¿Para cuándo un Santo Tomás público, agroecológico y sin banca de por medio?

Ana Etxarte y Asier Vega – Portavoces de Alternatiba

Mediante este artículo queremos proponer un Santo Tomás alternativo que, junto a toda una serie de medidas políticas, sirva de punta de lanza de una estrategia vasca en defensa de la soberanía alimentaria.

Así es, soberanía alimentaria frente a agricultura industrial, esa es la cuestión. Una agricultura industrial que ya ha demostrado sus grandes ventajas: desaparición de nuestro agro; conversión de nuestra tierra en suelo; depredación de nuestros ecosistemas; priorización de los beneficios de las grandes cadenas distribuidoras y comerciales frente a los ingresos justos de los y las baserritarras; calidad infame de la producción, insalubridad y riesgos para la salud tras el uso de tóxicos y la contaminación transgénica. ¿No es posible otro modelo, estamos condenadas y condenados a esto? ¿No deberíamos pasar a un nuevo paradigma que combine ecología, derechos laborales, ingresos justos, salud, consumo responsable y, en definitiva, el buen vivir?

Definitivamente sí, es necesario, es urgente, y es posible. Desde el ámbito social ya se están desarrollando múltiples iniciativas exitosas en este sentido, pero creemos que es desde las políticas públicas desde donde hay un vacío importante que se debe llenar. Empecemos por las ferias, empecemos por Santo Tomás. Estos espacios de encuentro directo entre personas productoras y consumidoras, sin intermediarios, deberían ser periódicos, contar con apoyo público, explicitar bien los requisitos de participación, y priorizar en estos a aquellos y aquellas baserritarras –sobre todo a estas- que produzcan de manera agroecológica, facilitando la transición hacia un nuevo modelo más sustentable, justo y equitativo. Dejemos atrás ferias con presencia hegemónica del sistema financiero, con requisitos de acceso no del todo claros, y donde no se sabe bien quién y cómo se produce, ya que comparten espacio productores y productoras de todo tipo, incluso revendedores y otras entidades que nada tienen que ver con la agricultura.

Ese Santo Tomás sí que sería especial, un Santo Tomás que abriría espacios a lo agroecológico, un Santo Tomás transparente y participativo, un Santo Tomás que defiende los derechos de las y los baserritarras y de nuestra Ama Lurra, un santo Tomás no solo folklórico, sino reivindicativo y novedoso.

Así, si empezáramos por las ferias agroecológicas, los poderes públicos podrían seguir con una gestión ejemplar de los bienes naturales, con la apuesta por los mataderos locales – Aurrera Errale!-, con la conformación de bancos de semillas, con políticas activas e integrales de crédito y formación agroecológica, etc.

Algunos dirán que esto es imposible, que es otro sueño hippie. No les creáis. Con otras caras, son los mismos que dicen que los mercados son gobernables, que la crisis se supera con recortes y reformas, y que no hay alternativa. Sí la hay, esta ya aquí, sólo hay que impulsarla, sólo hace falta voluntad política. Gora santo Tomás!

La tierra es para quien la trabaja

Según un análisis de la entidad, el fenómeno de acaparamiento de tierras (land grabbing) se investigó a fondo y se topó con que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos, donde participan Gobiernos extranjeros, se restringe a Brasil y Argentina aunque finalmente el interés está puesto en toda América Latina.

«El fenómeno de concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un tema que afecta a gran parte de la región», enfatizó el documento.

En este sentido, el oficial de Políticas de la FAO, Fernando Soto-Baquero, advirtió que los Gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y venta de tierras a extranjeros no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar.

Masivo resurgir de la inversión
Por su parte, el consultor de la FAO a cargo de analizar los 17 estudios sobre acaparamiento de tierra y profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Saturnino Borras, aseguró que «hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región».

En este sentido, añadió que «es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento».

En tanto, especialista en desarrollo rural en América del Sur, Martine Dirven, afirmó: «Estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importante».

Tremendo proceso de concentración
«En diez años han habido aumentos de siete veces del precio de la tierra en Uruguay y un tremendo proceso de concentración de las tierras en América Latina», enfatizó.

Según el director del Centro peruano de Estudios Sociales (Cepes), Fernando Eguren, la concentración en la tierra no es solo un fenómeno económico, «es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo».

«Finalmente también tiene que ver con restricciones en la democracia,» señaló Eguren, tras analizar el estudio presentado por la Oficina Regional de la FAO, durante el seminario «Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe».

 

Fuente Imagen: Jorge Silva

Orduña comprometida con la construcción de la Soberanía Alimentaria y la defensa de la Biodiversidad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Orduña comprometida con la construcción de la Soberanía Alimentaria y la defensa de la Biodiversidad

El sistema alimentario mundial, europeo, vasco, local, se encuentra en una profunda crisis, provocada por la hegemonía del modelo de agricultura industrializada. Este modelo está controlado por unas pocas empresas transnacionales de la alimentación -más un pequeño grupo de grandes superficies de distribución- que persiguen únicamente la maximización de sus beneficios, considerando así a la alimentación una mercancía y no un derecho.

De esta manera, en lugar de centrase en la producción de productos sanos, priorizan los monocultivos depredadores y los alimentos genéticamente modificados; frente al objetivo fundamental de alimentar a la población del planeta, priorizan el uso de la tierra para la producción de agrocombustibles; frente a los derechos de las y los campesinos y trabajadores agrícolas, controlan los precios y reducen los costes de producción a través de la explotación y la exclusión del sistema; frente a la defensa de la biodiversidad y de los bienes naturales, apuestan por su privatización y su uso incontrolado y cortoplacista.

El resultado de este proceso de mercantilización del agro es claro: masiva desaparición de fincas agrarias y de las personas que con ellas tenían su medio de vida; generalización de la pobreza agraria a través de la exclusión y del empeoramiento de las condiciones laborales –especialmente en el caso de las mujeres-; promoción de una dieta alimentaria dañina para la salud y con escasa presencia de frutas, verduras y cereales; riesgos crecientes para la salud de los y las consumidoras; un sistema de producción antiecológico e insostenible, que depende de energías fósiles finitas y que reduce la biodiversidad y la fertilidad de la tierra; un modelo que, en definitiva, contribuye directamente al cambio climático, realidad de funestas consecuencias para el conjunto del planeta.

Así, la situación de pobreza y hambre en la que se encuentran más de mil millones de seres humanos, y la dramática situación que se está viviendo actualmente en el Cuerno de África, son consecuencia directa de la agroindustria, y el reverso de una gran paradoja: existe un superávit de alimentos industriales que bien se acaban desperdiciando, o bien se exportan subvencionados a mercados dentro y fuera de Europa, destruyendo las producciones locales.
 

Pero este modelo agroindustrial no cae del cielo. Así, los responsables de esta situación son precisamente las instituciones que lo impulsan y fortalecen. Son las políticas agrarias, alimentarias, financieras, energéticas y de comercio que nuestros gobiernos, con la Unión Europea a la cabeza (especialmente a través de la Política Agrícola Común), quienes, junto con las instituciones financieras multilaterales y las grandes corporaciones, vienen aplicando el rodillo mercantilista. El ejemplo de las políticas de desregulación y liberalización de mercados agrarios, así como la especulación financiera en torno a las materias primas –responsables del alza de precios- no es más que un lamentable botón de muestra.

Pero hay alternativa. Frente a esta situación, solamente será posible un giro profundo en el sistema alimentario mundial a través de una completa reorientación de las políticas y prácticas agrícolas y alimentarias. Es vital y urgente que logremos rediseñar el sistema alimentario basado en otros principios, otros valores, otros contenidos. Frente a la agroindustria, trabajemos por la soberanía alimentaria.

¿Pero que es la soberanía alimentaria? Ante todo, se trata de un modelo alternativo que entiende a la alimentación como un derecho, y no como mercancía; que prioriza, frente al beneficio económico, el respeto a la madre naturaleza, la biodiversidad, las condiciones de vida de las y los productores, la salud de los consumidores, y la participación de todos y todas en las decisiones que nos afectan. La Vía campesina la define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma sostenible y agroecológica”. Podríamos añadir que también es el derecho de los pueblos del mundo al suelo (a la tierra) del que vivir, a la vez que es su deber de cuidar este suelo (esta tierra) del que vivir las futuras generaciones.

De esa forma, y en primera instancia, la Soberanía Alimentaria se convierte en alternativa, en estrategia, y formula medidas para que las gentes campesinas puedan recuperar sus medios y formas de vida. Pero no se trata únicamente de eso: la recuperación de la Soberanía Alimentaria incide directamente en el bienestar de toda la humanidad, en términos ecológicos, de salud, de diversidad, de igualdad, de lucha contra la pobreza. Estos valores añadidos, estos beneficios sociales deben ser conocidos y compartidos por toda la sociedad:

  1. Ser proveedora de alimentos sanos y de calidad, eludiendo las alarmas alimentarias.

  2. Permitir a las pueblos campesinos empobrecidos del Sur, retomar su vida con dignidad, erradicando el hambre y la pobreza.

  3. Ser motor de una nueva economía ruralizada, relocalizada y sostenible; fuera de los movimientos especulatorios y financieros.

  4. Ser proveedora de alimentos producidos agroecológicamente, para asegurar la salud del Planeta.

  5. Contribuir a “enfriar el Planeta”.

  6. Asegurar un Planeta rico y biodiverso en especies animales y vegetales.

  7. Recuperación de conocimientos campesinos y de la cultura alimentaria de toda la población.

  8. Ayuda a la incorporación de más personas (empleo) a la actividad agraria.

  9. Desarrollar y fortalecer las alianzas entre organizaciones, además de crear vínculos entre la población agraria y urbana.

Por ello, La ciudad de Orduña se une al proceso europeo de recuperación de la Soberanía Alimentaria, sobre los cimientos de la Declaración de Nyéleni, conclusión del Foro por la Soberanía Alimentaria, celebrado en Malí en 2007. Esta declaración reafirmó el derecho de los pueblos a definir democráticamente sus propios sistemas agrícolas y alimentarios, sin poner en riesgo a las personas o al medio ambiente.

Orduña quiere ser una de las muchas experiencias locales de restauración de un sistema alimentario local – comarcal que demuestre que la construcción y la práctica de la Soberanía Alimentaria no solo es posible, es urgente, es estratégica, es esencial.

Orduña reitera su apuesta por valores basados en el respeto de los derechos humanos; en la libre circulación de personas, y no del capital; en la solidaridad y la cooperación frente a la competencia; en la democracia real frente a la democracia corporativa, en el derecho ciudadano a participar e involucrarse en cualquier tema de interés público, así como en el proceso de la elaboración de las políticas, decidiendo de manera colectiva cómo organizar nuestros sistemas alimentarios.

En este sentido, estamos convencidos y convencidas de que la Soberanía Alimentaria no solamente es un primer paso hacia un cambio en nuestros sistemas agrícolas y alimentarios, sino que también es un paso hacia un cambio más amplio dentro de nuestras sociedades, empezando por nuestra propia ciudad. Así, Orduña se compromete a:
 

1.- Transformar la manera en que se producen y consumen los alimentos

Estamos trabajando por unos sistemas alimentarios locales-comarcales resilientes, que proporcionen alimentos seguros y saludables para todas las personas, a la vez que mantengan la biodiversidad y los recursos naturales y aseguren el bienestar de los animales. Esto requiere de modelos agroecológicos de producción, así como la existencia de una gran cantidad de campesinos y campesinas, y de personas que cultivan huertos urbanos que produzcan alimentos locales como base del sistema alimentario.

Nos comprometemos a seguir promocionando y asesorando a las producciones ecológicas comarcales mediante nuestro servicio municipal EKOIZPEN. Luchamos contra el uso de transgénicos y cultivamos y recuperamos variedades no modificadas genéticamente de semillas y de razas ganaderas. Promovemos formas sostenibles y diversas de culturas alimentarias, en particular el consumo de alimentos locales, de alta calidad y de temporada, y no los productos de la gran industria. Esto incluye productos animales, que deberán ser producidos localmente sin la utilización de piensos transgénicos. Nos comprometemos en recuperar y promover las habilidades culinarias y el conocimiento sobre el procesamiento de alimentos a través de la formación y el intercambio de conocimientos.
 

2.- Cambiar las maneras en que se distribuyen los alimentos

Trabajamos por la descentralización en las cadenas alimentarias, promoviendo mercados locales diversificados basados en la solidaridad y en precios justos, acortando los canales de distribución, intensificando las relaciones entre personas productoras y consumidoras a través de redes locales alimentarias, en las que juegan un papel de excepcional relevancia las infraestructuras públicas de consumo colectivo (cocina municipal), la gestión de las cuales nos comprometemos a modificar para ir generando procesos de reforzamiento de los sistemas locales de alimentación, y para enfrentar la expansión y el poder de las grandes superficies de distribución y de las corporaciones alimentarias. Queremos posibilitar que la gente pueda construir sus propios sistemas de distribución de alimentos y permitir a campesinos y campesinas producir y procesar alimentos para sus propias comunidades. Para esto se requieren normas sanitarias e infraestructuras locales alimentarias que apoyen a los pequeños productores, hombres y mujeres. También trabajamos para asegurar que los alimentos que produzcamos lleguen al conjunto de la sociedad, incluyendo a las personas con pocos o ningún ingreso.
 

3.- Poner en valor y mejorar las condiciones sociales y el trabajo en el sistema agrario alimentario

Nuestro compromiso en contra de la explotación y la degradación de las condiciones sociales y laborales y por los derechos de todas las mujeres y hombres que proporcionan alimentos, así como los trabajadores y trabajadoras migrantes y temporales, y aquellas personas que trabajan en el procesado, la distribución y la venta. Trabajamos por políticas públicas que respeten los derechos sociales y establezcan altos estándares que condicionen la implementación de los fondos públicos. Esto significa la inclusión de ingresos dignos que permitan un sustento. Queremos construir alianzas más amplias entre las personas que trabajan dentro del sistema alimentario.
 

4.- Reclamar el derecho a nuestros bienes comunes

Nos comprometemos a trabajar en contra de la mercantilización y las patentes de nuestros bienes comunes, como la tierra, las semillas tradicionales y reproducibles de campesinos y campesinas, las razas de ganado y bancos pesqueros; los arboles y los bosques; el agua, el aire y el conocimiento. El acceso a estos bienes no debe de estar determinado por los mercados o por el capital. A la hora de utilizar estos recursos comunes nos comprometemos a garantizar el respeto de los derechos humanos, el equilibrio de género, el beneficio del conjunto de la sociedad y el respeto de los derechos de la madre tierra. Nuestros bienes comunes deben ser manejados a través de la gestión colectiva, democrática y del control comunitario.
 

5.- Profundizar en nuestro modelo de ciudad democrático, equitativo y antipatriarcal

La soberanía alimentaria es una cuestión de todos y todas, como ya hemos visto, no sólo de productores y productoras. Frente a la tiranía de los mercados, la soberanía alimentaria defiende la participación activa y de calidad de la ciudadanía en lo que se produce, en cómo se produce y distribuye. Por ello nos comprometemos con la promoción de una cultura democrática, a partir de procesos participativos, libres de violencia, y basados en la igualdad de derechos. Nos comprometemos especialmente con la defensa de los derechos y con la participación de las mujeres, sujetos fundamentales del sistema alimentario, denostadas lamentablemente a un papel secundario, donde sus derechos a la titularidad de la tierra, a la seguridad social, etc., son generalmente conculcados. No habrá soberanía alimentaria sin una lucha decidida contra el patriarcado. Por último, la juventud debe ser una referencia constante, ya que de ellos y ellas depende avanzar en esta apuesta por un modelo alternativo.

6.- Cambiar las políticas públicas de gobernanza de nuestro sistema agrario y alimentario

Nos comprometemos a cambiar las políticas púbicas que gobiernan nuestro sistema alimentario a nivel local, y luchar para un cambio a nivel nacional, europeo y global y para deslegitimizar el poder corporativo. Las políticas públicas deben ser coherentes, complementarias y deben promover sistemas alimentarios y culturas alimentarias basadas en la materialización del derecho a la alimentación; deben de promover la erradicación del hambre y la pobreza; asegurar la realización de las necesidades básicas de los seres humanos; y contribuir a la Justicia Climática, en Europa y a nivel global. Necesitamos marcos legales que garanticen precios justos y estables para las personas productoras de alimentos, que promuevan prácticas agroecológicas, que internalicen los costes externos en los precios y que implementen la reforma agraria. Estas políticas deben tener como resultado un incremento del número de campesinos y campesinas en Europa. Las políticas públicas deben ser diseñadas con la ayuda de la investigación financiada públicamente que responda a las demandas sociales para alcanzar los objetivos ya mencionados. Deben asegurar que se prohíba la especulación alimentaria y que no se pongan en riesgo los sistemas y culturas alimentarias locales y regionales, a través del dumping o el acaparamiento de tierras. Trabajamos por nuevas políticas agrícolas, alimentarias, energéticas, de semillas y comerciales por la Soberanía Alimentaria en Europa que tengan eco a nivel internacional. De manera particular, estas deben incluir: una Política Agrícola y Alimentaria diferente, la eliminación de la Directiva Europea sobre los agrocombustibles y una gobernanza global del comercio agrícola internacional localizada en la FAO y no en la OMC.

¡Hacemos un llamamiento a la población y a los movimientos sociales locales y comarcales, así como a las instituciones de este ámbito para comprometernos juntos en la toma del control de nuestros sistemas alimentarios y para construir el Movimiento por la Soberanía Alimentaria YA!

Política agraria común, menos común de lo que parece > Vicent Boix

Vicent Boix

Escritor, autor del libro El parque de las hamacas. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí

En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.

Entre los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.

Han existido otras compañías españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por las subvenciones públicas de la PAC. Aunque favorecidas por cantidades menores, no deja de ser llamativo que reciban dinero público ciertas empresas de la alimentación que, al adquirir productos del agricultor y ganadero, se aprovechan de su situación de dominio para pagarles cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir los costos de producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones como “Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de Veterinarios Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de euros en beneficios.

Esta bonanza económica empresarial dista mucho de la paupérrima situación económica que vive la agricultura y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas pasan momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27% desde 2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben que el problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido que unas pocas empresas del agronegocio monopolicen la transformación, la intermediación y la venta de alimentos, imponiendo sus reglas y precios a agricultores, ganaderos y consumidores.

Por eso es ridículo e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al agricultor y le obligan a dejar el campo para engrosar las listas del paro. Porque con unas ayudas destinadas a promocionar el sector primario se está premiando a los verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto suceda año tras año, huele ya demasiado. También es curioso, muy curioso, que aquellos que claman al cielo por un comercio libre de ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los primeros en parar las manos y llenarse los bolsillos.

En otra coyuntura comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que subvenciones, lo que se necesita urgentemente es legislación y normas que confieran dignidad y un trato justo, sobre todo, en los precios de compra a ganaderos y agricultores.

Bildu se posiciona a favor de la soberanía alimentaria y la lucha de los baserritarras

BILDU siente un fuerte compromiso con la lucha de nuestras y nuestros baserritarras por la soberanía alimentaria. Así, BILDU entiende que no hay soberanía política si un pueblo no es capaz de alimentarse a sí mismo, de potenciar las economías campesinas, si no es capaz de generar un ingreso y unas condiciones laborales justas para los y las baserritarras, de garantizar el consumo sano y responsable de la ciudadanía, si no es capaz de generar entornos ecológicamente sostenibles.

Lamentablemente, tenemos que reconocer que las izquierdas, históricamente, han dejado a un lado las reivindicaciones del campesinado; otros eran los sujetos de cambio, otras eran las prioridades, mientras que las y los baserritarras se debían conformar con un papel subsidiario, secundario. BILDU reconoce públicamente este error, y entiende que las luchas campesinas, las luchas por fortalecer nuestro agro, las luchas por defender nuestra AmaLurra, son parte fundamental de todo proceso de cambio, y señas de identidad de un pueblo que quiere decidir su futuro, bajo parámetros sólidos y sostenibles.

De esta manera, BILDU quiere responder a esta injusticia histórica poniendo a la soberanía alimentaria, a la agroecología, en el centro de su agenda política.

Y lo hacemos en un momento crucial, en el que está en juego, nada más y nada menos, que la desaparición de nuestro agro, la desaparición de nuestras y nuestros baserritarras…¿qué pueblo sería éste si dejamos desaparecer la base de nuestra vida?

Desgraciadamente, las políticas capitalistas y neoliberales del Señor Bilbao están marcando este camino de destrucción, además con actitudes prepotentes y de intransigencia con el sindicalismo agrario combativo. Frente a nuestra apuesta por la soberanía alimentaria, están imponiendo un modelo agroindustrial, en el que priman los intereses de las grandes empresas intermediarias; donde se prioriza el monocultivo para el consumo masivo y atemporal; donde se tiende a la privatización y a la especulación con los bienes naturales como el agua y la tierra; donde se criminaliza compartir semillas entre baserritarras; donde se importa alimentación que podría producirse en EH; donde la salud de las y los consumidores no es prioridad; y donde el contagio por transgénicos –o su introducción en piensos o en trazas pequeñases cada vez más una realidad.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar que todo el ingreso se lo queden los intermediarios, y no los y las productoras? ¿Hasta cuándo vamos a criminalizar las economías campesinas, negando el intercambio de semillas o estableciendo medidas fitosanitarias imposibles? ¿Hasta cuándo vamos a obligar al pequeño productor/a a entrar en las cadenas de producción y venta que no controla, al no haber alternativas locales? ¿Hasta cuándo vamos a condenar a las mujeres baserritarras a no tener derechos de propiedad y de seguridad social?

BILDU dice ¡YA BASTA¡ queremos un nuevo modelo económico y social, y vamos a empezar por avanzar en la soberanía alimentaria, y tenemos propuestas para ello: generar espacios económicos locales, que posibiliten la potenciación de las economías campesinas y la ruptura con las grandes cadenas: así, proponemos la construcción de mercados locales, de mataderos locales, de créditos blandos para la producción agroecológica, de campañas de sensibilización para un consumo responsable, etc.; proponemos priorizar la tierra frente al suelo para la especulación, a través de planes locales participativos; proponemos declarar EH zona libre de transgénicos, ¡fuera los transgénicos de EH¡; proponemos garantizar los derechos laborales de las y los baserritarras; proponemos, en definitiva, dar una esperanza a nuestro agro.

Ama Lurra defenda dezagun!

Sin soberanía alimentaria, no hay soberanía política (Alternatiba)

El 17 de abril de 1996, la policía militar brasileña abrió fuego contra un grupo de manifestantes que participaban en una marcha convocada por el MST (Movimiento  de  los  Sin  Tierra  de  Brasil) en El Dorado dos Carajas, en la que se manifestaban por el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas. En total, 19 campesinos/as fueron asesinados/as, 69 sufrieron diversas mutilaciones, cientos  fueron heridos/as y al menos 10 fueron ejecutados/as extrajudicialmente después de que fueran detenidos/as.

Ese mismo día, mientras sucedían tales funestos hechos, La Vía Campesina  celebraba su 2ª Conferencia Internacional en Tlaxcala, México. Campesinos y campesinas de todo el mundo, declararon esa fecha «Día  Internacional de la Lucha Campesina«.

Quince años después, y como cada año, el 17 de abril sirve para que gente en todo el globo celebre la lucha de los campesinos y campesinas y de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando al mundo. Acciones para defender un nuevo sistema alimentario basado en la soberanía alimentaria.

Pero, ¿Que sabemos de la soberanía alimentaria? ¿De dónde procede dicho concepto? ¿Qué significa?

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por La Vía Campesina, que agrupa a más de 150 organizaciones campesinas de 56 países, y fue llevado al debate público con ocasión de la celebración de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en la sede central de la FAO (Roma). Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro ONG paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en junio del 2002.

Como definición, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, a controlar su mercado doméstico, impedir la entrada de productos excedentarios a través de mecanismos de dumping , a promover una agricultura local, diversa, campesina y ecológica, que respete el territorio, entendiendo el comercio internacional como un complemento a la producción local. La soberanía alimentaria implica devolver el control de los bienes naturales, como la tierra, el agua y las semillas, a las comunidades y luchar contra la privatización de la vida, mantener el agua en su calidad de bien público para que se reparta de una forma sostenible, y la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados, para el libre acceso a las semillas. De ahí la necesidad de reformas agrarias.

La soberanía alimentaria no rechaza los intercambios y si la prioridad dada a las exportaciones, ya que el acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos. El mayor problema de los campesinos es la dificultad para acceder a sus propios mercados locales debido a los bajos precios en los que la industria agroalimentaria tasa sus productos.

Las políticas neoliberales priorizan el comercio internacional que va ligado a la búsqueda de un beneficio económico que no suele poner límites. Además, aquellas producciones agrícolas que tienen acceso a los mercados internacionales están controladas por las más poderosas empresas agro-industriales, beneficiando mayoritariamente las producciones de los países del Norte, que exportan alimentos de primera necesidad, y en perjuicio de los campesinos y campesinas de los países del Sur, que quedan relegados a exportar alimentos secundarios.

Las exportaciones de los países del Sur representan solamente un tercio de la oferta de los productos alimentarios en el mercado global, mientras que los países ricos del Norte exportan los dos tercios restantes.Para mas agravio, los países del Sur llegan al mercado internacional condicionados por la necesidad de afrontar su deuda externa, viéndose imposibilitados a mejorar su situación.

Queda claro que las condiciones del mercado internacional no son justas, ni lo podrán ser, mientras se consideren los alimentos como una mercancía, y no como un derecho humano. Además, basar la alimentación del Planeta en el Comercio Internacional significa una modificación de los patrones culturales de muchas comunidades a favor de una unificación de costumbres impuestas. 

Por tanto, consideramos que la soberanía alimentaria ofrece un modelo alternativo al actual modelo agro-industrial. Un modelo basado en considerar la alimentación como un derecho humano básico, reclamar para todos los pueblos y estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas  y poner en el centro de estas políticas a quienes producen los alimentos, que son los agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as, así como a las personas consumidoras. Siendo la soberanía alimentaria un pilar fundamental en la consecución de la soberanía política.

Frente a la Política Agrícola Común, Soberanía Alimentaria> Asier Vega Isasi (Alternatiba)

En 2011 se presentarán las propuestas legislativas de la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), que es el marco legislativo que regula la agricultura en la UE y que previsiblemente entrará en vigor en 2013. Una propuesta de ley debatida y negociada por la Comisión Europea y con el fuertemente apadrinado por Francia Comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos liderando el “pelotón”.

La Comisión Europea defiende que la PAC es una opción para modernizar la política agrícola de la UE y así garantizar el suministro de alimentos, la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural. Pero desde diversos sectores vinculados directamente con la agricultura y la ganadería trasladan su escepticismo y preocupación, ya que consideran que uno de los ejes principales de la PAC es financiar producciones destinadas a las grandes exportaciones, sin que exista un sistema de adecuación entre la oferta y la demanda siendo totalmente perjudicial para la producción agrícola y ganadera local y amenazando a su vez la existencia de las medianas y pequeñas exportaciones.

Pero para poder hacer un análisis más exhaustivo de la PAC, seria preciso conocer los antecedentes históricos de dicha política. Según informa la Comisión Europea, el origen de la PAC se remonta a los años 50, en una Europa occidental cuya población estaba marcada por los años de guerra y en la que la agricultura había quedado paralizada y el abastecimiento de alimentos no podía garantizarse. El objetivo central fue fomentar la mejora de la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispusieran de un suministro estable de alimentos a precios asequibles, y garantizar que la UE dispusiese de un sector agrícola viable. La PAC ofrecía subvenciones y proporcionaba incentivos para la producción y concedía asistencia financiera para la reestructuración de la agricultura mediante subsidios a las inversiones agrícolas para favorecer el crecimiento de las explotaciones y de la gestión de conocimientos tecnológicos, para adaptarse a las condiciones económico-sociales de entonces. Se introdujeron determinadas medidas de ayuda a la jubilación anticipada, a la formación profesional y en apoyo de las regiones más desfavorecidas. Pero detrás de todas estas medidas se escondía un propósito diferente que era el de abastecer de alimentos a la cada vez mas numerosa población urbana para que el emergente proceso de industrialización fuera rentable.

A partir de los años 80, el objetivo de la PAC de hacer evolucionar a la UE hacia la autosuficiencia fracaso por completo. La agricultura de la UE fue orientada hacia el productivismo y se fomentó el proceso de especialización para abastecer así a la industria agroalimentaria que compraba los productos a precios considerablemente bajos.  Eso produjo numerosos excedentes de los principales productos agrícolas, algunos de los cuales se exportaron a precios muy bajos con ayuda de subvenciones, produciéndose así un fenómeno conocido como “dumping” que termina por destruir los mercados locales de los países receptores de dichas exportaciones. A su vez, el resto de los excedentes tuvieron que ser almacenados o eliminados dentro de la UE.

Debido a lo impopulares que resultaban las medidas de la UE, se produjeron varios cambios de orientación de la PAC en 1999 y 2003. En el último de ellos, en 2003,  se acordó una nueva reforma que eliminó el vínculo de las ayudas con la producción. Unas ayudas que los agricultores y agricultoras recibían sin necesidad de tener actividad productiva, denominado “pago único” y que favorecía a aquellos que hasta la fecha habían producido más ya que eran los que contaban con mayor número de tierras para el cultivo. No solo no se consiguió eliminar la tendencia productivista a la que estaba sometido el sector agrícola de la UE, si no que se produjo una concentración de ayudas y subvenciones que generó grandes desigualdades entre los agricultores y agricultoras.

En el otro lado de la moneda, una vez más, nos encontramos con la industria agroalimentaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC). La industria agroalimentaria dispuso de productos agrícolas a precios más bajos en detrimento de los ingresos de los agricultores y agricultoras, que fueron sometidos a una competencia internacional más fuerte y agresiva.A su vez, la OMC, vio como se liberalizaban las producciones agrarias respondiendo a sus intereses. 

Aunque la Comisión Europea venda la PAC como una opción para modernizar la política agrícola de la UE y así garantizar el suministro de alimentos, la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente y el desarrollo rural, está claro que la PAC ahonda en un modelo agrícola dependiente de la industria agroalimentaria, industria de insumos (semillas, fertilizantes, fitosanitarios)y la mecanización. Eso conlleva a que los agricultores y agricultoras sufran problemas de viabilidad económica debido al incremento del precio del petróleo y al descenso del precio de los productos agrícolas producidos en el mercado, aumentando así la precariedad en el sector agrícola.

Frente a la incoherencia demostrada por la PAC y la insostenibilidad del modelo agroindustrial actual, muchas agricultoras y agricultores apuestan por la producción agroecológica o por los circuitos cortos de encuentro entre personas productoras y vendedoras.

Por todo esto, es el momento de apostar por políticas activas de defensa de la soberanía alimentaria que sustituyan el actual modelo agroindustrial. Políticas que apoyen los procesos de producción agroecológicos, las economías campesinas, los mercados locales y los circuitos cortos de consumo. Políticas que impidan el uso de Organismos Genéticamente Modificados y que luchen contra las trasnacionales. Políticas que defiendan el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, cómo y quién se lo produce. En definitiva, políticas que sirvan para modificar radicalmente el modelo agrícola actual.

Algo huele a podrido en Karrantza

Alternatiba pide responsabilidades políticas ante la chapuza de la planta de purines en Karrantza

Jonathan Martinez: «Algo huele mal y no es el excremento animal, por lo que pediremos la comparecencia de la Diputada foral de Agricultura»

Bilbao, 14 diciembre 2010. El grupo de Alternatiba en las Juntas de Bizkaia ha calificado de «muy grave» la situación en la que se encuentra la futura «supuesta» planta de purines en Karrantza.

El portavoz de Alternatiba, Jonathan Martínez, ha señalado que, «algo huele mal en esta operación y no es el excremento animal para el que supuestamente se estaba construyendo esta planta» En este sentido, Martínez ha recordado que «desde el año 2004 se ha invertido 14.5 millones de euros de dinero público para una instalación que sólo se ha ejecutado el 30% y está paralizada la obra.»

A juicio del dirigente de izquierdas, «una vez más las instituciones lideradas por el PNV nos meten en una aventura con un final incierto en la que juegan con el dinero público.» El juntero de Alternatiba ha solicitado la comparecencia urgente de la Diputada de Agricultura, Irene Pardo, para que explique «las razones por las que la Diputación de Bizkaia ha invertido dos millones de euros y qué actuaciones piensa realizar ante la paralización de las obras.»

Finalmente, Jonathan Martínez ha querido destacar «la desfachatez que supone que el dinero público se derroche sin control en muchos proyectos de amigos del PNV y todo lo que sea gasto social se contenga.»

El gobierno transgénico> Miguel Jara (Insurgente.org)

Artículo publicado en Insurgente.org

Como comentábamos en la anterior información, España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala. Otros países como Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia o Polonia prohiben su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus posibles daños a la salud.

El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico en el que, según Amigos de la Tierra, sólo hay siete representantes científicos de un total de 46 miembros. Muchos de ellos han manifestado en público ser defensores de los transgénicos, con relaciones cercanas a esta industria, a sus fundaciones y lobbies. Entre los representantes de la Administración dentro de la Comisión, también hay algunos que mantienen una relación estrecha con la industria.

El apoyo del Ministerio a las compañías de transgénicos genera numerosas protestas desde las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando estas opiniones molestan en los organismos de participación, el Ministerio hace lo posible por ponerles fin. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre Transgénicos del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), donde están representadas las cinco asociaciones ecologistas estatales, sindicatos, asociaciones agrarias y tan sólo dos representantes empresariales. Tras una reunión donde el Gobierno decidió invitar a todas las asociaciones empresariales que ejercen de lobby a favor de los transgénicos, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha creado otro organismo de participación, donde se rebaja la presencia de las organizaciones ecologistas y se incrementa la de la industria.

Otro claro ejemplo de la vinculación y total apoyo del Gobierno a la industria es el regreso al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de uno de los principales responsables de la introducción de los transgénicos en España bajo la administración del PP. Martín Fernández de Gorostiza, en aquel momento Director de la Oficina Española de Variedades Vegetales, fue denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una coalición de organizaciones sociales (entre ellas Amigos de la Tierra y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG-) por compatibilizar cargos en el Ministerio de Agricultura con la coordinación del Observatorio de Biotecnología del Foro Agrario, una organización de promoción de los transgénicos ligada a la Fundación Antama, que ejerce de lobby y relaciones públicas de las multinacionales de los transgénicos, como Monsanto y Syngenta. Esta denuncia le forzó a abandonar el Ministerio. Pero la ex-ministra Elena Espinosa, según Amigos de la Tierra, le ha recuperado para trabajar en temas de agricultura ecológica.

Más artículos del autor

Más info: En el libro Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales.

El último encuentro de Nekasarea

Artículo publicado en Baserribizia

El papel como iniciativa para la transformación social y la importancia de crecer “sin prisa, pero sin pausa” al ritmo que marca la formación, tanto en el ámbito de la producción como políticamente, son algunas de las principales ideas a destacar del segundo encuentro de la red Nekasarea de baserritarras y personas consumidoras, llevado a cabo los días 15 y 16 de octubre en Orduña. En el último año se ha pasado de 13 a 24 grupos de consumo, que suponen alrededor de quinientas cestas semanales, a una media de 20 cestas/unidades familiares por colectivo, en cuyo abastecimiento participan cerca de 80 baserritarras.

La demanda de creación de nuevos grupos es importante, pero se tiene claro que hay que crecer sin ser desbordados, manteniendo la filosofía de la iniciativa, así como el “buen hacer” de la misma. En la reunión de baserritarras, que tuvo lugar el primer día, quedó claro que previa entrada a participar como persona productora en Nekasarea es preciso formarse, tanto productivamente como ideológicamente, en función de unos criterios que se definieron. En la reunión de los grupos de consumo del día siguiente, se acordó entre otras cosas la creación de una comisión de las personas consumidoras participantes en Nekasarea, fijándose la fecha del 23 de noviembre para ello.

Esta red es esencialmente una iniciativa de transformación concreta y práctica a favor de la soberanía alimentaria, basada en el consumo local de una producción agroecológica local -sana y de calidad nutritiva, social y medioambiental- a unos precios justos para ambos colectivos, que se concreta en el reparto de cestas de alimentos semanales retribuidos a través de una cuota y que se basa en el compromiso y la confianza mutua. Precisamente esta visión política fue subrayada en el encuentro y se valoró la importancia que tiene para motivar la instalación de jóvenes en el agro y generar dinámicas participativas en el medio rural. Se hizo un llamamiento explícito a implicarse como colectivo en la reivindicación en los pueblos a favor de una agricultura viva y sostenible y específicamente en la lucha por el uso agrario de la tierra y contra la especulación de la misma.

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