Diana Urrea, Asier Imaz, Eva Blanco y Ernesto Merino representantes de EH Bildu

Los casos de corrupción que copan las portadas de todos los diarios ofrecen un panorama desolador. La gente de la calle está perdiendo la escasa confianza que tenía en los responsables de los partidos e instituciones y la actividad política se ha devaluado hasta ser considerada uno de los mayores problemas de la ciudadanía.

Día tras día los medios de comunicación se encargan de ofrecernos datos en cascada sobre los casos de corrupción más sangrantes; el caso Gürtel, el caso Urdangarin, Bárcenas, el expolio de la CAN y las dietas de Barcina y demás amiguetes,… Tenemos muchos datos, y aún así nos quedamos con la impresión de que solo nos vamos a enterar de lo que quieran que nos enteremos, lo justo para que los cimientos del sistema no se resientan seriamente.

En todo caso, existe la impresión de que estos casos de corrupción se están utilizando para algo más, luchas intestinas al margen. Igual que la crisis se ha aprovechado para dar la puntilla al Estado de Bienestar, para restringir los derechos de los y las trabajadoras y para abrir un proceso de recentralización del Estado, existe la fundada sospecha de que los casos de corrupción se están utilizando para tratar de vender una imagen de la «clase política» como corrupta y que actúa exclusivamente en beneficio de su bolsillo y de las arcas de su partido.

Y como eso es así, se hace necesario actuar, y para ello rápidamente el Gobierno del PP anuncia medidas, que no son otras que las de diseñar un futuro en el que las instituciones ya no quedan en manos de los políticos (que son todos unos corruptos, se argumenta), sino en manos de técnicos, de funcionarios, tecnócratas, que tendrán capacidad para decidir cuánto y en qué gastar, independientemente de la ideología política o el programa electoral que haya elegido la ciudadanía. Esto pretende de manera indisimulada el Gobierno del PP con las medidas que anuncia de cambios en la Ley de Bases de Régimen Local, por ejemplo: disminución de número de concejales, eliminación de municipios…

Pero la afirmación de «todos los políticos son iguales», por otra parte entendible desde el hartazgo que invade a la ciudadanía, es falsa, es interesada, y oculta que hay otro modelo de hacer política. No es cierto que el poder corrompa de por sí. Hay formaciones políticas de dilatada trayectoria que nunca nos hemos visto salpicadas por la más mínima sombra de duda.

La corrupción está en la raíz del modelo de gobierno de algunos partidos políticos. Incluso el más simple análisis superficial concluye que nadie regala nada, ni un Jaguar, ni un bolso de marca, ni un traje, si no espera recibir algo a cambio. En el mismo orden de cosas, no hay que ser un lince para aventurar que ninguna empresa hace una donación a un partido político que gobierna una institución, si no espera recibir alguna contraprestación.

La mayoría de las tramas de corrupción nos llevan a empresarios, constructores en demasiados casos, amigos de los políticos corruptos, y a las noticias nos remitimos. Y hablando de empresas constructoras y de nuestras instituciones, otra costumbre arraigada en España y que aquí alguno no tiene empacho en copiar, es el de las desviaciones presupuestarias en las adjudicaciones de obras públicas, es decir, obras adjudicadas de manera presuntamente legal, todo dentro del pertinente expediente inmaculado, en las que el precio final excede muy ampliamente (en ocasiones lo duplica) el precio inicialmente adjudicado, lo cual lleva a otra pregunta ¿Cómo se entiende que aquellas empresas que hacen tan mal sus previsiones no solo no reciben sanciones de las instituciones sino se vean recompensadas con más adjudicaciones?

Y de esos casos tenemos un par de ellos por aquí: los inasumibles sobrecostos en la construcción de la AP1, los desfases en Bidegi, por ejemplo. En ese tipo de casos, cabe preguntarse cómo de agradecido puede llegar a ser un constructor que factura a una institución pública un 48% más de lo pactado.

Si a este juego de intereses unimos un sistema de partidos políticos que contempla la donación como instrumento de financiación opaco y posibilita el cambio de favores, nos encontramos un panorama negro.

Un escenario descorazonador pero no sólo en España, en Euskal Herria también hay un «tráfico» de donaciones que estaría bien saber si ocultan o no favores. Según se publicaba hace poco, hay un partido vasco realmente hábil a la hora de captar recursos: el PNV es el tercer partido que más dinero ha ingresado por medio de donaciones en el plazo de diez años, concretamente casi 22 millones de euros (más de tres mil quinientos millones de las antiguas pesetas), por 46.577.789 euros de CiU, y 39.185.016 del PP. En el caso del PNV, además, la práctica totalidad de estas donaciones, el 86%, fueron anónimas.

Es decir, a nivel estatal el PNV tiene un muy honroso tercer puesto en donaciones recibi- das, después del PP y de CIU (y antes curiosa- mente que el PSOE), pero si el cálculo se hace referido al territorio en el que actúa cada partido político (Catalunya, España, CAV) y a los habitantes de estos territorios, es decir, por donaciones per cápita en función de la pobla- ción, el PNV gana por goleada: recibe 10 euros de donación por persona -tomando la CAV como su territorio «contractual»-, le sigue CiU, con 6,15 euros por persona, y el PP, mucho más lejos, 0,80 euros. Los campeones de la gestión son también campeones de la capta-ción de recursos por lo que se ve. Y sin embar-go, cuando se van de cena a un restaurante de casi 200 euros por persona con angulas incluidas, pagan la cuenta con dinero público.

Hay corrupción, es innegable, seguramente más de la que conocemos. Y mientras la sociedad asiste atónita el enriquecimiento ilícito de unos políticos que gozan de cuasi impunidad ante la justicia y son arropados por las cúpulas de sus partidos, también se oculta a la ciudadanía que hay formaciones que actúan desde la legalidad y, lo que en este caso es más importante, desde la ética.

Ética que no sólo quiere decir no robar sino también gestionar bien el dinero público, el dinero de todas y todos. Y en este punto hay muchos matices: que los y las parlamentarias -con sueldos muy superiores a la media de la sociedad- se compren su tablet, que las dietas por viaje sean ajustadas… Son temas sobre los que EH Bildu ya se ha posicionado y ha logrado cambios en situaciones consolidadas.

Los cargos públicos de EH Bildu firmamos un contrato ético con la sociedad vasca en el que, entre otras cosas, nos comprometimos con una nueva forma de hacer política, a gestionar el dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Entendemos que en esta espiral de escándalos y corruptelas, este compromiso pueda ser visto desde la desconfianza pero también es cierto que a día de hoy nadie puede decir que ni los cargos públicos de EH Bildu ni los de los partidos que formamos la coalición tengamos pecado de corrupción. No todos los políticos son corruptos, no todos están guiados por el interés y el modelo de gestión de quienes salen en los titulares día a día no es el único. Hay otro modelo de hacer política y de gestionar el dinero público. Lo estamos demostrando.

Luis María Salgado y Begoña Vesga – Alternatiba

En plena apoteosis del caso Bárcenas, el gobierno español saca pecho tras parir un proyecto de ley que, dice el Partido Popular, está destinado a racionalizar la administración local, reducir su dimensión y la cantidad de cargos públicos asalariados que en ellas anidan. Lo de racionalizar forzosamente ha de sonar razonable,  la reducción de las administraciones, aun no compartiéndose, es comprensible en un partido más preocupado por lo privado que por lo común y el posible recorte de los salarios de los prebostes necesariamente hace salivar a una ciudadanía continuamente recortada por ese engendro llamado clase política donde no se hace distingos entre justos y pecadores.

Entiende el PP que lo racional es que la ley española diga a los ayuntamientos cuáles son sus competencias y cuáles pueden ejercer por delegación. Todo lo demás, sea cual sea el color político o la situación financiera del municipio, está vedado. Por eso las entidades locales no podrán ofertar a su ciudadanía servicios que están fuera de su órbita competencial, aun cuando cuenten con recursos para ello y las administraciones competentes, aquejadas de la fiebre del recorte, se nieguen a prestarlos. Por eso los interventores municipales, convertidos en  mini delegados del gobierno español, tendrán que informar cuando entre en vigor la ley, de qué competencias se ejercen de forma impropia y los servicios en que se plasmaban deberán echar el cierre. Para incrementar el ERE sobrevenido, el proyecto del PP estrecha el catálogo de competencias de los Ayuntamientos eliminando parte de las que, hasta ahora, se les reconocía de forma expresa. Nada en medioambiente salvo basuras y jardines, nada que hacer en vivienda, cero en educación, nada en servicios sociales salvo – sólo en este último caso- si la Comunidad Autónoma delegase, el municipio aceptase y siempre bajo el estricto control de aquella.

Tras adelgazar las competencias, el proyecto de ley reduce los servicios esenciales que deben prestar los municipios a cementerio, alumbrado, basuras, agua, alcantarillado, padrón, parques y bibliotecas. Estos servicios podrán privatizarse cuando el ayuntamiento sea deficitario y todos los demás – los no esenciales según el PP- serán clausurados si el municipio incumple los requisitos de estabilidad presupuestaria dictados desde Madrid.

Tengan cuidado los municipios que blasfemen contra la sacra estabilidad si tienen menos de 5.000 habitantes ya que serán disueltos y anexionados al colindante y es que para los populares -aquejados de algún tipo de complejo– el tamaño sí importa y por eso suprimen patológicamente lo pequeño; borran minúsculas referencias de la ley a la participación ciudadana, se cargan el Concejo Abierto –forma asamblearia de gobierno que rige en algunos pueblos de menos de 100 habitantes- y promueven la desaparición de las entidades infra municipales, espacios de gestión y participación que, por su excesiva cercanía a la ciudadanía, hacen olvidar el principio de autoridad y malacostumbran al personal al guirigay democrático.

No crean los medianos que están a salvo ya que a los pueblos que no superen las 20.000 almas también les rondará el peligro, no ya de disolución, sino de usurpación. Y es que las diputaciones podrán despojar a esos ayuntamientos de la gestión de sus servicios cuando incumplan la dichosa estabilidad presupuestaria, o cuando sean ineficientes en atención a la economía de escala, o cuando el coste de los servicios supere lo establecido por Madrid. Dicho de otra manera; cuando les venga en gana. Suena raro eso de que un gobierno que alardea de  liberal fije el precio de un servicio. Pero teniendo en cuenta que se quieren cargar uno de los aspectos que determinan su cuantía, los convenios colectivos, todo cuadra. Al igual que cuadra la predilección por la economía de escala a la hora de contratar, ya que, a tan gran escala, los servicios solo podrán ser prestados por grandes grupos empresariales dejando sin opciones a las empresas pequeñas. ¿De dónde venían los presuntos donativos que presuntamente nutrían los famosos sobres de Bárcenas?

Por otra parte Rajoy y sus acólitos, en aras a un mercado grande y libre, dan un nuevo paso  desregulador de forma que, para emprender una actividad económica, no será necesaria licencia municipal salvo que una ley sectorial así lo prevea. Llama la atención que sólo se liberaliza la actividad económica mientras que con todo lo demás -sea lúdico, espiritual o asociativo– los ayuntamientos podrán tener mano de hierro. 

En fin, siempre queda el consuelo de la reducción de los salarios de los munícipes. Es una pena que la retirada de sueldos vaya alcanzar sobre todo a los partidos de la oposición y en mayor medida si son pequeños. Podían haber determinado un sistema proporcional de reparto de parados consistoriales o, más aún, mostrar el mismo celo con los asesores de los equipos de gobierno cuyo número podrá ser mayor que el ediles con nómina. Valga de ejemplo un municipio de 240.000 habitantes donde frente a 18 concejalías asalariadas, habrá 27 cargos eventuales que, dado el silencio de la reforma, bien podrán ser todos asesores.

Finiquitado el último consuelo por la letra pequeña del proyecto, sólo queda plantearse si el escudo foral podrá proteger a los municipios de Hego Euskal Herria de esta ola antidemocrática y amiga del oligopolio. La respuesta es arriesgada, pero, considerando el estado de excepción al servicio de los mercados instaurado por el gobierno español, la entente UPN-PP y la buena sintonía entre Rajoy y Urkullu, no sería de extrañar algún tipo de componenda que salve formalmente la foralidad y aplique el fondo destructor de lo público que tiene la reforma.

Una pena. Puestos a racionalizar y reducir se le podría haber ocurrido desmantelar la monarquía, devolver unas cuantas policías allende el Ebro, establecer la presunción de delito sobre la banca, cerrar el senado y, ya puestos, disolver este Estado que ni protege los derechos de las personas, ni da respuesta a la voluntad de las naciones minoritarias a las que nos ha tocado en desgracia; sería un gran comienzo.