El que no trabaje, que no coma > Ander Rodríguez (Alternatiba)

POCO o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: «El que no trabaje, que no coma». Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término «empleo remunerado» porque considero restrictivo y excluyente identificar «trabajo» con «contrato laboral». El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: «¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?».

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Volvemos a caer en la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: «Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no». Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar.

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como «una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido».

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor.

El desamparo del Servicio de Asistencia Domiciliaria en Bilbao

Alternatiba-Bilbao denuncia la actitud del Ayuntamiento de Bilbao ante el ERE en el Servicio de Asistencia Domiciliaria

Alternatiba ha mostrado hoy su solidaridad hacia las trabajadoras del SAD, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo, tal y como han anunciado fuentes empresariales. La portavoz de la formación política de izquierda, Carmen García, ha denunciado la actitud del consistorio bilbaíno ante “un servicio de vital importancia para la ciudadanía, tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan del cuidado, trabajo que recae en las mujeres casi en su totalidad”. En ese sentido, García ha advertido que este proceso de precarización afecta doblemente a las mujeres, “por un lado como principales demandantes de este servicio en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia”.
 
A juicio de Alternatiba, el Ayuntamiento de Bilbao “se escuda en la crisis económica para precipitar los recortes presupuestarios sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia”, por lo que “no existe ninguna planificación de programas, personas y recursos”. El gobierno de Azkuna y Madrazo ha justificado la medida argumentando que las familias prefieren las ayudas directas a la asistencia domiciliaria, algo que para García “es un análisis superficial” y esconde que las prestaciones “sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras y sin reconocimiento de derechos laborales”.
 
El desmantelamiento del SAD es, según ha alertado la portavoz de Alternatiba, “un ataque al precario sistema de cuidados, y por extensión, un ataque contra las mujeres y contra los pilares de un servicio social fundamental”. Por esta razón, García ha solicitado al gobierno local que asuma la gestión directa de este servicio y reconozca a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo, así como a las mujeres responsables de cuidados que se han acogido a él. “La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la destrucción de servicios esenciales, por lo que Alternatiba urge a los poderes públicos a que garanticen la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia”, ha apostillado García.

Olano sigue arrastrando a Gipuzkoa hacia el retroceso económico y social

Alternatiba lamenta que el diputado general ofrezca más de lo mismo y siga arrastrando a Gipuzkoa a un retroceso económico y social

DONOSTIA, 4 DE OCTUBRE – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha tildado hoy de gris el discurso del diputado general, Markel Olano, que en su intervención “sólo ha ofrecido continuismo, falta de nuevos proyectos y una ausencia total de voluntad para rectificar los graves errores de gestión de su Gobierno que han llevado a Gipuzkoa a sufrir un retroceso económico y social durante su mandato”. 

El portavoz de Alternatiba, Ander Rodríguez, ha subrayado que Olano “se ha limitado a hablar de los datos macroeconómicos de la crisis sin citar en ningún momento sus consecuencias sociales, es decir, la repercusión real que tiene en la población guipuzcoana, cuando este último año se ha incrementado un 20% la pobreza en el territorio”.  

Rodríguez ha indicado que el diputado general, además, ha hablado de sostenibilidad económica pero sólo aplicada a los servicios sociales, llegando a insinuar el copago cuando se ha referido a la participación del usuario en la financiación, algo que el juntero de izquierdas ha calificado de “alarmante”. “Cuando habla de carreteras, del puerto exterior u otras grandes infraestructuras nunca hace referencia a su sosteniblidad económica”, ha añadido.

A juicio de Alternatiba, una vez más, el discurso de Olano adolece de una absoluta falta de referencia a una necesaria reforma fiscal, porque hay que recordar que la falta de recursos económicos además de por la crisis también es por la desfiscalización.

Los asuntos sociales del PSE en Barakaldo

Alternatiba de Barakaldo tacha de “bochornosa” la gestión de las ayudas sociales del equipo de gobierno del Ayuntamiento

BARAKALDO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – Alternatiba de Barakaldo ha mostrado hoy su preocupación ante la indolencia con la que el equipo de gobierno trata a las miles de personas de la localidad que se encuentran en riesgo de exclusión social y precisan de ayudas sociales.

“Es de una gravedad enorme que el alcalde y la concejala de Servicios Sociales salgan públicamente anunciando actuaciones contra el fraude en la percepción de ayudas sociales cuando, en realidad, están dejando tiradas a más de 1.423 familias que llevan más de siete meses sin percibir ayuda ninguna pese a acreditar los requisitos requeridos”, ha afirmado la organización de izquierdas.

A juicio de la asamblea local de Alternatiba, “el Gobierno del PSE de Barakaldo quiere ocultar a la ciudadanía que tiene congelado un millón de euros de las cuentas municipales para este fin, hasta que el departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco cierre definitivamente la consignación presupuestaria para las Ayudas de Emergencia Social”.

Alternatiba de Barakaldo ha considerado “una barbaridad” este comportamiento, máxime teniendo en cuenta que “el paro en nuestra localidad alcanza ya a 6.900 personas, que más de 7.000 familias viven por debajo del umbral de la pobreza y que la temporalidad y el contrato precario se ceban entre nuestros vecinos”. La organización de izquierdas ha denunciado que, “volviendo la espalda a esta realidad tan sangrante, el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, y su equipo de gobierno se dedican a extender la sombra de la duda sobre los perceptores de ayudas y sobre movimientos sociales como Berri Otxoak, que se ocupa desde hace tiempo de lo que el Ayuntamiento no sabe o no quiere hacer, que es atender a sus vecinos y vecinas y trabajar por la erradicación de la pobreza, la marginación y la exclusión en nuestro municipio”.

Zapatero antisocial

Alternatiba insta a las Diputaciones a cubrir la ayuda de 426 euros derogada por Zapatero para «no dejar en la cuneta a personas paradas sin ingresos»

DONOSTIA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – Los grupos de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Bizkaia han reclamado hoy a las Diputaciones que se hagan cargo de los desempleados que dejarán de percibir la prestación de 426 euros por parte del Gobierno de Zapatero, ya que «es fundamental no dejar en la cuneta a estas personas y garantizarles unos ingresos mínimos».

Los junteros de Alternatiba Ander Rodríguez y Jonathan Martínez han denunciado que, «en una vuelta de tuerca más en su deriva hacia posiciones liberales, el Gobierno del Reino de España ha suprimido la prestación de 426 euros para los desempleados de entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares». A juicio de ambos dirigentes de izquierdas, «en esta permanente voluntad de alimentar la insaciable voracidad de los mercados, Zapatero parece entender que quienes no tienen familiares a su cargo no necesitan ingresar cantidad económica alguna para garantizar su existencia».

Alternatiba, por el contrario, considera este abandono una «enorme irresponsabilidad por parte del Estado», al que ha exigido que rectifique en su postura mediante una proposición presentada por la vía de urgencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Bizkaia. Del mismo modo, ha reclamado a las Diputaciones que, en el caso de que el Gobierno del Renio de España no corrija su error, amparen a las personas en desempleo y cubran los 426 euros de ayudas con cargo a los presupuestos forales.

Rodríguez y Martínez han mostrado además su preocupación por el anuncio del Gobierno central de retirar el próximo años de los presupuestos generales del estado la ayuda de 426 de forma general. En este sentido, han preguntado al PNV si piensa hacer algo al respecto en la negociación presupuestaria con el PSOE o si no piensa mojarse lo más mínimo. «Si a Zapatero no le preocupa que miles de personas vivan sin ningún tipo de ingreso, las Administraciones territoriales tendrán que demostrar que son más responsables que el presidente del Gobierno», han concluido los junteros.

¿Quién pone freno a la pobreza en Gipuzkoa?

Alternatiba critica que Olano siga «mano sobre mano» mientras voluntarios del Banco de Alimentos intentan paliar la pobreza

RODRÍGUEZ REPROCHA A LA DIPUTACIÓN SU «IRRESPONSABILIDAD» POR DEJAR QUE SEAN LAS ASOCIACIONES EN EXCLUSIVA QUIENES SE PREOCUPEN DE QUE EN GIPUZKOA NO HAYA HAMBRE

DONOSTIA, 5 DE AGOSTO DE 2010 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha calificado hoy de «irresponsable» que la Diputación deje que la alimentación de quienes atraviesan situaciones de necesidad dependa de la labor de personas voluntarias, como las que trabajan en el Banco de Alimentos, cuando debería ser la Administración pública la garante de este derecho.

El representante de Alternatiba Ander Rodríguez ha criticado de este modo al convenio de colaboración suscrito ayer entre la Diputación y el Banco de Alimentos, una asociación sin ánimo de lucro que, en palabras del juntero, «desempeña una labor ejemplar, un trabajo altruista y desinteresado que permite subsistir a casi 16.000 guipuzcoanos y guipuzcoanas en riesgo de exclusión social». Sin embargo, ha matizado, «esto no es óbice para que el diputado general, Markel Olano, siga haciendo dejación de sus responsabilidades y reparta dinero público para que sean los voluntarios quienes aseguren el sustento a muchas familias, en lugar de atajar de raíz el problema de la pobreza, que es lo que le compete».

A juicio de Rodríguez, «ante la incapacidad demostrada por la Markel Olano para afrontar esta asignatura pendiente e, incluso, su cerrazón para estudiar medidas efectivas como la Renta Básica de Ciudadanía, son organizaciones sin ánimo de lucro como el Banco de Alimentos o Cáritas las que se ven obligadas a abordar una situación que se torna por momentos más alarmante, como los propios datos de incremento del reparto de comida certifican».

En este sentido, ha recordado que el número de personas en situación de precariedad sigue aumentando, ya que, según cifras aportadas ayer, el Banco de Alimentos ha repartido en el primer semestre de 2010 un 75% más de víveres que el año pasado. «Aunque Olano se instale en la negación, la pobreza sigue aumentando en Gipuzkoa, mientras él se queda mano sobre mano, incapaz de articular soluciones. Parece que el único derecho que el Gobierno foral se plantea garantizar es el de circular por carreteras, ya que en un mismo día comprobamos cómo destinan más dinero a asfaltar la N-1 que al Banco de Alimentos».

Rodríguez ha censurado, además, la falta de disposición del gabinete de Olano para encarar este problema, «algo que quedó patente cuando se negaron siquiera a discutir las propuestas de Alternatiba para crear herramientas de medición de la pobreza específicas para Gipuzkoa y una ponencia sobre esta cuestión en las Juntas Generales»

Heldu: Un servicio necesario para la ciudadanía> Oskar Matute (Alternatiba)

Finalmente el departamento de asuntos sociales del Gobierno Vasco del PSE-PP ha cumplido su amenaza. Hoy, con el despido de los 23 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención jurídica a inmigrantes (HELDU) se echa la persiana a un servicio público, básico y necesario para garantizar los derechos de la población migrante en nuestro territorio.

Desde Alternatiba, no podemos más que considerar dicho cierre como una barbaridad, una injusticia y un acto cruel sometido a la lógica del dinero por encima de los derechos y la dignidad de las personas.

Son más de 34.000 los expedientes que a lo largo de 8 años han tramitado las gentes de HELDU para dar una respuesta personalizada a las carencias y dificultades que tenían que afrontar las personas que se acercaban a nuestro país en pos de un futuro mejor, o simplemente un futuro.

Hoy, los responsables directos de este cierre, los señores del PSE aposentados en el gobierno vasco nos dicen que el servicio se seguirá prestando pero no bajo la forma de HELDU, ni por las personas que ponían cara a dicho servicio.

Y lo hacen, según ellos, porque las irregularidades producidas en la gestión de dicho servicio no pueden seguir dándose ni tienen cabida en la administración pública.

Vayamos por partes, si existen dichas irregularidades, desde Alternatiba les exigimos en que cumplimiento de la transparencia, la gestión eficaz y el buen gobierno pongan a disposición de la ciudadanía y los tribunales si se diera el caso, dicha información. De no ser así, no podremos sino concluir que las “presuntas irregularidades” no son sino una pieza más en la estrategia de desgaste social de un servicio que por intereses más bien mezquinos les sobra y les molesta.

En cualquier caso, también queremos dejar clara la posición de Alternatiba al respecto de la continuidad anunciada del tal prestación por parte del Gobierno Vasco. Nos provoca estupor e indignación a partes iguales que anuncien la existencia de un teléfono gratuito como hilo continuador del trabajo desarrollado por los trabajadores y trabajadoras de HELDU durante los próximos tres meses.

Entendemos, las personas que componemos Alternatiba que esta precarización en la atención a ciudadanos y ciudadanas inmigrantes es una vulneración clara y evidente del papel garantista que en lo que a derechos e igualdad para con sus ciudadanos y ciudadanas le corresponde hacer a cualquier administración pública

A través de la información facilitada por ese mismo servicio, se nos adelanta que solo se atenderán a aquellos casos que planteen algún tipo requerimiento judicial  y tengan ya expediente iniciado. Incluso se nos adelante que de estos tampoco todos serán atendidos. Así, por ejemplo, se dejara de facilitar acompañamiento a los inmigrantes en sus requerimientos judiciales. Se les denegara el servicio de un traductor y ni tan siquiera se les orientara a como dar con uno por su propia cuenta.

Si esta es la idea que tienen los actuales gobernantes de atención directa y personalizada, va a ser menos doloroso encomendarse directamente a los tiburones que a la administración.

Precariedad en la prestación del servicio, no hay otra manera de definir lo que van a tener que soportar conciudadanos y conciudadanas que viven en nuestro país durante estos tres meses gracias a dicha medida.

Pero aun hay más, a partir de septiembre nos anuncian que el servicio de atención a inmigrantes recaerá en Biltzen y diversas entidades sociales.

Biltzen (entidad dependiente de la EDE (escuela diocesana de educadores)) se dedicará a impartir mediante seminarios y charlas información a técnicos municipales sobre la ley de extranjeria en vigor. Dichos técnicos municipales en modo alguno han de ser abogados con lo que sus posibilidades de rascar algo ante una ley tan privativa de derechos y profundamente injusta como la ley de extranjería son muy limitadas. Y nuevamente los únicos que van a sufrir las consecuencias de esta realidad son los inmigrantes.

Las entidades sociales vía subvención del gobierno vasco se encargarían de asesorar a los y las inmigrantes supliendo el papel que antes se realizaba desde HELDU. ¿Qué entidades? ¿De que manera van a prestar el servicio? Todo son incógnitas y espacios de sombra y opacidad a este respecto. Y conociendo el proceder del PSE en otros campos dicho desconocimiento en la actualidad no invita en absoluto a relajarse y mucho menos a ser confiado.

La única realidad es que miles de personas ven precarizadas sus condiciones de acceso a una vida digna porque quienes antes les prestaban dicha asistencia (HELDU y sus 23 trabajadores y trabajadoras) han sido eliminados de un plumazo por el supuestamente espíritu progre y dialogante de la consejera Gema Zabaleta y su partido, el PSE.

Por todo ello desde Alternatiba nos solidarizamos con la población privada de dicho servicio y con los trabajadores despedidos de HELDU. No nos podemos quedar callados y resignados es momento de alzar la voz y denunciar que frente a su apuesta por el dinero y el beneficio nosotros y nosotras seguimos creyendo en las personas y en sus derechos por encima de todas las cosas. Así, desde Alternatiba mostramos nuestra adhesión a  la movilización convocada para mañana sábado día 17 a las 18:00 horas en la plaza del Teatro Arriaga  en defensa de HELDU, sus trabajadores y trabajadoras y la población afectada por el cierre.

Los riesgos de la buena voluntad> Carmen García (Alternatiba)

El pasado 16 de Junio 120 personas voluntarias, casi todas ellas vinculadas a las asociaciones que trabajan contra la exclusión social en Bilbao, respondieron a la llamada del Ayuntamiento de Bilbao para la elaboración de un diagnóstico sobre las personas sin hogar. Sobre este acontecimiento, llaman la atención principalmente dos cuestiones: por una parte, el número significativo de personas con voluntad para mejorar la situación de la gente en situación de grave exclusión, y por otra, el que una tarea fundamental de diagnóstico, competencia del Ayuntamiento de Bilbao, sea cubierta por personas voluntarias y no se haga de manera profesionalizada.

Según recoge la última memoria del Área de Acción Social del Ayuntamiento, este área se dedica de manera permanente a llevar a cabo esta tarea de “recuento” de personas que  duermen en la calle, información que se ve renovada cada 15 días, como no podía ser de otra manera dada la previsible movilidad e inconstancia de estas personas en base a factores de todo tipo: climatología, salud, movilidad… ¿Por qué era necesario entonces movilizar a gente voluntaria para un diagnóstico que se supone que ya se venía haciendo?

Parece ser que la tarea de los educadores de calle que se encargan del diagnóstico de manera constante no es suficiente, y no por falta de profesionalidad de los mismos, sino más bien por falta de medios adecuados que les permitan recabar toda la información necesaria para poder tener un diagnóstico con datos suficientes para llevar a cabo una planificación de los recursos que atienda a la realidad.

Quizá aquí esté el quid de la cuestión de la paralización del traslado del centro Onartu del barrio de Rekalde al de Txurdinaga. Desde el Ayuntamiento de Bilbao, y en concreto en boca del Alcalde, se permitieron hacer toda una serie de afirmaciones, recordemos como se refirió Azkuna a Bizitegi y de paso a todas las entidades: “Hay algunas ONG’s que quieren aumentar su campo de acción y crean más necesidades, creando más oferta”. Tras esta afirmación y otras más de igual perfil, todos los grupos políticos del Ayuntamiento se pusieron de acuerdo en no permitir mejorar los recursos para personas sin hogar, decían que no era necesario.

La respuesta de los grupos que trabajan en contra de la exclusión social no se hizo esperar. La reacción que obtuvo el Ayuntamiento fue un comunicado a favor de una ciudad más abierta y solidaria que firmaron multitud de grupos y personas. Pocos meses más tarde, es el propio Ayuntamiento quien reconoce la falta de información lo suficientemente precisa y pide personas voluntarias  para obtenerla. Entonces, ¿en base a qué se están planificando los recursos para personas sin hogar? ¿En base a qué se niega la posibilidad de mejora de estos recursos a una entidad sin ánimo de lucro que además colabora con el área de Acción Social de manera estable?

De todos es sabido que las instituciones saben bien por donde van a meter la tijera en estos tiempos de crisis: ya está anunciado y confirmado el cierre de Heldu y ya está hecha la advertencia por parte de Eudel, Diputaciones y Gobierno Vasco de que no se dispone de recursos para dar respuesta a las crecientes necesidades sociales. Mientras tanto, el Ararteko advierte sobre la necesidad de ir en la dirección contraria, recomendando entre otras cosas el establecimiento de una financiación de naturaleza finalista, suficiente y estable para los ayuntamientos destinada a la cobertura de los medios personales y materiales de los servicios sociales. Curiosamente los mismos o parecidos le recibieron con sonrisas en el Parlamento.

En la Asamblea de Bilbao de Alternatiba queremos mandar un mensaje de reflexión a las entidades que trabajan en contra de la exclusión social en Bilbao. Nos ha llamado la atención que ante la falta de un diagnóstico preciso sobre personas sin hogar en Bilbao, se haya accedido a la realización del mismo de manera voluntaria sin haber generado algún tipo de crítica a la carencia de este trabajo.

Nos parece un acto de suprema hipocresía por parte del Ayuntamiento apelar a la buena voluntad para realizar un trabajo que debe ser hecho de manera profesional y continua y para el cual es necesario que se planifique desde los presupuestos. Parece que la pretensión de las distintas instituciones es que las entidades suplan las carencias a las que van a optar por la crisis capitalista, así lo demuestra esta llamada del Ayuntamiento y así lo demuestra también la apelación de la consejera de Asuntos Sociales para que sean las ONG’s las que hagan el trabajo de Heldu. ¿Por qué no se apela a esa misma buena voluntad por parte de las vecinas y vecinos de Txurdinaga para que entiendan que las necesidades de las personas en situación de exclusión social es responsabilidad de todos, también de ellos?

Nos parece muy complicado el debate de donde está la separación entre militancia, voluntarismo, caridad, reivindicación y profesionalización, pero también nos parece que  se ha perdido una oportunidad para hacer patente la dejación del Ayuntamiento de Bilbao en sus tareas y para forzar que en los próximos presupuestos municipales se recojan las necesidades reales sobre diagnóstico y planificación en materia de acción social en Bilbao y no se pongan trabas mentirosas al buen trabajo de las entidades, como sucedió recientemente con el centro Onartu.

 

Argazkia: Unai Pascual

Crece la pobreza en Gipuzkoa

? ANDER RODRÍGUEZ: «YA ES HORA DE QUE ETXANIZ DÉ LA CARA Y EXPLIQUE CÓMO VA A EVITAR QUE MÁS FAMILIAS SE VEAN ABOCADAS A LA INDIGENCIA»

DONOSTIA, 7 DE JUNIO DE 2010 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha manifestado hoy su preocupación ante los datos sobre el aumento de la pobreza en el territorio que recientemente ha revelado Cáritas en su Memoria de 2009, donde se advierte de que, en sólo un año, se ha incrementado un 25% el número de personas con graves dificultades para subsistir.

El juntero Ander Rodríguez ha subrayado que esta alarmante realidad sobre la pobreza y el riesgo de exclusión social que sacude a Gipuzkoa

exige la comparecencia de la diputada de Política Social, Maite Etxaniz: «Ya es hora de que dé la cara y explique qué pretende hacer su departamento para evitar que más guipuzcoanos y guipuzcoanas se vean abocadas a la pobreza».

El juntero de Alternatiba ha subrayado que «la crisis actual no ha hecho sino disparar las situaciones de pobreza en nuestro territorio, pobreza que, como demuestran los datos aportados por Cáritas, no se ha visto reducida ni frenada por las medidas articuladas por la Diputación». Esto constata, a su juicio, la necesidad de una Renta Básica de Ciudadanía, así como «la escasa o nula efectividad de la actual estructura de subsidios condicionados como mecanismos de prevención o erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales».

Rodríguez ha recordado que «es de sobra conocido que la Diputación ignora cuál es la situación económica de las familias en Gipuzkoa, ya que se niega a dotarse de una herramienta estable de medición de los índices de pobreza». Los últimos datos oficiales, por tanto, son los aportados por el Eustat en 2008: «Hace dos años, uno de cada cinco habitantes de Gipuzkoa no alcanzaba los niveles mínimos de bienestar y, en algunos casos, se encontraba en una situación de extrema pobreza. Mucho nos tememos que esta situación se haya agravado debido a la crisis».

Por todo ello, Alternatiba ha requerido la comparecencia de la diputada para que responda a las siguientes preguntas:

  • ¿Qué análisis le merece al Departamento de Política Social el progresivo incremento de la pobreza en nuestro Territorio Histórico?
  • ¿Cree necesario el Departamento de Política Social el establecimiento de medidas correctoras por parte de la Administración de los repartos de renta que realiza el mercado?
  • ¿Tiene el Departamento de Política Social algún nuevo planteamiento concreto para prevenir o erradicar la pobreza de nuestro Territorio Histórico?
  • ¿Tiene el Departamento de Política Social previsto articular algún tipo de medida para garantizar la vida digna de la ciudadanía de nuestro Territorio Histórico?
  • ¿Está ahora dispuesto el Departamento de Política Social, ante el fracaso de los subsidios condicionados, a estudiar otros planteamientos como la Renta Básica de Ciudadanía?
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