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No aceptamos sacrificios

Cuenta la Biblia que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac sin confensarle si quiera que era precisamente  él, su vástago, el sacrificio que se disponía a ofrecer a Dios. Estaba a punto de cumplir la orden divina cuando un ángel apareció y le dijo: “No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo”. Mucho nos tememos que el episodio no dista demasiado del que ocupa las portadas de los periódicos en las últimas semanas.

El presidente del Reino de España, Mariano Rajoy, presentó el navajazo en el cuello del pueblo en forma de recortes, subida del IVA y reducción de las cotizaciones sociales, bajando así parte del salario de las personas trabajadoras. Para justificar el atropello, el sucesor de Aznar afirmó que era el momento de “aceptar el sacrificio y renunciar a algo” en vez de “rechazar los sacrificios y renunciar a todo”. La todopoderosa Banca pide sangre y no enviará ningún ángel a detener a Abraham. Ha de ser el pueblo el que se libere y se rebele, pues aceptar el sacrifico ahora significa renunciar a todo.

Rajoy dijo que la ayuda a España no llevaba condiciones impuestas. Tras ver el memorando de entendimiento, MoU, en el que se marcan las exigencias que ha seguido punto por punto es evidente que mentía, y por partida doble. La ayuda no es a España; es una ayuda a la banca alemana y al resto de acreedores de la banca privada. Además, las condiciones leoninas impuestas solo servirán para agravar aún más la mala situación económica de las clases más desfavorecidas, colocando al Reino de España en la antesala de otro rescate por no ser capaz de pagar la deuda. La vigilancia para que se cumplan todas las condiciones impuestas estará en manos del BCE, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.

A diferencia de la troika vigilante de Grecia los ortodoxos del  FMI, que recientemente había sugerido una quita hipotecaria para mitigar el lastre de la deuda privada, han sido sustituidos por la Autoridad Bancaria Europea, entidad que dice promover la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de los mercados y productos financieros y tiene su sede en el corazón de la opaca City londinense.

El navajazo supone la subida del IVA, impuesto que grava a los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad económica. Los bienes empleados en actividades agrícolas y ganaderas pasan del 8 al 21%, mientras Montoro admite que pagarán justos por pecadores (quienes defraudan el IVA y los que aprovechan la amnistía fiscal, o quienes se aprovecharán de las deducciones por patrocinar el enésimo intento olímpico de la Capital del Reino). También supone la rebaja las cotizaciones sociales en perjuicio del sistema público de pensiones y reduce las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de desempleo con el pretexto de incentivar la búsqueda de un trabajo inexistente. Los recortes suman 65.000 millones de euros, pero se olvidan de recortar las obras social y medioambientalmente insostenibles o figuras antediluvianas como el ejército, la monarquía o el Senado. También rebajan, de nuevo, el sueldo al funcionariado (regalándole parte de sus sueldos a la banca) y reducen la contestación y el control político al eliminar el 30% de las y los concejales.

Podría parecer que no han dejado títere con cabeza pero, lamentablemente, podemos tener la certeza de que los recortes no acaban ahí: la rebaja de las pensiones y la aceleración en el retraso de la edad de jubilación están a la vuelta de la esquina.

Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa y la reforma de la inmaculada constitución para incluir el límite al déficit público, el Reino de España ha ido renunciando paso a paso a sus herramientas para hacer política económica. El memorando MoU marca las 37 condiciones que tiene que cumplir el sistema financiero español, incluso apostilla que si quiere tomar alguna medida que no esté incluida tienen que pedir permiso a los vigilantes. Esta renuncia a la soberanía, el tener que pedir permiso a terceros se vio reflejando en las declaraciones del ministro de Exteriores Margallo cuando señaló que «es una estupidez hablar ahora de soberanías nacionales, porque vivimos en un mundo de soberanías compartidas».

El MoU también establece que España confeccionará una ley para obligar a las cajas de ahorro a tener una participación inferior al 50% de los bancos. Cuando esto suceda, las cajas vascas dejarán de controlar Kutxabank y solo faltará un paso para perder la obra social. Así pues, queda en evidencia que los bienintencionados límites que se negociaron desde las entidades fundadoras en Gipuzkoa no han sido suficientes para paralizar la privatización, lo cual es más doloroso en estos momentos en los que una banca pública es tan necesaria.

La solución, una vez más, va en la dirección contraria a las medidas adoptadas. Si las entidades financieras eran demasiado grandes para dejarlas caer, no se entiende que la solución de Europa fuese plantear nuevas fusiones. Antes de rescatar la banca privada habría que estudiar por qué esa deuda tiene que ser cubierta por la ciudadanía. Cuando la banca alemana de Ackermann compraba esa deuda, ¿acaso ignoraba que jamás podría devolverse? Es necesaria una auditoria para decidir qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte se paga y cuál no.

Las políticas e intervenciones futuras ponen el beneficio y la renta financiera por encima de todo. La austeridad, los recortes de derechos, la privatización, son todas políticas de desposesión y depredación social. La solución pasa por la distribución de renta y riqueza, y por la ampliación de los derechos sociales. No aceptaremos sacrificios, ni a Dios ni a la banca.

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Es responsabilidad de todos los agentes, sociales, políticos y sindicales, responder ante una situación de emergencia y plantear alternativas

Ante la nota difundida por ELA en relación a la manifestación convocada con el lema “Murrizketarik ez. Burujabetza ekonomikoa”, Euskal Herria Bildu quiere manifestar lo siguiente:

Consideramos que ante la grave situación y el malestar social generalizado generados por las medidas adoptadas por el Gobierno español, todos los colectivos y personas que lo consideren oportuno tienen derecho a movilizarse para denunciar los graves recortes adoptados por el PP y, a su vez, reivindicar la soberanía económica para Euskal Herria.

Del mismo modo, queremos expresar que aunque respetamos la actitud de ELA, no compartimos ni sus formas ni su decisión. Consideramos que nadie puede arrogarse la titularidad del espacio social y sindical, ya que son propiedad de toda la ciudadanía. Como también lo son otros ámbitos como el institucional y las calles.

ELA limita al ámbito sindical y social la responsabilidad de dar respuesta a las medidas económicas y sociales del Gobierno español, restringiendo el ámbito de actuación de las fuerzas políticas a las instituciones. Consideramos que esta lectura es errónea. En esta situación de emergencia, es responsabilidad de todos, de los agentes políticos, sindicales y sociales dar respuesta y proponer alternativas.

Así pues, Euskal Herria Bildu defenderá los derechos de la ciudadanía vasca en todos los ámbitos, tanto en la calle como en las instituciones, y lo hará con todos los agentes que estén dispuestos a ello, ELA incluida, ya que consideramos que todos y todas somos imprescindibles para hacer frente a este golpe de estado económico. Nadie está de sobra ni nadie puede condicionar o limitar la participación de nadie.

Finalmente, queremos realizar un llamamiento a todos los hombres y mujeres de Euskal Herria para que el sábado 21 participen en la marcha que recorrerá las calles de Bilbao en protesta por los recortes y reivindicando soberanía.

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Mujeres permanentemente en crisis

Ana Etxarte y Carmen García – Mesa Feminista de Alternatiba

Parece que hay un empeño general en hablar exclusivamente de crisis económica o de estallido financiero, cuando lo que realmente estamos viviendo es una crisis civilizatoria en toda su extensión. Esto es, una crisis que afecta a los parámetros básicos del sistema vigente -sociales, ecológicos, alimentarios, climáticos, políticos, económicos y de género- y que además no nace en 2007, sino que estalla en ese año, siendo su gestación muy anterior en el tiempo. De esta manera, la punta se confunde con el conjunto del iceberg, y la dimensión financiera oculta múltiples crisis, espacialmente la crisis perpetúa que asola a más de la mitad de la población mundial, las mujeres.

Es inaceptable constatar cómo los diagnósticos sobre la crisis son absolutamente ciegos a la realidad de precariedad, explotación y subordinación de las mujeres, y cómo las medidas que se toman en base a estos diagnósticos, en ningún caso estudian ni priorizan su impacto sobre las mujeres. El resultado de todo ello es que nuestra crisis no es LA CRISIS y por tanto las lógicas de dominación de acentúan exponencialmente.

Especialmente significativa es la invisibilización y el desprecio del trabajo reproductivo y de cuidados, básicamente desarrollado por mujeres, y cómo se está tratando en esta etapa de crisis. No nos engañemos, la famosa economía -real y financiera- también es otra punta del iceberg, que se sostiene sobre un sistema de trabajo reproductivo sin el cual todo el sistema se vendría abajo. Así de claro, las mujeres sostenemos la vida y el planeta, y el mercado y la economía oficial sólo pueden existir si existe un trabajo reproductivo, y éste, por supuesto, o es no remunerado o es precario. A pesar de ello, y en vez de dar valor a este trabajo, se le discrimina como si no fuera parte de la crisis real. Así, se están tomando decisiones que ahondan en esta lógica. Es necesario denunciar que con la excusa de la crisis y mediante los recortes de derechos, nos quieren encerrar de nuevo en el hogar, en el hogar propio y en el ajeno, y en una situación cada vez más precaria.

Prueba de esto son los recortes anunciados en la Ley de Dependencia, una ley que ya fue del todo insuficiente en su formulación, y que no solucionó, ni mucho menos, la cuestión del reconocimiento social del trabajo de cuidados ni de la corresponsabilidad -en muchos casos, perpetuó a las mujeres en el trabajo doméstico y promocionó la precarización del empleo sumergido y sin derechos a través de la contratación de mujeres migrantes-, pero que al menos sacó a la luz pública la realidad y la relevancia de estos trabajos mayoritariamente, como decimos, desarrollados por mujeres.

Pero en vez de mejorar la ley y de avanzar en el reconocimiento de la explotación y dominación histórica de las mujeres, lo que plantea la derecha con la crisis es cargarse de un plumazo las tímidas medidas tomadas. Ya nos lo anunció el PP hace unos meses: “La ley de dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Y lo que se pueda es recortarla y eliminar derechos, precarizando aún más su situación, y reforzando un sistema patriarcal cada vez más conservador y represivo para con las mujeres.

De esta manera, el gobierno de Rajoy nos ha anunciado, primero, que las CCAA tienen libertad para reducir como mínimo un 15% la prestación económica a percibir, como si los 400 euros mensuales que se recibían de media fueran un exceso inasumible. Segundo, que las personas cuidadoras, mujeres la mayoría, ya no cotizarán a la Seguridad Social, siendo de nuevo un trabajo de segunda; tercero, las cuidadoras deberán vivir con las personas dependientes para percibir las ayudas: la mujer en casa y con la pata quebrada, que es donde mejor está. Y cuarto, como última desfachatez, se aprueba que para resolver las solicitudes y otorgar las ayudas, las administraciones tendrán un plazo máximo de dos años -frente a los 6 meses actuales-. Han oído bien, dos años. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Para los bancos, todo. Para la economía productiva, poco, pero algo. Para el trabajo de cuidados, nada, para las mujeres, las lógicas patriarcales más nauseabundas.

Aun con ello, el gobierno tiene la desvergüenza de afirmar que este tipo de medidas creará más empleo, ya que las familias, las mujeres mejor dicho, optarán por contratar estos servicios. Lumpen-empleo, por supuesto.

¿Pero no deberían ser las instituciones públicas quienes garantizaran los derechos en situación de dependencia? Este es un ejemplo más de cómo mientras hay rescates millonarios para los culpables, las personas inocentes vemos nuestros derechos conculcados, privatizando la responsabilidad pública y aumentando la pesada mochila de piedras que las mujeres tenemos que asumir hoy en día.

Basta ya. Por ello hacemos una llamada a la movilización, una llamada a que los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales a que se manifiesten con fuerza en contra de estos recortes. Es vergonzoso ver cómo la eterna alianza entre capitalismo y patriarcado se agudiza aún más, manteniéndonos en crisis permanente mediante la discriminación y la violencia como método de control de nuestras cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y necesidades, en definitiva, de nuestras vidas. Nuestras vidas primero, no a los recortes de dependencia, no al capitalismo, no al patriarcado.

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Alternatiba denuncia un golpe de estado brutal de los mercados contra las clases populares

Desde Alternatiba solo encontramos un modo de describir lo que hoy va a suceder en un consejo de ministros presidido por Mariano Rajoy y con el monarca español como comparsa: Golpe de estado. Un golpe de estado dirigido desde los mercados y que busca acabar con la dignidad de las clase populares, la recentralización del poder político y la destrucción absoluta de esa farsa que desde hace décadas nos venden como «estado del bienestar».

En el Reino de España la mentira y la inutilidad campan a sus anchas, tanto en el actual gobierno del PP como anteriormente en el del PSOE. Nos dijo el ministro de Guindos que “las consecuencias de la crisis bancaria la pagarían los bancos”, y Rajoy decía hasta anteayer que “España no estaba intervenida” y que “no subiría el IVA”. Y, ¿Cuál es la realidad que hoy nos imponen? Un recorte brutal y mezquino, que situará en la exclusión a centenares de miles de personas, también aquí en Euskal Herria.

– La subida del IVA de entre dos y tres puntos nos equipara con los países con IVA más alto de Europa como Bélgica o Reino Unido. Países con un Salario Mínimo dos o tres veces mayor al del estado español, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo que hace más que difícil el sostenimiento de una vida digna.

– Aún más insultante resulta la reducción de la prestación por desempleo, argumentando que así se animará a las personas paradas a la búsqueda de empleo. Es un ejercicio de cinismo tan grande que debería hacer dimitir inmediatamente tanto a la ministra de trabajo como al presidente del gobierno. Condenan así a otras 600.000 personas a la más absoluta miseria.

– La supresión de la paga de navidad para los funcionarios con la promesa de recuperarla en el 2015 como aportación al fondo de pensiones es sencillamente atroz. No solo recortan salarios sino que aprovechan la jugada para seguir beneficiando a la banca con los fondos de privados de pensiones, una vez que han hecho lo posible, tanto PSOE como PP, para acabar con el sistema público de pensiones.

– La reforma de la Ley de Dependencia, ley que ya nació insuficiente, ahondará todavía más en las condiciones de absoluta precariedad en las que se realizan los trabajos de cuidados, ejercidos mayoritariamente por mujeres y fundamentales para el sostenimiento de nuestras vidas.

– La reducción del 30% de los concejales no es sino la eliminación de la pluralidad y la contestación política. Perpetuará el bipartidismo que los mercados necesitan entre los igualmente serviles y sumisos PP y PSOE.
 
En resumen, un golpe de estado en el que los gobiernos títeres de Madrid, Gasteiz e Iruñea no dudarán en alinearse con quienes nos llevan a la ruina sacrificando y reprimiendo a las clases populares, como hemos podido ver estos días en Madrid con los mineros a los que desde Alternatiba enviamos todo nuestro apoyo.

Es este un momento crucial en el combate que el capitalismo mantiene contra cualquiera que se oponga a su pervivencia. No les va a temblar el pulso al reprimir y criminalizar a cuantas personas sea necesario. Porque saben, al igual que nosotros y nosotras, que asistimos a una batalla sin cuartel entre nuestras vidas o su capital.

Nos quieren hacer creer que no hay más remedio, que no existe otra solución, que no son responsables. Y nuevamente mienten. Porque saben que esta estafa global es responsabilidad exclusiva de ellos, de los adoradores del capitalismo. Esta vez no pueden achacar a la izquierda nuevos desmanes. Ha sido su sistema, su aceptación de la sumisión de la política a los mercados y su forma de organizar la sociedad la que ha quebrado.

Desde Alternatiba tenemos claro que podemos salir de esta. Y esa salida se encuentra en medidas que nos permitan construir un país y un modelo más justo. Por eso es urgente poner en pie desde ya una alternativa que reclame la soberanía plena para Euskal Herria como única forma de desprendernos de la servidumbre a los mercados. Y es urgente confrontar sus recortes con propuestas que salvaguarden la dignidad de las personas.

– Hoy es más vigente que nunca la reclamación de las 35 horas. Es necesario el reparto del trabajo existente pero sobre todo de la riqueza concentrada cada vez en menos manos.

– Es inaplazable abordar una reforma fiscal que haga de la progresividad, la persecución del fraude fiscal y la eliminación de privilegios a las rentas altas su columna vertebral.

– Para construir una sociedad más justa debemos aumentar ya el SMI por encima de los míseros 641 euros actuales hasta un umbral por encima de los 1000 euros.

– Podemos evitar todos los desahucios, al igual que en Grecia, exigiendo e impidiendo a los bancos ejecutar desalojos por impago de hipotecas.

– Detengamos los macro proyectos que solo buscan el lucro de constructoras por obra y gracia del PP, PSE, UPN y PNV. Ejemplos como la Supersur son prueba de que tan solo sirven para cubrir de asfalto nuestra amalurra mientras que hipotecan a las instituciones públicas. Esas inversiones deben ir hacia políticas sociales, mucho más necesarias.

– Tenemos que seguir reivindicando un banco público nacional vasco que haga de su función social y la planificación económica su tarea. En este sentido, la privatización de Kutxabank deseada por el PP, PSE y PNV es un grave retroceso.

– Exijamos una auditoria real de la deuda que, atendiendo a los criterios de definición de la misma nos permita proceder a pagar la legítima y no pagar la injusta. Los tecnócratas de Europa saben que no se va a pagar, porque es una mentira más; los recortes, por el contrario, son muy reales.

Estas son los caminos que desde Alternatiba invitamos a recorrer a las mujeres y hombres de Euskal Herria, a la izquierda sindical, social y política. Es el momento de responder, de movilizarnos codo con codo y pueblo a pueblo. Podemos parar esta barbarie porque estamos en pie, dispuestos a salir a la calle por el respeto a todos los derechos para todas las personas. Por eso, animamos a toda la ciudadanía a construir desde abajo y a la izquierda el sujeto político del cambio que solo puede venir de la izquierda soberanista de Euskal Herria.

En este sentido, llamamos a secundar las movilizaciones que agentes sociales y sindicales anuncian hoy, porque es momento de unir fuerzas y contestar en la calle a la brutal agresión perpetrada desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

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EH Bildu propone que las entidades financieras establezcan una moratoria a los que no pueden pagar la hipoteca

Que la crisis económica esta golpeando fuerte a las clases mas desfavorecidas lo venimos repitiendo por activa y por pasiva.

Que esta crisis se debe principalmente al modelo económico capitalista apoyado en la desregulación financiera que ha impulsado políticas de crecimiento insostenible es una evidencia más que palpable. Y bajo la dictadura de este sistema neoliberal impulsado por el PNV, el PSE, UPN y el PP hemos llegado a esta situación.

Y uno de los aspectos más dramáticos de esta crisis la encontramos en las personas desahuciadas. Desde el comienzo de la crisis se han practicado más de 9.000 desahucios en Hego Euskal Herria. Los últimos datos publicados al respecto son bastante significativos. Solo en el primer trimestre de este año se practicaron 968 desahucios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En Nafarroa, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas habla de 370 ejecuciones hipotecarias en 2011, lo que acumula más de 1.300 desahucios desde el inicio de la crisis. Es evidente la tendencia al alza de los datos y que el número de desahucios es cada vez mayor, lo que traerá terribles consecuencias (personas y familias enteras en la calle, exclusión social, etc.).

Está claro que el tema de los desahucios es muy grave, ya que los bancos, que tienen grandes ganancias y reciben cuantiosas ayudas económicas, dejan en la calle a ciudadanos/as por no poder hacer frente a las hipotecas, acumulan viviendas vacías que no se destinan a la función social para la que fueron construidas, y que para colmo contabilizan como activos tóxicos en las contabilidades de las entidades financieras por estar valoradas bajo el prisma de la especulación. Ante esta situación, debemos tener esto claro: el problema de los desahucios no es sino una mera consecuencia y por eso debemos entenderla como parte del problema global de la vivienda.

Y ante esta alarmante situación ¿que hacen el PNV de Urkullu, el PSE de López y el PP de Basagoiti? NADA, miran hacia otro lado como si esta grave problemática no fuera con ellos y el problema de los desahucios y los desahuciados se limitara a una posible solución privada entre el ciudadano y la entidad financiera. Nada mas lejos de la realidad, el PNV, el PSE y el PP hacen la política del avestruz, se esconden, miran hacia otro lado cuando no apoyan ejecutar dichos desahucios. Estos tres partidos políticos, afines a la banca, se sitúan de su lado dejando totalmente indefensos a miles de familias que se ven en la grave situación de tener que abandonar sus casas.

Urkullu, López y el hijo de banquero Basagoiti priorizan las ayudas a los bancos, inyectándoles millonarias cantidades de euros para su saneamiento, consecuencia de su nefasta gestión y al contrario son incapaces de buscar una salida digna al problema de los desahuciados, sino de agudizarlos. Medidas como Etxelan propuesta por Kutxabank o el servicio de intermediación del Gobierno Vasco, no son más que un burdo lavado de cara, por parte de las entidades bancarias que tienen una responsabilidad ética máxima en la situación creada con los desahucios y que en estos planes no se comprometen a nada. Así mismo, desde EH Bildu queremos llamar la atención sobre el despropósito que supone que desde Kutxabank y las tres cajas que la forman que son entidades públicas se ejecuten desahucios.

Por ello, ante el problema de los desahucios desde Euskal Herria Bildu proponemos:

1. Se procederá a la suspensión de la ejecución hipotecaria. En este caso no se solicitará la moratoria de la hipoteca.

2. Se propone que la parte financiera pase la propiedad de la vivienda a manos de entidades públicas con competencias para ello.

3. El uso y la ocupación de la citada vivienda se gestionará mediante alquiler social.

4. Establecer la suspensión extraordinaria del pago de la hipoteca en caso de que las familias lo soliciten. Requisitos:
– No poder pagar la hipoteca como consecuencia de una razón real y objetiva (desempleo,…).
– Se propone, el impago provisional de la hipoteca durante un periodo determinado; el interesado no abandonará la vivienda y se comprometerá al pago de un alquiler social al banco (el importe del alquiler se calcularía según el poder adquisitivo de la familia, ascendiendo a un 15 % del total de los ingresos).
– Una vez desaparezcan las razones objetivas y las familias vuelvan a la situación anterior (y siempre y cuando ese sea el deseo de la persona interesada del derecho a la vivienda), se dejaría de pagar el alquiler y se podría volver a seguir pagando la hipoteca.

5. Evaluar la actitud de las entidades financieras a la hora de conceder hipotecas, y en los casos en los que hayan actuado con irresponsabilidad, les pediremos que asuman su responsabilidad. Para concretar y pedir estas responsabilidades, las instituciones que tienen competencias en materia de vivienda tendrán las competencias normativas y sancionadoras.

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