Hace pocos días, el 28 de Diciembre, Íñigo Urkullu nos trasladó las nuevas restricciones -que no huelen precisamente a nuevo-, en busca de limitar la descontrolada enésima expansión del Covid en la CAV. Lo hizo apelando, entre otras cuestiones, a la responsabilidad individual. No habló de refuerzo en la sanidad pública. Poca broma. More…
Hace 14 años, un día como hoy, 13 de marzo, amanecía en el barrio iruindarra de Donibane. Ángel Berrueta Legaz, vecino del barrio, abría su pequeña panadería como todos los días. A media mañana, una vecina, María del Pilar Rubio Martínez, entró en la panadería con un cartel en la mano y quiso forzar a Ángel a colocarlo en el escaparate de su establecimiento. El cartel llevaba la inscripción “ETA NO”. Ángel se negó a colocarlo y pidió a María Pilar que abandonará su local y le dejara tranquilo. La vecina, con un gran enfado e insultando a Ángel, abandonó la panadería y subió a su domicilio.
Como bien dice Silvia Federici, «el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo». El capital quiere controlar nuestras vidas, empezando por nuestros úteros, para poder seguir acumulando beneficios. Es una ofensiva patriarcal en toda regla que se manifiesta de mil maneras.
Txema Mendibil
Hace unos años, cuando la izquierda gobernaba la Diputación de Gipuzkoa, propusimos que la cuota sindical fuese deducible en la base del IRPF como gasto vinculado a las rentas del trabajo. Los demás partidos echaron abajo la propuesta negando la vinculación de ese gasto con el trabajo asalariado y relegándolo a un mecanismo de deducción en cuota, similar al que reciben las aportaciones a la Fundación Athletic, por ejemplo. Las direcciones sindicales, por cierto, observaron esta discusión como las vacas al tren.
Pero los tiempos cambian y hoy Hacienda de Bizkaia exige a los sindicatos que traten las donaciones de sus cajas de resistencia como rentas del trabajo y retengan por ello. Naturalmente, es una discusión eminentemente técnica, como no se cansan de repetir los sesgados incautos que escriben sobre el tema.
¿Se imagina uno a los técnicos de Hacienda cavilando sobre como gripar las cajas de resistencia hasta que uno de ellos se despierta en la bañera exclamando: «Eureka, lo encontré. Son rentas del trabajo. El truco es que derivan indirectamente»?
Pues no; o Hacienda de Bizkaia es una jaula de grillos (posible pero muy dudoso), o en un tema de tanto calado alguien con poder bastante ha decidido apretar el botón. Y ese fenómeno ha sido tan hábil y ocurrente como para hacerlo justo cuando se ha acabado la huelga de las residencias, servicio público responsabilidad última de la Diputación. Y no es ningún secreto que sin la solidaridad proporcionada por la caja de resistencia, la huelga habría tenido menos posibilidades de éxito (la miseria creada por la falta de ingresos habría jugado a favor de la Diputación).
Pero vayamos al fondo del asunto. ¿Son rentas del trabajo algo que el empleador no paga ni quiere que se pague? ¿O son fondos basados en «el apoyo mutuo y la solidaridad», donados por los trabajadores (que ya han tributado en IRPF) «para aliviar la situación económica de trabajadores que se encuentran en apuros» (la ayuda siempre es inferior al sueldo no cobrado) por «huelgas de larga duración»? El entrecomillado es de Wikipedia, aunque representa la opinión de cualquiera con dos dedos de frente.
Y forma parte del ABC de la fiscalidad que las sucesiones y donaciones no están sujetas al IRPF, ni como rentas del trabajo ni como ganancias patrimoniales (esa es otra) ni como nada. Y si existiese alguna laguna legal o duda interpretativa, un técnico listo habría propuesto implementar rápidamente una nueva exención (con bastante más fundamento que alguna de las existentes).
Pero en esta democracia disminuida en la que seguimos adentrándonos, la cosa no tiene que acabar ahí. Ya se ha planteado en otro sitio someter a tributación del Impuesto sobre Sociedades por la parte de las cuotas que se destinaron a la caja de resistencia, con el argumento (es un decir) de que esa caja no responde al objeto social ni a la finalidad específica de la entidad que la implantó y que no gana nada con ello.
Y el siguiente paso puede no estar tan lejano. Todavía no se ha escrito, pero seguramente algún juez (muy técnico él) ya ha pensado que organizar cajas de resistencia entra dentro de los delitos de rebelión y sedición, aparte del delito fiscal. Con los tiempos que corren…
Publicado en Naiz
Jonathan Martínez
Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando la princesa Sofía trajo al mundo a un infante heredero, por fin varón, que garantizaba la sucesión del príncipe Juan Carlos por vía venérea. Se llamó Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, el retoño real que creció en los saraos franquistas de El Pardo, que asistió en primera fila a la coronación de su padre allá por 1975 y que se calzó él mismo la corona hace ahora más de tres años, en las horas de mayor descrédito de la monarquía.
Era 14 de abril de 2012, efeméride de la Segunda República española, cuando los diarios publicaron que el rey Juan Carlos se había trizado la cadera durante una cacería en Botsuana. Después se supo que el monarca le había zumbado siete disparos a un elefante. Tenía un rifle de oro y cristales. La fotografía del cazador triunfal y el paquidermo muerto saltó a los diarios entre noticias cotidianas de paro, ejecuciones hipotecarias y crisis económica. El safari había costado al erario público al menos 45.000 euros.
Para entender mejor el contexto histórico, hay que recordar que en mayo de 2011 estalla el movimiento indignado y se abre un ciclo inédito de manifestaciones, huelgas, marchas y mareas. Es la fiebre de los desahucios y el rescate bancario. La caída del PSOE. Los recortes del PP. Después de tantos años de una concordia más bien epidérmica, el régimen bipartidista queda en entredicho, la monarquía dañada y los poderes mediáticos y financieros con su reputación maltrecha.
Como resultado de aquellos días convulsos y de movilización permanente, aparecen dos grandes expresiones institucionales de descontexto con el régimen: Podemos y el bloque independentista catalán. El 16 de enero de 2014, el Parlament lleva al Congreso su nueva Ley de Consultas. Al día siguiente Podemos se presenta en sociedad. En poco tiempo, Podemos ya aparecía como primera fuerza española en los sondeos electorales y el independentismo catalán abría las urnas el 9-N y afianzaba su mayoría parlamentaria.
En estos primeros meses de 2014, el régimen del 78 diseña una colosal operación de maquillaje para contrarrestar las nuevas expresiones de descontento social. Si el viejo orden estaba cuestionado, bastaba con ofrecer un recambio juvenil a las antiguas instituciones. Así es como lo viejo se viste de viejoven en apenas una semana. El 25 de mayo, el viejo Ciutadans conquista dos escaños en el Parlamento Europeo y abre paso al joven Ciudadanos. El 26 de mayo, el viejo Rubalcaba abandona el timón del PSOE y abre paso al joven Pedro Sánchez. El 2 de junio, el viejo rey Juan Carlos abandona la corona y abre paso al joven Felipe.
Jonathan Martínez – Alternatiba
Dicen que los capturaron en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la salida de una tienda de recuerdos turísticos. Dicen que los torturaron hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar. Dicen también que los devolvieron muertos y desmembrados al Ford Fiesta alquilado en que viajaban. Que los arrasaron a balazos, que vaciaron una lata de gasolina sobre los cuerpos tumefactos y les prendieron fuego para que no quedara rastro de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. Vivían en la vieja provincia de Santander. Al menos once guardias civiles participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados. Lo llamaron «Caso Almería».
Esta semana pasada hemos sabido que en el próximo mes de mayo, cuando se cumplan treinta y siete años del asesinato, el Parlamento de Cantabria rendirá por fin homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los familiares y una declaración institucional que llegan demasiado tarde y gracias en buena medida a Desmemoriados, colectivo cántabro por la memoria histórica que se ha empeñado en poner de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, en una asimetría injustificable, el Estado sigue sin reconocer a Mañas, Montero y Cobo como víctimas del terrorismo. El Parlamento de Andalucía, por su parte, las reivindica desde el pasado mes de marzo gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.
Pero vamos a 1981. En el escudo de España aún luce el águila de San Juan coronada por el lema franquista «Una, grande y libre». La UCD de Adolfo Suárez se desmorona y Leopoldo Calvo-Sotelo asume la presidencia del Gobierno en este último año de agonía. Tejero irrumpe a tiros en el Congreso de los Diputados y su excursión golpista se prolonga durante la noche de los transistores. Se dibuja el nuevo diseño autonómico con el café para todos de la LOAPA. El PSOE clama «OTAN de entrada NO». Tres trabajadores en paro secuestran al futbolista Quini. Suena «Las chicas son guerreras» de Coz. Triunfa el cubo de Rubik. Llega Verano Azul.
23-F
El tejerazo de febrero abre una fase de repliegue en el joven régimen juancarlista. Cinco días después del golpe fallido, y en un panorama de incertidumbre, ETA político-militar declara un alto el fuego indefinido. La tregua da paso a conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el Gobierno español en las que se abordan medidas de reinserción para militantes sin delitos de sangre. ETA militar, por otro lado, aminora su actividad pero no la interrumpe. A las diez de la mañana del 7 de mayo de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por la calle Conde de Peñalver de Madrid. Los tres militares que le acompañan mueren en la detonación. Son el teniente coronel Guillermo Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta Antonio Noguera.
A las cuatro de la tarde del mismo día 7, tres jóvenes trabajadores se citan en Santander y emprenden un viaje hacia el sur. Juan Mañas trabaja en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su natal Pechina, Almería, para celebrar la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene 33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es de Santander, trabaja en ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La primera noche de viaje duermen en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha flaqueado por el camino, se avería sin enmienda en El Provencio, Cuenca. El contratiempo terminará costándoles la vida. Confían el vehículo a un taller y un mecánico los acerca hasta Villarobledo, Albacete, para que puedan viajar en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y alcancen de esta forma una conexión ferroviaria con Andalucía. Pero el próximo tren sale de madrugada, así que resuelven alquilar un coche. En la estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde los encontrarán muertos.
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas
El día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los periódicos publican los rostros de dos miembros de ETA militar a quienes la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela. Son José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku. En Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las fotografías de los hombres reclamados por la ley. Recuerdan a los tres forasteros del vehículo averiado y encajan las piezas. Se convencen de que, por fuerza, deben de ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la documentación del Ford Fiesta alquilado. La Dirección General de la Guardia Civil emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal. De lo que ocurre entre la detención y la aparición de los cadáveres no tenemos más que algunas certezas y demasiadas especulaciones.
El 14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior defiende sin embarazo. Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre las pruebas dos viejas pistolas Astra de 9 mm cubiertas de óxido). Que los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos, entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.
Familiares de los fallecidos
Pero aparecen algunos testimonios que desbaratan el relato policial. A las seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral avistan las llamas del Ford Fiesta y se aproximan con un extintor para ayudar a reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa su colaboración y les conmina a abandonar el lugar porque, según les asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y hallarán dentro del coche los cuerpos abrasados y mutilados. La versión acordada por los implicados termina de resquebrajarse cuando uno de ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas Fuertes, un viejo cuartel abandonado junto a la costa. El abogado de la familia, Darío Fernández, nunca llega a creer el relato de los guardias civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano, apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui durante nueve días de interrogatorio incomunicado. De modo que el abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de noche el antiguo edificio de la benemérita y descubre salpicaduras de sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del viejo cuartel aparecen entonces encaladas y ha desaparecido de un plumazo toda evidencia.
A falta de pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero se le aplica atenuante de «cumplimiento del deber»; a los dos últimos, atenuante de «obediencia debida». Todos ellos son apartados de la Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.
En un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia civil. La carta confirma que torturaron a los jóvenes en el cuartel de Casas Fuertes. Los mataron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal, introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el coche a la cuneta y lo hicieron arder. Así es como se avala la hipótesis del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un hermético pacto de silencio y un proceso colmado de irregularidades, destrucción de pruebas y encubrimientos. Durante la instrucción del caso, Fernández pone todo su empeño en esclarecer los hechos y castigar a todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su pertinacia le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día, Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse de la investigación.
«El caso Almería», de Pedro Costa
En 1983, el director Pedro Costa reconstruyó los hechos a partir de la sentencia y rodó El caso Almería. Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón interpretaban a los tres jóvenes. Tanto Costa como las salas que anunciaron el filme fueron recibiendo advertencias de la extrema derecha hasta que por fin, en la misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada fue engullido por las llamas. Fue en febrero de 1984. El incendio adquirió tal dimensión que los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos de las inmediaciones. Un simpatizante de Antonio Tejero conocido como Al Capone telefoneó a una emisora de radio en nombre de un supuesto grupo patriótico llamado Hombres de España y reivindicó el ataque, pero la policía quiso restar importancia a la llamada. Al día siguiente, dos jóvenes atacaron un cine de Vigo y días más tarde, en el mismo lugar, un individuo sufrió heridas mientras manipulaba un artefacto explosivo. En Valladolid, los exhibidores retiraron la película después de haber sufrido amenazas de atentado.
El teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena. Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad condicional. Tal vez Castillo Quero intuyó en la operación una oportunidad para arrogarse méritos y cubrirse de medallas. Sea como sea, sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Habían transcurrido poco más de dos meses desde el golpe de Tejero y el atentado contra una autoridad de las fuerzas armadas tan próximo al rey Juan Carlos exigía una respuesta implacable que apaciguara las aguas revueltas del entorno castrense. Se les fue de las manos.
Manifestación en recuerdo de los asesinados
Dice la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres veces: «a palos, a tiros y quemado». En la cuneta de la carretera de Gérgal donde encontraron los cuerpos hay un monolito. A veces tiene flores. Son casi cuarenta años de amnesia oficial, pero las familias siguen reclamando verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo democrático. Y porque olvidarlos es una forma de matarlos cuatro veces.
Leer en su blog Kamchatka
Josu Perea – Alternatiba
La democracia liberal, la auténtica, la que tenemos, la consagrada, la homologada, la genuina, la que lucen en la solapa peperos, socialdemócratas y advenedizos de todo pelaje y condición, cada vez responde más y mejor al monopolio del poder y del dinero. Aquel principio, santo y seña del liberalismo, de «gobernar lo menos posible» hoy se ha transformado en ordenar y disponer lo más posible con la «menor democracia posible».
Insistir en la colonización por parte de los mercados de la política, de la democracia, es tan obvio que casi resulta grotesco denunciar esa invasión y ese vaciamiento de la democracia. Que quienes marquen el paso a los políticos, a la política, sean ajenos a las estructuras democráticas está tan interiorizado en la sociedad, que son colocados al frente de gobiernos e instituciones (sin rubor alguno) a organizaciones puramente mercantiles. Pero no se conforman con eso, quieren, también, estar presentes en la batalla ideológica por el alumbramiento de la nueva «moral» apropiándose del término en esa dialéctica de individualismo frente a colectivismo, ricos frente a pobres, potentados frente a necesitados…, que es el terreno donde se dirime el concepto de lo «ético» y lo «moral».
Michael J. Sandel hace una reflexión pormenorizada sobre la incidencia que tiene el mercado en los ámbitos de la moral y la ética. Analiza con rigor las incursiones y los intentos de invasión que realiza el mercado en una sociedad como la nuestra, totalmente mercantilizada, para apropiarse de valores cívicos, de los compromisos morales de la sociedad, y del bien común, a través de mecanismos puramente economicistas. La economía de mercado se nos presenta como garantía para la pervivencia de los valores morales, que aunque puede parecer caricaturesco, lo cierto es que a los economistas y mercantilistas, a sueldo del poder, les sobran argumentos de alto nivel académico, para defender, desde la intelectualidad más erudita, las bondades de una moral y una ética mercantilizadas. Una moral construida desde las entrañas del neoliberalismo, allá, en los laboratorios del lenguaje, pongamos por caso desde Palo Alto.
Estamos observando con gran preocupación cómo la construcción del sentido de lo social se aleja progresivamente de la política, hasta introducirse, cada vez más, en un mundo de ficción. Entramos en un nuevo universo simbólico, decía Baudrillard, en donde no queda sitio para la esperanza política, que cada vez está más denostada y desprestigiada, a la vez que se vislumbra una sociedad fagotizada por las densas y abusivas relaciones mercantiles, que marcan y dirigen nuestra agenda «moral».
Son las jerarquías sociales, las élites financieras quienes se encargan de organizar y armonizar los engranajes sociales para garantizar el «buen» funcionamiento de todo el entramado económico e institucional de una sociedad que es un conflicto regulado, un conjunto estratificado de clases sociales que se distribuye en función del reparto desigual de los recursos, entre quienes sustentan el poder y aquellos que son sometidos por éste. Los gobiernos y los parlamentos nacionales, son meros ejecutantes de decisiones, acordadas en otra parte, y no en el marco de lo que «todavía» se llama soberanía nacional.
Este panorama, este escenario, responde a una realidad que nos muestra cómo no se ha sabido responder a los grandes cambios que han ido forjando todo un mundo nuevo de sujetos, anómicos, asociales, apáticos, acríticos, lo que hace que el «metarrelato» construido sobre el relato marxista de la abolición de la injusticia a través de la socialización de los medios de producción, de alguna forma se reveló como proyecto fallido y perdió credibilidad.
Tampoco hoy, el cuadro ideológico que surge, tras el vacío dejado por las grandes ideologías anteriores, no tiene aspiraciones tan determinantes como las que tenía el marxismo. Son ideologías más abiertas y fluidas que no pretenden constituir una ideología integral. Estas ideologías, como manifiesta Eugenio del Río, que aunque siguen manifestando anhelos de transformación social profunda y a gran escala, están encontrando notables dificultades para abrirse paso.
Creo que es verdad aquello que decía Aníbal Quijano de que fuimos derrotados mundialmente. Entre mediados de los setenta y finales de los ochenta todo aquello que era antagónico, incluso meramente rival de los núcleos de poder en el mundo, fue acabado. No solo eso: las esperanzas fueron derrotadas.
Esta nueva era de la modernidad ha producido y está produciendo profundos cambios en la forma de vida con el surgimiento de nuevos sujetos sociales. La sociedad de masas se ha convertido en un fenómeno trascendente que se ha instalado en la vida social, cultural y política, a lo largo y ancho de las sociedades occidentales. Este proceso de transformación ha pasado a formar parte de la constitución social del individuo (individuo – ciudadano), de la mercantilización de la economía y del orden político y democrático, que ha invadido todos los ámbitos de la vida social.
Durante los últimos cuarenta años, el neoliberalismo se ha convertido en un chantaje permanente, un chantaje que se cierne constantemente sobre los conflictos políticos, donde las instituciones, presuntamente democráticas, han actuado siempre a los dictados de los poderosos y donde el neoliberalismo se nos presenta como única forma posible de organizar la convivencia humana en un momento donde no aparecen alternativas plausibles a la vista.
Vivimos un mundo globalizado que es irreversible y que en algunos aspectos actúa independientemente de lo que hagan los gobiernos. Ahora bien, como apunta Eric Hobsbawm, otra cosa bien diferente es la ideología basada en la globalización, la ideología del free market, eso que se ha llamado también «fundamentalismo del libre mercado». El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución circulación y consumo, ese «fundamentalismo del libre mercado», así como de la vida social y los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por las élites.
El neoliberalismo ha lanzado una auténtica cruzada de intenso adoctrinamiento ideológico con el pretexto de hacer frente a la crisis económica, a la vez que ha emprendido un ataque en toda regla contra las conquistas sociales de varias décadas. Es inexcusable construir «acciones fuerza» contra los dogmas conservadores, contra la propaganda del capitalismo. Xenofobias, homofobias y fundamentalismos religiosos de todo pelaje están cada vez más presentes en una sociedad que precisa de soluciones fáciles para problemas mundanos. Necesitamos salir de este laberinto liberal y recuperar la política, o lo que es lo mismo, la democracia.
Nos han prometido un mundo pletórico de bienes materiales para colmar las ansias infinitas de voracidad de una humanidad cada vez más numerosa y cada vez más proclive a consumir, a devorarnos a nosotros mismos. Democracia y neoliberalismo no conjugan igual. La democracia del mercado se ha construido, de alguna forma, con la complacencia de los consumidores atrapados en la lógica de expectativas, ideológicamente adquiridas, que han permitido la prevalencia de las teorías más conservadoras. Así, el catecismo del neoliberalismo campea a sus anchas por las instituciones y las ideologías dominantes no encuentran las resistencias necesarias, y el capitalismo lo sabe.
La realidad más cercana, la que vemos día a día, nos muestra una democracia devaluada, que no se ve (quizás porque apenas existe). La batalla contra los dogmas conservadores es inexcusable y precisa una acción ideológica contra la propaganda de este neoliberalismo atiborrado de dogmas, el cual es muy consciente de la trascendencia que tienen las victorias ideológicas. Es imprescindible tomar la iniciativa y plantar cara a un modelo atrapado en su propia utopía frenética.
Publicado en Naiz
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