La inauguración hoy miércoles, 3 de abril, de la planta de coque que Petronor ha construido en su refinería de Muskiz viene a corroborar la sucesión de imposiciones que se han venido reiterando desde que el Ejecutivo autonómico concediera la autorización ambiental para la citada instalación en noviembre de 2008.
Ya entonces, el ex dirigente del PNV y nuevo presidente de Petronor, Josu Jon Imaz, vinculó la planta de coque a la «viabilidad futura» de Petronor, toda una declaración de intenciones de los poderes económicos, en este caso una petrolera cuyos propietarios son Repsol al 86% y Kutxabank con un 14% de participación, frente al movimiento vecinal y ecologista que ha desarrollado la defensa de la salud y el medio ambiente, articulando para ello su trabajo de cara a informar a la población, propiciando la movilización y promoviendo que los vecinos y vecinas afectadas ejercieran su derecho a decidir si quieren o no una instalación de estas características en el entorno de la refinería.
Pero incluso más allá de que los mandatarios de Petronor hayan hecho oídos sordos a las demandas de una parte de la ciudadanía que ha pretendido ejercer su derecho a tomar la palabra en relación a la planta de coque, la deriva impositiva de los responsables de Petronor les ha llevado a anunciar que recurrirán el fallo, lejos de asumir la sentencia por la que el pasado 1 de marzo Juzgado de lo Contencioso Administrativo anuló las licencias de obra y actividad de la planta, lo que significa que la instalación, en la que se han invertido 853 millones de euros, ni siquiera se debía haber construido.
Los responsables de Petronor han preparado hasta el último detalle, extremando las medidas de seguridad que incluyen dar fiesta a numerosos operarios y restringir el acceso en vehículo propio al resto, así como acometer un considerable lavado de cara de la instalación, para recibir a su máximo invitado, el representante de la monarquía española Felipe de Borbón, cuya presencia se espera mañana en Muskiz, en un acto para el que se han cursado más de 300 invitaciones. La invitación del representante de la monarquía española supone el último capítulo de esta imposición y, por encima de ausencias anunciadas de representantes de la administración autonómica, refleja perfectamente la manera de cerrar negocios por parte de las grandes corporaciones que anteponen sus intereses por encima de cualquier otra consideración.
Frente a las promesas de puestos de trabajo ligadas al desarrollo de la nueva planta, cabe citar que Petronor ha venido utilizando amenazas contra los trabajadores. El año pasado la refinería estuvo parada por la falta de márgenes en el precio de los combustibles. En ese contexto Petronor anunció su intención de aplicar un ERE.
EHBildu llama a participar en los actos convocados estos días para mostrar el rechazo, tanto a la planta de coque impuesta a las y los vecinos de Muskiz, como a la visita del príncipe español que acude para dar el espaldarazo definitivo a este proyecto que responde a los intereses económicos de las grandes corporaciones y que, lejos de crear empleo y responder a un modelo de desarrollo que ofrezca respuesta a los intereses comarcales, obedece, desde la imposición, al mantenimiento de un sistema económico injusto y agresivo con el medio ambiente.
Diana Urrea, Asier Imaz, Eva Blanco y Ernesto Merino representantes de EH Bildu
Los casos de corrupción que copan las portadas de todos los diarios ofrecen un panorama desolador. La gente de la calle está perdiendo la escasa confianza que tenía en los responsables de los partidos e instituciones y la actividad política se ha devaluado hasta ser considerada uno de los mayores problemas de la ciudadanía.
Día tras día los medios de comunicación se encargan de ofrecernos datos en cascada sobre los casos de corrupción más sangrantes; el caso Gürtel, el caso Urdangarin, Bárcenas, el expolio de la CAN y las dietas de Barcina y demás amiguetes,… Tenemos muchos datos, y aún así nos quedamos con la impresión de que solo nos vamos a enterar de lo que quieran que nos enteremos, lo justo para que los cimientos del sistema no se resientan seriamente.
En todo caso, existe la impresión de que estos casos de corrupción se están utilizando para algo más, luchas intestinas al margen. Igual que la crisis se ha aprovechado para dar la puntilla al Estado de Bienestar, para restringir los derechos de los y las trabajadoras y para abrir un proceso de recentralización del Estado, existe la fundada sospecha de que los casos de corrupción se están utilizando para tratar de vender una imagen de la «clase política» como corrupta y que actúa exclusivamente en beneficio de su bolsillo y de las arcas de su partido.
Y como eso es así, se hace necesario actuar, y para ello rápidamente el Gobierno del PP anuncia medidas, que no son otras que las de diseñar un futuro en el que las instituciones ya no quedan en manos de los políticos (que son todos unos corruptos, se argumenta), sino en manos de técnicos, de funcionarios, tecnócratas, que tendrán capacidad para decidir cuánto y en qué gastar, independientemente de la ideología política o el programa electoral que haya elegido la ciudadanía. Esto pretende de manera indisimulada el Gobierno del PP con las medidas que anuncia de cambios en la Ley de Bases de Régimen Local, por ejemplo: disminución de número de concejales, eliminación de municipios…
Pero la afirmación de «todos los políticos son iguales», por otra parte entendible desde el hartazgo que invade a la ciudadanía, es falsa, es interesada, y oculta que hay otro modelo de hacer política. No es cierto que el poder corrompa de por sí. Hay formaciones políticas de dilatada trayectoria que nunca nos hemos visto salpicadas por la más mínima sombra de duda.
La corrupción está en la raíz del modelo de gobierno de algunos partidos políticos. Incluso el más simple análisis superficial concluye que nadie regala nada, ni un Jaguar, ni un bolso de marca, ni un traje, si no espera recibir algo a cambio. En el mismo orden de cosas, no hay que ser un lince para aventurar que ninguna empresa hace una donación a un partido político que gobierna una institución, si no espera recibir alguna contraprestación.
La mayoría de las tramas de corrupción nos llevan a empresarios, constructores en demasiados casos, amigos de los políticos corruptos, y a las noticias nos remitimos. Y hablando de empresas constructoras y de nuestras instituciones, otra costumbre arraigada en España y que aquí alguno no tiene empacho en copiar, es el de las desviaciones presupuestarias en las adjudicaciones de obras públicas, es decir, obras adjudicadas de manera presuntamente legal, todo dentro del pertinente expediente inmaculado, en las que el precio final excede muy ampliamente (en ocasiones lo duplica) el precio inicialmente adjudicado, lo cual lleva a otra pregunta ¿Cómo se entiende que aquellas empresas que hacen tan mal sus previsiones no solo no reciben sanciones de las instituciones sino se vean recompensadas con más adjudicaciones?
Y de esos casos tenemos un par de ellos por aquí: los inasumibles sobrecostos en la construcción de la AP1, los desfases en Bidegi, por ejemplo. En ese tipo de casos, cabe preguntarse cómo de agradecido puede llegar a ser un constructor que factura a una institución pública un 48% más de lo pactado.
Si a este juego de intereses unimos un sistema de partidos políticos que contempla la donación como instrumento de financiación opaco y posibilita el cambio de favores, nos encontramos un panorama negro.
Un escenario descorazonador pero no sólo en España, en Euskal Herria también hay un «tráfico» de donaciones que estaría bien saber si ocultan o no favores. Según se publicaba hace poco, hay un partido vasco realmente hábil a la hora de captar recursos: el PNV es el tercer partido que más dinero ha ingresado por medio de donaciones en el plazo de diez años, concretamente casi 22 millones de euros (más de tres mil quinientos millones de las antiguas pesetas), por 46.577.789 euros de CiU, y 39.185.016 del PP. En el caso del PNV, además, la práctica totalidad de estas donaciones, el 86%, fueron anónimas.
Es decir, a nivel estatal el PNV tiene un muy honroso tercer puesto en donaciones recibi- das, después del PP y de CIU (y antes curiosa- mente que el PSOE), pero si el cálculo se hace referido al territorio en el que actúa cada partido político (Catalunya, España, CAV) y a los habitantes de estos territorios, es decir, por donaciones per cápita en función de la pobla- ción, el PNV gana por goleada: recibe 10 euros de donación por persona -tomando la CAV como su territorio «contractual»-, le sigue CiU, con 6,15 euros por persona, y el PP, mucho más lejos, 0,80 euros. Los campeones de la gestión son también campeones de la capta-ción de recursos por lo que se ve. Y sin embar-go, cuando se van de cena a un restaurante de casi 200 euros por persona con angulas incluidas, pagan la cuenta con dinero público.
Hay corrupción, es innegable, seguramente más de la que conocemos. Y mientras la sociedad asiste atónita el enriquecimiento ilícito de unos políticos que gozan de cuasi impunidad ante la justicia y son arropados por las cúpulas de sus partidos, también se oculta a la ciudadanía que hay formaciones que actúan desde la legalidad y, lo que en este caso es más importante, desde la ética.
Ética que no sólo quiere decir no robar sino también gestionar bien el dinero público, el dinero de todas y todos. Y en este punto hay muchos matices: que los y las parlamentarias -con sueldos muy superiores a la media de la sociedad- se compren su tablet, que las dietas por viaje sean ajustadas… Son temas sobre los que EH Bildu ya se ha posicionado y ha logrado cambios en situaciones consolidadas.
Los cargos públicos de EH Bildu firmamos un contrato ético con la sociedad vasca en el que, entre otras cosas, nos comprometimos con una nueva forma de hacer política, a gestionar el dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Entendemos que en esta espiral de escándalos y corruptelas, este compromiso pueda ser visto desde la desconfianza pero también es cierto que a día de hoy nadie puede decir que ni los cargos públicos de EH Bildu ni los de los partidos que formamos la coalición tengamos pecado de corrupción. No todos los políticos son corruptos, no todos están guiados por el interés y el modelo de gestión de quienes salen en los titulares día a día no es el único. Hay otro modelo de hacer política y de gestionar el dinero público. Lo estamos demostrando.
El portavoz de Alternatiba en Bizkaia, Asier Vega, ha denunciado hoy la campaña publicitaria presentada esta semana por la Diputación Foral de Bizkaia con la intención, “de más que discutible efectividad” de compartir con la ciudadanía la necesidad de combatir el fraude fiscal. Los anuncios de esta campaña muestran a personas de diferente sexo y edad manifestándose tras una pancarta que reza “No nos defraudes”, y en la que aparece la característica señal de Stop –al fraude en este caso-, “se apropia por tanto de lemas y símbolos de las crecientes protestas que cada vez más asiduamente toman las calles para denunciar la corrupción política, los desahucios, la sumisión a entes no sometidos al voto ni a la supervisión de la ciudadanía o las reformas laborales que destruyen empleo y derechos laborales”.
En palabras de Vega, es “lamentable que una institución pública que da la espalda a las clases populares de Bizkaia para gobernar por y para los más pudientes, usurpe la simbología de la indignación ciudadana y lo haga hasta el punto de ridiculizarla. Porque es insultante que imiten lemas y pancartas con las que se sale a diario a la calle para protestar contra políticas como las del tándem Bilbao-Iruarrizaga”. Del mismo modo, ha censurado publicitar la lucha contra el fraude fiscal cuando el montante detectado por la Hacienda Foral ha descendido el pasado ejercicio un 19%.
Con todo, el portavoz de la formación de izquierdas ha señalado como “más grave aún el fraude legalizado que posibilita la política fiscal de la Diputación en manos del PNV y que impide lograr una recaudación que garantice los servicios sociales y que sirva para transformar la sociedad”. En este sentido, y por poner tan solo un ejemplo de lo “falaz” de esta publicidad, ha denunciado el uso de uno de los colectivos que figura en el anuncio, el de la diversidad funcional representada por un niño en silla de ruedas, cuando en Bizkaia las personas que reciben las Prestaciones Económicas para Asistente Personal (PEAP) “pueden contarse con los dedos de las manos, mientras que por ejemplo en Gipuzkoa son más de 1.100”.
Lamentablemente, ha proseguido, existen más ejemplos: “El anuncio se cuida de mostrar más mujeres que hombres tras la pancarta, pero si estudiamos el presupuesto de la DFB descubriremos que la partida de igualdad se reduce al 0,09% del gasto total”. También aparecen personas mayores, “que precisamente están sufriendo recortes en centros socio-sanitarios”.
Por todo esto, desde Alternatiba han exigido responsabilidad tanto a la Diputación como a la Hacienda Foral, así como la “retirada de una campaña que ofende a gran parte de la sociedad; sobre todo a las personas que más sufren los recortes en políticas sociales como los que aplica el señor Bilbao y a todas las personas que en solidaridad con quién los padece se echan a la calle”.
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