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Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas> Miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz (Gara)

Gara– Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas

«No dejemos que este legado de injusticia forme parte de nuestra historia. Cientos de personas que resultaron víctimas de violaciones de derechos humanos esperan y merecen una respuesta digna en la que ellas y ellos sean el centro y no las preocupaciones políticas de este o aquel partido político»

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España: Una, Grande, y ¿Libre? > Mariano Gómez (Alternatiba)

Estos días hemos  vuelto a tener un ejemplo más de lo que da de sí el modelo autonómico surgido de la llamada transición hacia la democracia. Un ejemplo más de lo que aquello realmente supuso, transición sí, pero para dar tiempo a los valedores del franquismo, a sus líderes políticos, a su poder judicial, a sus militares, a sus cuerpos policiales a cambiar de traje y de mensaje, pero manteniendo intacta toda su estructura. Sin tocar ni cambiar nada ni a nadie, sin depuraciones de ningún tipo de responsabilidades, ni políticas ni penales, por la vulneración de derechos fundamentales realizados durante cuarenta años. La transición del olvido, de la desmemoria, del dejar todo atado y bien atado.

Y aunque es verdad que hubo cambios importantes, que ha habido incluso progresos en muchos aspectos, el déficit democrático del que partía ha sido una losa demasiado pesada, que ha marcado el devenir de la mayoría  del Estado. La concepción de la democracia en la mayoría oficial del reino de España es de una calidad baja, bajísima, fundamentalmente cuando hablamos de derechos fundamentales, de derechos de los pueblos, e incluso de las personas, de ciudadanos individuales. Se ha producido, sin lugar a dudas, una involución conservadora, al igual  que en la mayoría  de las sociedades, pero aquí  multiplicado por dos, debido al punto de donde se partía.

Y el fallo sobre el Estatut catalán es otro buen ejemplo de ello. No olvidemos que este era ya un estatut descafeinado (convenientemente «cepillado» en el trámite del Congreso de los Diputados, como muy bien dijo el señor Alfonso Guerra en su momento), que no se correspondía ya con el aprobado por una abrumadora mayoría del Parlament de Catalunya. Y aún así, más de lo mismo. Nos vuelven a dejar claro que aquí sólo existe una nación, la española, y un sólo pueblo, el español.

Al igual que sucedió con el recorrido político-jurídico que  tuvo el intento de consulta  del anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, no sólo  desde las más altas instancias políticas, sino  también desde las judiciales, se deja claro que hay un sólo sujeto de la soberanía  popular, el pueblo español.

No caben medias tintas, nos han dejado meridianamente claro que aquello de la España Plural, del estado plurinacional, del encuentro  de pueblos y nacionalidades, es, era, un camelo. No cabe en su Constitución, no  entra dentro de su pensamiento  político. No quieren saber nada de pueblos soberanos, aunque sea para decidir unirse libremente al resto. Juntos, sí, pero no  por decisión popular y propia, sino por mandato político  y constitucional de una de las partes. Ese es el pensamiento único en el reino, el del ultranacionalismo panespañol. Nadie se sale del guión, ¿federalismo, confederalismo, unión libre de pueblos?… estos conceptos no caben ni siquiera en su literatura. De mantenerse en esas posiciones, pocas, muy pocas salidas dejan a los pueblos que hoy forman parte del estado español.

Es hora de tejer alianzas también en este aspecto. A la izquierda política, social y  sindical de este pequeño país, Euskal Herria,  nos va a tocar también liderar esta lucha. Porque no estamos hablando de que  no nos dejen decidir, sino  que nos niegan incluso el derecho  a ser y a existir como pueblo diferenciado (ni mejor ni peor que el resto, pero pueblo al fín y al cabo).

Es hora también  de volver a tejer complicidades, confianzas, con otros pueblos del estado en la misma situación. Ahora  nos surge una buena oportunidad con Catalunya. Hablemos y actuemos desde el respeto a cada identidad, a cada situación, como una sola voz. Somos un pueblo, somos una nación, tenemos  derecho  a ser, a existir, y, por tanto, a decidir por nosotros mismos.

Viendo los  acontecimientos surgidos esta semana pasada, no puedo más que acordarme de esa vieja reivindicación de toda la izquierda, no sólo la abertzale. La necesaria unión de la lucha por la liberación nacional y social  de este pueblo. Y ahora, es uno de esos momentos en los que se ve mejor que nunca. Acabamos de tener una huelga  general, fruto del enésimo intento  de recortes laborales y sociales, demandando una  salida a la crisis generada por los de siempre desde la apuesta clara por otro modelo económico y social, reivindicando  también en este aspecto el derecho a elegir nuestro modelo de sociedad, y el marco  vasco de relaciones  laborales.

Unos  podremos poner más el acento en la necesidad de cambio de modelo económico y social, en la justicia social, otros en la reivindicación nacional, pero sí de verdad pensamos en clave global, si de verdad somos izquierda soberanista (ambas cosas, izquierda y soberanista) no tenemos ninguna  excusa para no seguir tejiendo alianzas, confianzas y complicidades en la búsqueda de la construcción de ese gran bloque  de izquierda soberanista y alternativa que este país necesita. No tiene sentido que nos dividamos en base al modelo de estado, cuando  todavía  no hemos conquistado el derecho a poder elegirlo.

Porque aquí todavía  es posible el cambio, porque aquí  todavía  estamos en condiciones de poder empezar a disputar la hegemonía a las fuerzas conservadoras. Pero no nos podemos dormir, la ola conservadora también invade a nuestro pueblo, y las condiciones objetivas  serán  cada día  más difíciles. Hagámoslo bien,  como se suele decir sin  prisas pero  también  sin  pausas. Respetando los ritmos de cada cual, estableciendo diferentes niveles de convergencia, teniendo  siempre la mano tendida  y la puerta abierta a unos y a otros. Todos somos necesarios. Por el derecho a decidir, por el cambio  de modelo económico y social. Porque otra Euskal Herria es necesaria, y porque tenemos, entre todos, además, que hacer que sea posible, nos vemos este sábado en Donostia.

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Soberanas!

Hoy entra en vigor la Ley de interrupción voluntaria del embarazo embarcada en la polémica. La presentación de alegaciones ante el tribunal constitucional provocará que de nuevo se lance un debate interesado en los medios. Unos y otros nos querrán hacer creer que esta ley supone una consecución de la histórica reivindicación feminista a favor del aborto. Seguirán intentando ocultar lo que realmente ha sucedido de nuevo: una falta de respeto a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por este motivo que en Alternatiba hemos decidido volver a lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos a la ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Significativo es también la marcha atrás en cuanto a la posibilidad de decidir de manera autónoma por parte de las mujeres de entre 16 y 19 años. A partir de ahora tendrán que ir acompañadas de sus padres quienes tendrán la última palabra. En caso de desacuerdo, una persona ajena a la familia y a las circunstancias vitales de cada mujer tendrá el poder de decidir si esta mujer es autónoma o no para tomar decisiones. Se renueva y se hace patente aquí la intención paternalista y de tutela del derecho individual e inalienable a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, que no son de nuestros progenitores, sino propios.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a manifestar nuestro frontal desacuerdo con la ley que hoy entra en vigor. Consideramos que la nueva legislación debería garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

 

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