¿Quién asume la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida?
Son múltiples los factores, y lo es de forma clave el cambio en el rol de las mujeres, que han desestabilizado el modelo previo de reparto de responsabilidades de cuidados y que han hecho necesaria una reorganización del trabajo. ¿Cómo se distribuye ahora la responsabilidad de los cuidados? ¿Quién o quiénes están asumiendo la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida? Preguntarse sobre cómo se resuelve esa necesidad supone indagar sobre quién y cómo asume la responsabilidad de garantizar las necesidades de la vida. Las respuestas a estas preguntas muestran un nuevo modelo basado en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos que presentaba el modelo de partida.
A pesar de la incorporación de las mujeres al espacio público (político y laboral), la mayor responsabilidad de los cuidados a niños/as y personas en situación de dependencia sigue recayendo sobre el trabajo no remunerado dentro de las familias. En lo referente a la infancia, hay que hacer la distinción entre niños/as menores y mayores de 3 años. Para los primeros, la existencia de servicios públicos es sumamente reducida, y esto obliga a desarrollar estrategias alternativas. Entre ellas, la reducción o renuncia al trabajo asalariado, renuncia casi exclusivamente femenina , el 95,2 por cien de las excedencias por cuidados a menores en 2005 fueron solicitadas por mujeres, según datos del Instituto de la mujer. Y, por otro lado, la contratación de personas o el recurso a guarderías privadas si se tiene ingresos, o el recurso a la familia extensa. A partir de los 3 años se percibe una fuerte descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades familiares – horarios o periodo de vacaciones – en las que hay que a recurrir a estrategias alternativas. En el caso de que la madre trabaje la ayuda de la familia extensa – sobre todo abuelas – es muy destacable. Su papel decrece en cuanto mayor es el nivel socioeconómico, en cuyo caso adquiere una mayor relevancia la existencia de una persona contratada para el servicio doméstico.
En todos los hogares, excepto los monoparentales, el apoyo a personas en situación de dependencia también recae en el trabajo no remunerado. Sobre los cuidados a personas con discapacidad mayores de 65 años, cabe decir que, cuando no existe una institucionalización en base a centros de internamiento (residencias, hospitales geriatricos), la atención suele provenir del sistema doméstico, mientras que la participación de lo extra-doméstico suele tener un carácter puntual o sustitutivo. Los cuidados a personas con discapacidad en el sistema doméstico suelen organizarse en torno a la figura de una persona cuidadora principal y un círculo de apoyo. La persona cuidadora principal tiene un perfil muy definido: suele ser mujer, con bajos estudios, casada, de entre 45 y 65 años, y dedicada en exclusiva al trabajo de cuidados no remunerado, es decir, ama de casa. El género se mantiene como un elemento crucial en el que se ve con nitidez la adscripción femenina a los cuidados.
La cobertura pública y privada no cubre más que aproximadamente el 12 por cien del cuidado necesario, encargándose del resto los trabajos no remunerados. Así, los derechos reconocidos en la actualidad – ausencia del mercado laboral, atención socio-sanitaria, ayudas monetarias, vía seguridad social o vía tributaria- no son de entidad suficiente como para hablar de la existencia de un derecho social a ser cuidado/a en caso de dependencia. Este cuidado se cubre más o menos precariamente en la medida en que existe un tejido familiar suficiente y con suficiente presencia femenina. Por lo tanto, el papel del Estado y las instituciones públicas es subsidiario, es decir, sustituye al tejido familiar cuando no está presente, pero no lo complementa ni apoya suficientemente cuando está, es más, impone a las familias el cuidado.
De esta manera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en la medida en que no se encuentra correspondida ni con la dedicación de los hombres a las tareas del hogar ni con una cobertura pública de las necesidades de cuidados (recortes en el estado de Bienestar) está teniendo distintas repercusiones dependiendo de la clase social de cada familia. Entre las rentas altas se está produciendo una mercantilización del espacio doméstico, mediante el recurso a servicios externos de todo tipo (empleadas domésticas, servicios de hogares, jardines de infancia privados, etc); por el contrario, las familias con escasos recursos y sin poder adquisitivo para recurrir al mercado, tienen que intensificar el trabajo doméstico lo que suele traducirse en desatención a las personas en situación de dependencia de la familia y/o incremento de estrés familiar. De esta manera, aunque la responsabilidad del cuidado se sigue manteniendo en las familias, también es cierto que se está produciendo una reorganización de los cuidados en el seno de cada hogar, que tiene una claro componente de clase directamente ligado a la posibilidad de compra de servicios en el mercado. Este proceso, lejos de ser inocente, implica frecuentemente la reproducción de desigualdades, ya que los mercados sólo satisfacen las necesidades que se expresan a través de una demanda solvente.
En todo caso, la privatización no es un indicio de un proceso de corresponsabilización de los mercados en la satisfacción de la necesidad de cuidados de la población sino obedece al interés de obtener beneficios empresariales y está inextricablemente conectada con la feminización y precarización del trabajo. Así, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, siendo las empleadas del hogar máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante.
En resumen, y en palabras de la economista y feminista Amaia Orozco, podríamos decir que “la satisfacción de las necesidades de cuidados se organiza en torno a redes de mujeres, entre las cuales se producen trasvases de cuidados, en base a ejes de poder, en una larga cadena que atraviesa las fronteras del mercado e incluso las naciones, cadena de la cual están sistemáticamente ausentes los hombres”.
La reflexión sobre las responsabilidades femeninas en los cuidados nos puede llevar a cuestionar el conjunto de la estructura socioeconómica en la que vivimos y los conflictos y desigualdades sociales de los que se sirve para persistir. Pero hacer esto no es fácil, entre otras cosas, porque supone pleantearnos qué papel ocupamos nosotras en semejante entramado, cuáles es nuestra posición en la sociedad y, a la postre, quizá esta respuesta no sea fácil de asumir.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado que la reforma de las pensiones, “una de las normas más restrictivas, injustas y antisociales de cuantas el Gobierno de Zapatero ha llevado a cabo con el pretexto de la crisis financiera” haya sido finalmente aprobada en la Comisión de trabajo del Congreso, “sin ni siquiera discutirlo en el pleno”. Así pues, ha lamentado que “se condene a la ciudadanía a trabajar más años y cobrar menos en una de las etapas más vulnerables de la vida”.
