Gonzalez, Ares y la justicia de los poderosos

Jonathan Martinez – Alternatiba

Hoy hemos sabido que el Gobierno de Felipe González reservó 25 millones de pesetas para asesinar al diputado vasco Santi Brouard el 20 de noviembre de 1984. González nunca ha sido juzgado y a día de hoy factura 126.500 euros anuales como consejero de Gas Natural y se dedica a dar lecciones morales sobre la perversidad de los escraches.

Hoy hemos conocido que la ertzaintza de Rodolfo Ares diseñó el asesinato de Iñigo Cabacas, que los soldados recibieron órdenes de “entrar con todo lo que tenemos, entrar a la herriko” cuando se comunicó que no había ningún problema. Ares nunca ha sido juzgado y podrá retirarse con un jugoso sueldo vitalicio.

Pero no vayáis a pensar que la justicia no actúa: esta misma mañana, la guardia civil ha detenido al dirigente de Sortu, Iker Rodrigo, por haber presenciado la repatriación de un cadáver que las autoridades han ocultado durante varios días.

Claro que existe la justicia; los poderosos la administran y los miserables la padecemos.

Alternatiba acusa al PP de tejer cortinas de humo en forma de detenciones para ocultar sus políticas vulneradoras de derechos humanos

El portavoz de Alternatiba Jonathan Martínez, ha criticado duramente la detención del dirigente de Sortu Bizkaia Iker Rodrigo, producida esta mañana por la Guardia Civil; “es evidente que la detención tiene objetivos muy concretos, y se enmarcan en la campaña del delegado del gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, quien volvía a advertir ayer que persigue la ilegalización de Sortu y de Bildu”.

Desde la formación de izquierdas se han preguntado por qué de entre las personas que se encontraban en el acto cuya organización imputan al miembro de Sortu, han decidido detener precisamente a Rodrigo, y han subrayado la declaración de la familia López Peña que ha recordado que se trataba de un acto privado en el que nadie más que familiares y allegados del difunto ha tenido nada que ver. Esto hecha por tierra las excusas argumentadas para detener a Rodrigo.

Martínez ha denunciado que este movimiento por parte del gobierno del Reino de España supone una “escalada cualitativa en su campaña demencial contra la pacificación y la normalización política de Euskal Herria”, en la medida en que han detenido por primera vez a un miembro de Sortu, organización totalmente legal y cuyos estatutos apuestan con claridad por las vías pacíficas y rechazan todo tipo de violencias.

Desde Alternatiba han lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy requiera de “cortinas de humo en forma de detenciones para cubrir sus políticas vulneradoras de derechos humanos, sus corruptelas, su servilismo a los dictados de las élites financieras que ordenan las medidas que su gabinete ejecuta y esconder, asimismo, los peores índices de popularidad, tanto del PP como del bipartidismo español en su conjunto, de la historia”. Y es que, curiosamente, ha proseguido, “todo esto sucede el mismo día en que descubrimos quién ha asesinó a Santi Brouard y se revela cómo se ejecutó la orden que acabó con la vida de Iñigo Cabacas”.

Finalmente, Martínez ha querido expresar la solidaridad de su formación tanto con Rodrigo como con Sortu y han llamado a participar en la movilización de esta tarde que exigirá en Erandio la inmediata puesta en libertad del detenido.

Alternatiba critica la condena contra jóvenes cuyo único delito es la militancia política

El portavoz de Alternatiba Gipuzkoa, Xabier Soto, ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer esta mañana y que ratifica la condena de seis años de prisión dictada por la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes por pertenecer a Segi: “En tiempos donde deberían duplicarse los esfuerzos para lograr la paz y la normalización política de este país, volvemos a encontrarnos con penas de cárcel a jóvenes cuyo único delito ha sido la militancia política”.

Desde Alternatiba han querido recordar que hace precisamente un mes, el 9 de marzo, una gran movilización recorrió las calles de la capital gipuzkoana para arropar a los jóvenes cuya condena se ha confirmado y para denunciar la represión que sufren otros. Ya entonces, Alternatiba llamó a “tender puentes y ayuda a todas aquellas personas en situación de indefensión”. En esta ocasión, Soto ha querido remarcar las palabras de otro joven condenado por su militancia política que afirmó que “algo debemos estar haciendo mal si permitimos que sigan encarcelando jóvenes”.

Finalmente, el portavoz de la formación de izquierdas ha anunciado que secundarán cuantas movilizaciones de apoyo convocarse en los próximos días, “desde el convencimiento de que la movilización social es necesaria para evitar que haya personas que sigan sufriendo las consecuencias del conflicto”.

Los datos del paro en Bizkaia constatan el fracaso de las políticas del PNV

Los últimos datos referidos al desempleo que sitúan a Bizkaia en el primer puesto de este nefasto  ranking en el contexto de Hego Euskal Herrria, con un acumulado de 100.399 personas sin empleo, lo que supone un incremento del 1,19% (1.183 parados más que el mes de marzo) vienen a constatar que la pretensión del PNV de reactivar la economía y crear empleo y riqueza aplicando las mismas políticas neoliberales que nos han llevado a la actual situacións es una quimera.

Como no podía ser de otra manera, el partido que gobierna ininterrumpidamente Bizkaia desde la muerte del dictador sin una decidida vocación soberanista y preso de su ideología de derechas, es incapaz, en la actual situación de emergencia, de aplicar políticas socioeconómicas que hagan realmente frente a la desigualdad, abandonando las grandes infraestructuras, regulando una fiscalidad realmente progresiva y comenzando a crear riqueza y empleo desde los más cercano, desde los municipios y las comarcas.

Lejos de apostar por políticas sociales y de afrontar la creación de empleo, el PNV hace como que aquí no pasa nada y se enroca en su inacción. En su estrategia de mantenerse en el poder hasta que pase lo peor, intenta sacar adelante unos presupuestos con los que seguir ganando tiempo. Y no duda, para ello en acercarse a UpyD, de igual manera que en Bizkaia sacó adelante sus cuentas  mediante el acuerdo que alcanzara con el PP.

La publicación de los datos del desempleo han coincidido en el tiempo con la inauguración de la planta de coque que Petronor ha puesto en marcha en Muskiz, mediante una inversión de 1.000 millones de euros que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha calificado de “inyección de confianza y base de la recuperación”. La alternativa del PNV para este pueblo es, por lo tanto, la contaminante escoria de un combustible fósil tratada en una refinería cuyo propietario mayoritario es la multinacional Repsol.

EH Bildu considera que esta operación ha sido una imposición de principio a fin. Tanto la construcción, como la actividad de la planta han sido declaradas ilegales por un juzgado, toda vez que los mandatarios jeltzales han vuelto a rendir pleitesía al representante de la presunta corrupta monarquía española encargado de inaugurar la planta.

Alternatiba llama a participar en la manifestación silenciosa del sábado contra las medidas de excepción y por los derechos de todas las personas

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía vasca a participar en la manifestación silenciosa convocada por Herrira en contra de las políticas penitenciarias de excepción, que bajo el lema “Nunca más. No más muertes, no más sufrimiento. Derechos humanos. Solución. Paz” recorrerá este sábado las calles de Bilbao. Matute ha descrito las políticas penitenciarias de los estados francés y español como “instrumentos punitivos que no sólo vulneran los derechos humanos más fundamentales de los y las presas vascas, sino que también atropellan el derecho  de sus familiares y allegados a poder visitarlos y conocer el estado de salud en el que se encuentran”.

Desde Alternatiba han recordado la conculcación sistemática de derechos humanos que día a día se practica en los sistemas penitenciarios diseñados desde los gobiernos de Madrid y Paris: “Deniegan la puesta en libertad de presos y presas enfermas, utilizan la dispersión como medida de ataque psicológico y practican la tortura, tal y como han constatado en numerosos informes reconocidos organismos como Amnistía Internacional o la propia ONU”.

Ante esta situación, y en alusión a la muerte de los presos López Peña y Figueroa, recientemente fallecidos a consecuencia de estas medidas de excepción, Matute ha exigido el “cumplimiento del mandato de la ciudadanía vasca que mayoritariamente se ha pronunciado a favor de la inmediata puesta en libertad de las personas presas con enfermedades graves e incurables”. También ha denunciado las “graves consecuencias de la dispersión, a las que hace tan solo unos días se ha sumado otro accidente, cuando dos amigos del preso Jabi Martínez colisionaron cuando volvían de Jaén”. Por otro lado, Matute no ha querido olvidar el último episodio de tortura denunciado por el preso Arkaitz Bellon en la cárcel de Sevilla, “donde varios funcionarios carceleros lo golpearon sin ningún escrúpulo”.

Igualmente graves, ha proseguido, “son las imputaciones a portavoces políticos de Euskal Herria a los que pretenden sentar en el banquillo por expresar opiniones y realizar consideraciones que en cualquier lugar del mundo donde han existido conflictos armados son parte del lenguaje habitual”. Esta actitud, “lamentablemente, responde a la negativa de Madrid de realizar el menor gesto en pro de la pacificación y la normalización política de este país, además de buscar un subterfugio que retire la atención mediática sobre un estado en crisis, donde la corrupción política aflora por momentos y en todas las capas de la administración y la jefatura del estado”.

Finalmente, el portavoz de la formación de izquierdas ha exigido a los estados español y francés que “abandonen de inmediato su postura extremista y acaben con las políticas penitenciarias de venganza, para garantizar los derechos de todas las personas”. Por ello, Matute ha reiterado la necesidad de manifestarse para seguir reclamando el compromiso con la paz y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, tal y como se hará mañana en la marcha silenciosa que partirá de La Casilla a las 17:30. En la misma participará una delegación de Alternatiba, con el propio Matute entre otros representantes.

Comunicado de EH Bildu, cuando se cumple un año de la muerte de Cabacas

Pronto se cumple un año del día que murió el joven Iñigo Cabacas, debido a un pelotazo disparado por la Ertzaintza. Sobre la información que destapa que la decisión de enfrentarse con violencia a los reunidos y a las reunidas en el callejón de Indautxu salió de la comisaría de Deusto, EH Bildu denuncia que desde aquel 5 de abril de 2012 ha habido tiempo suficiente y de sobra para esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, la coalición considera que es inadmisible que todavía no se haya encontrado a los responsables políticos y policiales del caso. Así, queremos aprovechar este aniversario para denunciar con toda la contundencia que merece el asunto, el hecho de que los únicos imputados en este caso hayan sido algunos jóvenes que participaban en las protestas que se sucedieron tras la muerte de Cabacas.

Así, exigimos al PNV que llegue hasta el final en la investigación que, parece, comenzó el departamento de Interior hace un año. Concretamente, pedimos a la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia que actúe con responsabilidad y que dé todos los pasos necesarios para esclarecer definitivamente quiénes son los responsables de aquella muerte.

Asimismo, pedimos a la Fiscalía que actúe con valor, para no convertirse en cómplice de la muerte de Cabacas y actúe ajeno a las presiones políticas, con el objetivo de llevar a cabo una investigación rigurosa y precisa que contribuya a esclarecer el caso.

EH Bildu anuncia que seguirá trabajando, en el Parlamento y en los foros que sea necesario, para que se esclarezca definitivamente el caso Cabacas.

Regalos y gestión pública

Diana Urrea, Asier Imaz, Eva Blanco y Ernesto Merino representantes de EH Bildu

Los casos de corrupción que copan las portadas de todos los diarios ofrecen un panorama desolador. La gente de la calle está perdiendo la escasa confianza que tenía en los responsables de los partidos e instituciones y la actividad política se ha devaluado hasta ser considerada uno de los mayores problemas de la ciudadanía.

Día tras día los medios de comunicación se encargan de ofrecernos datos en cascada sobre los casos de corrupción más sangrantes; el caso Gürtel, el caso Urdangarin, Bárcenas, el expolio de la CAN y las dietas de Barcina y demás amiguetes,… Tenemos muchos datos, y aún así nos quedamos con la impresión de que solo nos vamos a enterar de lo que quieran que nos enteremos, lo justo para que los cimientos del sistema no se resientan seriamente.

En todo caso, existe la impresión de que estos casos de corrupción se están utilizando para algo más, luchas intestinas al margen. Igual que la crisis se ha aprovechado para dar la puntilla al Estado de Bienestar, para restringir los derechos de los y las trabajadoras y para abrir un proceso de recentralización del Estado, existe la fundada sospecha de que los casos de corrupción se están utilizando para tratar de vender una imagen de la «clase política» como corrupta y que actúa exclusivamente en beneficio de su bolsillo y de las arcas de su partido.

Y como eso es así, se hace necesario actuar, y para ello rápidamente el Gobierno del PP anuncia medidas, que no son otras que las de diseñar un futuro en el que las instituciones ya no quedan en manos de los políticos (que son todos unos corruptos, se argumenta), sino en manos de técnicos, de funcionarios, tecnócratas, que tendrán capacidad para decidir cuánto y en qué gastar, independientemente de la ideología política o el programa electoral que haya elegido la ciudadanía. Esto pretende de manera indisimulada el Gobierno del PP con las medidas que anuncia de cambios en la Ley de Bases de Régimen Local, por ejemplo: disminución de número de concejales, eliminación de municipios…

Pero la afirmación de «todos los políticos son iguales», por otra parte entendible desde el hartazgo que invade a la ciudadanía, es falsa, es interesada, y oculta que hay otro modelo de hacer política. No es cierto que el poder corrompa de por sí. Hay formaciones políticas de dilatada trayectoria que nunca nos hemos visto salpicadas por la más mínima sombra de duda.

La corrupción está en la raíz del modelo de gobierno de algunos partidos políticos. Incluso el más simple análisis superficial concluye que nadie regala nada, ni un Jaguar, ni un bolso de marca, ni un traje, si no espera recibir algo a cambio. En el mismo orden de cosas, no hay que ser un lince para aventurar que ninguna empresa hace una donación a un partido político que gobierna una institución, si no espera recibir alguna contraprestación.

La mayoría de las tramas de corrupción nos llevan a empresarios, constructores en demasiados casos, amigos de los políticos corruptos, y a las noticias nos remitimos. Y hablando de empresas constructoras y de nuestras instituciones, otra costumbre arraigada en España y que aquí alguno no tiene empacho en copiar, es el de las desviaciones presupuestarias en las adjudicaciones de obras públicas, es decir, obras adjudicadas de manera presuntamente legal, todo dentro del pertinente expediente inmaculado, en las que el precio final excede muy ampliamente (en ocasiones lo duplica) el precio inicialmente adjudicado, lo cual lleva a otra pregunta ¿Cómo se entiende que aquellas empresas que hacen tan mal sus previsiones no solo no reciben sanciones de las instituciones sino se vean recompensadas con más adjudicaciones?

Y de esos casos tenemos un par de ellos por aquí: los inasumibles sobrecostos en la construcción de la AP1, los desfases en Bidegi, por ejemplo. En ese tipo de casos, cabe preguntarse cómo de agradecido puede llegar a ser un constructor que factura a una institución pública un 48% más de lo pactado.

Si a este juego de intereses unimos un sistema de partidos políticos que contempla la donación como instrumento de financiación opaco y posibilita el cambio de favores, nos encontramos un panorama negro.

Un escenario descorazonador pero no sólo en España, en Euskal Herria también hay un «tráfico» de donaciones que estaría bien saber si ocultan o no favores. Según se publicaba hace poco, hay un partido vasco realmente hábil a la hora de captar recursos: el PNV es el tercer partido que más dinero ha ingresado por medio de donaciones en el plazo de diez años, concretamente casi 22 millones de euros (más de tres mil quinientos millones de las antiguas pesetas), por 46.577.789 euros de CiU, y 39.185.016 del PP. En el caso del PNV, además, la práctica totalidad de estas donaciones, el 86%, fueron anónimas.

Es decir, a nivel estatal el PNV tiene un muy honroso tercer puesto en donaciones recibi- das, después del PP y de CIU (y antes curiosa- mente que el PSOE), pero si el cálculo se hace referido al territorio en el que actúa cada partido político (Catalunya, España, CAV) y a los habitantes de estos territorios, es decir, por donaciones per cápita en función de la pobla- ción, el PNV gana por goleada: recibe 10 euros de donación por persona -tomando la CAV como su territorio «contractual»-, le sigue CiU, con 6,15 euros por persona, y el PP, mucho más lejos, 0,80 euros. Los campeones de la gestión son también campeones de la capta-ción de recursos por lo que se ve. Y sin embar-go, cuando se van de cena a un restaurante de casi 200 euros por persona con angulas incluidas, pagan la cuenta con dinero público.

Hay corrupción, es innegable, seguramente más de la que conocemos. Y mientras la sociedad asiste atónita el enriquecimiento ilícito de unos políticos que gozan de cuasi impunidad ante la justicia y son arropados por las cúpulas de sus partidos, también se oculta a la ciudadanía que hay formaciones que actúan desde la legalidad y, lo que en este caso es más importante, desde la ética.

Ética que no sólo quiere decir no robar sino también gestionar bien el dinero público, el dinero de todas y todos. Y en este punto hay muchos matices: que los y las parlamentarias -con sueldos muy superiores a la media de la sociedad- se compren su tablet, que las dietas por viaje sean ajustadas… Son temas sobre los que EH Bildu ya se ha posicionado y ha logrado cambios en situaciones consolidadas.

Los cargos públicos de EH Bildu firmamos un contrato ético con la sociedad vasca en el que, entre otras cosas, nos comprometimos con una nueva forma de hacer política, a gestionar el dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Entendemos que en esta espiral de escándalos y corruptelas, este compromiso pueda ser visto desde la desconfianza pero también es cierto que a día de hoy nadie puede decir que ni los cargos públicos de EH Bildu ni los de los partidos que formamos la coalición tengamos pecado de corrupción. No todos los políticos son corruptos, no todos están guiados por el interés y el modelo de gestión de quienes salen en los titulares día a día no es el único. Hay otro modelo de hacer política y de gestionar el dinero público. Lo estamos demostrando.

Declaración de la Coordinadora Nacional de Alternatiba en el Aberri Eguna: Libre y socialista

El próximo Aberri Eguna del 31 de marzo es un día de celebración y reivindicación para la izquierda soberanista de Euskal Herria. Celebramos que somos un pueblo vivo y en marcha, que pese a las zancadillas y a la represión seguimos caminando con paso firme, y celebramos también que en los últimos años hemos avanzado en la unidad de acción de los sectores populares que queremos construir nuestra nación desde abajo y a la izquierda. Pero sobre todo, el 31 de marzo reivindicamos nuestra soberanía como pueblo, una soberanía usurpada, negada y acallada históricamente por quienes detentan el poder.
 
Niegan la soberanía de este pueblo quienes nos prohíben el ejercicio democrático de la libre determinación, quienes apelan a las armas del ejército para garantizar la sacrosanta unidad de España, o quienes sostienen una monarquía que recoge el testigo franquista de la homogenización cultural española. Niegan nuestra soberanía como pueblo quienes se empeñan en repartir nuestro territorio en distintas realidades administrativas, quienes menosprecian nuestra lengua o la relegan a pieza de museo o a curiosidad folklórica. Y niegan la soberanía de Euskal Herria quienes persisten en la vulneración de derechos civiles y políticos, quienes siguen anclados en la prohibición, la represión y la venganza como armas políticas.
 
Pero también nos niegan la soberanía a las clases populares de este país cada vez que nos imponen medidas de recorte bajo el eufemismo de la «austeridad», cada vez que nos hacen pagar con un nuevo abuso de poder por una crisis que no hemos provocado. En estos tiempos de expolio programado en los que una élite gobernante roba a manos llenas a un pueblo indefenso, la reclamación de nuestra soberanía popular cobra un nuevo significado. En un mundo donde las decisiones sobre nuestra vida inmediata no se toman en asambleas populares ni en instituciones públicas sino en despachos mucho más oscuros y ajenos a la democracia, reclamar nuestra soberanía plena es un requisito de supervivencia.
 
Euskal Herria quiere ser un pueblo soberano. No para cambiar de dueño sino para vivir sin dominaciones. Nuestro pueblo quiere tener voz propia junto a otras naciones del mundo y tejer nuestras propias relaciones de solidaridad internacionalista por mucho que los gobiernos de Francia y España se empeñen en silenciarnos, suplantarnos y diluirnos. Nuestro pueblo quiere tener voz y decisión para levantar un sistema económico y social hecho a medida de las personas y no a medida de la acumulación de capital. Queremos soberanía para defender nuestro territorio de las agresiones desarrollistas y garantizar nuestra soberanía alimentaria y la pervivencia del agro vasco. Queremos vivir libres de un patriarcado que mata, que discrimina, que veta a las mujeres su propia soberanía.
 
Tenemos por delante el reto de construir una nación libre formada por personas libres. Es el reto de plantar cara a las imposiciones contra nuestro pueblo, vengan de donde vengan y adquieran la forma que adquieran. Por eso luchamos por una Euskal Herria mayor de edad, que pueda elegir su propia configuración política sin depender de injerencias externas. Luchamos por una resolución al conflicto político por encima de bloqueos gubernamentales que recuerdan a tiempos tenebrosos. Nuestra lucha es la de un país solidario, antiimperialista, ecologista, feminista, radicalmente democrático. Nuestra lucha, la lucha de Alternatiba es, en definitiva, por una Euskal Herria libre y socialista.

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