El ataque militar por parte de Israel a una expedición de activistas desarmados que transportaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en aguas internacionales, saldada con la muerte de nueve personas y un número de desaparecidos aún sin concretar, se ha convertido en el último episodio de la deliberada política de violación de los derechos humanos que, con total impunidad y despreciando el derecho internacional, practica desde hace más de 60 años el Estado de Israel.
Esta realidad se refleja en la actuación de todos los poderes públicos de Israel. Así, las políticas públicas promueven la colonización judía mediante la confiscación o anexión de tierra palestina, invierten la composición demográfica persiguiendo el predominio judío y discriminan a los ciudadanos/as palestinos/as en la asignación de recursos. En los territorios ocupados la segregación, la demolición de casas y una red de más de seiscientos checkpoints que impiden la libertad de movimiento de la población palestina son otros medios para avanzar en la colonización.
Desde la Nakba de 1948, el Estado de Israel ha impedido el retorno de la población refugiada palestina por medio de la fuerza, la legislación y las resoluciones judiciales. Los tribunales israelíes niegan a las víctimas palestinas el derecho a procesos con garantías judiciales: el Tribunal Supremo ha autorizado el asesinato extrajudicial, la “detención administrativa” – que ampara la tortura y los maltratos – y comisiones oficiales de investigación han declarado inocentes a muchos soldados y colonos culpables de haber asesinado a civiles palestinos en casos documentados por organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, el Parlamento israelí ha aprobado nuevas leyes discriminatorias y ha enmendado las leyes existentes con el fin restringir los derechos de los palestinos y su acceso a las indemnizaciones.
En el plano internacional Israel no ha acatado la resolución del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Muro y niega que de su prolongada ocupación deriven obligaciones jurídicas de la IV Convención de Ginebra y del derecho humanitario internacional. Para mayor gravedad, estas posturas han sido avaladas en gran parte por el Tribunal Supremo.
En la Franja de Gaza, donde 1,4 millones de palestinos malviven atrapados, Israel prohíbe la circulación de personas y bienes, excepto en contados casos de primera necesidad. Sólo a un reducido número de personas enfermas se les permite salir para recibir tratamiento, mientras decenas han muerto esperando un permiso. Este bloqueo cuyo objetivo declarado es debilitar a los grupos armados, castiga a toda la población y sus efectos se hacen sentir especialmente entre los más vulnerables: los niños y las niñas y las personas ancianas o enfermas. En virtud del derecho internacional, Israel, como potencia ocupante, tiene el deber de garantizar el bienestar de la población de Gaza, incluido su derecho a la salud, la educación, los alimentos y una vivienda adecuada.
La impunidad con la que actúa el gobierno israelí es fruto de la complicidad de la comunidad internacional, poco interesada en exigir responsabilidades a Tel Aviv por el régimen de ocupación, colonización y apartheid al que somete al pueblo palestino.
Ninguno de los integrantes del “Cuarteto” ha tomado medidas para garantizar el respeto y acatamiento del derecho internacional, las resoluciones de NNUU o del TIJ por parte de Israel. Al contrario, la comunidad internacional y los medios de comunicación mayoritarios han adoptado una postura equidistante, situando al mismo nivel las violaciones del derecho humanitario realizadas por parte de actores no estatales palestinos en un contexto de resistencia y acoso sistemático y las violaciones cometidas por el Estado de Israel, transmitiendo la falacia de que se trata de un conflicto armado entre dos Estados.
Esta caracterización no deja de ser una lectura interesada del conflicto, que en el mejor de los casos presenta la resolución del mismo como inalcanzable debido a los extremismos de ambas partes que se retroalimentan continuamente o, en su versión más perversa, justifica las agresiones de Israel, considerándolas la respuesta inevitable a los ataques palestinos. Esta visión no es ajena al aumento de la islamofobia en Occidente y la consideración del Estado de Israel como un bastión de la civilización judeo-cristiana en Oriente Medio, al que se le ha dado carta blanca en su papel de gendarme de los países árabes. Estos postulados invisibilizan la existencia de una alternativa de lucha no violenta, formulada por la sociedad civil palestina y desmovilizan la opinión pública internacional, incómoda ante la perspectiva de no poder tomar partido más que por actores violentos.
Israel es un estado basado en el apartheid, el colonialismo y la ocupación. Sus orígenes se encuentran en un proyecto colonial sionista, basado en la concepción de Palestina como tierra deshabitada destinada a ser un estado exclusivo para la población judía. Este modelo se puso en marcha mediante la colonización de la Palestina histórica y el traslado forzoso de la población árabe originaria y se consagró con la proclamación del Estado de Israel en el que se ha institucionalizado un régimen de discriminación racial que oprime de forma sistemática a la población palestina. Así, las leyes de nacionalidad y de retorno permiten a los judíos mantener la nacionalidad y la ciudadanía, mientras que a los habitantes originarios palestinos sólo se les reconoce la ciudadanía y se les dispensa un trato discriminatorio. Además, desde 1967, el régimen militar represivo aplicado por Israel a la población palestina que vive bajo la ocupación, ha permitido extender el sistema de apartheid, caracterizado por la segregación, el asesinato selectivo, las torturas, la demolición de casas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos ilegales y los castigos colectivos a la población, como en el caso de Gaza.
En consecuencia, en julio de 2005 un conjunto de asociaciones, sindicatos y organizaciones, inspirados en la experiencia sudafricana, realizaron un llamamiento para la puesta en marcha de una campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel. Esta campaña tiene como objetivo concienciar a la opinión pública sobre el régimen de apartheid del Estado de Israel y presionar desde la sociedad civil a los estados y NNUU hasta conseguir el fin de la ocupación y el respeto de los derechos del pueblo palestino.
En el marco de esta campaña se están impulsando una serie de iniciativas variadas: sensibilización pública sobre la realidad del régimen israelí; presión sobre NNUU, gobiernos y sector privado para suspender la cooperación económica, académica, cultural y deportiva con el Estado de Israel; suspensión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel por no respetar el Estado israelí los estándares europeos de derechos humanos; procesamiento de israelíes responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad…
Estas acciones ya están obteniendo resultados tangibles a nivel europeo, por ejemplo en el Reino Unido, donde varias universidades ya han boicoteado a homólogas israelíes, empresas británicas han dejado de hacer negocios con fabricantes israelíes por la presión de sus clientes o las demandas ante sus tribunales forzaron a Tzipi Livni, jefa de la oposición israelí a cancelar un viaje a Londres para pronunciar una conferencia.
La coordinación a nivel europeo y estatal de las diferentes campañas e iniciativas es vital para que la sociedad vasca realice su contribución en la lucha no violenta emprendida por la sociedad civil palestina, exigiendo en este caso que la investigación sobre al ataque a la flotilla se realice por parte de expertos relevantes de Naciones Unidas y no quede en manos israelíes, como preconiza Estados Unidos, dada la continua falta de credibilidad de las investigaciones israelíes sobre violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto de Gaza.
En definitiva, el apoyo e impulso de la campaña BDS es nuestra mejor arma para detener las agresiones del Estado israelí, desenmascarando la naturaleza racista de su régimen y contribuyendo a la lucha no violenta del pueblo palestino por el respeto de sus derechos fundamentales.
Fotografía: Le Mur – The Wall – Palestine
