Diagonal- Los ficheros de activistas serán legales en la UE
» La UE observará procesos de radicalización a través de la vigilancia de ‘agentes’ que contribuyen a la radicalización de otras personas y que mantienen “actitudes radicales». Éstas son definidas como posturas de extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosas o de antiglobalización»
Finalmente el departamento de asuntos sociales del Gobierno Vasco del PSE-PP ha cumplido su amenaza. Hoy, con el despido de los 23 trabajadores y trabajadoras del servicio de atención jurídica a inmigrantes (HELDU) se echa la persiana a un servicio público, básico y necesario para garantizar los derechos de la población migrante en nuestro territorio.
Desde Alternatiba, no podemos más que considerar dicho cierre como una barbaridad, una injusticia y un acto cruel sometido a la lógica del dinero por encima de los derechos y la dignidad de las personas.
Son más de 34.000 los expedientes que a lo largo de 8 años han tramitado las gentes de HELDU para dar una respuesta personalizada a las carencias y dificultades que tenían que afrontar las personas que se acercaban a nuestro país en pos de un futuro mejor, o simplemente un futuro.
Hoy, los responsables directos de este cierre, los señores del PSE aposentados en el gobierno vasco nos dicen que el servicio se seguirá prestando pero no bajo la forma de HELDU, ni por las personas que ponían cara a dicho servicio.
Y lo hacen, según ellos, porque las irregularidades producidas en la gestión de dicho servicio no pueden seguir dándose ni tienen cabida en la administración pública.
Vayamos por partes, si existen dichas irregularidades, desde Alternatiba les exigimos en que cumplimiento de la transparencia, la gestión eficaz y el buen gobierno pongan a disposición de la ciudadanía y los tribunales si se diera el caso, dicha información. De no ser así, no podremos sino concluir que las “presuntas irregularidades” no son sino una pieza más en la estrategia de desgaste social de un servicio que por intereses más bien mezquinos les sobra y les molesta.
En cualquier caso, también queremos dejar clara la posición de Alternatiba al respecto de la continuidad anunciada del tal prestación por parte del Gobierno Vasco. Nos provoca estupor e indignación a partes iguales que anuncien la existencia de un teléfono gratuito como hilo continuador del trabajo desarrollado por los trabajadores y trabajadoras de HELDU durante los próximos tres meses.
Entendemos, las personas que componemos Alternatiba que esta precarización en la atención a ciudadanos y ciudadanas inmigrantes es una vulneración clara y evidente del papel garantista que en lo que a derechos e igualdad para con sus ciudadanos y ciudadanas le corresponde hacer a cualquier administración pública
A través de la información facilitada por ese mismo servicio, se nos adelanta que solo se atenderán a aquellos casos que planteen algún tipo requerimiento judicial y tengan ya expediente iniciado. Incluso se nos adelante que de estos tampoco todos serán atendidos. Así, por ejemplo, se dejara de facilitar acompañamiento a los inmigrantes en sus requerimientos judiciales. Se les denegara el servicio de un traductor y ni tan siquiera se les orientara a como dar con uno por su propia cuenta.
Si esta es la idea que tienen los actuales gobernantes de atención directa y personalizada, va a ser menos doloroso encomendarse directamente a los tiburones que a la administración.
Precariedad en la prestación del servicio, no hay otra manera de definir lo que van a tener que soportar conciudadanos y conciudadanas que viven en nuestro país durante estos tres meses gracias a dicha medida.
Pero aun hay más, a partir de septiembre nos anuncian que el servicio de atención a inmigrantes recaerá en Biltzen y diversas entidades sociales.
Biltzen (entidad dependiente de la EDE (escuela diocesana de educadores)) se dedicará a impartir mediante seminarios y charlas información a técnicos municipales sobre la ley de extranjeria en vigor. Dichos técnicos municipales en modo alguno han de ser abogados con lo que sus posibilidades de rascar algo ante una ley tan privativa de derechos y profundamente injusta como la ley de extranjería son muy limitadas. Y nuevamente los únicos que van a sufrir las consecuencias de esta realidad son los inmigrantes.
Las entidades sociales vía subvención del gobierno vasco se encargarían de asesorar a los y las inmigrantes supliendo el papel que antes se realizaba desde HELDU. ¿Qué entidades? ¿De que manera van a prestar el servicio? Todo son incógnitas y espacios de sombra y opacidad a este respecto. Y conociendo el proceder del PSE en otros campos dicho desconocimiento en la actualidad no invita en absoluto a relajarse y mucho menos a ser confiado.
La única realidad es que miles de personas ven precarizadas sus condiciones de acceso a una vida digna porque quienes antes les prestaban dicha asistencia (HELDU y sus 23 trabajadores y trabajadoras) han sido eliminados de un plumazo por el supuestamente espíritu progre y dialogante de la consejera Gema Zabaleta y su partido, el PSE.
Por todo ello desde Alternatiba nos solidarizamos con la población privada de dicho servicio y con los trabajadores despedidos de HELDU. No nos podemos quedar callados y resignados es momento de alzar la voz y denunciar que frente a su apuesta por el dinero y el beneficio nosotros y nosotras seguimos creyendo en las personas y en sus derechos por encima de todas las cosas. Así, desde Alternatiba mostramos nuestra adhesión a la movilización convocada para mañana sábado día 17 a las 18:00 horas en la plaza del Teatro Arriaga en defensa de HELDU, sus trabajadores y trabajadoras y la población afectada por el cierre.
Diagonal– Las multinacionales hoteleras acumulan denuncias por explotación laboral y ambiental
» De entre las 70 transnacionales hoteleras más grandes del mundo, ocho son de capital español y de ellas, cinco, Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar, y Fiesta, son originarias de Baleares. Esas compañías hosteleras pertenecen a familias de la burguesía isleña que estrecharon lazos e incluso financiaron el Franquismo»
Foto: Diagonal
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reales Decretos 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) manifiesta:
1.- Que solicitada una reunión por parte de la PMAC el 29 de abril con las Ministras de Igualdad y de Sanidad y Política Social con el objetivo de trabajar conjuntamente con en el desarrollo reglamentario de la L.O. 2/2010, se nos convoca, junto con diversas asociaciones feministas en el Ministerio de Igualdad el 29 de junio, 4 días después de la publicación de los Reales Decretos y 6 días antes de la entrada en vigor de la LO 2/2010 como trámite informativo. Una vez más, se ningunea a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres obviando su participación y aportaciones en el desarrollo de esta Ley. Por el contrario, nos encontramos que el resultado de los RD responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres. El procedimiento aprobado levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión.
2.- Respecto al art. 4 y 5 del RD.325/2010 de información previa al consentimiento de los supuestos de IVE previstos en el art.14 de la Ley: Es insólito que la documentación preparada por el Ministerio de Igualdad para entregar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sea una información sobre “políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”:
3.- Respecto al art.8 del RD.825/2010: Si bien estábamos ya en desacuerdo con el 4º requisito del art.13 de requisitos comunes de la Ley por obligar a las jóvenas de 16 y 17 años a informar de su decisión de IVE a sus representantes legales, el desarrollo del RD empeora considerablemente la situación de las jóvenas.
Todo ello nos hace pensar que se agrave la situación de violencia hacia las mujeres más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.
4.- Respecto al Capítulo I del RD 825/2010 del Comité clínico del artículo 15.c), de la Ley:
5.- Respecto al Título I de la salud sexual y reproductiva: Nos parece insólito que entrada en vigor la ley, no se hayan articulado las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento en los dos RD de 25 de junio.
Las conclusiones que sacamos desde la PMAC, teniendo en cuenta y recogiendo el malestar general de la mayor parte del movimiento feminista en relación a la LO 2/2010 y los Reales Decretos que hasta el momento la desarrollan, van dirigidas por un lado a afirmar que, la nueva Ley, nos pone ante una situación tanto individual como colectiva de las mujeres caótica y desconcertante, sumada a las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas. Por otro lado, estamos valorando qué tipo de acciones ejercitar para expresar nuestro desacuerdo y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Por último, nos gustaría recordar de nuevo las reivindicaciones que hemos venido haciendo a lo largo del proceso de tramitación de la Ley, todas ellas desoídas:
1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restringa el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se garantice una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas.
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