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Pensiones y trabajo doméstico > María Pazos (ATTAC)

Artículo de María Pazos publicado en la web de ATTAC

La Comisión del Pacto de Toledo ha propuesto que se estudien medidas para que las amas de casa lleguen a cobrar pensión de jubilación. El informe habla de reconocimiento de periodos cotizados por cuidado de hijos y dependientes, así como de establecer incentivos fiscales, que no concretan, para que coticen los matrimonios con régimen de gananciales. Todo muy vago aún pero muy preocupante, porque supone profundizar una vía ya iniciada hacia la consolidación de la división sexual del trabajo que las mujeres españolas habíamos soñado con desafiar. Pensábamos: puesto que nos hemos incorporado a la educación con inmejorables resultados, ¡queremos nuestros empleos y nuestras pensiones por derecho propio! Aún más, ahora que hemos demostrado nuestra valía para cualquier profesión, y la valía de los hombres para cualquier actividad doméstica, ¡queremos repartir al 50% todas las tareas! ¿No es posible? ¿Por qué no? ¿Se han planteado siquiera la pregunta los diputados y las diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo?

Dirán que no es posible porque nosotras elegimos ser amas de casa, pero nadie se cree ya que las chicas que terminan sus estudios optan masivamente por esa vocación. Al contrario, para jóvenes menores de 30 años, la tasa de actividad femenina es prácticamente igual a la masculina. De hecho, muchas retrasan la decisión del primer hijo buscando estabilidad en el empleo; la bajísima tasa de fecundidad española es una muestra de que las mujeres no están dispuestas a optar por la maternidad sacrificando su profesión. Pero lo que no se dice es que las pocas que se deciden a tener hijos se encuentran, además de sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que les penalizan y con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos. Ahí está la desgravación por declaración conjunta de los matrimonios en el IRPF, una ayudita si ella se queda en casa que se une a los permisos de maternidad cada vez más largos (y mucho más largos que los de paternidad), a los cuales suceden excedencias con reconocimiento de cotizaciones (aunque, nótese: ¡solamente durante un periodo y nunca para el desempleo!).

Ayuditas y promesas: el régimen matrimonial de gananciales ya les promete que todo será de los dos al 50%. Además, ella no debe preocuparse, porque con las cotizaciones de él tendrán una pensión de jubilación y, si pasara lo peor, ella quedaría con la de viudedad. Como parece que todo esto no está siendo suficiente, ahora se les promete una pensión de jubilación (que la Comisión del Pacto de Toledo llama ‘propia’) por sus trabajos de ama de casa ¡Qué fácil es engañar a una joven madre que de todas formas no tiene otra alternativa! Porque del dicho al hecho va mucho trecho: nadie le advierte que la pensión de viudedad se pierde en caso de divorcio; que la liquidación de gananciales es un infierno en muchas ocasiones; que los periodos reconocidos probablemente no les den para llegar a los 20 años de cotización que establecerá la nueva reforma de las pensiones; y que, si acaso llega a los 20 años, le quedará la pensión mínima porque las bases de cotización serán bajas y porque por ese camino no alcanzará los años necesarios para tener pensión completa. La Comisión del Pacto de Toledo, que en el informe citado reclama la “real equiparación de salarios entre hombres y mujeres”, debe de saber que reintegrarse a un empleo de calidad a partir de los 40 años después de un periodo largo de ausencia es casi imposible, aparte de que el coste de oportunidad ya no se recupera; y hoy en día queda mucho por vivir a partir de los 40 años, con maridos e hijos/as o sin ellos/as. Las mujeres, además de no haber sido educadas para pensar en ellas mismas, y menos a largo plazo, tienen que descubrir por sí mismas, en su propia carne, todos estos efectos previsibles. Curiosa inhibición del Sector Público en su tarea informativa/formativa, o mejor dicho, ¡bonita forma de tirar la piedra y esconder la mano!

Los estragos de estas propuestas ‘novedosas’ pueden comprobarse en los países, como Alemania, que nos preceden en ellas. En base a estas experiencias, ya en 1996, Diane Sainsbury estableció dos constataciones sobre los derechos/compensaciones otorgados en base al trabajo doméstico y de cuidados: 1) siempre son inferiores a los adquiridos por la permanencia en el empleo, y 2) nunca son suficientes para asegurarse una renta que permita vivir independientemente.

Si los incentivos siguen aumentando y prosperando, es posible que el gobierno de turno se quite de encima a unas cuantas buscadoras de empleo de esas que empañan las estadísticas del paro. Pero, ¿es bueno para el país? Paradójicamente, un efecto constatado, y obvio, de estas figuras desincentivadoras del empleo formal es el de potenciar la economía sumergida, enemigo principal del Pacto de Toledo. En efecto, en su declaración programática, el Pacto llama a ‘incentivar el trabajo regular y luchar contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo oculto existente en la actualidad’; y por ello propone que las bases de cotización se acerquen a los salarios reales y que se penalicen los huecos de cotización. ¿Soñarán con que se apliquen estas reglas para ‘todo el mundo’ excepto para el 50% de la población? Parece como si no se hubieran dado cuenta de que su imposible excepcionalidad se refiere justamente a la mitad más importante de la regla, porque son las mujeres las que tienen más huecos y las que están más afectadas por ese empleo sin derechos. Pero los perjuicios para la sociedad son mucho mayores que la precariedad y la pérdida de ingresos por impuestos y cotizaciones que supone la economía irregular. Ya nadie pone en duda que la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico es ineficiente: desperdicio de su capital humano, segregación del mercado de trabajo, despilfarro del capital cuidador de los hombres… Aún más, sabemos que es insostenible: los países que continúan por esta vía, como Alemania, Japón, España o Italia, registran las menores tasas de fecundidad del mundo, en un fenómeno que se ha dado en llamar ‘suicidio demográfico’.

Entonces, ¿a quién le interesa la vía que la Comisión del Pacto de Toledo nos propone profundizar? Muy sencillo: a un sistema político-económico en el que, como afirma Vicente Navarro, el poder de clase se alía con el poder de género. El confinamiento de las mujeres en el hogar, tan perjudicial para ellas mismas y para la sociedad en su conjunto, proporciona a las empresas hombres totalmente disponibles y, como únicos sustentadores, absolutamente sumisos. ¿Qué más les da si se desperdicia la mitad del capital humano del país? ¿Qué les importa que los servicios públicos sean una inversión rentable, si no se apunta a su cuenta de resultados empresariales? El capitalismo salvaje no entiende de razones sociales. Por ello, hace ya casi un siglo, la comunidad internacional se unió en torno a la idea del Estado del Bienestar, precisamente para poner coto a este fenómeno depredador que ahora vuelve a campar por sus respetos.

Hay que reconocer también que el sistema tiene su base social. También la llamada izquierda está sucumbiendo ante los cantos de sirena de este poder patriarcal y económico que parece otorgar a los hombres la descarga sobre la parte débil. ¿Quién habla de estos temas? Mujeres en el 99% de los casos. Algunas feministas nos desgañitamos gritando que queremos ser iguales a nuestros compañeros de clase, de trabajo, de vida. Nuestros compañeros progresistas no niegan nuestras razones pero tampoco nos escuchan. La violencia de género se trata como algo abstracto. El Burka se tolera o se minimiza el problema con argumentos cuantitativos (“hay pocos”, repiten). Hemos crecido pensando que estábamos conquistando la igualdad y nos hemos topado con la diferencia. Algunos se sentirán privilegiados, sobre todo cuando el empleo es escaso y no parece haber para todos. Pero se equivocan quienes eligen ese camino, porque por él solo se va a la barbarie. Y al paso que vamos, como escribió Bertolt Brecht, cuando vengan a por ellos ya no quedará nadie para protestar.

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Huelga General contra la reforma de pensiones

DONOSTIA, 5 DE ENERO DE 2011 –  Alternatiba ha anunciado hoy su apoyo a la huelga convocada para el próximo 27 de enero en contra de la reforma de las pensiones y ha expresado su “solidaridad con todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han decidido plantar cara y hacerse oír”.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha expresado su respaldo a la huelga general y ha invitado a la ciudadanía vasca a sumarse a esta movilización  porque «al Gobierno de Zapatero no le puede salir gratis seguir recortando nuestros derechos con la excusa de la crisis mientras regala dinero a la banca».

En este sentido, el dirigente de izquierdas ha denunciado que “el Gobierno español aprovecha la crisis para justificar la necesidad de cambios futuros cuando, ahora mismo, la Seguridad Social no representa un problema, sino que sigue en superávit. El problema de verdad es el paro y la bajada de sueldos».

Las medidas de Zapatero, además, suponen un «regalo a la banca», según ha indicado Matute, ya que se centran en «cuestionar la viabilidad del sistema público para que parezcan imprescindibles las pensiones privadas, que, además, reciben un tratamiento fiscal privilegiado».

El dirigente de izquierdas ha reprochado también que “el PSOE sólo hable de reducir el gasto en pensiones, que ya es más bajo de lo que debería ser, olvidándose por completo de cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social”  para lo que, a juicio de Matute, podría aplicar medidas como “subir el SMI, bajar el paro, aumentar la tasa de ocupación de las mujeres, quitar el tope máximo de salario por encima del cual no se cotiza, un reparto del trabajo para aumentar el número de cotizantes o acabar con las elevadas prejubilaciones”.

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Nacionalización del sistema financiero en Euskal Herria: Una medida audaz contra la crisis

Oskar Matute (Alternatiba), Iosu Murgia (Aralar), Santi Merino (EA) y Aitor Bezares (Ezker Abertzalea)

La misión específica del sistema financiero debería ser la de de vincular el ahorro, por un lado,    con la inversión y con el consumo, por el otro, el corto con el largo plazo, garantizando de esta manera el acceso a crédito para la economía productiva y generadora de empleo, así como posibilitando el consumo de los particulares para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta función social de las finanzas debería a su vez insertarse en una lógica de regulación pública, que estableciera las condiciones ecológicas, laborales y sociales oportunas para las prioridades sociales de préstamo, inversión y consumo.

Desgraciadamente, la realidad actual de la banca –y del modelo económico vigente- se encuentra en las antípodas de la función que debería cumplir. Así, frente a ese rol natural de facilitador, el sistema financiero se ha convertido en el máximo exponente de la búsqueda incesante de la maximización del beneficio a corto plazo, llevando al extremo la lógica de desregulación, privatización, mercantilización y descontrol público y social de la economía. El resultado es la primacía de la economía no productiva, a través de un ingente mercado de capitales completamente flexible –en un día dichos mercados mueven seis veces lo mismo que genera la economía productiva mundial en todo un año-, que se rige con lógicas cortoplacistas y de ganancia rápida, y que genera una vulnerabilidad extrema a nivel planetario, con efectos devastadores, como hemos podido comprobar.

Así, no hay más que analizar nuestra historia reciente para constatar esta espiral suicida, para darse cuenta de que se ha tropezado en la misma piedra una y otra vez: crack del Nikkei a causa de la burbuja inmobiliaria de Japón en 1990; la crisis del Sistema Monetario Europeo en el 92; efecto Tequila en el 94; la caída de los dragones asiáticos en el 97; el efecto Vodka en el 98; el efecto Samba en el 99; pinchazo de las punto com; Enron y el corralito Argentino en 2001, y finalmente el crack de las hipotecas basura en 2007, cuya crisis aún estamos sufriendo.

Por supuesto, a esta realidad de crisis permanente, con graves efectos sobre los derechos de las personas y pueblos, ha contribuido específicamente la colusión de intereses de mercados especulativos y gobiernos neoliberales. De esta manera, el tamaño global del mercado, junto al peso específico de este sector especulativo, genera una creciente presión sobre los gobiernos, que definen sus políticas en función de las supuestas necesidades de los mercados, en detrimento de las prioridades para la población.

Ante ello, es necesario que la banca asuma la función de promoción del empleo, de la inversión productiva y del consumo responsable, y para ello debemos apartarnos radicalmente del camino capitalista y neoliberal. Por ello, abogamos por un modelo socioeconómico alternativo, que ponga los derechos de las personas y pueblos en el centro de su actuación. En este nuevo modelo, la banca tomaría la consideración de servicio público, con lo que evitaríamos la autorregulación del sector –que es lo que le confiere poder y capacidad destructiva-, a la vez que se constataría la insuficiencia de los controles establecidos en la actualidad, que no son más que puro maquillaje.

Por ello, abogamos por un sistema financiero regulado y bajo fuerte control social y público – empezando por los Bancos Centrales, superando la falacia de su supuesta asepsia y autonomía-. De esta manera, y en el contexto actual, sólo un sistema financiero completamente público y bajo estricto control democrático, puede servir a los objetivos formulados por la sociedad, en términos de empleo, ecología, cuidado, etc.

Por lo tanto, abogamos por la  completa nacionalización del sector financiero en Euskal Herria  y, como primer paso en esta estrategia,  defendemos el mantenimiento y amejoramiento del estatus público de las cajas de ahorro vascas -BBK, Vital Kutxa, Kutxa y Caja Navarra-, bajo dos premisas fundamentales: una, la de definir una regulación interna específica que normativice su misión, de manera que los parámetros sociales del préstamo y de la inversión se adecuen a las prioridades de una economía del cuidado, de la generación de empleo de calidad, de la lucha contra el cambio climático, de transformación de la matriz energética, del apoyo a los circuitos cortos económicos, del    apoyo al consumo de los sectores más vulnerables, y, en definitiva, de la justicia social; dos, la de establecer sistemas de control social que garanticen precisamente su alineación con los objetivos sociales marcados previamente.

Así, sólo cambiaremos la caótica realidad actual obligando a las Cajas a concretar el marco de su función social –evitando a su vez la actividad especulativa, los elevados tipos de interés, las estafas, las inversiones en paraísos fiscales, en el sector armamentístico, etc.- y estableciendo sistemas transparentes de rendición de cuentas, además de un control directo por parte de los movimientos sociales ligados a la pobreza o a la precariedad, los movimientos ecologistas, sindicatos y partidos políticos.

Se trataría, por tanto, de avanzar en la lógica contraria    a lo legislado por el Gobierno del Reino de España en la reciente Ley de las Cajas de Ahorro. Esta Ley sirve para que las Cajas de Ahorro sean cada vez más una copia zafia de los bancos, imitando sus lógicas perversas -buen ejemplo de ello es la recién creada BBK Bank-. Así, convertir las cajas de ahorros en bancos, es el mejor camino para que estos últimos eliminen la competencia y puedan absorber a las primeras. De esta manera, frente a una banca privada, destructiva, todopoderosa, salvada y ayudada por toda la sociedad, que, a pesar de ello, se atreve, cual Vito Corleone, a señalar con el temible  dedo de los mercados  a los gobiernos que no se sometan a sus pretensiones, oponemos, de manera radical, una banca pública alternativa.

En estos momentos en Euskal Herria solo tenemos un ejemplo de banca que funcione con esos criterios, y es el caso de FIARE. No obstante, por mucho que este ejemplo sea recomendable para todas las personas que creemos en estas lógicas alternativas, nuestra labor política es exigir que esa función sea pública, y no quedar exclusivamente en el ámbito asociativo y cooperativo de los ciudadanos. Así, nuestros impuestos, junto con    toda la capacidad de control de las instituciones, se deberían destinar a crear un sistema de finanzas al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, apostamos por un modelo económico socialista, por una banca pública que asuma una función social, y exigimos la toma de cuantas medidas sean necesarias para que las cajas de ahorro vascas mantengan su estatus público, en los términos antes referidos.

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El que no trabaje, que no coma > Ander Rodríguez (Alternatiba)

POCO o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: «El que no trabaje, que no coma». Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término «empleo remunerado» porque considero restrictivo y excluyente identificar «trabajo» con «contrato laboral». El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: «¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?».

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Volvemos a caer en la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: «Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no». Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar.

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como «una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido».

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor.

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Entrevista a Alberto Garzón, miembro del Consejo Científico de ATTAC

Entrevista realizada por Jorge Segoviano y publicada en Astekari Digitala

¿Que es ATTAC?

Es un movimiento social que nació para reivindicar la puesta en marcha de un impuesto que gravara las transacciones financieras, y en el transcurso de los años ha ido desarrollándose en distintos países, sobre todo en Francia y en España, y evolucionando en sus reivindicaciones. Hoy en día vamos mucho más allá en nuestras reivindicaciones y en esa línea la última acción en la que estamos volcados es la reivindicación de la nacionalización de las Cajas de Ahorros.

¿Qué papel ha tenido la banca privada en la crisis que estamos sufriendo actualmente?

Ha tenido un papel clave, porque es la columna vertebral del sistema financiero, el cual ha quebrado en esta crisis. Fundamentalmente el desencadenante hay que buscarlo en las prácticas de los bancos estadounidenses que, con sus “hipotecas basura” y sus prácticas especulativas inmobiliarias contribuyeron enormemente a la burbuja financiera del país. Y son estos mismos bancos los que se encargaron de distribuir estos activos tóxicos por el mundo para minimizar sus daños, con la colaboración interesada de la banca privada mundial.

¿Y en España?

En España ha sido distinto: los bancos españoles no se  han visto demasiado afectados por la crisis “sub prime” porque no tenían que irse fuera a hacer negocio. Su negocio ha sido fundamentalmente la especulación inmobiliaria. En unas condiciones además más ventajosas para ellos que en Estados Unidos: allí si una persona no paga la hipoteca el banco se queda con la propiedad, pero aquí si la propiedad vale menos que la hipoteca te embargan todo hasta que se cubra la deuda.

¿Por qué se ha cortado el grifo de la financiación a las empresas y familias?

A los bancos les sale mucho más rentable especular, porque consiguen un beneficio mayor y más inmediato, que hacer negocio con los préstamos, donde el beneficio retorna al cabo de un tiempo. Esto afecta a toda la sociedad que no tiene los fondos que necesita para producir y/ consumir.

¿Están a punto de perder su función primaria, entonces?

Están totalmente desvirtuados, todas las des reglamentaciones que se hicieron desde los años 80 posibilitaron que la banca y el sistema financiero en general se desplazara desde las actividades productivas hacia las actividades especulativas, porque le era más rentable, cómo ya hemos dicho.

¿Y las Cajas de Ahorros no han cumplido esa función que parece perdida en los bancos?

No, porque han venido funcionando en la misma línea, han competido contra los bancos y se han visto afectadas de la misma forma. Sobre todo las grandes Cajas, que se han volcado en el negocio de la construcción, por lo tanto sus problemas para seguir financiando han sido los mismos, y probablemente ese sea uno de los motivos por los que se rescatan las Cajas de Ahorro, porque son los más débiles en ese momento.

¿Y cómo afecta la nueva ley de Cajas de Ahorro a esta situación?

Fundamentalmente es un intento de vender ese mercado, el mercado de las Cajas de Ahorro y sus clientes, a los bancos. En la práctica eran casi lo mismo pero con esta reforma se van a asemejar incluso en términos legales. Se trata de una ayuda a los bancos, ya que van a poder absorber todo el negocio de las Cajas para poder reflotar su propio negocio.

En ATTAC reivindicáis la nacionalización de las Cajas de Ahorros. ¿Cómo se nacionaliza una Caja de Ahorros, o un banco?

En el caso de los bancos, si cotizan en bolsa se puede comprar sus acciones, quedándose el Estado con la propiedad del banco, lo que significa quedarse con los beneficios, las pérdidas, la infraestructura, el personal, etc. Esto ha sido una práctica habitual en países cómo Inglaterra o Estados Unidos. En el caso de las Cajas de Ahorros hay que seguir otro procedimiento ya que no tienen acciones, pero en definitiva viene a ser lo mismo: hacerse con la propiedad de toda la entidad, de sus derechos y de sus obligaciones. Porque la práctica habitual en este sentido ha sido la de nacionalizar cuando las deudas eran mayores que los beneficios, que es en realidad una socialización de las pérdidas. Es decir que hay que dirigir dinero público para pagar las deudas de una entidad que en tiempos de bonanza distribuyo sus beneficios únicamente entre sus accionistas.

¿Qué beneficios sociales tendría la creación de una banca pública?

Muchos. Primero a nivel productivo: en el caso de España que está buscando escapar de un modelo productivo cómo el de la especulación inmobiliaria, necesita definir cuales van a ser los sectores que van a ser la punta de lanza de la economía y proporcionar incentivos a los capitales para que acudan a estos sectores. En este sentido la banca pública podría tener un papel fundamental creando líneas de crédito especiales, con menor tipo de interés, para las empresas o inversores que operaran en ese ámbito. Y a nivel de consumo también tendría una gran aportación, ya que en los últimos años la banca ha cambiado su línea de negocio con las familias e individuos, obteniendo beneficios a través de las comisiones, e incluso con prácticas depredatorias, cómo se ha visto en Estados Unidos donde engañaban a los clientes de las hipotecas “sub prime”. La banca pública tendría que tener prohibidas todo este tipo de prácticas depredatorias y sería una herramienta para fomentar el consumo hacia el ámbito más adecuado. Y por supuesto la banca pública debería tener restringidas las operaciones especulativas, ya que se guiaría por criterios sociales, no tendría necesidad de competir con la banca privada y por lo tanto no tendría que guiarse por criterios de rentabilidad.

¿A nivel práctico, se propone la coexistencia de banca privada y banca pública?

ATTAC, en su último manifiesto así lo propone. Si la banca pública naciera del germen de las Cajas de Ahorros estaría más enfocada hacia los trabajadores y las PYMES, ya que en general se han especializado en este segmento del mercado, los bancos están más enfocados a las grandes empresas. Esto a efectos prácticos podría dar bastantes problemas, porque en el fondo estarían compitiendo, por lo que sería vital marcar sus límites: qué puede hacer la banca privada y qué la banca pública.  

¿No es posible que toda la banca sea pública?

Todo en economía es posible, pero sería muy complicado nacionalizar los bancos ya que tienen un gran poder no solo a nivel económico sino a nivel de relación con los partidos políticos. Además sería muy costoso a nivel económico, por eso se propone nacionalizar parte de la banca, las Cajas de Ahorros, cuyo coste sería más asumible.

¿No acusarían al Estado de hacer competencia desleal?

Sí, efectivamente, y muchos economistas dirían que eso distorsiona la economía. En el fondo es un debate viejo, porque la existencia de bancos públicos no es nada nuevo. En los años del neoliberalismo, tanto en España como en el resto del mundo se tuvo ese debate y se privatizaron los entes públicos, y estas son las consecuencias. Se trata de recuperar una herramienta para el Estado. Todos los estados tienen ciertas herramientas económicas para organizar la sociedad: la política monetaria, la política fiscal, y por supuesto la política financiera. En los últimos años la política monetaria se ha regalado directamente al Banco Central Europeo, y la banca pública que existía se privatizó en los 80. La poca capacidad que tienen los estados para responder a la crisis hoy en día es debida a que han regalado sus herramientas de reacción. 

¿Cómo afecta la pérdida de capacidad en política monetaria a los gobiernos europeos?

Perder la política monetaria significa perder un instrumento clave, es lo que determina los tipos de interés. La decisión o no de subirlos la toman ahora gente que se supone aséptica, pero muy alejada de los problemas de la gente y que no han sido elegidos democráticamente, y sus decisiones afectan al bolsillo de los trabajadores y las PYMES.

Si a eso le unimos cual es la línea que se ha venido siguiendo en política económica a nivel europeo, hay muy poco margen, por ejemplo al prohibir la superación de un 3% de déficit, cosa que luego cuando les interesa no se cumple. Otro ejemplo: el tratado de Lisboa impide a los estados prohibir las transacciones con paraísos fiscales. Si además cuentas con instituciones como el Banco Central Europeo que son profundamente neoliberales… de hecho es más neoliberal que la Reserva Federal que es su equivalente en Estados Unidos: la Reserva Federal tiene cómo objetivo preocuparse por la inflación y el empleo, pero el Banco Central solo se preocupa de la inflación, y la inflación preocupa fundamentalmente a quienes tienen mucho dinero, al resto le afecta pero para ellos el empleo es una variable más importante.

¿Y que puede hacer el gobierno español y los autonómicos?

Tienen capacidad tanto para revertir este proceso cómo para realizar acciones en otros ámbitos. Sin embargo la política fiscal de Zapatero en estos años ha sido totalmente regresiva, en el sentido de que ha subido los impuestos a las clases populares y los ha bajado a los más ricos, y eso no se puede justificar por que no tiene capacidad. Aunque luego se escuden siempre en la cuestión europea, cosa que hacen muy a menudo los gobernantes de estados europeos. De hecho cuando hemos trabajado el tema de las pensiones nos hemos encontrado que muchos analistas neoliberales recomiendan que la privatización de las pensiones se haga desde el ámbito supranacional, porque así los estados no tienen que dar cuentas, ellos dicen que lo impone Europa y así no les penalizan políticamente.

Me da la impresión de que el modelo Europeo no es lo que nos vendieron cuando entramos.

Es la Europa del capital, no la de los trabajadores, aunque haya tenido ideas sociales en su inicio, su desarrollo ha hecho que se configure cómo un elemento de poder político dirigido por las grandes empresas. En vez de construir una Europa alternativa, una Europa que se caracterice por un Estado de Bienestar fuerte y con amplitud de políticas sociales, la Europa que se ha construido poco a poco, es una imitación del modelo anglosajón. Con dificultades, por que la gente está acostumbrada a tener ciertos derechos sociales, porque si pudieran habrían desmantelado el Estado de Bienestar mucho más rápidamente. Pero poco a poco lo van consiguiendo, y con la crisis han dado un paso más allá, reduciendo la financiación a lo público en todos los sentidos: la sanidad, la educación, etc. Cuando los servicios públicos pierden financiación, llega a menos gente y pierden calidad, por lo que la gente empieza a percibir que no son eficientes y se justifica su privatización.

¿Y la crisis no ha hecho retroceder este proceso?

Las medidas que se están tomando ahora para salir de la crisis son de corte neoliberal, a pesar de que al principio cuando comenzó la crisis Sarkozy habló de refundar el capitalismo. Son palabras fuertes pero se quedaron en nada, al final el estado ha intervenido la economía masivamente pero a favor de los culpables de la crisis. La batalla de la crisis la están ganado las fuerzas neoliberales, si los sindicatos hubieran realizado huelgas masivas hubieran demostrado su fuerza de resistencia. Los sindicatos han perdido mucho poder y han sido muy desprestigiados, por ellos mismos en muchos casos, y eso ha dado vía libre a que estas medidas se hayan podido imponer con relativa facilidad. Esto hubiera sido impensable en otros tiempos, reformas como la bajada de un 5 % al sueldo de los funcionarios, sin apenas resistencia. Y estamos observando que España es de los países menos contestatarios, lo que nos hace ser pesimistas y pensar que van a seguir ganando. Puede ocurrir que esas actuaciones hagan derivar la crisis en una recesión, lo que nos pondría en otro escenario, pero lo que está claro es que otra vuelta de tuerca neoliberal viene seguro.

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