EH Bildu reprocha a PNV y PSE que den por buenos los límites del actual modelo socioeconómico y les invita a profundizar y avanzar también en Araba y Bizkaia en la dirección marcada por Gipuzkoa.
Tras la presentación del acuerdo entre PNV y PSE la pasada semana, una delegación de EH Bildu se ha reunido hoy en el Parlamento con ambos partidos y les ha invitado a profundizar y dar pasos adelante en la senda que la Diputación de Gipuzkoa ha abierto en política fiscal. Tal y como han explicado Oskar Matute, Leire Pinedo, Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu, «si las soluciones que se están adoptando en Gipuzkoa son positivas, no entendemos por qué hay que rebajarlas para aplicarlas en Araba y Bizkaia; nos piden que desandemos el camino iniciado en Gipuzkoa por la timidez que históricamente han mostrado las diputaciones de Araba y Bizkaia. Sería más sencillo que hicieran sus deberes e implantaran políticas fiscales equivalentes a las de Gipuzkoa».
Para EH Bildu el acuerdo PNV-PSE es, por lo tanto, claramente insuficiente, ya que no sigue la dirección marcada en Gipuzkoa y da por buenos los límites del actual marco socioeconómico, sin ninguna voluntad de dotar a la sociedad vasca de las herramientas que necesita en el camino de la soberanía para hacer frente a la actual situación económica. En definitiva, a juicio de EH Bildu, el de PNV y PSE es «un acuerdo que solo satisface las necesidades particulares de los partidos firmantes, pero no las de la ciudadanía».
EHBildu ha reclamado a las instituciones alavesas que velen y defiendan unas condiciones de trabajo dignas tanto en su plantilla como en sus subcontratas. Lo ha hecho después de conocer que tanto Diputación como Ayuntamiento tienen contratados servicios a ETRA NORTE, una de las 150 empresas que en tan sólo dos semanas ya han aplicado la caducidad en los convenios a sus respectivas plantillas. “Entendemos que lo que nos toca ahora es exigir tanto a la Diputación Foral de Araba como al Ayuntamiento de Gasteiz que asuman su responsabilidad porque pueden y deben poner freno, en la medida de sus posibilidades a las nefastas consecuencias de esta reforma laboral. En EHBildu creemos que las Administraciones Públicas deben dar ejemplo y velar por garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas trabajen en condiciones dignas”, han explicado David Pina y Luis Salgado.
Según han explicado, ETRA Norte, se encarga del mantenimiento de las canceladoras, GPSs y postes informativos de las paradas de TUVISA. El 4 de julio, se remitió una carta desde su empresa en la que se le informa de que “desde el día 7 de julio de 2013, su contrato de trabajo se regirá por el Acuerdo Estatal del Sector del Metal”, lo que entre otras cosas se traduce en que se le queda un salario base cercano a los 600€. La plantilla ha decidido declararse en huelga, (De 58 trabajadores en la CAV, 46-48 de huelga. En el territorio, de 10 trabajadores, 8 están en huelga). Pero el caso es todavía mucho más grave ya que ETRA Norte chantajeó a quienes prestan servicio a Tuvisa exigiendo que abandonara la huelga como condición para seguir respetándole sus condiciones laborales hasta la firma de un nuevo convenio. También la Diputación Foral de Araba tiene firmado con Etra Norte un contrato para el mantenimiento de los paneles informativos en la red de carreteras.
En opinión de EHBildu, ni Ayuntamiento de Gasteiz ni la Diputación Foral de Araba pueden permitir que en cualquiera de las empresas subcontratadas apliquen la “intolerable” reforma laboral de Rajoy. Por esa razón, EHBildu entiende que el Ayuntamiento debe salir en defensa de esos trabajadores y trabajadoras porque los contratos suscritos contemplan unos recursos destinados a la plantilla que no pueden servir ahora para engordar la cuenta de resultados de una empresa. Por esa razón, anima a que se revisen esos contratos con las empresas contratadas por la administración pública.
Pero además, EHBildu va a presentar una Norma Foral que incluya cláusulas sociales. La citada norma incluirá respetar durante la ejecución del contrato todas las obligaciones en materia de salud, seguridad laboral, protección y condiciones de trabajo que se deriven de la legislación laboral aplicable Y/o de los convenios en vigor. Por otro lado, se introducirá el cumplimiento de obligaciones en materia de subcontratación, se permitirá que se rechacen ofertas anormalmente bajas debido al incumplimiento de normas en materia laboral y se integrarán medidas concretas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por último se introducirá un criterio de preferencia a las ofertas de empresas con un determinado porcentaje de trabajadores discapacitados cuando igualen las ofertas más ventajosas.
Por otro lado, en el próximo pleno municipal se someterá a debate una moción presentada por EHBildu en la que se reprueba la reforma laboral. Además, se exige al Equipo de Gobierno que en todas sus contrataciones públicas y en las de sus empresas no firme ningún contrato con empresas que precarizan las relaciones laborales aplicando los aspectos más agresivos de la reforma laboral y rescinda los existentes. A eso se añade que de ahora en adelante incluya cláusulas en todas sus contrataciones públicas y en las de sus empresas que garanticen la no aplicación de los aspectos más agresivos de la reforma laboral.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado a las empresas y entidades gestoras de residencias y centros de día concertados que, en el plazo de siete días, informen al Departamento de Política Social sobre el régimen laboral que van a aplicar a sus trabajadoras a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral española el 7 de julio. Una vez obtenida esta información, la Administración foral procederá a adecuar las tarifas que abona a las empresas según el marco laboral que se aplique en cada centro.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la entrada en vigor de la reforma laboral española, que supone “una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora”. Se ha alegrado, no obstante, de que la mayoría de las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa haya conseguido esquivar esta precarización firmando convenios propios o basados en la propuesta de acuerdo de la Diputación, que incluye cláusulas antirreforma, incrementos del IPC en los salarios y una aportación foral de 9,2 millones de euros.
En concreto, casi un 90% del sector ha firmado acuerdos laborales que no vulneran los derechos de las trabajadoras. “Es muy importante haber dotado de semejante nivel de estabilidad a un sector que emplea en Gipuzkoa a más de 4.200 personas -de las cuales el 97% son mujeres-. Esto demuestra que la labor de mediación que ha ejercido el Departamento de Política Social, el trabajo de meses, ha dado sus frutos”, ha señalado.
A pesar de todo, sigue quedando alrededor de un 10% de residencias y centros de día que no han firmado ningún tipo de acuerdo y, en este momento, seis de ellas están en huelga. En palabras del representante foral, “la Diputación debe saber en todo momento qué régimen laboral es de aplicación en los centros que financia. La mayoría de las residencias, de acuerdo con la propuesta foral, va a subir el IPC a los sueldos de las trabajadoras. Por lo tanto, el Departamento de Política Social incrementará en el mismo porcentaje la tarifa. Sin embargo, no tenemos constancia de qué marco salarial va a regir en las empresas que siguen atascadas en el conflicto. En el caso de que apliquen la reforma laboral española, los sueldos podrían bajarse hasta 400 euros y las jornadas aumentarse hasta 200 horas más al año. De ser así, la Diputación llevará a cabo las consiguientes rebajas en la tarifa, porque el Gobierno foral no va a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral española”.
Por tanto, el Departamento de Política Social ha remitido una carta a las entidades y empresas gestoras de las residencias en el que “se solicita que en el plazo de siete días proceda a informar a esta administración del convenio o acuerdo laboral aplicable al personal de su empresa que trabaja en el centro o servicio contratado o convenido con esta administración”.
El mismo escrito señala: “La eficiente utilización de los fondos públicos debe regir el conjunto de la actividad administrativa, por lo que la adecuación entre el servicio que la Administración recibe y el precio que paga por recibirlo debe regir igualmente en los servicios pactados mediante convenio o concierto con distintas entidades”.
Apoyo a las trabajadoras
Por otro lado, el diputado se ha referido a la amenaza de Adegi de tomar acciones legales en contra de las trabajadoras que se encuentran en huelga en seis residencias: “En primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo a las trabajadoras ante cualquier amenaza de este tipo. En segundo término, consideramos que se trata de un hecho muy grave que no tiene precedentes. Es tanto como decretar el fin del derecho a la huelga en Gipuzkoa. Estamos viendo que Adegi no tiene límites: ha sido capaz de llevar a los tribunales a esta Diputación y ahora también quiere sentar en el banquillo a las trabajadoras que cuidan de nuestras personas mayores y que reclaman dignidad laboral. Están atacando los servicios sociales, la patronal está llevando a cabo una ofensiva brutal contra los servicios públicos de cuidado de las personas dependientes, pero esta Diputación los va a defender”.
Además, el diputado ha aclarado que a la Administración foral no le corresponde autorizar o desautorizar la huelga porque no es su competencia: “La responsabilidad del Departamento consiste en velar por que se preste una adecuada atención en los servicios mínimos que decreta la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco. Ayer hubo una nueva reunión de seguimiento de la huelga y el Ejecutivo no nos notificó ninguna variación en la misma. Por lo tanto, seguiremos tomando las mismas medidas que hasta ahora”:
Se harán inspecciones regulares en los centros en huelga.
No se derivarán estancia temporales a los mismos.
No se recomendarán ingresos permanentes.
Se rebajará de la tarifa la parte del sueldo que las empresas dejan de pagar a las trabajadoras en huelga.
La lucha de las residencias de Gipuzkoa ha conseguido poner cara y voz al sector de los cuidados, formado mayoritariamente por mujeres que trabajan en condiciones de invisibilidad y precariedad. Y los empleadores, por supuesto, son casi siempre hombres que han encontrado en el cuidado de la vida una fuente inagotable de lucro. La lucha de las residencias ha demostrado también que un colectivo social organizado y combativo es capaz de frenar la avaricia empresarial y poner coto a las reformas laborales que nos imponen desde el gobierno del Reino de España. Pero además, este conflicto inacabado ha servido también para demostrar que existen dos modelos opuestos de gobierno: un modelo que busca soluciones para las trabajadoras, y otro modelo -por desgracia hegemónico- que busca multiplicar las ganancias del empresariado a costa de la dignidad de las empleadas.
La Diputación de Gipuzkoa ha presentado una propuesta de solución que cortocircuita la reforma laboral de Rajoy y aporta ocho millones de euros para garantizar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras. Pero el modelo de Bildu no parece del agrado del PNV y el PP, que en Bizkaia y Araba han elegido negociar a puerta cerrada con la patronal de las residencias para rebajar una vez más las condiciones de trabajo en el sector.
Y es que a partir del 8 de julio, los antiguos convenios colectivos dejan de estar vigentes y se perderán todas las conquistas laborales si no consigue la firma de nuevos convenios en situación de mínima dignidad. En el peor de los casos, sus condiciones de trabajo se degradarán hasta los límites miserables que establece el Estatuto de los Trabajadores. Para las trabajadoras de las residencias, esta degradación legal puede significar 200 horas más de trabajo al año y un recorte de 400 euros en su asignación mensual. La reforma laboral también permite el despido fulminante de cualquier trabajadora que se ausente hasta nueve días en dos meses, obligando a las cuidadoras a seguir atendiendo usuarios incluso estando enfermas, con el riesgo que esto puede suponer.
Ante este abuso, la patronal Lares dice no ver con buenos ojos la reforma laboral, pero no renuncia a sacar partido de ella. No parecen entender que la calidad de los servicios de cuidados solamente es posible fuera del modelo que abanderan PNV y PP, es decir, fuera del modelo de las ganancias sin límites.
Desde esa lógica, el PP utiliza la Diputación de Araba para aconsejar a sus empresarios del sector y mostrarles cómo desvalijar a sus empleadas y empleados con la reforma en la mano. Que nadie se extrañe de semejante colegueo, al fin y al cabo, el ex-secretario general de la patronal alavesa SEA, José Zurita, defiende ahora los intereses corporativos del sector desde la mullida butaca de Diputado de Promoción Económica a las órdenes de Javier de Andrés. Por eso la patronal alavesa dedica las ayudas económicas forales al asesoramiento de aquellos empresarios que deseen ejecutar expedientes de regulación de empleo más eficientes.
Esas puertas giratorias entre los despachos políticos y los despachos de los jefazos de residencias también funcionan en Bizkaia, donde Josu Bergara pasó de Diputado General a Consejero de Residencias Nostem en uno de esos habituales juegos de prestidigitación que exhibe el PNV. Por su puesto, Residencias Nostem está a sueldo de la Diputación de Bizkaia sin que nadie se atreva a hablar de incompatibilidades. Parece que la Diputación de José Luis Bilbao también negocia a escondidas la aplicación de la nueva reforma laboral sobre el personal de residencias siguiendo su estrategia privatizadora. Es la misma estrategia que le ha llevado a congelar desde 2009 el presupuesto del Instituto Foral de Asistencia Social mientras desvía el presupuesto de Acción Social a la subcontratación en «prestación de servicios asistenciales».
Y es que las patronales de residencias se han habituado tanto a que nuestros gobernantes les saquen brillo a los bolsillos, que no entienden ni quieren entender las políticas de justicia social que han asomado por primera vez en Gipuzkoa. Por eso la patronal Adegi ha llevado el gobierno foral de Bildu a los tribunales bajo la acusación de «injerencia en la negociación de los convenios». Porque la única injerencia que admite la patronal -que lo sepa todo el mundo- es la palmadita en la espalda y el menú degustación a costa del erario público al que les han acostumbrado el PNV y el PP durante tantos años.
La patronal vasca optó ayer por sacarle la lengua al Gobierno de Gasteiz al transmitir a los sindicatos su decisión de no negociar, de descartar la posibilidad de alcanzar acuerdos ante la inminente desaparición de los convenios. EH Bildu considera que no estamos ante un mero conflicto entre patronal y sindicatos, nos situamos ante una cuestión de calado político y social, un conflicto que enfrenta la defensa de los derechos e intereses colectivos de la sociedad y los de un sector privado, la patronal, con una repercusión social y económica profunda.
La patronal, lo han dicho públicamente, se quiere aprovechar del instrumento que le ha dado Madrid -la reforma laboral- para hacer tabla rasa de las relaciones laborales y la negociación colectiva, para buscar la completa desregulación de las relaciones laborales. ¿Cómo vamos a creer que tienen voluntad de acuerdo si sitúan la reforma como una oportunidad de hacer negocio, de incrementar beneficios a costa de las personas?
Hasta ahora el gobierno de Gasteiz ha privilegiado a la patronal, les ha mimado, les ha hecho la ola. ¡Eso se tiene que acabar! Tras el llamamiento realizado la víspera por Iñigo Urkullu, ayer mismo la patronal volvió a demostrar que son ellos quienes mandan. Urkullu, no puede permanecer equidistante, no puede permitir que los intereses económicos de la patronal se impongan sobre los del conjunto de la sociedad. El problema es la equidistancia que adopta Urkullu y el PNV, cuando está en juego el futuro de miles de familias vascas, con nuestro tejido económico en juego. Mantenerse equidistante supone proteger los intereses de la patronal, porque el PP ha dejado en sus manos todo el poder de decisión respecto a la negociación colectiva. EH Bildu exige a Iñigo Urkullu que deja de lado posturas tibias, reuniones que no buscan sino proteger su imagen y adopte medidas reales para proteger nuestra economía y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
