquen la “intolerable” reforma laboral de Rajoy. Por esa razón, EHBildu entiende que el Ayuntamiento debe salir en defensa de esos trabajadores y trabajadoras porque los contratos suscritos contemplan unos recursos destinados a la plantilla que no pueden servir ahora para engordar la cuenta de resultados de una empresa. Por esa razón, anima a que se revisen esos contratos con las empresas contratadas por la administración pública.
Pero además, EHBildu va a presentar una Norma Foral que incluya cláusulas sociales. La citada norma incluirá respetar durante la ejecución del contrato todas las obligaciones en materia de salud, seguridad laboral, protección y condiciones de trabajo que se deriven de la legislación laboral aplicable Y/o de los convenios en vigor. Por otro lado, se introducirá el cumplimiento de obligaciones en materia de subcontratación, se permitirá que se rechacen ofertas anormalmente bajas debido al incumplimiento de normas en materia laboral y se integrarán medidas concretas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por último se introducirá un criterio de preferencia a las ofertas de empresas con un determinado porcentaje de trabajadores discapacitados cuando igualen las ofertas más ventajosas.
Por otro lado, en el próximo pleno municipal se someterá a debate una moción presentada por EHBildu en la que se reprueba la reforma laboral. Además, se exige al Equipo de Gobierno que en todas sus contrataciones públicas y en las de sus empresas no firme ningún contrato con empresas que precarizan las relaciones laborales aplicando los aspectos más agresivos de la reforma laboral y rescinda los existentes. A eso se añade que de ahora en adelante incluya cláusulas en todas sus contrataciones públicas y en las de sus empresas que garanticen la no aplicación de los aspectos más agresivos de la reforma laboral.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado a las empresas y entidades gestoras de residencias y centros de día concertados que, en el plazo de siete días, informen al Departamento de Política Social sobre el régimen laboral que van a aplicar a sus trabajadoras a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral española el 7 de julio. Una vez obtenida esta información, la Administración foral procederá a adecuar las tarifas que abona a las empresas según el marco laboral que se aplique en cada centro.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la entrada en vigor de la reforma laboral española, que supone “una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora”. Se ha alegrado, no obstante, de que la mayoría de las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa haya conseguido esquivar esta precarización firmando convenios propios o basados en la propuesta de acuerdo de la Diputación, que incluye cláusulas antirreforma, incrementos del IPC en los salarios y una aportación foral de 9,2 millones de euros.
En concreto, casi un 90% del sector ha firmado acuerdos laborales que no vulneran los derechos de las trabajadoras. “Es muy importante haber dotado de semejante nivel de estabilidad a un sector que emplea en Gipuzkoa a más de 4.200 personas -de las cuales el 97% son mujeres-. Esto demuestra que la labor de mediación que ha ejercido el Departamento de Política Social, el trabajo de meses, ha dado sus frutos”, ha señalado.
A pesar de todo, sigue quedando alrededor de un 10% de residencias y centros de día que no han firmado ningún tipo de acuerdo y, en este momento, seis de ellas están en huelga. En palabras del representante foral, “la Diputación debe saber en todo momento qué régimen laboral es de aplicación en los centros que financia. La mayoría de las residencias, de acuerdo con la propuesta foral, va a subir el IPC a los sueldos de las trabajadoras. Por lo tanto, el Departamento de Política Social incrementará en el mismo porcentaje la tarifa. Sin embargo, no tenemos constancia de qué marco salarial va a regir en las empresas que siguen atascadas en el conflicto. En el caso de que apliquen la reforma laboral española, los sueldos podrían bajarse hasta 400 euros y las jornadas aumentarse hasta 200 horas más al año. De ser así, la Diputación llevará a cabo las consiguientes rebajas en la tarifa, porque el Gobierno foral no va a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral española”.
Por tanto, el Departamento de Política Social ha remitido una carta a las entidades y empresas gestoras de las residencias en el que “se solicita que en el plazo de siete días proceda a informar a esta administración del convenio o acuerdo laboral aplicable al personal de su empresa que trabaja en el centro o servicio contratado o convenido con esta administración”.
El mismo escrito señala: “La eficiente utilización de los fondos públicos debe regir el conjunto de la actividad administrativa, por lo que la adecuación entre el servicio que la Administración recibe y el precio que paga por recibirlo debe regir igualmente en los servicios pactados mediante convenio o concierto con distintas entidades”.
Apoyo a las trabajadoras
Por otro lado, el diputado se ha referido a la amenaza de Adegi de tomar acciones legales en contra de las trabajadoras que se encuentran en huelga en seis residencias: “En primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo a las trabajadoras ante cualquier amenaza de este tipo. En segundo término, consideramos que se trata de un hecho muy grave que no tiene precedentes. Es tanto como decretar el fin del derecho a la huelga en Gipuzkoa. Estamos viendo que Adegi no tiene límites: ha sido capaz de llevar a los tribunales a esta Diputación y ahora también quiere sentar en el banquillo a las trabajadoras que cuidan de nuestras personas mayores y que reclaman dignidad laboral. Están atacando los servicios sociales, la patronal está llevando a cabo una ofensiva brutal contra los servicios públicos de cuidado de las personas dependientes, pero esta Diputación los va a defender”.
Además, el diputado ha aclarado que a la Administración foral no le corresponde autorizar o desautorizar la huelga porque no es su competencia: “La responsabilidad del Departamento consiste en velar por que se preste una adecuada atención en los servicios mínimos que decreta la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco. Ayer hubo una nueva reunión de seguimiento de la huelga y el Ejecutivo no nos notificó ninguna variación en la misma. Por lo tanto, seguiremos tomando las mismas medidas que hasta ahora”:
Se harán inspecciones regulares en los centros en huelga.
No se derivarán estancia temporales a los mismos.
No se recomendarán ingresos permanentes.
Se rebajará de la tarifa la parte del sueldo que las empresas dejan de pagar a las trabajadoras en huelga.
La lucha de las residencias de Gipuzkoa ha conseguido poner cara y voz al sector de los cuidados, formado mayoritariamente por mujeres que trabajan en condiciones de invisibilidad y precariedad. Y los empleadores, por supuesto, son casi siempre hombres que han encontrado en el cuidado de la vida una fuente inagotable de lucro. La lucha de las residencias ha demostrado también que un colectivo social organizado y combativo es capaz de frenar la avaricia empresarial y poner coto a las reformas laborales que nos imponen desde el gobierno del Reino de España. Pero además, este conflicto inacabado ha servido también para demostrar que existen dos modelos opuestos de gobierno: un modelo que busca soluciones para las trabajadoras, y otro modelo -por desgracia hegemónico- que busca multiplicar las ganancias del empresariado a costa de la dignidad de las empleadas.
La Diputación de Gipuzkoa ha presentado una propuesta de solución que cortocircuita la reforma laboral de Rajoy y aporta ocho millones de euros para garantizar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras. Pero el modelo de Bildu no parece del agrado del PNV y el PP, que en Bizkaia y Araba han elegido negociar a puerta cerrada con la patronal de las residencias para rebajar una vez más las condiciones de trabajo en el sector.
Y es que a partir del 8 de julio, los antiguos convenios colectivos dejan de estar vigentes y se perderán todas las conquistas laborales si no consigue la firma de nuevos convenios en situación de mínima dignidad. En el peor de los casos, sus condiciones de trabajo se degradarán hasta los límites miserables que establece el Estatuto de los Trabajadores. Para las trabajadoras de las residencias, esta degradación legal puede significar 200 horas más de trabajo al año y un recorte de 400 euros en su asignación mensual. La reforma laboral también permite el despido fulminante de cualquier trabajadora que se ausente hasta nueve días en dos meses, obligando a las cuidadoras a seguir atendiendo usuarios incluso estando enfermas, con el riesgo que esto puede suponer.
Ante este abuso, la patronal Lares dice no ver con buenos ojos la reforma laboral, pero no renuncia a sacar partido de ella. No parecen entender que la calidad de los servicios de cuidados solamente es posible fuera del modelo que abanderan PNV y PP, es decir, fuera del modelo de las ganancias sin límites.
Desde esa lógica, el PP utiliza la Diputación de Araba para aconsejar a sus empresarios del sector y mostrarles cómo desvalijar a sus empleadas y empleados con la reforma en la mano. Que nadie se extrañe de semejante colegueo, al fin y al cabo, el ex-secretario general de la patronal alavesa SEA, José Zurita, defiende ahora los intereses corporativos del sector desde la mullida butaca de Diputado de Promoción Económica a las órdenes de Javier de Andrés. Por eso la patronal alavesa dedica las ayudas económicas forales al asesoramiento de aquellos empresarios que deseen ejecutar expedientes de regulación de empleo más eficientes.
Esas puertas giratorias entre los despachos políticos y los despachos de los jefazos de residencias también funcionan en Bizkaia, donde Josu Bergara pasó de Diputado General a Consejero de Residencias Nostem en uno de esos habituales juegos de prestidigitación que exhibe el PNV. Por su puesto, Residencias Nostem está a sueldo de la Diputación de Bizkaia sin que nadie se atreva a hablar de incompatibilidades. Parece que la Diputación de José Luis Bilbao también negocia a escondidas la aplicación de la nueva reforma laboral sobre el personal de residencias siguiendo su estrategia privatizadora. Es la misma estrategia que le ha llevado a congelar desde 2009 el presupuesto del Instituto Foral de Asistencia Social mientras desvía el presupuesto de Acción Social a la subcontratación en «prestación de servicios asistenciales».
Y es que las patronales de residencias se han habituado tanto a que nuestros gobernantes les saquen brillo a los bolsillos, que no entienden ni quieren entender las políticas de justicia social que han asomado por primera vez en Gipuzkoa. Por eso la patronal Adegi ha llevado el gobierno foral de Bildu a los tribunales bajo la acusación de «injerencia en la negociación de los convenios». Porque la única injerencia que admite la patronal -que lo sepa todo el mundo- es la palmadita en la espalda y el menú degustación a costa del erario público al que les han acostumbrado el PNV y el PP durante tantos años.
