Alternatibako Kontseilu Nazionalak azaroaren 20ko hauteskundeetara ezker abertzalearekin, Eusko Alkartasunarekin eta Aralarrekin batera aurkeztea berretsi zuen atzo Donostian eginiko bileran. Alternatibako bozeramaile Oskar Matutek esan duenez, apustu honek “beste urrats bat da ezkerreko indar anitza eta subiranista eraikitzeko bidean, euskal gizarteak abiatutako aldaketa sozial eta politikoa Madrilen ahots ozenez eramango duena”.
El proceso de fusión de las tres cajas de la CAPV ha generado un intenso debate en el seno de Alternatiba. Así, por un lado, en la discusión no se ha podido obviar el contexto de ofensiva capitalista ultraliberal en el que nos hayamos inmersos, que se plasma, en el oscuro y antidemocrático entramado de las cajas y del sistema financiero del Reino de España, en una muy desigual correlación de fuerzas entre los adalides del sistema y los que queremos avanzar hacia una Euskal Herria emancipada. Por otro lado, también hemos tenido en consideración que éste era un proceso opaco, en marcha, muy avanzado – garantizada a todos los efectos ya la fusión de Vital y BBK – e irreal en la representatividad en territorio guipuzcoano.
Ante este contexto, ante esta correlación de fuerzas, Alternatiba ha entendido que BILDU tenía que jugar bien sus cartas para poner diques de contención a los procesos en ciernes de destrucción de la Obra Social y de privatización inmediata del sistema financiero público vasco. En este sentido, Alternatiba ha apoyado el acuerdo, ya que se han introducido medidas que dificultan la entrada de capital privado, así como la venta de la propiedad pública. Estos diques de contención no han existido en ningún otro proceso similar dentro de esta ola de bancarización de las Cajas de Ahorro.
No obstante, la lucha continúa. El acuerdo, como ya hemos dicho, define trincheras que dificultan la privatización, pero aún queda un largo camino por delante. Confiamos en que en los escenarios futuros la presencia de la izquierda soberanista y alternativa altere radicalmente la correlación de fuerzas, cerrando así de manera taxativa la vía de la privatización, y redefiniendo las finanzas públicas hacia un modelo democrático, transparente, con una delimitada función social centrada en criterios ecológicos y contra el cambio climático, en la creación de empleo de calidad, en la defensa de la economía del cuidado, de la soberanía alimentaria, etc.
Sostenemos así que la necesaria decisión de las asambleas de las tres cajas para la entrada de capital privado -a expensas de lo establecido por el Banco de España u otro órgano competente-, o el compromiso de no transmitir los activos a terceros salvo en causas muy específicas, establece un campo de juego diferente, en el que habrá que moverse con toda la determinación del mundo para avanzar en nuestros postulados, en la defensa de una banca pública y social, y en defensa de un Marco Vasco de Relaciones Laborales. La lucha continúa.
Ana Etxarte y Oskar Matute
Portavoces nacionales de Alternatiba
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado hoy la “enésima piedra” que la Audiencia Nacional ha puesto hoy en el camino hacia la paz y a la normalización política de Euskal Herria al condenar a Arnaldo Otegi, Rafa Diez y el resto de imputados en el caso Bateragune. Igualmente, ha calificado de “sinsentido” atribuir pertenencia a banda armada a un grupo de personas que pretendían construir una apuesta política para la superación de un conflicto.
Alternatiba denuncia una sentencia “injusta y cruel”, que deja en “evidencia la nula justicia de lo que nos quieren vender como un estado de derecho”, una condena que “cercena la libertad de participación política, censura la libre expresión de ideas y vulnera el derecho de reunión”. Matute ha recordado que, a lo largo del proceso, el propio Otegi ha reiterado y clarificado la “apuesta por las vías exclusivamente políticas” de la izquierda abertzale, determinación ante la cual la Audiencia Nacional, con un juicio de carácter político, “ha optado por dilapidar las esperanzas de miles y miles de hombres y mujeres que ansían la resolución del conflicto que desde Madrid se empeñan en perpetuar”.
El portavoz de Alternatiba ha subrayado que otra de las instancias del sistema judicial español, el fiscal general del estado, “anticipándose quizá a la llegada a la Moncloa de un inquilino aún más totalitario”, también ha salido a la palestra para pedir al Tribunal Constitucional que no permita la legalización de Sortu de cara al 20N, lo cual demuestra una vez más “hasta que punto Madrid vive de espaldas al nuevo tiempo político y social emprendido por la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, que demanda la paz, la restitución plena de todos los derechos para todas las personas y el respeto a la libre decisión democrática expresada por el pueblo vasco”.
Matute se ha reafirmado en el buen camino emprendido a lo largo de este año, “capaz de romper una dinámica de vulneración sistemática de derechos” y ha llamado, en nombre de Alternatiba, a participar en todos los actos y expresiones de solidaridad con los condenados que puedan convocarse en los próximos días.
Exabier Arrieta > Militante de Alternatiba
En vacaciones y con alevosía. El presidente de España, Rodríguez Zapatero, nos ha sorprendido en el fin de la época estival con una propuesta de reforma de la Constitución, nada menos que para establecer un techo máximo de gasto en los Presupuestos del Estado, cargándose así lo poco que queda del Estado de Bienestar. El penúltimo ataque contra la clase trabajadora arrancó el pasado día 29 en el Congreso y fue refrendado ayer en el Senado.
Esta última intentona no es una más; graves han sido las reformas laborales, del sistema de pensiones, la reciente rebaja del IVA para favorecer que bancos y promotoras se liberen de su stock de viviendas a costa de los contribuyentes; pero esto supone un salto monumental en la agresión a la clase trabajadora, una reforma en la Constitución planteada en tiempo record, sin margen para el debate, sin referéndum en lo que de facto tiene como consecuencia que en la Constitución Española se plasme una ideología concreta para cualquier futuro Gobierno, esto es, se marca el neoliberalismo como única opción ante un eventual planteamiento keynesiano que sería inconstitucional.
Si se aprueba la reforma se actuaría contra el gasto público y no a favor de aumentar el ingreso de las arcas del Estado. Los verdaderos poderes, los sacrosantos mercados, Banca y demás especuladores han conseguido convertir su deuda privada en deuda pública, las rentas del trabajo se ven cada vez más castigadas en comparación con las rentas del capital, no se actúa con seriedad contra los paraísos fiscales y las transacciones financieras internacionales, no se apuesta por una Banca verdaderamente pública que potencie las pymes y los sectores estratégicos de nuestra sociedad, por cierto, sectores cada vez más privatizados. No, lo que se nos dice es que el Estado está endeudado y necesita austeridad, no ingresando más de los que más tienen sino recortando derechos básicos.
El objetivo último no es otro que avanzar hacia el modelo estadounidense, con matices, claro. Si usted quiere una sanidad de calidad contrátese un seguro privado. Si quiere tener una jubilación digna hágase un plan de pensiones privado, por cierto, en el Banco, que necesitan liquidez.
La clase trabajadora tenemos que decir al PPSOE que ya basta. Es más necesaria que nunca la movilización en la calle, en los centros de trabajo (el que tenga claro está) y en las urnas. Y en nuestro ámbito más cercano hay que denunciar el comportamiento del PNV, un colaborador necesario de todo lo anterior y que pide acompañar esta reforma con un apunte sobre “el derecho de decidir”. La lucha sobre la autodeterminación territorial de los pueblos no puede ir separada del resto de los derechos que nos corresponden y ese sí es el modelo por el que luchar.
Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, formación perteneciente a Bildu, ha subrayado en Radio Euskadi que la coalición no defiende «un proceso de amnesia» que deje en el olvido lo vivido en Euskadi en las últimas décadas. Matute, asimismo, se ha referido a las palabras que Martín Garitano, diputado general de Gipuzkoa, pronunció el viernes en Cataluña, en relación a los atentados perpetrados por ETA en dicha región, y ha manifestado que estas declaraciones, que han levantado una intensa polémica en los últimos días, fueron recibidas, inicialmente, como un avance «más significativo que otros» dentro de la exigencia que el resto de partidos lanza a Bildu en el sentido de que la coalición rechace la historia de la banda. Estas declaraciones no se hicieron con intención de menospreciar a ninguna víctima, según ha detallado.
En palabras de Oskar Matute, lo importante, más que Bildu muestre mayor «severidad» en su condena a ETA y su pasado, es que esta formación vea que la violencia «solo trae niveles de perversidad». En este sentido, subraya el compromiso de la coalición para superar democráticamente una etapa marcada por la violencia, sin «olvidar» ni «correr un velo relativo», y con la exigencia, compartida sin ambages por Alternatiba, de que dicha violencia desaparezca. «Me interesa -ha expuesto Matute- que en cinco años todo esto se vea como un camino de superación», en el que Bildu, ha afirmado, también está implicado. «Todos nuestros cargos públicos han firmado contra la violencia», ha añadido, antes de recordar que el Acuerdo de Gernika, también rubricado por Bildu, es, igualmente, muy claro en este sentido.
El portavoz de Alternatiba es consciente, como ha afirmado, de que Bildu es centro de muchas miradas y debates, y piensa que hay partidos que utilizan la coalición como «arma arrojadiza» ansiando la formación de frentes, con actitudes más propias, ha expresado de hace una década.
Testua eta bideoa: Radio Euskadi
El proceso de fusión de las cajas ha llenado tantos titulares de periódico y ha abierto tantos espacios informativos que parece ya inexorable. Así nos han vendido también las reformas laborales más regresivas de Europa, los ataques contra el sistema público de pensiones o los notables retrocesos en la totalidad de los servicios sociales. La crisis provocada por aquellos que se benefician ahora con sus consecuencias se ha convertido en excusa para todo, también en el convulso mercado financiero.
Una vez más, se nos oculta la realidad, se cubren de argumentos opacos las verdaderas razones que subyacen en la fusión fría de las, hasta ahora idealizadamente nuestras, cajas de ahorro. No existe problema alguno de solvencia para BBK, Kutxa y Vital, desde ningún punto de vista, tal y como han demostrado recientemente las pruebas desarrolladas en parte del sistema financiero europeo.
El objeto real, por tanto, no es otro que sustraer dinero público para inyectárselo a los mercados privados, tal y como ya hicieron con los rescates del sistema financiero o, de manera aún más descarada, con la reforma de las pensiones. Que nadie se lleve a engaño, es un asalto más a las arcas públicas para mejorar aún más, si cabe, los resultados y la situación de la banca privada. La clase política ha permitido a los culpables de la debacle erigirse en jueces, en árbitros que han sentenciado que el pueblo pague sus desmanes.
Se nos ha querido dibujar una situación, irreal a la par que interesada, donde las cajas aparecen como entidades demasiado politizadas en las que no existen gestores capacitados, un abismo insondable donde los mercados internacionales prefieren los supuestamente más eficaces bancos. Partiendo de la mala pero muy puntual situación de algunas cajas españolas, se han endurecido las condiciones sobre las cajas que, por la nueva Ley de Cajas, se ven abocadas a la búsqueda de capital privado.
En la CAV se tejen aún más cortinas de humo, y es que, aparentemente, ante el ambiente anti-caja y pro-bancarización, se asegura que se mantendrán el control público sobre la nueva Sociedad de Acciones (Kutxa Bank) y la obra social, la siempre malinterpretada caridad de las cajas que sirve tanto a entidades que dejan de pagar impuestos por prestar un servicio del que a su vez, y muy a menudo, el estado se desentiende.
Pero todo esto es tan solo, y siendo magnánimos, una verdad a medias, porque lo que quieren ocultar es un proceso de bancarización similar al desarrollado en Italia en los años 90. Puede resumirse en un banco que separa su actividad de la obra social, convirtiendo a esta en fundación que, a su vez y solo en un principio, controla el banco. Posteriormente se produce la entrada de capital privado que, poco a poco, va reduciendo el peso de la fundación en la toma de decisiones. Finalmente, todo deriva en la separación absoluta de banco y fundación, con la salida de esta del órgano de decisión y liquidando la obra social.
Ante el grave ataque contra el último reducto de las finanzas públicas, muy limitado ya y con grandes contradicciones, Alternatiba defiende un sistema financiero público, transparente y democrático. Apostamos por una Caja de Ahorros única para los tres territorios de la CAV, que se adecúe al tamaño y al tejido empresarial y social del país. Una nueva Caja de Ahorros que defina su función social y que trascienda el rol de banca comercial para ser una banca de inversión que facilite la inversión productiva, en base a criterios ecológicos y sociales.
Queremos una caja que no apueste por la especulación financiera, que rechace la inversión militar, los megaproyectos y la energía fósil. Necesitamos una caja que cumpla con una funciones sociales concretas, que conceda los préstamos e inversión adecuados a las prioridades de una economía del cuidado, que fomente la generación de empleo de calidad y la lucha contra el cambio climático, que apoye la soberanía alimentaria y el consumo de los sectores más vulnerables. Que priorice, en definitiva, la justicia social.
Y para dar forma a esta entidad financiera deberían establecerse un sistema de porcentajes de representación que tendría en cuenta a impositores, sindicatos, trabajadores, instituciones y movimientos sociales contra la exclusión y la pobreza.
Pero la pieza imprescindible de este engranaje cuasi utópico sería la transparencia, que se basa en el control social y la información total abierta a toda la ciudadanía. Un sistema de información aprobado por el Parlamento y las Diputaciones en el que, periódicamente, se informe sobre los créditos concedidos así como de las inversiones realizadas y no solo sobre la evolución general de la Caja.
Lástima que el banco que pretenden levantar de las cenizas de las cajas vascas y, a posteriori, también de su obra social, poco o nada se parezca a la Caja Vasca por la que apostamos. Y perderemos así la oportunidad de contar con una banca pública de carácter nacional y como instrumento de la economía nacional planificada, término que los más reaccionaros aborrecerán pero que se recoge en documentos de tan escasa mácula izquierdista como la constitución española.
Oskar Matute y Ana Etxarte – Portavoces nacionales de Alternatiba
Jorge Segoviano > Militante de Alternatiba
Una de las mayores paradojas de nuestro mundo capitalista es que mientras que la mayoría de productos que consumimos nos duran cada vez menos – cumpliendo la máxima que se nos inculca desde la cuna de “comprar, usar, tirar”- tendremos que vivir casi toda nuestra vida preocupándonos por el resultado de una operación monetaria que hicimos en un raro momento de optimismo. Me refiero a las hipotecas, por supuesto.
Las hipotecas, según filosofan algunos, son la cadena del esclavo moderno. Son uno de los mecanismos básicos de dominación capitalista, que permite que el hipotecado – la gran mayoría de nuestra sociedad- sea conformista y tenga miedo de perder sus ingresos antes que su dignidad o su salud. Cuantas personas he conocido que desperdician su vida en trabajos que no les gustan, mal pagados, etc. todo por poder pagar la casa que se compró tiempo atrás. Si malgastas tu vida, por lo menos podrás dejarles la casa a tus hijos, aunque con esa hipoteca que has firmado a 30 años, y tal como van aumentando los tipos de interés, lo mismo tus hijos tienen que terminar de pagarla. O lo mismo la pierdes antes de morirte…
La crisis se está haciendo estragos entre las filas de hipotecados – lumpen que diría Marx-, nos encontramos ante un alubión de embargos por impago de hipoteca. Lo hemos visto mil veces estos meses: familia con ingresos justitos para mantenerse, pagar la hipoteca y ahorrar un poco, ve drásticamente reducida su capacidad por culpa del paro galopante, y ya no puede pagar la hipoteca. Hipoteca que además ha subido de los 900 euros que pagaba en un principio a los 1300 que paga ahora.
¿Y ahora qué? Dejas de pagar y el juzgado te embarga, tu casa sale a subasta pública, nadie la compra – esta muy mal ahora para comprar, conseguir una hipoteca es cada vez más difícil- y el banco que te concedió la hipoteca amparándose en una ley hipotecaría que ha hecho de nuestro sistema bancario uno de los más solventes del mundo, se queda tu casa por el 50 % de su precio tasado. El resto de la deuda, intereses incluidos tendrás que seguir pagándola. No sería raro que, debido a los intereses y las subidas de los tipos de interés, el monto de tu nueva deuda sea similar al precio de la casa que has perdido. No te apures que el banco refinanciará tu deuda subiéndote los intereses a niveles de usura, y embargándote tu sueldo hasta que la pagues. Te encuentras con una deuda tipo “king size” y sin casa; y ahora vete y alquila un piso para vivir.
Esta situación no es nueva, lo que es nuevo es la cantidad de embargos que están afectando cada vez más a los ciudadanos debido a la crisis. Tantas casas se embargan que algunos bancos parecen sociedades inmobiliarias intentando colocar su parque de viviendas en el mercado, entras a la sucursal y te ofrecen un chalet o un piso amueblado. Pero yo no caigo, esta la cosa muy mal para comprar casas, los bancos han cerrado el grifo de los créditos hipotecarios.
Cada vez más voces alzan la voz contra esta medida injusta, demandando que se cambie la ley hipotecaria para que se establezca la denominada “dación en pago”, lo que viene a significar que cuando te embargan la casa, tu deuda se finiquita. Últimamente, además de las plataformas y asociaciones que trabajan en el tema, algunos partidos políticos (ERC, IU, ICV, CIU y BNG) han intentado impulsar esta medida desde el Congreso, encontrándose con la oposición frontal de grupos como el PSOE, el PP, CIU o CC. Su argumento es que en momentos delicados como este, no cabe arrojar cargas sobre el sistema financiero español (no vaya a ser que no den préstamos ni a los partidos políticos).
Esta situación preocupa al gobierno del reino de España, que se siente atosigado por la creciente movilización social que, gracias a la participación del movimiento de los “Indignados”, ha hecho que se paralicen unos cuantos desalojos, con gran repercusión mediática. Ya en Mayo el Congreso impulsó una subcomisión parlamentaria dependiente de Vivienda para el “análisis y posible reforma del sistema hipotecario español”. Ante diversas preguntas sobre el tema, el gobierno respondía con el soniquete de “estamos esperando las conclusiones de la subcomisión” que parece ser que está evaluando el coste que supondría la implantación de la “dación en pago”. Estas conclusiones tienen previsto presentarse allá por diciembre del 2011 o enero del 2012; como no se den prisa les pillan las elecciones generales, con todo lo que ello significa si es que no se hace realidad ela posibilidad de que los comicios se adelanten a noviembre.
Hoy mismo se ha aprobado un decreto en el Congreso para efectuar una de las medidas “paliativas” que anunció hace unos días Zapatero, ahora cuando te embargan tu sueldo mensual para pagar la deuda hipotecaria que tienes en vez de dejarte 641 euros sin tocar, te dejarán 961 euros. Bueno, subiéndolo un 30 % por cada miembro adicional en la familia. Esta medida, según el presidente de la asociación ADICAE (Asociación de Bancos, Cajas y Seguros), Manuel Pardos “solo sirve a la Banca para que te siga cobrando toda la vida y se alargue más el plazo de la deuda después de haberte expulsado de la vivienda”. Para el consejero delegado del BBVA Ángel Cano se trata de una medida “populista” y en cuanto al tema de la “dación en pago” dicha práctica “complicaría mucho la concesión de hipotecas”. Esta declaración ilustra la opinión que comparten todas las entidades bancarias así como la Asociación Hipotecaria Española.
En una situación en la que los bancos han cerrado el grifo del crédito, tanto a las familias como a los empresarios, esta amenaza hace surgir en mi interior una especie de furia nacionalizadora. El cuerpo me pide el establecimiento de un sistema público de crédito que sea eficaz y que haga lo que los bancos y cajas no hacen: inyectar dinero en prestamos e hipotecas en condiciones dignas. Pero este es otro tema.
Otras medidas que se están debatiendo en el congreso para paliar esta situación son la de elevar más allá del 50% actual el precio al que pueden comprar los bancos las casas que no se venden en subasta, o impulsar un sistema de subasta por Internet para que no haya tantas casas subastadas que no se vendan. Eso y una “redefinición” de la línea ICO (¿Inútil, Cara y Obsoleta?) para moratorias de hipotecas.
Entre tanto parche, ADICAE pide la simple y llana “dación en pago”, así como una paralización general de los embargos de tres años, pagando el gobierno los intereses a las entidades, de forma negociada. Esta medida ha sido adoptada en el pasado por varios países, de hecho Obama realizó una operación similar en Estados Unidos tras el escándalo de las “subprime”. Según sus estudios “entre 300 y 500 millones de euros pararían todos los embargos hipotecarios”.
Hay que ver la guerra que da tener las cadenas bien saneadas para que no nos haga ni rozaduras ni llagas.
Oskar Matute, ha valorado positivamente la “disposición a profundizar en un escenario de paz” expresado por ETA en el comunicado remitido hoy a los diarios GARA y BERRIA. A falta de conocer la totalidad del contenido del mismo, Matute ha subrayado el llamamiento realizado a todos los agentes para que trabajen “a favor de la solución y a abrir entre todos espacios para el diálogo y la negociación”, y espera que “la propia organización haga suyo dicho llamamiento”.
El portavoz de la formación de izquierdas coincide también al señalar que las elecciones del pasado mayo han dibujado un “escenario totalmente diferente” y es por eso que insta tanto al gobierno español como a la propia ETA a dejar que sea la ciudadanía la protagonista del camino que queda por recorrer, ya que “los resultados del 22M han demostrado que la sociedad vasca no requiere de tutelas de ninguna clase para construir su futuro, en paz y con la izquierda y la soberanía como bandera”.
Alternatiba se ha reafirmado en el deseo que expresó hace medio año cuando ETA declaró un alto el fuego permanente, general y verificable: “esperábamos entonces que fuera el principio del fin y este es un paso más en la buena dirección”. No obstante, Matute ha pedido al resto de agentes políticos y judiciales “que no esperen pasos ajenos para traer la normalidad y la restauración de derechos, civiles y políticos, que le deben a este pueblo”.
Hace casi tres años, 90 mujeres trabajadoras de la Residencia “Ariznabarra” para la tercera edad decidieron iniciar una huelga en defensa de sus derechos laborales. La huelga terminó 34 meses después. Este video es una breve crónica de un conflicto que ilustra la injusticia del actual modelo de cuidados, la responsabilidad de las instituciones públicas y la fuerza de lucha colectiva.
Asistimos, en la actualidad, a un fuerte proceso de desmantelamiento del estado de bienestar que pasa, en parte, por la privatización de lo público. Entre el carácter público de un servicio y su privatización no hay un abismo insondable, sino una línea de continuidad en la que la mercantilización se va justificando a medida que se redefine la propia noción de lo público. Se dice, por ejemplo, que el Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) garantiza los derechos de la ciudadanía aunque estos servicios se proporcionen por entidades privadas concertadas – con o sin ánimo de lucro – porque, en última instancia, hay un control de calidad y una financiación pública. Este proceso, más o menos sutil, oculta las verdaderas intenciones de las instituciones públicas vascas de crear nuevos espacios para la obtención de beneficios privados, adelgazando la responsabilidad pública en la satisfacción de las necesidades de cuidados y reforzando el desigual acceso a un derecho tan básico como el cuidado a personas en situación de dependencia. La actuales políticas públicas en relación a la provisión de cuidados podría simplificarse en un lema que no nos encontraremos en las marquesinas de los autobuses: “derechos sí, siempre que puedas pagarlos”.
El reconocimiento de la iniciativa privada en la provisión de cuidados recibió un gran espaldarazo después de la aprobación de la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad. A partir de estas dos leyes se fortalece la expansión de las empresas privadas, muy interesadas en obtener una parte de los beneficios que generan los cuidados. De esta manera, los cuidados siguen recayendo en manos femeninas pero no sólo dentro de la institución familiar sino también en el mercado laboral.
Así, el erroneamente denominado cuarto pilar del estado de bienestar nace más privatizado que ninguno de los otros tres (sistema de salud, educación y pensiones) al prever desde el inicio la existencia de prestaciones económicas asociadas a la compra de servicios en el mercado. En otras palabras, se da por hecho que la red pública será insuficiente, y no de manera temporal ni excepcional, sino generalizada y sostenida en el tiempo. Además, la figura del copago alcanza unas proporciones desconocidas en comparación con otros servicios públicos. De acuerdo con la memoria económica de la ley de dependencia se calcula que el copago financiará el 35% del coste total, fomentando la transferencia de recursos de las personas en situación de dependencia hacia el capital privado. No es el conjunto social quien, en base a un principio de solidaridad, se hace cargo del coste de un servicio que debería ser público, sino que se responsabiliza a las propias personas en situación de dependencia de sus diferencias.
Por otro lado, la privatización no ha servido para visibilizar socialmente el trabajo de cuidados en la medida que entendemos que ésta tendría que ver con: remuneraciones decentes, reconocimiento de saberes y derechos laborales asociados. Muy al contrario, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, tanto en el ámbito de lo público (donde todas las Diputaciones vascas, sin excepción, han promovido procesos de subcontratación, precarizando así el empleo en el sector público), como en el de lo privado con y sin ánimo de lucro. Así, después de la última reforma laboral y sin mecanismos expresos de exigencia por parte de las instituciones públicas, todo apunta a la consolidación de un sector con alarmantes índices de precariedad, tal y como demuestran la proliferación de conflictos laborales en el sector a lo largo y ancho de Euskal Herria.
A pesar de la creciente precariedad del sector, las instituciones y un discurso neoliberal cada vez más extendido defienden la privatización de los cuidados en la medida que crea un nuevo espacio de expansión empresarial y permite aumentar la tasa de ocupación femenina. De acuerdo con este discurso, estaríamos matando no sólo dos sino tres pájaros de un tiro: mayor tasa de empleo femenina, mejor cobertura en la satisfacción del trabajo de cuidados introduciendo mayor flexibilidad en la gestión y una mejora de los supuestos indicadores de bienestar: a saber, el incremento del PIB y tasa de empleo. El último estudio elaborado por el PSOE en el País Vasco, siguiendo a pie juntillas lo dictado por el PNV, lo expresa muy claramente en su lista de recomendaciones “a las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales se les recomienda que integren el potencial de empleo y crecimiento económico en la evaluación del coste/beneficio del despliegue del sistema de servicios sociales y en la reflexión sobre su sostenibilidad”.
Este discurso que se extiende bajo la falsa promesa de más empleo para las mujeres silencia el impacto del proceso de privatización sobre la garantía de derechos de toda la ciudadanía y, en especial, de los de las mujeres. Por un lado, ignora la dificultad de garantizar unos cuidados de calidad cuando están sujetos a una lógica productivista ya que las empresas privadas establecerán estándares de calidad sumamente diferenciados según el precio que se puede pagar, provocando un crecimiento muy fuerte de las desigualdades sociales. En otras palabras, cada persona recibirá los cuidados precisados en intensidad, contenido y calidad desigual según el poder adquisitivo.
Por otro lado, se fortalece un sector caracterizado por el recorte de los costes laborales, siendo ésta la vía fundamental de reducción de costes en un sector intensivo de trabajo. Esto supone la imposición de una fuerte presión a las trabajadoras, que intentan proporcionar un buen servicio aún cuando padecen condiciones de alta precariedad. Como consecuencia, este se reafirma como el sector laboral en el que se concentren las mujeres migrantes, dificultando sus posibilidades de movilidad laboral hacia otros sectores.
Por último, se consolida un modelo dual de sociedad. Por una parte, se sitúan aquellos segmentos de población con suficiente poder adquisitivo que satisfacen la mayor parte de las necesidades con la compra de servicios privados, principalmente empleadas del hogar, máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante. Por otra parte, se sitúan aquellos segmentos de la población que no tienen nivel de consumo y sustituyen compra en el mercado por provisión gratuita de servicios, siendo aquí absolutamente principal la figura de la cuidadora que, por supuesto, ejercerá este trabajo bajo unas condiciones paupérrimas.
En definitiva, los servicios públicos de cuidados que se han creado no son tales, sino que nacen privatizados- o se están privatizando- generando la proliferación de empleos sumamente precarios y de cuidados de dudosa calidad sometidos a las exigencias de la rentabilidad capitalista. Así, se multiplican las desigualdades sociales en la medida que puedan o no comprase cuidados de mayor calidad. Si queremos revertir este proceso y apostar por un modelo que satisfaga los derechos de todas las personas deberíamos de convertir en temas centrales de nuestras reivindicaciones la férrea defensa de los servicios públicos de calidad y gestión directa por parte de las instituciones públicas, el cuestionamiento de la ley de extranjería o la modificación de la regulación de las trabajadoras del hogar. No podemos justificar políticas que no resuelven los problemas, sino que los trasladan a las “otras” (sean quienes sean las otras).
Foto: Natalia Iñiguiz, de la exposición «Dependencias Mutuas».
http://alternatiba.net/old-files/19_servicio_domestico_Natalia_Iniguiz.jpg
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