Euskal Herria Bildu quiere mostrar su adhesión a las manifestaciones y concentraciones convocadas para mañana sábado por diferentes agentes sociales en las cuatro capitales de Hegoalde en contra de los desahucios. Estas convocatorias se producen en la misma semana en la que ha vuelto a quedar patente la indefensión que sienten las personas que se enfrentan cada día al drama personal o familiar de perder su vivienda por cuenta de un sistema financiero sin escrúpulos y unos gobiernos cómplices que no están dispuestos a cambiar las leyes que permiten seguir acumulando beneficios a unos mientras conducen a otros al suicidio.

EHBildu ha llevado sendas propuestas a las cámaras de Iruñea y Gasteiz para hacer frente a un problema al que la clase política no puede dar la espalda. Propuestas basadas en la suspensión inmediata de las ejecuciones hipotecarias, la gestión pública de las viviendas inmersas en estos procesos para la concesión de alquileres sociales a las personas que no puedan afrontar su hipoteca y dándoles la oportunidad de retomar el pago de la misma una vez su situación lo permita, para no perder así lo ya invertido en su vivienda. Soluciones, en definitiva, que ayuden a la consecución del derecho a una vivienda digna que les corresponde a todas las personas.

Finalmente, queremos denunciar expresamente el papel que una entidad creada con el dinero público de la ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como es Kutxabank siga implicada en procesos de desahucios, bien de forma directa o a través de las entidades financieras que controla.

La coalición ha cumplido así la palabra dada durante la campaña electoral, cuando aseguró que la primera iniciativa que defendería en la cámara estaría destinada a terminar con los desahucios. La parlamentaria Marian Beitialarrangoitia ha asegurado que la coalición no tiene intención de esperar a los cambios de leyes para intentar atajar el problema. «Los desahucios son el ataque más cruel contra el derechos a vivienda, y por ello, hoy queríamos dar un paso efectivo sin esperar a los cambios legislativos ni a los cambios de actitud de las entidades financieras», ha explicado Beitialarrangoitia.

EH Bildu había acordado con el PSE otra enmienda que recogía 10 puntos para paralizar y acabar los desahucios. Pero la proposición no de ley de EH Bildu ha sido frenada por el PNV, el PP y UPyD, que han aprobado una enmienda transaccional. Lo finalmente aprobado «se queda en una estéril declaración de intenciones que no ofrece soluciones al problema», en opinión de Beitialarrangoitia. La parlamentaria ha criticado con dureza la «falta de voluntad de los tres partidos». «Lo mínimo que se os podría exigir era que aprobarais medidas concretas para presionar a las entidades financieras que desahucian. Para acabar con el problema hay que actuar, porque si no se acaba con este problema es la sociedad vasca quien sale perdiendo», ha argumentado.

La parlamentaria de EH Bildu también ha tenido duras palabras contra las entidades financieras y en especial contra Kutxabank: «no debemos dejar en manos de los bancos la solución a este problema. Les pedimos más responsabilidad, sobre todo a Kutxabank, por la labor social que dice desempeñar». Además, ha apuntado que el PNV pone trabas para que las asambleas de Kutxa no aborden el problema de los desahucios.

Las dos fuerzas de derechas del Parlamento Vasco y UPyD han unido sus votos para rechazar la proposición no de ley de EH Bildu, que buscaba terminar efectivamente con los desahucios.

Los representantes de Amaiur Sabino Cuadra y Maite Aristegi han dado una rueda de prensa para hablar sobre los desahucios:

En primer lugar, creemos que es preciso detallar el orden cronológico de los acontecidos de los últimos días. El pasado jueves, la ley hipotecaria del Estado español que data de hace ya un siglo y que posibilita los desahucios, empezaba a recibir los primeros toques de atención y crítica jurídicas por parte de las instituciones europeas, en este caso, por parte del Tribunal de Estrasburgo.

Un día después, una ciudadana vasca que iba a ser desalojada de su casa se quita la vida. Un desgraciado y triste hecho que provoca una cascada de reacciones por parte de las instituciones , partidos políticos y agentes sociales subrayando la gravedad de la situación que padece la ciudadanía en general.

En el marco del estado español, PP y PSOE, que durante los últimos años se han negado una y otra vez a introducir cambios en la ley hipotecaria y que, incluso, han votado varias veces contra la propia dación en pago, anunciaban la intención de negociar y buscar un acuerdo que diera solución al grave problema de los desahucios. Del mismo modo, la Patronal de la Banca (AEB) hacía pública una nota en la que «dictaba» sus límites al respecto.

A partir de ahí, es de sobra conocido el resultado de dichas negociaciones que al parecer han culminado sin acuerdo: el decreto ley de urgencia aprobado por el Gobierno del Partido Popular.

Pues bien, hoy, una vez más, las tantas veces mencionada dictadura de los mercados, que no es otra cosa que la dictadura de los oligopolios financieros sobre la clase política, nos va a dejar un ejemplo de la sumisión de esa clase política dominante en beneficio de dichos poderes.

El decreto no deja de ser un mero parche para acallar las voces ante la muerte de la ciudadana vasca Amaia Egaña. Un parche que bajo supuestos criterios de «humanidad» sigue dejando a miles y miles de personas desprotegidas ante la Banca.

Y ya lo hemos dicho en más de una ocasión. No estamos ante un problema de razones humanitarias, sino de derechos humanos y sociales. No es un problema técnico al que nos enfrentamos, sino a un problema político y social. A día de hoy se sigue sin garantizar el derecho a la vivienda.

Vayamos por partes.

Las medidas presentadas por el Gobierno del Partido Popular no tocan la ley. No se habla, cuando es lo principal, de los necesarios cambios en la normativa hipotecaria, de arrendamientos y del suelo. Normativas, recordemos, que han posibilitado llegar a la situación actual y que, en el caso concreto de la Ley Hipotecaria, es contraria a la normativa europea de protección del consumidor, tal y como ha sido dictaminado por el Tribunal de Estrasburgo. Únicamente se establece una moratoria de dos años para las familias más «vulnerables».

No son medidas retroactivas. Es decir, los que hayan perdido su vivienda no la recuperarán. Lo que sí podrían hacer, según el Gobierno español, es acogerse a una de las viviendas de alquiler bajo. Recordemos durante los últimos años se han producido alrededor de 400.000 ejecuciones hipotecarias y 185.000 desahucios en todo el estado español. ¿De qué viviendas está hablando el Gobierno español?, ¿De dónde piensa obtener tal cantidad de inmuebles?, ¿Cómo las piensa gestionar?, ¿Para cuándo?

El Partido Popular no habla de que con la entrega/desalojo de la casa se salde la deuda con la entidad financiera. Dice el ministro de Economía que «las deudas y los intereses hay que devolverlos». Es decir, no hay dación en pago.

Insistimos, las medidas anunciadas por el Gobierno del PP se adaptan como un guante al diseño previo realizado en días anteriores por la Banca española.

Hay dinero para salvar a los bancos pero no para salvar a las personas. Es más, va a haber miles de viviendas en el famoso Banco Malo que se van a «mal vender» para que algún otro siga haciendo grandes negocios al respecto.

Está claro que en Madrid no tienen capacidad ni voluntad real para hacer frente a este grave problema. Nos corresponde a nosotros y nosotras, a la sociedad vasca en general, presentar propuestas eficientes y buscar alternativas a esta situación. Es necesario abrir un debate a fondo entre los agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria. La unión de fuerzas de izquierdas y soberanistas propone la creación de un «Instituto Público de Vivienda».

Por último, hacemos un llamamiento a los y las ciudadanas vascas a que acudan a la manifestación que mañana sábado, 17 de noviembre, se celebrará en Bilbao.