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Demasiada gente, muy pocas personas > Igor Navarro

Igor Navarro > Militante de Alternatiba y candidato al congreso por Amaiur

Recientemente hemos sabido que ya somos 7.000 millones de personas las que habitamos en el planeta tierra. Algunas voces, profundamente interesadas, hablan de superpoblación, es decir, que en el mundo hay demasiada gente presionando sobre los recursos existentes, y de qué este ritmo de crecimiento de la población es insostenible económicamente.

Esta afirmación es absolutamente falsa, el problema no reside, ni mucho menos, en la cantidad de habitantes del globo, ni siquiera en el carácter finito de nuestros recursos naturales. La raíz del problema de la falta de recursos con la que tienen que sobrevivir gran parte de la población mundial no se encuentra en los miles de millones de habitantes de China o India… La verdadera causa del problema la debemos buscar mucho más cerca, en los alrededores de casa y en la casa de nuestros vecinos, en los países más avanzados del mundo.

De esos 7.000 millones de personas que compartimos vivienda, es muy posible que más de 6.500 millones no llegue a consumir ni la mitad de los recursos naturales por hectárea y habitante que les pudieran corresponder, en cambio, los otros 500 millones, entre los cuales nos encontramos todas y cada una de las personas que estamos leyendo esto, consumimos tres, cuatro y hasta diez veces más de los recursos que nos corresponden.

La huella ecológica es un indicador del impacto que generamos en los recursos existentes del planeta con lo que consumimos y con nuestros desechos. Evidentemente, la huella ecológica que dejamos no es la misma para todas las personas, ni en todos los lugares.

Se ha calculado que a cada habitante nos correspondería por año utilizar los recursos naturales generados en 1,8 hectáreas de terreno. Actualmente utilizamos de media alrededor de 2,5 hectáreas por persona. La diferencia no parece tan exagerada sino fuera porque los habitantes de países como los Estados Unidos de Norteamérica hacen uso de 9,5 hectáreas por persona y los habitantes de Honduras únicamente de 1,3 hectáreas. Pero si queremos observar los extremos, tenemos que los habitantes de Emiratos Árabes Unidos hacen uso de 11,8 hectáreas y que los habitantes de Afganistán apenas llegan a las 0,5 hectáreas.

Por cierto, la huella ecológica de los habitantes de China e India es de 2,1 ha y 0,9 ha respectivamente; y el impacto de la ciudadanía del Reino de España es de 5,7 hectáreas por persona y año, casi el triple de lo que nos corresponde.

Con todo esto podemos decir que menos de 1.000 millones de personas consumimos el 95% de los recursos naturales del planeta, dejando para esos 6.000 millones restantes únicamente las sobras, o ni siquiera eso, ya que consumimos mucho más de lo que el planeta es capaz de generar y producimos más desechos de los que puede asimilar.

El ritmo que es insostenible no es el del crecimiento de la población mundial, sino el del consumo que tenemos los habitantes y las empresas multinacionales del “el mundo occidental”, que son, somos, realmente quienes estamos esquilmando los recursos del planeta.

El planeta está superpoblado, efectivamente, está superpoblado de empresas multinacionales que agotan los recursos naturales sin que les importe en absoluto las consecuencias ecológicas de sus acciones. Superpoblado de consumo capitalista indiferente al desigual reparto de los recursos. Superpoblado de neocolonialismo y neoliberalismo, de agresiones a la naturaleza y de guerras con el único fin de apoderarse y explotar indiscriminadamente recursos naturales.

Lo dicho, demasiada gente y muy pocas personas.

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Un genocida gobernará Guatemala

Silvia Piris – Mesa de Internacionalismo de Alternatiba

Una vez celebrada la segunda vuelta del proceso electoral, y una vez conocida la victoria del General Otto Pérez Molina, la noticia principal no es que la derecha se aúpa al poder en Guatemala. Nunca dejó de estar allí. Además, ambos candidatos eran fieles defensores de un estado limitado en derechos -que no en represión-, marcado por la impunidad y la violencia -el caso de la violencia machista es especialmente grave-; un estado que propugna un modelo socioeconómico extractivista, excluyente y ultraliberal, y que niega de manera sistemática los derechos de las clases populares, así como la plurinacionalidad del territorio.

Sí, es cierto, el grado de ambigüedad de ambos contendientes ha sido diferente: mientras que Pérez Molina hablaba sin ambajes de mano dura y de un modelo basado en las concesiones mineras y de otros bienes primarios a las transnacionales, Baldizón proponía una agenda de picoteo, mezclando en su programa la posibilidad de organizar un mundial de fútbol con la idea de establecer una quinceava paga, a la vez que recortaba los impuestos en base a un impuesto único personal –en uno de los países con la presión fiscal más baja del mundo-. Como lo oyen.

Por lo tanto, como decimos, la derecha en el poder no es el asunto. La noticia está en que será un genocida, el militar responsable de la política de tierra arrasada durante el conflicto armado en el Departamento del Quiché, quien tomará las riendas durante cuatro años del poder ejecutivo guatemalteco. ¿Y cómo puede ser -nos preguntamos- que el mismo pueblo que sufrió su violencia y represión lo elija ahora como presidente? Pues empezamos respondiendo que esta realidad se debe a que Guatemala es realmente un estado fallido, donde la impunidad campa a sus anchas, y donde no existen derechos ni de las personas ni de los pueblos; donde casi nadie en las clases populares cree en los procesos electorales como estrategias de cambio; continuemos respondiendo que la violencia actual, aunque bajo otro prisma, sigue siendo igual de protagonista de lo que era en los tiempos del conflicto armado; y, finalmente, hablemos de la estrategia de campaña del futuro presidente –una campaña que empezó hace 4 años-, en la que, gracias entre otras cosas a sus vínculos con la represión y con la economía ilegal, azuzó la ingobernabilidad a través de un aumento de la violencia sistemática, dentro de una lógica de “yo controlo la violencia, nadie puede pararla, sólo yo puedo, porque la puedo generar”.

Ante esta nueva coyuntura, y ante la irrelevancia demostrada por los procesos electorales, la única alternativa constructiva y legítima pasa por la necesaria articulación de los movimientos sociales y comunitarios en torno a una agenda amplia y multidimensional, que aglutine indígenas, campesinado, comunidades, feministas, trabajadores y trabajadoras. Una agenda que permita plantear en clave política una estrategia de confrontación con el modelo hegemónico vigente. De esta manera, la unidad de acción, el entendimiento mutuo, y la articulación real de agendas sectoriales diversas, son los grandes retos que tiene la izquierda social por delante.

¿Y desde Europa, qué? ¿Qué debe hacer la izquierda europea ante esta nueva tesitura? Por supuesto, se deben estrechar al máximo los lazos de solidaridad –no confundir solidaridad sólo con cooperación internacional-. Así, debemos participar en la generación y fortalecimiento de alianzas con dichos movimientos sociales guatemaltecos, desde apuestas comunes y luchas compartidas; debemos vigilar y denunciar la labor de nuestras transnacionales en Guatemala, con un impacto social, económico y ecológico tan dañino; y debemos enfrentarnos conjuntamente a los Acuerdos de Asociación (ADA), entre Centroamérica y la UE, que apuestan por un modelo de capitalismo salvaje.

El General ha vuelto, el genocida regresa con banda presidencial. General, tenga usted bien claro que tendrá en frente a la izquierda de aquí y de allá, no le tenemos miedo.

Noticias

Cuando hablamos de economía, déjense por favor de democracias

Ana Etxarte y Asier Vega –  Portavoces de Alternatiba

No es ni mucho menos el ánimo del presente artículo defender al primer ministro griego por convocar un referéndum para validar el acuerdo de rescate con la UE. Muy al contrario, pensamos que éste ha aplicado en su propio país, y sin la mínima piedad, la cada vez más hegemónica doctrina del shock. Así, rechazamos frontalmente su ortodoxa política de recortes sociales draconianos aprobados con un fuerte rechazo social, de privatización, de desregulación y de fuerte represión de la protesta. “Buen trabajo, Yorgos” diría sin tapujos Milton Friedman, padre del neoliberalismo salvaje, valga la redundancia.

Tampoco se trata de valorar si este anuncio llega o no en el momento oportuno; si hubiera sido más eficaz o no celebrarlo cuando los recortes no se habían producido; si no debe tener el pueblo griego siempre –antes, ahora y en el futuro- la capacidad para decidir cuál debe ser su política económica y sobre quién debe recaer la responsabilidad de la situación generada. Por supuesto que sí, siempre y en todo momento los pueblos deben tener la capacidad de decidir, así debería ocurrir en todo sistema democrático –muy lejos de la realidad actual-.

No obstante, ¿La idoneidad, pertinencia y viabilidad de la celebración de un referéndum en estos momentos, tal y como se ha anunciado, depende de si es el momento oportuno? ¿Oportuno para quién? ¿No tienen los y las griegas el derecho a rechazar o a validar -ayer, hoy y mañana- lo que unas camarillas, en alianza con los mercados, han decidido previamente? Nuestra respuesta es clara, el pueblo siempre tiene la soberanía para decidir, independientemente del contexto y situación. Antes, mejor, pero ahora, también.

Y ahí está el asunto. Lo que pretendemos denunciar es precisamente las grandes carencias democráticas en las que vivimos que, además, son jaleadas por todo el statu quo. Lamentablemente estamos viviendo una deriva absoluta de la democracia liberal, donde los y las ciudadanas cada vez tenemos menos capacidad para tomar las decisiones que inciden en nuestras vidas. Si esto es así en términos generales, ya, en términos económicos, podemos hablar directamente de dictadura. “De economía, mejor hablamos las personas mayores, que sabemos de esto…” parecen decir a una supuestamente infantilizada ciudadanía las castas dirigentes.

Así, nosotros y nosotras no podemos dejar de alegrarnos por el anuncio de referéndum -independientemente de su justificación, e independientemente de que pensemos que hubiera sido más eficaz antes-, y queremos a su vez denunciar el carácter amenazante, mafioso, camorrista y dictatorial del conjunto de instituciones y partidos políticos, bien de la derecha socialdemócrata (con perdón) o de la derecha-derecha. No es nada nuevo, ya ocurrió en el Reino de España el pasado verano con la oscura aprobación de la reforma constitucional del límite de déficit (para esto sí vale cambiar la constitución). En definitiva, el mensaje del sistema es claro: la economía, para los mercados; la democracia, para validar cada cuatro años lo que dictan los mercados.

Frente a esta lógica verticalista y privatizadora de la toma de decisiones debemos hacer una apuesta por la democracia radical, y apoyamos la convocatoria de un referéndum en Grecia, esperando que el resultado sea NO, un rechazo frontal a los preacuerdos alcanzados. Decimos SÍ al referéndum y NO al preacuerdo, y lo hacemos con argumentos muy concretos.

En primer lugar, por pedagogía política, por necesidad de que la economía se sienta bajo la soberanía de los pueblos, y no al revés, como ocurre ahora.

Decimos SÍ al referéndum porque entendemos que la lógica aplicada en Grecia –y de la que este preacuerdo no es más que un nuevo eslabón- es errónea, incoherente, y antipopular. La dinámica de rescate permanente y de recortes sociales condena a Grecia a un callejón sin salida, y únicamente intenta salvaguardar los intereses de la banca y de los grandes agentes financieros, que sufrirían grandes pérdidas en los mercados de deuda y CDS. No es el interés griego el que prima, sino la voracidad de los mercados.

Decimos NO al preacuerdo porque creemos que la bancarrota griega es la única estrategia viable en estos momentos. Ésta puede permitir una renegociación general del conjunto de su deuda –incluyendo la revisión e impago de aquélla que se considere ilegítima-, de cara a iniciar realmente una nueva senda de transformación social, sin la dependencia permanente del yugo del sistema financiero.

Y decimos SI al referéndum y NO al preacuerdo porque creemos que, si queremos solucionar de verdad los problemas actuales, vayamos a la raíz de la cuestión: regular el mercado financiero; impedir la especulación; impedir legalmente los superávits estructurales de Alemania sin mejoras sociales ni políticas expansivas; construir una Europa, con una política presupuestaria y fiscal armonizada, en base a los derechos y no a los intereses.

¡Democracia en la economía y en todas partes, frente a los mercados, poder popular!

Noticias

Nueva Ley de Residuos: menos reciclaje y más beneficios empresariales

Enric Llopis > Rebelion.org

Cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos. También en la recogida y gestión de los residuos. No resulta extraño que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados –aprobada por el Congreso este verano- deje sin abordar cuestiones de fondo, como el paso de la cultura del “usar y tirar” a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector.

El nuevo texto legal incorpora la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (2008) pero, por lo demás, mantiene un espíritu “continuista” respecto a la ley hasta ahora en vigor, aprobada en 1998, según denuncian las organizaciones ecologistas. Estas entidades califican la nueva norma de “poco ambiciosa”, de quedarse en “agua de borrajas” o ser un “brindis al sol”, ya que antepone las intenciones o los buenos deseos a las obligaciones para empresas y administraciones públicas.

Y no es porque no haga falta una norma que entre a fondo en la problemática de los residuos. Según Eurostat, cada español genera 547 kilogramos de basura anuales, 35 kilogramos más que la media europea; la misma fuente señala que el estado español recicla sólo un 15% de los residuos que genera (por debajo de la media europea) y envía a los vertederos el 52% (la media de la UE es del 38%). Debe considerarse que, según Ecologistas en Acción, casi el 90% de la basura puede aprovecharse.

Con la nueva ley, el negocio de las basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. A través de adjudicaciones municipales (a menudo a largo plazo), las grandes del ladrillo y la obra pública gestionan las basuras a través de filiales creadas ex profeso, “pero ni se les obliga a reciclar ni creen en la cultura del reciclaje; de hecho, la mayoría de los residuos acaban en vertederos o incineradoras”, asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià. Suelen utilizar en las plantas, además, mecanismos de separación rudimentarios, similares a los utilizados en la minería, lo que lleva a pobres resultados en materia de reciclaje.

“El negocio de las basuras ha dado lugar a escándalos de corrupción en Orihuela (Alicante), Murcia y Mallorca, en los que se han manejado grandes cantidades de dinero y que, en la práctica, resultan difíciles de perseguir”, explica la coordinadora de Residuos de Ecologistas en Acción, Leticia Baselga. Un informe de la organización ecologista italiana Legambiente denuncia que hace décadas que la Camorra se lucra con la basura en Nápoles con un simple mecanismo: tirar las basuras tóxicas en el campo y después taparlas.

Tampoco se altera, con la nueva legislación, el modo de operar de las grandes empresas de los sectores de la alimentación y las bebidas, grandes generadoras de residuos. Estas compañías consideran el reciclaje como un mero coste de producción que reduce su margen de beneficios. Es por ello por lo que prefieren, como ocurre ahora, pagar un pequeño canon por el reciclaje (que acaban repercutiendo en el consumidor) a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, es decir, máquinas en las que el ciudadano pueda depositar latas y botellas y percibir un dinero a cambio. La nueva ley abre la posibilidad, pero no obliga, a la introducción de estos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos, Canadá, Alemania u Holanda, y a los que también se oponen las grandes superficies.

Esta negativa empresarial a adaptarse a la “cultura del reciclaje” conduce a que en el estado español no se alcancen los mínimos que exige la Unión Europea. Las cuentas tampoco están claras. Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, entre otras organizaciones, han formulado una queja ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente por considerar que los datos que presentan Ecoembes y Ecovidrio (sociedades que gestionan los contenedores urbanos de recogida de envases, como el contenedor amarillo y el iglú verde) no pueden contrastarse. En la queja se habla de “irregularidades en las toneladas declaradas; fraude en la declaración de envases y consideración de materiales impropios como reciclados”.

El problema de fondo, explica Carlos Arribas, estriba en los criterios que rigen el funcionamiento del sistema capitalista. “Generalizar el reciclaje y la minimización de los residuos en origen resulta incompatible con una sociedad que tenga como prioridades el consumismo, la publicidad y la mercadotecnia”.

Las expectativas de negocio tampoco están lejos de la incineración, actividad a la que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados sólo plantea la posibilidad de imponer un canon. Los grupos ecologistas denuncian que el lobby de la incineración introdujo en la Directiva Europea de Residuos este mecanismo vendiéndolo como “valorización energética”, tecnicismo que pretende vincular la quema de residuos al reciclaje. Recuerdan que la eurodiputada Carolina Jackson, encargada de preparar el informe previo para el Parlamento Europeo, trabajaba en ese momento para una empresa del sector.

Pese a que la incineración se vincula oficialmente a “futuro”, “progreso” y se asegura que se disponen de las tecnologías necesarias para evitar impactos negativos, un informe de Ecologistas en Acción explica que la quema de residuos genera cenizas tóxicas, nuevas y peligrosas sustancias como las dioxinas (la sustancia más tóxica sintetizada por el hombre), y partículas muy pequeñas que pueden viajar grandes distancias y penetrar en el sistema respiratorio. Estas partículas pueden provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiacas, vasculares o cáncer, apunta el informe.

En la línea de no entrar en conflicto con las grandes empresas, la nueva Ley de Residuos permite la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso (se plantea su eliminación gradual hasta 2018), con lo que se desatiende una de las demandas de los grupos ecologistas y se anteponen los intereses de la industria del plástico. La nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost o abono natural para uso agrícola, y mejorar así la calidad de los materiales recuperados. Y pierde, según los grupos ecologistas, una excelente oportunidad para crear puestos de trabajo vinculados al reciclaje como alternativa a la incineración o los vertederos (la Unión Europea señala que podrían crearse 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal).

Una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid, para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos: la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros –muchas veces de etnia gitana- superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses.

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